edición: 2618 , Martes, 18 diciembre 2018
05/09/2011

Los socios no tienen el derecho reconocido a ‘deliberar’ en las juntas generales sino sólo a asistir y votar

Xavier Gil Pecharromán
El artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), actual artículo 93 de la actual Ley de Sociedades de Capital, no reconoce el derecho "a deliberar" de los socios durante la Junta General como algo distinto del derecho a asistir y votar en las juntas, según reconoce una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de julio de 2011. Comprendemos que el interesado pueda albergar el sentimiento de que no se le concedió la palabra todo lo que él merecería, pero el ejercicio de las facultades de dirección que incumben al presidente de la junta (artículo 110 del TRLSA/ artículo 191 de la Ley de Sociedades de Capital) para conseguir que la misma avance de un modo eficaz no necesariamente implica que se esté coartando el derecho de un socio si no se le permite explayarse en su discurso, cuando resulta claro que no se interfirió en el ejercicio consciente de su derecho al voto por parte de los socios impugnantes.

Por otra parte, la sentencia determina que la concurrencia de los accionistas sin tarjeta de asistencia no supone una infracción de los estatutos, puesto que tienen derecho a asistir a la junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el registro de acciones nominativas de la sociedad con los días de antelación a la junta (que se incluyan en la previsión estatutaria, por lo que la obtención anticipada de la tarjeta de asistencia se convierte en un medio de que el accionista no vea sorpresivamente denegada su asistencia a la junta al iniciarse ésta, pero no en un requisito para su asistencia. Esta doctrina viene avalada por la propia Audiencia Provincial de Madrid, que ya la ha mantenido en las sentencias de 1 de diciembre de 2008 y 12 de abril de 2011.

Por otra parte, la sentencia considera que el reconocimiento de la figura del administrador de hecho tiene como finalidad evitar que pueda eludirse la exigencia de responsabilidades por quienes de hecho hayan gestionado la entidad, pero ello no supone que el que esté desempeñando tal función pueda atribuirse el válido ejercicio de todas las competencias que la ley sólo reconoce al administrador de derecho de la sociedad.

Así, lo reconoce la Audiencia Provincial de Madrid en una sentencia de 1 de julio de 2011, que considera que si no se habían podido formular las cuentas del ejercicio 2006 por la anulación de la elección del administrador, lo procedente era la nueva designación del mismo en la correspondiente junta y la formulación de las cuentas, si no se hubiesen elaborado y firmado en su momento como manda la ley, por el que entonces resultase designado como administrador de derecho.

El ponente, el magistrado García García, determina que obviar tal cauce supone que la formulación de cuentas no se atuvo a la exigencias legales, lo que acarrea una vicio que se transmite al ulterior acuerdo de junta aprobatorio de las cuentas formuladas sin sujeción a ley. Y no puede decirse que bastase el ulterior acuerdo de la junta general aprobatorio de las cuentas o de ratificación de la actuación del administrador de hecho para entender subsanado el defecto cometido, pues la formulación de las cuentas no es competencia de la junta sino del administrador, por lo que aquélla no puede salvar una deficiencia que afecta a las atribuciones de otro órgano social.

En consecuencia, habiendo mediado una infracción legal que acabó afectando al acuerdo aprobatorio de las cuentas del ejercicio 2006, a la aplicación de resultados de esa anualidad (pues solo podrán aplicarse los resultados previamente fijados en las cuentas aprobadas) y al de la aprobación de la gestión de ese período (pues no puede producirse ésta, de modo consciente, sino sobre la base de la previa rendición de cuentas) resulta procedente decretar la nulidad de los mismos, a tenor de lo establecido en los nº 1 y 2 del artículo 115 del TRLSA (artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital .

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