edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
19/03/2018

Los grandes sindicatos fracasan en su lucha por controlar la movilización de los jubilados

El Gobierno choca con la resistencia a su política económica con eje en los pensionistas
Carlos Schwartz
Este fin de semana el movimiento de rechazo a la política del Gobierno del Partido Popular en materia de pensiones ha dado un salto cualitativo. Las movilizaciones de los pensionistas se han convertido en los hechos en un movimiento de resistencia contra la política económica del Gobierno que no sólo cuestiona las decisiones sobre pensiones sino en general un plan económico basado en la precariedad laboral. Hace falta estar ciego para no percibir que el creciente malestar en la sociedad es lo que estalla por cualquier incidente, como lo ha puesto de relieve la muerte de un inmigrante en el barrio de Lavapiés en Madrid en condición de irregular a pesar de doce años de estancia en el país. La magnitud de las manifestaciones ha tenido la entidad de los grandes movimientos de masas de los últimos 20 años en España. Las consignas, la presencia cada vez más significativa de sectores no pensionistas en protesta por sus propias condiciones de trabajo, como la Plataforma No Más Precariedad, pone de relieve que el movimiento ciudadano de los pensionistas ha desbordado sus objetivos y se ha convertido en un eje de reagrupamiento del descontento social. Algo que también ha reflejado con claridad la Huelga de Mujeres del 8 de marzo. El movimiento ciudadano Coordinadora Estatal de Defensa de las Pensiones Públicas además ha roto los puentes con los grandes sindicatos y los partidos que forman parte del Pacto de Toledo.
Esta plataforma rechaza toda la política de las pensiones incluyendo la reforma de 1996 que cristalizó bajo el Gobierno de José María Aznar sobre una propuesta de Convergencia I Unió de 1994, creando los Pactos de Toledo (PT). De acuerdo con una fuente de esta Coordinadora en Barcelona “El ordenamiento jurídico que encumbra los PT introduce los Planes de Pensiones Privados (PPP) y los Planes de Pensiones de Empleo
(PPE) que se recogen a partir de ese momento en los convenios. En estos PPE participan Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) cobrando su parte alícuota del 1,5% de la comisión de gestión de los fondos invertidos sea cual sea el resultado económico de esa gestión. 

Decir que CCOO y UGT van a defender las pensiones públicas es pensar que el zorro se va a ocupar de cuidar a las gallinas”. El otro punto de discordia con las organizaciones sindicales es que la Coordinadora exige en su programa la derogación de las dos últimas reformas de las pensiones, la de 2011 llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero y la de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy. Por el contrario, los sindicatos que suscribieron la de 2011 la defienden en contra del criterio del movimiento social.

Estas discrepancias son el motivo de fondo por el cual Madrid fue escenario de dos movilizaciones contra el incremento de las pensiones del 0,25% aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy que fue el pistoletazo de salida de los pensionistas indignados por el agravio que supone el incremento frente al aumento de precios de los servicios, como la luz y el gas, los combustibles, o las medicinas. Respecto de estas últimas además señalan las plataformas de afectados que la exclusión de especialidades de las recetas de la sistema de la Seguridad Social encarece indirectamente aún más la asistencia sanitaria. 

La historia de las dos convocatorias es muy significativa desde el punto de vista de lo que está en juego para los actores de este drama. La plataforma Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) de reciente creación en cuya constitución se empeñaron personalidades vinculadas a Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) además del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sectores afines a un ala de Izquierda Unida en disidencia con la actual dirección convocó a una manifestación junto con los grandes sindicatos para el pasado 15 de marzo. 

Ante la existencia de otra convocatoria nacional de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas para el 17 de marzo que los dejaría en ridículo por la mayor capacidad de movilización de esta última cambiaron la fecha para el mismo 17 e intentaron que la Coordinadora de Madrid de la Plataforma Estatal se plegara a su manifestación y acto. Al no conseguir subordinar a la Plataforma a sus planes, de acuerdo con fuentes de esta última, convocaron en solitario con el resultado de una manifestación minoritaria compensada desde el punto de vista mediático por la presencia de personalidades atractivas para los medios.   La maniobra ha sido una operación divisionista que amén de fracasar ha despertado todavía más inquina en el movimiento social independiente.

Por el contrario, la movilización de la Coordinadora de Madrid fue realmente multitudinaria  y la estimación de la delegación del Gobierno de 40.000 asistentes se queda muy corta. Mientras en Barcelona CCOO y UGT convocaron en el mismo lugar que la Coordinadora, la Plaza de Urquinaona, media hora más tarde y pretendiendo un recorrido distinto.

Fracasaron en el intento. “Si hubieran convocado en solitario hubieran hecho un papelón. No movilizan a nadie. No tenían más remedio que acudir a la nuestra. La prueba de ello es que hasta el PSOE estuvo presente con su máximo dirigente local. Pero no pudieron imponer su recorrido y tuvieron que acatar nuestra disciplina”, señala uno de los organizadores de la movilización en Barcelona cuya manifestación portaba a la cabeza una pancarta con un NO a los Pactos de Toledo, pancarta que por cierto también estuvo en la manifestación vespertina de Madrid. 

Una de las consecuencias de la resistencia de los pensionistas es que dan alas a las reclamaciones salariales de los trabajadores en activo. Muchas luchas salariales en sectores específicos como los trabajadores de contratas de recogida de basuras en varios ayuntamientos han logrado en los pasados dos años incrementos salariales. 

Mientras tanto industrias vertebrales en materia de exportaciones y mercado interno como la del automóvil han sufrido recortes. La última batalla en el sector fue la renovación del convenio de Opel, ahora propiedad de General Motors, que acabó en un recorte en un plebiscito muy reñido con una propuesta que hubiera sido derrotada en una asamblea de acuerdo con sindicalistas de esa empresa. El acuerdo con la empresa que acabó en los hechos en incrementos que no compensarán el IPC y supone un recorte salarial fue impulsado por CCOO y UGT. “Es muy probable que en el contexto de las luchas de los pensionistas los sindicatos mayoritarios en Opel no hubieran ganado el referéndum para el acuerdo con la empresa sobre la propuesta negociada”, de acuerdo con una fuente sindical de la empresa.

Estos días algunos medios de comunicación han “descubierto” un documento del Fondo Monetario Internacional. El trabajo bajo el nombre de “España cuestiones seleccionadas” está fechado en octubre de 2017 y su primer sección es “El sistema de pensiones- retos más allá de la sostenibilidad”. El trabajo utiliza para su análisis los datos recogidos en agosto del año pasado durante la elaboración del trabajo periódico del Fondo y forman parte de su preparación. La propuesta del Gobernador del Banco de España de utilización del ahorro en vivienda como mecanismo de supervivencia de los pensionistas está contenida en ese documento. Pieza a ser diseccionada con la extensión necesaria por su mendacidad, oportunismo, y absoluta falta de rigor. 

El documento se basa en proyecciones a las que el documento califica de la siguiente forma: “Mientras que estas proyecciones son inherentemente inciertas, las Naciones Unidas hacen proyecciones similares que reflejan las tendencias de largo plazo en el perfil demográfico español”, pero oculta que anteriores proyecciones similares y sus pronósticos fracasaron por completo en sus estimaciones y previsiones respecto del sistema español de pensiones. 

Una vez más vuelven al ataque con su defensa del negocio de la banca: los PPP y los PPE. Una de las soluciones que el FMI ofrece es una inmigración de 5,5 millones de trabajadores para equilibrar la base laboral capaz de aportar contribución suficiente a la Seguridad Social para sostener las pensiones públicas. Se olvida de decir que para ello es necesario el pleno empleo y una demanda de puestos de trabajo suficiente para ese flujo migratorio. La estulticia de la propuesta es inabarcable. Si existiera pleno empleo y demanda de trabajadores subirían las rentas del trabajo y se reduciría la deflación interna lo que incrementaría de inmediato los ingresos de la SS por las cuotas proporcionales a los ingresos de los trabajadores y estaríamos en el escenario del 2.000 al 2.010 periodo en el cual se acumularon más de 60.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Va de suyo que si el crecimiento de la economía lo requiere habrá inmigración de asalariados que tenderán a corregir el factor demográfico. Pero para ello primero deberá existir una recuperación económica a la cual la política económica del Gobierno no contribuye en nada.

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