edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
25/06/2018
banca 

Los afectados por el Popular abren un nuevo frente judicial en México

ICNR
Querella contra los exconsejeros Antonio del Valle y Jaime Ruiz: les acusan de vulnerar el deber de reserva al airear noticias negativas.
El caso Popular, que judicialmente lleva meses disputándose en España, Luxemburgo y Nueva York, tendrá un nuevo frente en México. El abogado mexicano Jorge Isaac Gastélum ha interpuesto una querella contra los antiguos consejeros del banco, Antonio del Valle y Ignacio Ruiz, por no cumplir, presuntamente, con su obligación de confidencialidad.

Gastélum es el socio fundador del bufete mexicano que lleva su mismo nombre y que en este caso colaborará con el despacho español Cremades & Calvo-Sotelo, que representa a más de 6.000 afectados por la caída de Banco Popular. Desde fuentes jurídicas explican que Gastélum acaba de presentar ante la justicia mexicana sendas querellas contra el empresario y antiguo accionista de Popular Antonio del Valle Ruiz, que fue consejero de la entidad entre 2013 y 2016, y contra su primo Jaime Ruiz Sacristán, quien le sustituyó en septiembre de 2016 y hasta la resolución del banco, en junio de 2017.

Los abogados de la acusación sostienen que estos dos exconsejeros vulneraron «su deber de reserva» y les acusan de cometer un delito contra su obligación de confidencialidad, inherente a sus puestos. Sospechan, por ello, que hicieron uso de información secreta para filtrarla mediáticamente y de esta manera manipular a la baja la cotización de la entidad en los mercados, beneficiándose por ello y perjudicando, de paso, al conjunto de los accionistas y, en especial, a los mexicanos.

El hecho de que haya accionistas mexicanos afectados explica por qué las defensas han optado por abrir un nuevo frente judicial en el país norteamericano. La legislación de México contempla, según explican fuentes próximas al caso, que «hay jurisdicción si se estima que un ciudadano mexicano ha causado un perjuicio a otros conciudadanos, incluso aunque estos hechos puedan haber ocurrido en el extranjero», añaden.

Desde que el caso Popular llegó a los tribunales, los afectados representados por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo (englobados en la asociación Aemec) han acusado a Del Valle y los suyos de hundir al banco mediante el uso de información relevante, destinada a castigar el valor en Bolsa. Esta teoría descansa en la creencia de que el magnate mexicano se beneficiaba mediante la disposición de unas fuertes posiciones cortas en la entidad. 

Fuentes jurídicas conocedoras de la querella dan por hecho que la investigación seguirá adelante y que la justicia mexicana iniciará una investigación al respecto. Si así no ocurriera, desde el despacho Gastélum Abogados han abierto en paralelo otra vía no judicial. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el equivalente mexicano a la CNMV española, ha sido instada a abrir una investigación administrativa independiente para determinar si efectivamente hubo un uso indebido de información sobre Banco Popular destinado a hacer caer su valor en Bolsa. 
La CNMV abrió en mayo de 2017, de oficio, una investigación en ese mismo sentido a raíz de las informaciones que aludían a una caída inminente de Popular. El expediente todavía no se ha concluido, pero se ha incorporado a la causa judicial que se instruye en la Audiencia Nacional.

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