edición: 2683 , Lunes, 25 marzo 2019
11/01/2019
Una teleco sin rumbo

Los analistas degradan a Vodafone por su carga de deuda, elevados costes y sus problemas en Italia y España

Anuncia un ERE para reducir la plantilla mientras los sindicatos la acusan de mala gestión
Carlos Schwartz
Vodafone anunció un expediente de reducción de empleo con el objetivo de reducir la plantilla de la empresa en 1.200 trabajadores. La reacción inmediata de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato mayoritario en la empresa, fue acusar a la dirección de mala gestión, señalando que aunque ésta ha mencionado la situación del mercado y de la regulación como causas de la situación que atraviesa, esta es consecuencia de "una serie de errores estratégicos" cometidos por la actual dirección, como la falta de competitividad de sus sistemas, una red de fibra óptica que no está a la altura de la de la competencia y la pérdida de frescura de su oferta comercial. El Sindicato de Trabajadores de Comunicación (STC) por su parte señaló que la dirección de la empresa “consolida este fracaso comunicando un ERE de más del 23% de la plantilla, como si esta fuera la solución a su falta de resultados y decisiones empresariales… Vodafone no necesita más recortes de plantilla para mejorar su negocio en España, lo que se necesita es un Plan de Futuro consistente…”
Por su parte, los analistas del RBC han degradado las acciones de Vodafone de un precio objetivo de 260 peniques a uno de 125 peniques. La nota señala que el esfuerzo para financiar el acuerdo para la adquisición de activos de Liberty por 18.000 millones de euros, sujeto a investigación por la Comisión Europea (CE), deja al grupo sin espacio financiero para hacer frente a sus necesidades estratégicas como las subastas de frecuencias para el desarrollo de 5G y la competencia de un nuevo operador en Alemania. 

El informe señala que el dividendo de la empresa es insostenible, aun antes de considerar la posibilidad de una caída global de la actividad económica. Macquarie Research, división del banco de negocios australiano Macquarie, afirma que la empresa tiene por delante un reto severo en su lucha con los antiguos monopolios telefónicos debido a su falta de escala y a la significativa carga que supone su gasto de capital. De acuerdo con este análisis la empresa de telecomunicaciones británica sigue bajo fuerte presión en los mercados de España e Italia, mientras se espera que tenga este año un menor crecimiento en África del Sur. La empresa tiene que hacer frente a subastas de espectro para el 5G en Alemania en el primer trimestre de este año y en Reino Unido en el 2020, lo que amplificará sus necesidades de caja.

A la vista de estas opiniones las afirmaciones de Vodafone España según las cuales el ERE anunciado persigue "revertir la negativa evolución del negocio, reforzar su sostenibilidad, proteger la capacidad de inversión y diseñar una organización más competitiva y mejor adaptada a lo que piden los clientes" suenan poco ajustadas a la realidad. La empresa apunta que en el actual contexto de mercado la demanda de servicios sigue creciendo de forma exponencial, pero en cambio los precios no aumentan, como refleja que cerca del 50% de las altas brutas están asociadas con ofertas 'low y medium cost'. La compañía asegura que esto le obliga a tener una estructura de costes preparada para competir con éxito en todos los segmentos, una situación que ha llevado ya a caídas de los ingresos y del resultado bruto de explotación en el primer semestre del actual ejercicio.

El grupo británico Vodafone asumió en su primer semestre fiscal un impacto negativo de 2.900 millones de euros por el deterioro de sus activos en la filial española ante lo que calificó de difíciles condiciones comerciales y económicas, que le han llevado a proyectar unos menores flujos de caja. Sin embargo los costes no parecen ser el resultado de una sobrecarga de personal, máxime teniendo en cuenta que la empresa ya apeló a la reducción de plantilla en 2013 y 2015.

La estructura de costes de la empresa está vinculada a la mala gestión de sus activos, de un lado, y a los problemas estructurales que surgen de la naturaleza de la empresa, un operador exclusivamente de telefonía móvil que se encuentra ante un mercado en el cual la oferta que prospera es la de servicios combinados, denominados quad, que incluyen línea fija, móvil, televisión y transmisión de datos por Internet. Esto ha obligado a Vodafone a una carrera de adquisiciones para impedir que los grandes operadores con oferta combinada la barran del mercado. 

En esta necesidad anida buena parte de los costes que la empresa pretende endosar a un exceso de plantilla. Salir de esta coyuntura en España requeriría una inyección de capital que la empresa no está en condiciones de hacer en medio del proceso de adquisición de Liberty. Los ahorros que pretende generar en España son un parche para esquivar este problema de fondo.

La competencia se ha agudizado en el mercado español de las telecomunicaciones en los últimos dos años acelerada por la entrada de nuevos actores que ha llevado a una convergencia de ofertas en precios y servicios, situación a la que se sumó durante el pasado verano la denominada "guerra del fútbol", marcada por una fuerte agresividad comercial ante el nuevo escenario que se creaba por la decisión de Vodafone de no adquirir para esta temporada los derechos de televisión de la Champions League y el Partidazo de LaLiga. 

Ante las exigencias de una mejora de los márgenes en España, pero incapacitada de apelar a la inversión para mejorar infraestructuras y reducir deuda, Vodafone diseñó a finales del último trimestre de 2018 una nueva estrategia cuyo eje es una reducción de costes que ha desembocado esta semana en el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo, el tercero que lleva cabo la filial española de Vodafone en siete años tras los que tuvieron lugar en 2013 y 2015. En concreto, el ERE de 2013 incluyó el despido de 620 trabajadores, la externalización de servicios con 130 empleados afectados y cambios en las condiciones laborales para otras 150 personas. Por su parte, el expediente de 2015 afectó a 1.059 empleados de la operadora.

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