Los usuarios de servicios financieros tendrán
edición: 2533 , Jueves, 16 agosto 2018
02/12/2009

Los usuarios de servicios financieros tendrán garantías ilimitadas de cumplirse la Ley de Economía Financiera

Javier Ardalán
La Ley de Economía Sostenible plantea la panacea para los consumidores españoles, que tras décadas de reclamaciones de normativas con controles y seguridades, pueden encontrar en el proyecto de ley un auténtico catálogo de futuras leyes que atienden a estas demandas.

Así, los comercializadores y los intermediarios en los acuerdos de comercialización formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, tendrán seis meses desde la entrada en vigor, para adaptarse a las exigencias de de estructura e información que vienen regulada por el apartado uno de la disposición final decimoquinta del actual proyecto.

Dentro de esos seis meses, la entidad gestora de fondos de pensiones deberá comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las entidades o personas con las que hayan establecido los citados acuerdos de comercialización.

Otros seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley, tiene la ministra Salgado para aprobar un ambiciosos código de transparencia en el que se incluirán las normas que tratarán de garantizar el nivel de protección adecuado para los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito.

En este código se incluirán normas de conducta dirigidas a promover las prácticas de concesión responsable de créditos, incluyendo las que favorezcan una atención adecuada  a los ingresos de los consumidores sobre los compromisos adquiridos al recibir un préstamo.

También deberá incluir esta norma, una minuciosa evaluación de las circunstancias y capacidad de los consumidores para hacer frente al pago del préstamo en el momento de la consideración de la concesión del mismo, a través de la información que proporcione un cuestionario detallado.

Se incluirá, además, una valoración adecuada e independiente de las garantías inmobiliarias que aseguren los préstamos, incluyendo mecanismos que minimicen las influencias indebidas de la propia entidad o de sus filiales. En esta misma línea, deberá tener en consideración diferentes escenarios de evolución de los tipos en los préstamos a interés variable, las posibilidades de cobertura frente a tales variaciones y todo ello teniendo además en cuenta el uso o no de índices oficiales de referencia; la obtención y documentación apropiada de datos relevantes del solicitante; la información precontractual y asistencia apropiadas para el consumidor; y el respeto de las normas de protección de datos.

Otro paquete de normas de conducta en la prestación a los consumidores de los restantes servicios bancarios distintos de los de inversión, se deberán adoptar, en especial respecto a la contratación de depósitos y a las comunicaciones que permitan el seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes.

Se regulará la información previa a los contratos que debe facilitarse a los consumidores antes de que formalicen sus acuerdos con las entidades, incluyendo las que deben figurar en las páginas electrónicas de la entidad cuando se ofrezcan servicios por esa vía o por otras de comercialización a distancia, todo ello para asegurar que aquella refleje de forma explícita y con la necesaria claridad los elementos más relevantes de los productos contratados.

Por otra parte, se introduce la exigencia de incluir parámetros de seguimiento, que cuando se produzcan cambios esenciales en las condiciones de mercado o en las circunstancias de los consumidores, permitan la puesta en marcha de un proceso de renegociación de las condiciones contractuales con el fin de facilitar la continuidad de la relación contractual.

La información que debe facilitarse cuando se emprenda un proceso de renegociación contractual, incluyendo los posibles efectos, consecuencias financieras, implicaciones legales y todos los costes que puedan derivarse de  la operación, también deberá regularse a raíz de la entrada en vigor del código.

Finalmente, se han de incluir normas de conducta en el tratamiento de los impagos dirigidas a promover el mejor procedimiento posible para ambas partes en que la ejecución de la garantía se realice sólo cuando los intentos de alcanzar acuerdos alternativos no hayan tenido éxito.

Por si todas estas previsiones fueran poco, y con el fin de agilizar la actuación de las Administraciones Públicas, el Gobierno, contará con un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, para remitir a las Cortes un proyecto de ley de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por razones imperiosas.

También, las Comunidades Autónomas evaluarán las razones de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la  Ley de Servicios.

Después, y de acuerdo con los resultados de dicha evaluación, sus consejos de gobierno presentarán, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, un proyecto de ley a sus respectivas asambleas, de modificación del sentido del silencio administrativo en los procedimientos que no se consideren cubiertos por dichas razones imperiosas de interés general.

La letra suena muy bien, ahora lo que es necesario es que la música, en ese caso la mentalidad para que se cumplan las exigencias y los controles administrativos para evitar los abusos. La Ley tiene una duración para su total implantación de una veintena de años. Esperemos que estos capítulos, cuya entrada en vigor va a coincidir con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Afinsa y Fórum Filatélico, no se dejen para el final.

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