edición: 2308 , Jueves, 21 septiembre 2017
04/05/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Los tribunales económico administrativos de Hacienda acrecientan su influencia

Xavier Gil Pecharromán
Se amplía el sistema de unificación de doctrina al atribuirse al Tribunal Económico Administrativo Central la competencia para dictar resoluciones en unificación de criterio y a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales la posibilidad de dictar resoluciones de fijación de criterio respecto de las salas desconcentradas.
Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, cuando existan resoluciones de los Tribunales económico-administrativos Regionales o Locales que apliquen criterios distintos a los contenidos en resoluciones de otros Tribunales económico-administrativos, o que revistan especial trascendencia, el Tribunal Económico-Administrativo Central, por iniciativa propia o a propuesta de cualquiera de sus vocales o de los presidentes de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales o Locales, podrán promover la adopción de una resolución en unificación de criterio por la Sala o por el Pleno del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Esta resolución tendrá los mismos efectos que la del recurso regulado Recurso Extraordinario de Alzada para la Unificación de Criterio. Con carácter previo, se dará trámite de alegaciones durante un plazo de un mes, contado desde que se les comunique el acuerdo de promoción de la resolución en unificación de criterio, a los directores Generales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los directores de Departamento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y a los órganos equivalentes o asimilados de las comunidades autónomas respecto a las materias de su competencia.

Por otro lado, en relación con la legitimación de los órganos económico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como el mismo ha admitido, se establecen normas de procedimiento para la formulación de cuestiones prejudiciales que se desarrollará reglamentariamente, regulándose la suspensión del procedimiento económico-administrativo así como los efectos en el plazo de prescripción.

En relación también con las competencias de los órganos económico-administrativos, hay que tener en cuenta que se excluye la aplicación a la materia tributaria del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. De esta forma queda claro que corresponde a los órganos económico administrativos dirimir las controversias suscitadas por organismos públicos en materia económico-administrativa.

Por otro lado, en relación con la legitimación de los órganos económico-administrativos para promover cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como el mismo ha admitido, mera manifestación de la primacía y efecto directo del Derecho de la Unión Europea que contribuye a incrementar el grado de integración legal y efectividad del Derecho de la Unión Europea, se establecen normas de procedimiento para la formulación de cuestiones prejudiciales que se desarrollará reglamentariamente, regulándose la suspensión del procedimiento económico-administrativo así como los efectos en el plazo de prescripción.

Con respecto a las competencias de los órganos económico-administrativos, hay que tener en cuenta la disposición adicional primera del proyecto normativo, que excluye la aplicación a la materia tributaria de la disposición adicional única de la Ley de reforma del Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. De esta forma queda claro que corresponde a los órganos económico administrativos dirimir las controversias suscitadas por organismos públicos en materia económico-administrativa.

En cuanto a la eficacia de las resoluciones económico-administrativas firmes, se señala de forma expresa que, cuando se refieren a actuaciones u omisiones de particulares, la misma se extiende a las dos partes intervinientes en la actuación tributaria, debiendo los órganos administrativos con competencia sobre cada una de esas partes aplicar la calificación jurídica contenida en la resolución, pero no limitándose las potestades de comprobación e investigación de la Administración.
Para el supuesto concreto de las resoluciones que obliguen al reclamado a expedir factura, se establece una fórmula novedosa de ejecución unilateral de la resolución por parte del reclamante, cuando el reclamado no haya cumplido con la resolución.

Respecto al recurso de alzada ordinario, se establece la posibilidad de suspender la ejecución de la resolución económico-administrativa dictada en primera instancia por los TEAR y al órgano económico-administrativo de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía (OEACA) cuando el recurso de alzada sea interpuesto por directores generales de la Administración, siempre que existan indicios racionales de que el cobro de la eventual deuda resultante del recurso pudiese verse frustrado o gravemente dificultado, manteniéndose los actos recaudatorios que se hubiesen podido dictar.

Para mejorar la sistemática de la regulación de los recursos en vía económico-administrativa se modifica la ubicación del recurso de anulación, al cual va a dedicarse íntegramente un artículo nuevo que incorpora mejoras técnicas. La nueva ubicación viene determinada por el hecho de que dicho recurso puede ser interpuesto contra las resoluciones derivadas de una reclamación económico-administrativa, ya sean dictadas en única, en primera, o en segunda instancia como consecuencia de un recurso de alzada ordinario. Se excluye expresamente de este recurso la resolución del recurso extraordinario de revisión.

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