edición: 2511 , Martes, 17 julio 2018
11/05/2018

Los datos publicados por la OCDE sobre pobreza laboral ilustran el aplastamiento salarial español

El 22,1% de los jóvenes viven por debajo del umbral de la pobreza contra el 5,9% en mayores de 65
Carlos Schwartz
La OCDE ha publicado un estudio que incluye la pobreza laboral para los países a escala global con el resultado que los datos de España indican que en el 14,8% de los hogares en los que hay al menos una persona con trabajo se vive por debajo del umbral de la pobreza. Es de señalar que para el organismo multilateral presidido por el mexicano José Ángel Gurría el umbral de la pobreza se establece en el 50% de la mediana de los ingresos disponibles en cada país. Otras instituciones estiman el umbral de la pobreza en el 40% de los ingresos disponibles de cada país y son por tanto más “benignos” en los resultados. No está claro si el dato se refiere a la renta disponible equivalente per capita. Pero en cualquier caso las cifras relativas ponen de relieve el efecto de la crisis internacional sobre nuestro país y el resultado de las políticas aplicadas para salir del túnel que el Gobierno se atribuye como si hubiera logrado la transmutación del plomo en oro. 
Lo cierto es que la lectura del dato debería compararse con otro efecto descrito por las estadísticas difundidas por la OCDE, y es el hecho que en los hogares formados por personas de entre 18 y 25 años las que viven por debajo del umbral de la pobreza constituyen el 22,1% mientras que en los hogares de 65 o más años los que están por debajo de ese umbral constituyen sólo el 5,9%. Si se analiza un poco el dato se cae en la cuenta de que la baja tasa -comparativamente- de los se ven por debajo del umbral de la pobreza en el caso de los mayores de 65 años se debe a una situación históricamente específica. 

El haber vivido prolongados periodos de estabilidad laboral e ingresos continuados que han desembocado de un lado en la posibilidad de obtener una pensión y del otro a tener muy posiblemente una vivienda en propiedad. El hecho es que el resultado de la política aplicada por el Gobierno del Partido Popular para “sacar a España de la crisis” como gusta decir a sus dirigentes ha sido el aplastamiento salarial. Las estadísticas de la OCDE, y la de otros organismos como los estudios elaborados por Fedea, están reflejando la magnitud de la devaluación interna en España. Lo que el Gobierno describe como incremento de la competitividad ha sido una mayúscula cirugía salarial.

Sería bueno recordar en este sentido que por definición un incremento real de la productividad se basa en que la cantidad de mercancías o servicios producidos por un trabajador aumenta en la misma unidad de tiempo merced a la introducción de mejores métodos de producción o maquinaria más eficaz. La consecuencia puede ser que la mecanización y la introducción de métodos más eficientes requieran menos trabajadores por unidad producida, pero el equilibrio en todo caso se alcanzaría por la vía de la demanda, que al aumentar aumentaría el empleo. 

Muy poco de esto ha operado en la política económica de España en la fase de supuesta recuperación de la economía. A lo que hemos asistido es a una caída en los costes de las mercancías y servicios producidos por una reducción de los salarios. Afirmar que esto es un incremento de la productividad es verdaderamente una hipocresía. Pensar que una política de este tipo no tiene costes sociales es negar la realidad, o simplemente ocultarla. 

El año pasado, unos 95.000 trabajadores perdieron casi 250.000 jornadas de trabajo por protestas laborales de acuerdo con las estadísticas del ministerio de Trabajo. El hecho diferencial de esta conflictividad es que no se trató de una reacción defensiva ante la pérdida de empleo sino los desacuerdos por la negociación de los convenios laborales. Es decir resultado de luchas por mejorar los salarios y las condiciones de trabajo. 

Entretanto, la plataforma Contra la Precariedad va tomando cuerpo y como el caso de las movilizaciones de los pensionistas agrupados en la Coordinadora Estatal (COESPE) se perfila como un elemento de creciente resistencia a la política social del Gobierno. Mientras, los sindicatos CCOO y UGT siguen empantanados en la negociación de un incremento salarial para 2018 superior al 2% que ofrece la CEOE. Entre los elementos de fricción está la exigencia sindical de que el salario mínimo recogido en el acuerdo sea de 1.000 euros. Es que la situación laboral actual ha hecho de los mileuristas de otrora una suerte de príncipes de hoy. Puede que la paciencia de los trabajadores precarios no sea suficiente como para esperar a que las negociaciones de CCOO y UGT sean operativas.

El catedrático emérito de sociología Julio Carabaña ha publicado recientemente una tribuna de opinión en la que ha hecho un uso cuando menos poco leal de los datos que reflejan la situación de los mayores de
65 años al apuntar que “Nunca los pensionistas han estado mejor que ahora, ni en términos absolutos ni por comparación con el resto de la población. 

En los años de la crisis, la renta media de los pensionistas se ha situado por encima de la renta media del resto de la población, cosa que nunca había ocurrido antes.” En principio en términos absolutos se refiere si acaso a que la pensión que cobran en 2018 es mayor que la cobraban en 2017 y esto es una realidad vinculada a los incrementos otorgados por el Gobierno aunque no está mal recordar que ha existido una verdadera caída en términos absolutos porque las pensiones fueron congeladas en el 2011 y en el 2012 y sujetas a un incremento del 0,25% a partir del 2013. 

Carabaña acusa a los pensionistas de “egoístas y demagogos” por exigir que las pensiones se incrementen con el índice de precios al consumo (IPC) cuando supuestamente han mantenido su poder adquisitivo, hecho falso. Pero lo que en el fondo pretende ocultar la opinión del catedrático es precisamente que si sólo el 5,9% de los hogares formados por mayores de 65 años está por debajo del nivel de la pobreza en comparación con los formados por personas de entre 18 y 25 años es porque son éstos precisamente los que siguen sufriendo el aplastamiento salarial, la denominada devaluación interna. 

En el 2006 y el 2007 en el pico de la burbuja las rentas de los trabajadores eran significativamente superiores a las de los pensionistas. Recientemente CGT ganó varios pleitos porque las empresas que subcontratan labores de logística en la planta de Opel en Zaragoza pagan a sus trabajadores por debajo de los salarios de su convenio. La patronal Prodelivery que reúne a empresas que envían comida a domicilio como Telepizza y Domino's se enfrenta ahora a un conflicto colectivo declarado por CCOO y UGT porque varias categorías profesionales reciben un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional. La lista es interminable y la situación social sigue acumulando presión sin una válvula de seguridad activa.

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