edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
27/04/2017
LA OREJA DE LARRAZ

Los tribunales liberalizan el mercado de viviendas de uso turístico

Javier Ardalán
Segunda sentencia judicial sobre el controvertido asunto de las normativas autonómicas sobre el alquiler de viviendas de uso turístico. Tras la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de Madrid, que el año pasado anuló la prohibición de contratarlas por un periodo inferior a cinco días, llega ahora una nueva, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que suprime, entre otras cosas, la obligación de inscripción en un Registro previo al inicio de la actividad.
Las comunidades autónomas con competencias en materia de turismo, pueden legislar sobre esta cuestión tras modificarse la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, que limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística.

Las normativas vigentes en España para la oferta de alquiler de viviendas de uso turístico salvo en Baleares y Canarias son bastante dispares, aunque la mayoría coinciden en la inscripción de un registro, un teléfono 24 horas y la prohibición de alquilar habitaciones sueltas.

El TSJ de Canarias anula, además, la prohibición de que existan viviendas vacacionales en las zonas turísticas o de uso mixto. Para el Tribunal, la prohibición infringe la libertad de empresa, ya que no le encuentra sentido a la exclusión de viviendas vacacionales en ámbitos donde debe localizarse preferentemente la actividad turística. La única explicación que le encuentra, en consonancia con el análisis de la CNMC, es la de favorecer a los operadores turísticos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas.

Además, la sentencia permite el alquiler por habitaciones de forma separada, y anula así el artículo que lo prohibía por lesionar la competencia. Según el Tribunal, la prohibición no está justificada y lo único que persigue, de manera evidente, es evitar que se ofrezca en el mercado un producto que por su mejor precio compita con los del alojamiento hotelero.

Alquilar habitaciones sueltas está prohibido expresamente en la normativa al respecto de las seis comunidades que han regulado este fenómeno de viviendas para uso turístico.

La mayoría de la comunidades autónomas (como es el caso de Cataluña, Andalucía, Aragón o Canarias), obliga a registrar o dar de alta los inmuebles en el organismo turístico competente o en uno específico creado para ellas, que implica cumplir una serie de requisitos y condiciones específicas por parte del propietario y tramitar una licencia que le permita destinar el inmueble a este fin.

El Decreto 113/2015 de Canarias, publicado el 28 de mayo de 2015, introdujo una nueva regulación en el sector de viviendas vacacionales. Esto es, el alquiler privado de viviendas, que previamente no estaban sometidas a ninguna regulación.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consideró que, de acuerdo con la normativa de promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, el decreto introducía numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, en perjuicio del bienestar de los ciudadanos.

En las conclusiones del estudio sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa, la CNMC recomendaba hace unos meses, una mayor libertad de acceso al mercado de viviendas de uso turístico tras la llegada de servicios como Airbnb, eliminando cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas, suprimiendo su inscripción y eliminando requisitos de estancias.

Tras la sentencia, la CNMC se ha ofrecido al Gobierno canario para lograr una regulación "más eficiente" al alquiler. En un comunicado, aboga por elaborar un reglamento con un "adecuado cumplimiento de los principios y libertades que a todos nos protegen".

En concreto, aconseja suprimir la inscripción de las viviendas turísticas en un registro y la publicación del número de registro como obligaciones para llevar a cabo la actividad y eliminar cualquier tipo de requisito de estancia mínima o máxima en viviendas turísticas.

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