edición: 2556 , Martes, 18 septiembre 2018
06/05/2010

Los vaivenes renovables de Sebastián ahondan las grietas energéticas de Moncloa, Ferraz y los barones socialistas

Barreda y Vara se rebelan ante Zapatero: concentran el 90% de la termosolar que Industria planeaba sextuplicar en 4 años, hay 500 millones de euros en riesgo
Zapatero envía a Caldera a negociar con las patronales, a Campa con Sebastián al Congreso y a Ribero a defender fuera de España el modelo renovable
Javier Aldecoa

Baraja de nuevo, Miguel Sebastián aún no sabe si ‘soplar o sorber’ sobre la eólica, la fotovoltaica y la termosolar, pero ya ha tenido que dejar de conjugar el fantasma de la “retroactividad” en el recorte de incentivos. El ministro enseña aún la mano de las dudas, un plan que sólo tiene claro el destino la obligación (recién autoimpuesta con Bruselas), de llegar al 22,7% de producción renovable en 2020 y las líneas rojas de su trazado: no quiere una subida de tarifas eléctricas, ni puede sostener un nivel de primas verdes que en 2009 le dispararon de nuevo el déficit con 6.215 millones destinados al Régimen Especial. El ministro se ha hecho con las cartas con las que la Comisión de Industria del Congreso intentaba resolver la ecuación de un nuevo mix hasta 2035. El nuevo horizonte de incentivos llegará con o sin Ley a sus espaldas. Pero con cada tanteo, Sebastián enseña el coro de mil voces que Zapatero no consigue afinar y sacude los muros de Moncloa, Ferraz y las CCAA gobernadas por los socialistas. Barreda, Vara y Griñán concentran el 80% de la energía solar y ahora amenazan con retraer los 15.000 millones de inversión comprometidos para multiplicar por seis esa tecnología hasta 2013. Lo harán a la puerta de Zapatero, la misma en la que que libran ahora la batalla del ATC nuclear.  Sebastián no consigue que el Presidente claudique en su ‘credo renovable’, menos aún que confíe en sus planes: en apenas dos años, le cambió el marco regulatorio tres veces, por sorpresa, incluso para Zapatero y sus asesores en Energía. Esta vez, Zapatero desempolva a Caldera ante las patronales renovables y busca ‘carabinas’ de confianza que marquen de cerca a Sebastián en el Congreso. No se rinde al plan original, que la Subcomisión sea la columna vertebral para un mix a 25 años, más allá de los planes renovables hasta 2013.

Sebastián juega sus cartas ‘verdes’ sólo en mesas propias, pero desde ahora lo hará flanqueado por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, para su negociación en sede parlamentaria y con el director adjunto del Gabinete, Juan Abascal, como interlocutor para los grupos del Congreso. Se le acaban todos los limbos. El del calendario, le obliga a un nuevo Plan de Renovables 2011-2015 antes de fin de año. El del mix energético, con la demanda a la baja, subvenciona la energía más cara, mientras las eléctricas se ven obligadas a disminuir la producción tradicional. Ya no sabe cómo bajarse de la nube verde, sólo que en plena batalla con el sector requerirá  más de 30.000 millones de inversión en la próxima década. En la solar, casi el 90% de ella se concentra en las tres Comunidades Autónomas de Gobierno socialista en las que los choques del ministro con Barreda, Vara y Griñán sólo dibujan el último capítulo de una guerra energética que antes pasó por la licitación del ATC y el pre-registro de renovables de 2009.

Sus calendarios y sus silencios han empezado a hacer mella en sus propios compañeros de silla del Consejo de Ministros. Lo sabe José Blanco. Aunque el ministro de Fomento fue una de las primeras voces de Moncloa en encender las luces rojas sobre el coste de las primas renovables y su peso en el déficit de tarifa, se ha encontrado con que los rumores sobre la rebaja de las primas han puesto en pie de guerra a las constructoras y en riesgo al Plan de Infraestructuras de Fomento. Como adelantaba El Confidencial, son las mismas compañías como ACS o Acciona (el segundo operador por potencia instalada en el sector eólico, con 3.996 megavatios acumulados a 1 de enero de 2010) que sostienen inversiones renovables las que tienen que sacar adelante el Plan impulsado por Blanco y el 20% que requiere de inversión privada, en un buen porcentaje apalancada y a largo plazo.

Además, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, no ha podido aún despejar ante Bruselas los detalles del SET Plan para el desarrollo tecnológico y menos aún defender los detalles del Plan de Acción de Renovables en España, que como el resto tiene que presentarse antes del 1 de julio y que ya Polonia, Dinamarca, Suecia, Austria o Portugal han desgranado ante el Comisartio Oettinger. Zapatero ha cogido otra vez las riendas personalmente en su viaje a León para coreografiar una pirueta energética llamada a defender el Real Decreto de Incentivos al consumo de carbón autóctono con una mano y la corona renovable del modelo español con la otra. El presidente no se resigna a renunciar a los objetivos verdes del “Nuevo modelo energético para España” presentado hace justo un año por la Fundación Ideas, desconfía de Sebastián, y por si acaso, ha encomendado a Jesús Caldera la intermediación -al menos la neutralización de las aristas más puntiagudas- con las patronales del sector.

SEBASTIÁN BUSCA POR LIBRE LA ‘CUADRATURA’ DEL CÍRCULO

La ‘tormenta’ de las renovables, el debate desde Moncloa sobre la contención de sus primas y las urgencias por definir una cuadratura del círculo del modelo ‘verde’ con el déficit de tarifa eléctrica han cogido también con el pie cambiado a la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados. Después de siete meses de trabajo, Sebastián les ha dejado claro que ahora quiere partir de cero e imponer, bajo sus riendas, un modelo de diálogo bilateral, grupo a grupo. Y que, con o sin pacto de Estado, dentro o fuera del Legislativo, con o sin acuerdo marco para el mix energético hasta 2035, será la palabra del Ministro la que defina -si Zapatero le deja- las líneas maestras de un PER que no pueden esperar más allá del segundo semestre de este año. No es otro que el socialista Antonio Cuevas (miembro del Comité Federal del PSOE), el que desde octubre de 2009 ha visto desfilar a puerta cerrada por las sesiones de la Subcomisión de Análisis de la Estrategia Energética española que capitanea a los presidentes de las principales compañías energéticas, a representantes de todas las administraciones y a organizaciones competentes en la materia. Zapatero no esconde que ése era su marco preferido. Un acuerdo similar -en palabras del presidente- “al Pacto de Toledo en materia de pensiones”, para “evitar debates partidistas sobre la cuestión energética”. La Subcomisión tenía una prórroga para sus funciones desde marzo y la fecha en rojo de mayo para concluir la redacción y elevar al Pleno de la Cámara su votación durante el actual periodo de sesiones. En Presidencia no querían reeditar los sustos del Real Decreto-Ley  6/2009, que extendió el registro de preasignación de retribución de la fotovoltaica a todas las energías renovables. Como las Asociaciones de Energías Renovables conocieron entonces de boca de los responsables de energía de Presidencia, nadie sabía en Moncloa los detalles de la regulación que Sebastián terminó cocinando. En el Consejo de Ministros esperaban todo lo contrario.

Hoy no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables, en la que -desde 2008 según el Ministerio- se debería contar con la participación de todas las partes. Sebastián lo ha dejado claro: no sólo no puede asumir el mapa energético de Génova (que pasa por que no se cierre Garoña y que no se llegue a una subida de la tarifa eléctrica) sino que no necesita a la oposición para sacar adelante ninguna de las medidas que considera necesarias. “Todo lo que están planteando ahora mismo” lo puede lo puede hacer con Real Decreto. “No necesita apoyo legislativo, sino económico”. El ministro, en su vuelta a las latitudes legislativas retoma formalmente con Montoro el diálogo para un Pacto de Estado de Energía paralizado desde diciembre. La propuesta de receta energética del Ministro de Industria para el año 2020 resucita los objetivos en renovables planteados en el Pacto de Zurbano: 74.547 megavatios verdes, frente a los 39.721 MW del año 2009. Son los mismos objetivos  que -sin letra pequeña- ha llevado ya a los altares de Bruselas y del Comisario Oettinger: la participación de las renovables alcanzará el 22,7% en el mix energético en 2020, pese a que la patronal eléctrica Unesa alertó al Gobierno que estos planes provocarán una subida de la luz de hasta el 65% y tendrá un coste en el sistema de 14.000 millones.

Si quiere tener rango de Ley, la normativa debería ser discutida y votada en el Congreso. Pero a medida que a Sebastián se le disparan los cronómetros (tiene que tener un Plan antes de julio, es una transposición de la directiva comunitaria que fija el 20% para 2020) y las cuentas de su modelo eléctrico, el ministro aleja la bitácora que desde su propio despacho le prometieron al sector. En la Subcomisión de Industria -en la que fue una moción de CiU y el PP la que inauguró el encargo de un mix energético para dos décadas- se oyen ya los sables socialistas. El presidente de la Comisión, Cuevas, perdió la sintonía con Moncloa y el diálogo con Industria desde los tiempos del ‘affaire Garoña’: no era partidario del cierre inmediato de la central burgalesa ni la exclusión de la nuclear del mix energético español; de hecho en la Comisión aspiraban a resucitar una tercera vía para las nucleares para reducir una tasa de emisiones de CO2 que ha crecido un 40% en España en veinte años y un puñado de diputados socialistas han levantado desde entonces la bandera atómica, aunque a título personal. La Subcomisión le ha sacado a Moncloa y al IDEA los colores del ahorro energético. Y ahora no comulga con los recortes a las primas, no si son para todas las tecnologías, sobre todo si son retroactivos y por la puerta de la sorpresa, incluso en las propias filas socialistas.

OTRA VEZ NEGOCIACIÓN DESDE CERO

Por primera vez, Sebastián enarbola exhaustivos informes económicos para demostrar que las actuales primas hay que reducirlas, independientemente de la fórmula: con retroactividad, sin ella, subastas, recorte de plazos del disfrute de las primas, o incluso con una tarifa fija, como llegó a sugerir el propio Ministro en sus encuentros con Consejeros de Industria de algunas Comunidades y miembros del Grupo Socialista del Congreso. Industria, en el documento- marco para el Pacto de Estado, culpa directamente a las renovables de más del 120% de la variación de la factura eléctrica. Es más, considera que "las rentabilidades elevadas" han provocado "efectos burbuja, como el de la fotovoltaica en 2008 y la incipiente termosolar (que habría proseguido en 2010 y sucesivos de no haber sido por el pre-registro), así como un fuerte aumento de los sobrecostes del sistema".

Entretanto, en los mapas de Castellana 160 se impone -avisa el documento “Elementos para un acuerdo sobre política energética» hasta 2020”- un “recorte razonable”, si no quiere desembolsar 126.000 millones de retribuciones sólo para las instalaciones en funcionamiento en 25 años. En cualquier caso, la última propuesta base del Gobierno para la negociación plantea una composición del 'mix' en 2020 en el que la eólica se habrá convertido en la principal fuente, con un 22,3%, por delante del 16,7% del gas natural, del 15% de la nuclear, del 12,4% de la cogeneración a partir del gas natural, del 9,3% del carbón, del 9,1% de la hidroeléctrica y del 8% de la solar. Otra cosa será la letra pequeña del procedimiento, la ecuación de costes e incentivos con la que tejer el cumplimiento de esos objetivos. Y para eso, en Industria aún no tienen respuestas. Y, si las tienen, están sólo en el cuaderno de Sebastián.

A INDUSTRIA LE EXPLOTAN LAS PROMESAS VERDES EN LA MANO

Llegó a Castellana 160 como el ‘rey mago’ de las energías verdes, pero a pesar de la ‘chequera’ que ha desequilibrado el mix, se ha convertido en la ‘bestia negra’ de todas las renovables, se ha emparedado entre la ‘realidad y el deseo’: las inversiones necesarias para instalar del orden de 3.000/3.500 MW anuales ascenderían a 60.000 millones de euros, sin contar con una mayor interconexión de las redes con Europa y la construcción de más instalaciones hidroeléctricas de bombeo, para que tengan cabida las renovables no gestionables. Un horizonte que los anuncios de recorte de las inversiones en REE y de aplazar inversiones por casi 3.200 millones de euros en infraestructuras de electricidad y gas incluidas en la planificación hasta 2016 por parte del ministro parecen contrariar ahora. Ya en octubre de 2009 hizo de la otra batalla con las asociaciones renovables españolas -el paso adelante y atrás con la derogación del Registro en el Senado- un ‘casus belli’ que a punto estuvo de derivar en un incidente político en Moncloa y Ferraz. Ni los recelos de las grandes energéticas ni el eco de informes como el de Gabriel Calzada y el Instituto Juan de Mariana (IJM) -que alertan sobre el coste del modelo de impulso a las renovables en España y el riesgo de nuevas burbujas- en los medios y el Congreso estadounidense han dejado de dolerle desde entonces a Zapatero y a sus ‘aliados’ en la dirección de la Fundación Ideas -, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y José Blanco- tanto como para dejar en los últimos meses en manos de la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, una campaña de ‘limpieza’ de los galones verdes españoles con el impulso a un puñado de informes en defensa de las virtudes del modelo.

Sebastián sacude de nuevo las aguas de un marco agitado aún para el sector, que discurre entre dos decretos, el 661/04 y el 1578/08. El Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, establecía la creación del Registro de pre-asignación de retribución para las instalaciones del régimen especial. La inscripción en el Registro es desde entonces condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007. Pero si buscaba con él normalizar a la eólica y la termosolar y blindarlas del ‘efecto fotovoltaico’ ha conseguido todo lo contrario, una avalancha de miedos y de proyectos preventivos y el embudo para instalaciones ya en marcha. Las empresas saben también que el Gobierno puede cambiar la regulación para todas las instalaciones en marcha. De hecho, ya lo hizo en el real decreto del régimen especial de 2007. Eso sí, debe dar un plazo de adaptación a las afectadas (aquella norma fijó dio cuatro años a las eólicas) y respete la rentabilidad que determina la Ley Eléctrica se trata de la llamada retroactividad impropia, que el Tribunal Supremo ha admitido en tres sentencias posteriores a dicho decreto, y que, en su opinión, no provocaba inseguridad jurídica alguna. No es el empresario Domingo Ortega -que sostiene la salida al parqué de Renovalia- el único convencido de que el Gobierno no aplicará con carácter retroactivo el recorte de las primas. Tampoco la única empresa que amenaza con acudir al Supremo para defenderse del cambio regulatorio, si es necesario.

NUEVA BATALLA ENERGÉTICA CON BARREDA, VARA Y GRIÑÁN

Llueve sobre mojado en la guerra de la energía que desde 2009 libran con el Ministro, ésa misma que ya a finales de enero llevaba a José María Barreda a denunciar en una entrevista que Industria “actúa como en la España predemocrática”. Los presidentes de Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura piden explicaciones directas a Zapatero. Ya lo hacen desde enero, cuando Sebastián en la licitación del Almacén Nuclear Centralizado de Residuos ‘olvidó’ las consultas a las Comunidades Autónomas y se la jugó a Ferraz y Moncloa. Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha concentran el 80% de las renovables del sol: buscan claridad en el nuevo PER, no les basta con la promesa de “no retroactividad” de los recortes a las primas fotovoltaicas y termosolares; quieren más sitio para la biomasa y el biogás y plaza con apellidos propios en el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia energéticos que debía estar diseñado a final de año, pero que se ha vuelto a la ‘nevera’ de Sebastián tras el amago del Decreto de Zurbano. Griñán además se lanza a bautizar la eólica marina sin esperar por Industria y Cantabria a apadrinar los planes eólicos de espaldas a Sebastián. A finales de 2009, ya Moncloa tuvo que sacar al ‘cuerpo de paz’ de Manuel Chaves a aplacar a los ‘barones’ de Ferraz y los presidentes autonómicos sublevados ante las sorpresas energéticas de Sebastián.

El debate sobre la retroactividad de los recortes a los incentivos del Régimen Especial (luego desmentida por Sebastián) estallaba, para Fernández Vara, justo durante el viaje de la delegación a Extremadura de la Liga Árabe con la que la Junta esperaba despejar acuerdos entre las empresas con operación local y la extensión más allá del Magreb del Desertec y del Plan Solar del Mediterráneo. Para José María Barreda, el tira y afloja con Castellana 160 se ha vuelto a revivir en pleno tour de la diplomacia comercial norteamericana por latitudes castellanas. Ya hace meses que el sucesor de Bono hace de anfitrión directo del lobby americano -sin pasar por Industria- y que se empeña en todos sus discursos en desmarcar los galones ‘renovables’ de su región por encima del perfil energético nacional. Y es que la Casa Blanca ha propiciado una ‘fiebre’ de energías limpias con España y Castilla-La Mancha como uno de sus destinos. Por algo, ya en verano se recibió la visita de los gobernadores de Maine y Montana. No es casualidad que coincidiera con las promesas en Toledo y ante el Centro de Operación de Energías Renovables (CORE) de Iberdrola del embajador estadounidense, Alan Solomont, de impulsar su apoyo a las inversiones en ‘energías limpias’ en la región, pase lo que pase con el conjunto del modelo de primas para la eólica y, sobre todo, para la termosolar y la fotovoltaica.

Ahora, con la vista puesta en un recorte de primas que el sector descuenta como inevitables en la fotovolotaica y la termosolar, ni Fernández Vara ni Barreda renuncian a la matización, o al menos a las compensaciones del ministro. Ya en mayo durante el trámite del Real Decreto de Preasignación de 2009 fueron los primeros sorprendidos, tanto como las asociaciones y las empresas. No pudieron evitar seguir en fuera de juego cuando PSOE y CiU introdujeron en el Senado una enmienda para anular el prerregistro de asignación y retocar la normativa vigente sobre primas para hacerla aún más restrictiva de lo que pretendía ser el prerregistro. Tampoco cuando el mismo Grupo Socialista la retiraba una semana después en el Congreso. Las CCAA socialistas y las multinacionales hacen lobby conjunto entre tanto otra vez para que cumpla la transposición de la Directiva 2009/28/CE, que regula el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, está en vigor desde el 5 de junio y debe ser transpuesta a la regulación española. Sólo si España concretara sus posibilidades podrían las CCAA españolas receptoras de plantas termosolares o instalaciones eólicas beneficiarse de fondos de consumo eléctrico procedentes de otros países de la UE para ayudarles a conseguir sus objetivos nacionales en renovables con aportación de energía española. Además, Vara, Griñán, Barreda y Chaves intentarán reeditar su influencia sobre Moncloa con el biogás, la biomasa, el hidrógeno y las demás renovables ‘olvidadas’ que no cumplen los objetivos del PER 2010.

Ni los presidentes autonómicos, ni las patronales de renovables y las principales empresas se niegan ya a asumir que nada será lo mismo que en 2008 y 2009. Ahora, la diferencia se marca entre tecnologías: mientras la eólica sólo cobró la mitad del total de las primas de 2009, cuando aportó la mitad de la producción del régimen especial (36.500 GWh), la fotovoltaica, con una prima de 432 euros/MW, se llevó la mayor parte, cuando sólo generó 5.950 GWh y ha multiplicado por diez los 450 MW de capacidad prevista en el Plan de Energías Renovables de 2005-2010. En el punto intermedio, a tiro de la interpretación de Sebastián y Marín está la termosolar: con 132 MW de potencia (cinco plantas) se esfuerza por desmarcarse de las sospechas y los ajustes del Ministerio. No fue otro que el paraguas de Sebastián -como denuncian ahora fuentes socialistas regionales- el que animó -con sus recomendaciones y las cifras del Registro de Pre-asignación- a impulsar la termosolar, en lugar de la eólica en Extremadura con más rapidez que ninguna otra tecnología renovable en Castilla la Mancha. Sólo así -según las empresas y las asociaciones- se entiende ahora que, después de 2.500 millones de euros de inversión, existan 10 centrales en funcionamiento, con una potencia instalada de 382 MW. Andalucía ostenta el récord de plantas, con seis, Extremadura tiene dos y Castilla-La Mancha y Murcia cuentan con una cada una.

Pero sobre todo, sólo la apuesta termosolar andaluza, extremeña y castellana explica los mapas del próximo lustro que tejieron a cuatro manos con Industria. Hasta hace dos meses, descontaban que en 2013, en España funcionarán 60 plantas termosolares de diferentes tecnologías y tamaños, según el registro. Esto supone multiplicar por seis el número de centrales en funcionamiento y los megavatios (MW) conectados hoy a la red. Otras 16 instalaciones se encuentran en fase de construcción, suman 718 MW más. Las 34 que están inscritas en el registro previsto para 2013 (por lo que iniciarán de inmediato las obras de construcción) totalizan 1.372 MW. Por eso, junto a Portermosolar le advierten a Zapatero: “seria inconcebible una revisión de tarifas que pudiera afectar a las plantas registradas como fase III y fase IV: se les obligó a demostrar que tenían adquiridos los equipos en mayo de 2009, con la inversión que ello supone”. Según la patronal, sólo el objetivo ya programado de alcanzar 2.500 megavatios (MW) hasta 2013 exigirá inversiones por 15.000 millones de euros, a razón de una media de 300 millones por planta, de los que sólo el 60% procede directamente de empresas españolas. Al margen de los controles regulatorios que buscan racionalizar la entrada de de las renovables en el sistema y de cómo los consume el Ministerio, si quiere cumplir con el horizonte de un 20% de renovables en 2020, serán necesarios -según el sector- triplicar las inversiones. Sólo en Extremadura, la Junta calcula ahora que hasta 2013 están en el aire -si hay recortes- 500 millones de euros. No es sólo un debate energético. Se impondrá una ralentización -si no es una moratoria completa- de las tecnologías menos maduras, no sólo la fotovoltaica y parte de sus instalaciones, con su financiación ligada a la retribución (projet finance), se verían obligadas a refinanciar sus créditos.

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