edición: 2702 , Martes, 23 abril 2019
03/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los trabajadores podrán participar de los beneficios que se obtengan de las invenciones que propongan

Javier Ardalán
Los trabajadores de empresas españolas tendrán el derecho a participar de los beneficios que se obtengan de las invenciones que propongan para mejorar los procesos productivos en su empresa y obtener una compensación razonable por las mejoras técnicas no patentables que garanticen a su empleador una "posición ventajosa".
Así se establece en el proyecto de ley de Patentes que ayer aprobó la Comisión de Industria del Congreso y que ahora será enviado al Senado para que continúe con su tramitación parlamentaria y que pueda entrar en vigor en 2017.

Además, para garantizar que se patenten todas las invenciones válidas, se permite que los trabajadores presenten la solicitud si el empleador no lo hace en un plazo razonable, se limita a las lenguas cooficiales la autorización para utilizar idiomas distintos al español y se matizan otros aspectos del procedimiento de solicitud de una patente.

La obligación de que el empresario comunique por escrito su voluntad de asumir la titularidad de la invención se dará como es lógico, respecto de las invenciones que tienen este carácter de asumibles, no de las que le pertenecen de pleno derecho, puesto que ahí no es necesario ninguna declaración expresa, y menos sujeta a una sanción de pérdida de derechos en caso de omisión.

Se trata, en la medida de lo posible, de evitar que la pasividad del empresario ponga en peligro la posibilidad de solicitar válidamente la patente. Además, las propuestas de mejoras técnicas no patentables que ofrezcan el empresario una posición similar a la obtenida a partir de un derecho de propiedad industrial no pueden ser otras las que se explotan como secretos industriales, puesto que si no se mantienen como secreto industrial no siendo patentables no ofrecerían una posición ventajosa al empresario. La propuesta supone un incentivo para que los empleados desarrollen innovaciones en procesos que generen beneficios.

Sin embargo, las invenciones que tanto los empleados como los prestadores de servicios realicen por una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecerán al empresario contratante.

Por otra parte, se prorroga hasta los cuatro meses el plazo total para presentar pruebas o completar alegaciones a una oposición a los modelos de utilidad siempre que ésta se haya solicitado en el plazo previsto inicialmente, de modo que no se prolongue el "periodo de incertidumbre para el solicitante", que requiere de rapidez en la concesión de este tipo de protección.

Se establece en el proyecto, la unidad de registro en relación con el principio de unidad de mercado y la cobertura nacional de los títulos, entre los que se incluyen los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, y se amplía la legitimación para solicitarlos siguiendo el criterio abierto para los títulos comunitarios por sus respectivos reglamentos de creación, que se la reconocen a las personas físicas o jurídicas incluidas las entidades de derecho público.

Se unifica, además, el tipo de resolución a denegación, tanto cuando no se subsanan los defectos, como cuando no se subsanan los defectos indicados en el examen de oficio teniendo en cuenta que este tipo de resolución ya estaba contemplada en la Ley de Patentes de 1986 para este mismo caso. Asimismo, se prevé expresamente la posibilidad de modificar las reivindicaciones en este caso, algo que es necesario teniendo en cuenta la necesidad de previsión expresa.

Se homologa el régimen de las invenciones realizadas en España para las que se solicita una patente vía nacional con aquellas otras realizadas en España para las que se solicita una patente europea, o en las que se presenta una solicitud internacional vía Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, a diferencia de lo que ocurre en la normativa actual.

Se añade a la previsión 'realizadas en España’ a la de que ‘no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España (puesto que entonces la invención ya ha sido examinada en la presentación anterior cuya prioridad se reivindica, y no tendrá sentido la restricción de impedir la presentación en el extranjero sin previo examen.

Por otra parte, y ante la dificultad de demostrar que la invención se ha realizado en España se establece la presunción iuris tantum, homogeneizando los supuestos domicilio, sede social o residencia habitual en los que se presume realizada en España con los para las solicitudes de patente europea y solicitudes internacionales PCT. Se prevé que la falta de respuesta de la Administración en el plazo previsto equivalga a la autorización para presentarla en el extranjero como primera solicitud.

Esta norma modifica también la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 2003, para que, por ejemplo, la Oficina de Patentes deba examinar de oficio cualquier diseño que pueda incluir un uso indebido de los símbolos especialmente sensibles del país, como la bandera, el escudo o los emblemas de España o de cualquiera de sus administraciones territoriales.

En cuanto a los investigadores de centros y organismos públicos, incluidas las universidades, contarán finalmente con tres meses, en lugar de uno, para notificar por escrito a su entidad una invención. La regulación de estos trabajadores se aplicará igualmente al personal técnico de apoyo que se considere de investigación según las normativas internas de cada organismo.

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