edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
15/10/2018

Los estados de la UE se someten esta semana a la revisión de sus presupuestos en un clima de desconfianza

Las reglas presupuestarias reforzadas en 2011 son complejas, poco claras y crecientemente contestadas
Carlos Schwartz
A partir de hoy, la Comisión Europea (CE) espera la llegada de los borradores de presupuestos generales del estado de los países miembros de la Unión Europea (UE). El rito se repite año a año desde que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue instituido como norma de la UE en 1997. Las cuestiones centrales que el PEC vigila desde entonces son, que el déficit de los presupuestos no exceda del 3% del producto interior bruto (PIB) y que la relación deuda pública / PIB no sobrepase el 60%. Sin embargo, desde 2011, las atribuciones de la CE en materia de vigilancia se han visto reforzadas con la capacidad de sancionar a los países que incumplan las normas. Además deben presentar estimaciones de déficit para tres años consecutivos. 
Desde luego que hubo un “antes“ en esta materia, cuando en 2003 tanto Francia como Alemania incumplieron con los objetivos incorporados seis años antes a los criterios de Maastricht, tras su recomendación por la Comisión Delors en 1989. Que las normas no son tan duras como se pretende, al menos con los gobiernos amigos, quedó al descubierto en 2016 cuando España y Portugal fueron multadas con 0€ tras incumplir con los objetivos propuestos. Este año la batalla del equilibrio fiscal la libra Roma. Aunque vale la pena recordar que el ex presidente de Francia, François Hollande, entabló su propia guerra contra el Pacto Fiscal al asumir su presidencia en 2012, a tan solo un año de que las normas se aprobaran.

Sus armas no fueron lo suficientemente eficaces como para lograr revertir las atribuciones y objetivos pactados. Ahora, el Gobierno italiano está pagando las consecuencias de haber contestado los límites de deuda de la Comisión Europea. Lo paga con una venta masiva de deuda pública que fuerza al Gobierno a incrementar la rentabilidad de sus emisiones para mantener la refinanciación de sus deudas y su gasto. 

La coalición del partido Cinco Estrellas y la Liga Norte está decidida a mantener sus compromisos electorales y ello la lleva a estrellarse contra los criterios de Bruselas en una batalla en la que por detrás de las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal de 2011, están los intereses de los países del rigor presupuestario: Alemania y el grupo de naciones del norte europeo que gravitan en torno a estos criterios, como Austria, Holanda y Finlandia por mencionar algunos de ese pelotón. El Gobierno español por su parte modificó en julio la regla de gasto para el periodo 2019-2021, levantando un poco el alza de la mira y anotando el 2,7%; 2,9% y 3,1% del PIB respectivamente.

El acuerdo alcanzado por el PSOE y Podemos en vísperas del pasado fin de semana, que tiene todo el tinte de un pacto con la vista puesta en las elecciones del 2020, con el fin de agotar la legislatura y acumular votos en ese camino, se inscribe dentro de la senda anunciada en julio.

Pese a la tormenta desatada en el mercado de deuda italiana, y las vestiduras rasgadas de la oposición española, lo cierto es que de puertas adentro los funcionarios de muchos gobiernos de la UE y muchos funcionarios de la propia CE piensan que la complejidad del Pacto Fiscal de 2011 es excesiva, a tal extremo que requiere un manual de 220 páginas para el seguimiento de sus normas. Que la complejidad ayude a la disciplina fiscal es dudoso, opinan los funcionarios. 

Por otra parte existe una creciente corriente de opinión que considera que el rigor tecnocrático resta flexibilidad a la negociación política y sirve de aliciente al surgimiento de los gobiernos díscolos y da banderas a los enemigos de la UE. Para Thomas Wieser, quien fue un alto cargo del Eurogrupo de ministros de Finanzas y Economía durante la crisis financiera, la maquinaria del pacto de estabilidad y crecimiento se ha hecho “extraordinariamente dañina”, al combinar reglas complejas con poderes discrecionales para hacer juicios y recomendaciones que provocan resentimiento en los estados nacionales, de acuerdo con declaraciones publicadas por la prensa. “La degradación política del sistema continuará, a menos que se haga una reforma significativa”, añadió. Si se tiene en cuenta la norma del 60% de deuda pública como porcentaje del PIB, los funcionarios de Bruselas deberían reconocer que, si se mira a los países del sur de Europa y no solo a Italia, el objetivo está distante.

El peso de la crisis financiera se ha llevado por delante las barreras del endeudamiento, entre otras cosas porque ha sido a expensas de la deuda pública que se ha sufragado el gasto cuando los ingresos fiscales y de la seguridad social, por la propia crisis financiera y la recesión, no daban de sí para alimentar la maquinaria del estado y sus obligaciones con la sociedad. Lo que es peor, para que esa ratio baje realmente sin deteriorar aun más la relación de la sociedad con su cuerpo político, es decir la masa de los electores, sería necesario un prolongado período de crecimiento pujante. Algo que desde 2008 no sólo no ha ocurrido, sino que los analistas económicos consideran que no va a ocurrir en el futuro próximo. El proceso de recuperación económica tras la crisis mundial ha sido endeble en Europa, y las tasas de crecimiento no dan para una reducción del endeudamiento público. 

Ni que hablar en el caso de Italia donde el crecimiento está en tasas del 1% anual. En dos décadas de existencia las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento han evolucionado de forma sinuosa creando excepciones ad hoc de un lado e irritando sensibilidades del otro. Los objetores son legión incluyendo a los países de la disciplina como Alemania y Holanda, que acusan a la CE de ser poco exigentes con las naciones del sur europeo que se las arreglan para escapar al castigo. Mientras, las naciones con problemas de deuda y con bajas tasas de crecimiento, o con escasa recaudación fiscal pese a sus tasas de crecimiento, se quejan de la rigidez de las normas y acusan al Pacto de tener una desviación hacia la rigidez presupuestaria, en lugar de atender a las necesidades de crecimiento.

Uno de los  graves problemas que ha dejado planteada la batalla entre Bruselas y Roma es que hacer cambios al PEC acabaría dando la imagen de que la CE cede a la presión del populismo. Pero pocos dudan que los cambios en el PEC y en el Pacto Fiscal son imprescindibles. De no hacerlos, señalan, las tendencias centrífugas acabarán acelerándose.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...