edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
09/09/2010

Los tribunales limitan los márgenes de actuación de la Inspección de Hacienda

Javier Ardalán
La Inspección de Hacienda ha visto limitada su capacidad de maniobra en diversas sentencias publicadas por los tribunales en los últimos meses, que hacen más difícil la labor de los funcionarios al tiempo que defienden los derechos de los contribuyentes. La más destacada ha sido la resolución del  Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de 29 de junio de 2010, en el caso de las liquidaciones anuales de IVA que fueron recurridas a los Tribunales por los contribuyentes  y que han quedado anuladas.

La Agencia Tributaria prepara ahora una solicitud de aclaraciones al TEAC para saber cómo tendrá que actuar en el caso de los expedientes recurridos, ya que no podrá reiniciar de nuevo los expedientes anulados y el propio Tribunal ha recomendado que se inicien de nuevo, tal y como explicábamos la semana pasada en ICNr.

La resolución del TEAC dice que se daría lugar a una nueva calificación más perjudicial para el contribuyente, vulnerando la prohibición de la ‘reformatio in peius’ (reformar en perjuicio del interesado). Por ello, determina que la labor inspectora ha concluido, y no puede reabrirse un procedimiento concluido, pues iría contra los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

Paralelamente, una sentencia de la Audiencia Nacional, de 30 de junio de 2010, considera que la presunción realizada por la Inspección de Hacienda en el ámbito administrativo (basada en el artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades -LIS-) tiene la misma fuerza que un hecho probado. Sin embargo, estas presunciones no sirven en un proceso judicial ante las pruebas presentadas por el contribuyente, al ser contrarias a los principios constitucionales de igualdad y de presunción de inocencia.
 
El ponente, el magistrado Navarro Sanchís, considera que las presunciones administrativas no sirven para obligar al contribuyente a demostrar su inocencia, cuando la obligación de probarlo corresponde a la Administración tributaria, puesto que no se convierten en presunciones procesales.

La Administración debe probar los hechos en que se basan los actos que dicta, “máxime en el caso de que sean desvirtuados por pruebas en contrario llevadas a cabo por el interesado”, por el contribuyente.

El artículo 140 de la LIS establece una serie de presunciones de renta no justificada, conciliable con el género de los incrementos no justificados de patrimonio, para cuya determinación y posibilidad de gravamen se precisa una prueba “no sólo de la realidad de la composición del patrimonio del sujeto pasivo y en el consiguiente y paralelo aumento en el valor del patrimonio, lo cual habría exigido un plus de esfuerzo comprobador”.

Por otra parte, otra sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 de junio de 2010, establece que los intereses de demora sobre las cantidades que Hacienda debe devolver al contribuyente como consecuencia de una nueva liquidación ordenada por una resolución del TEAC.

El ponente, que es el mismo que en la anterior, manifiesta que  el cobro de intereses es una expresión del principio de responsabilidad de la Administración (artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución Española) y un derecho del interesado a quedar indemne como consecuencia de los errores, tardanzas e incumplimientos de la Administración.

Manifiesta, también, que en procedimiento de reclamación no puede considerarse una cuestión nueva, ajena a la determinada en principio ante el TEAC, “pues no deja de ser una consecuencia necesaria para llevar a puro y debido efecto la estimación parcial acordada, que de lo contrario quedaría en una mera declaración de buenas intenciones con nula transcendencia jurídica”.

De esta forma, la sentencia anula la segunda resolución del TEAC, que considera que “es escasamente respetuosa con los derechos e intereses del contribuyente, pues está obligado dicho órgano colegiado a proteger y tutelar, máxime cuando la vía intentada para ello es la prevista en el ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a las propias resoluciones dictadas en el seno de los procedimientos revisores económico-administrativos”, manifiesta tajante.

No menos difícil es la situación de la Inspección de Hacienda en el caso de los 3.000 titulares de cuentas del banco HSBC, cuya existencia fue filtrada por un empleado a las autoridades francesas, que a su vez facilitaron a la Administración Tributaria española. La Agencia Tributaria ha citado a todos estos titulares para que expliquen si los cerca de 6.000 euros registrados han pagado ya impuestos o han sido regularizadas, tras la misiva enviada hace unos meses comunicándoles que habían sido descubiertos. Las características legales de este caso, obligan a los inspectores a actuar con todas las cautelas para evitar que cualquier defecto formal suponga una posible futura derrota en los tribunales.

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