edición: 2701 , Lunes, 22 abril 2019
25/01/2019
Hacia la limitación del aval del Estado

Los inversores extranjeros no se fían de los emisores de deuda autonómicos

El sistema de financiación autonómico, un elevado endeudamiento y el deterioro del mercado financiero internacional frenan el interés de los inversores
Juan José González
Si hay algo seguro en el mercado de deuda, es que se quiere evitar el riesgo a toda costa. Y los inversores internacionales no terminan de creerse cómo es posible que un sistema deficitario, progresivamente endeudado y que vive en el desequilibrio permanente pueda seguir funcionando como lo hace el sistema de financiación autonómico español. La primera sensación de incredulidad se presenta cuando esos inversores, compradores de deuda autonómica, comprueban que el papel de la mayoría de las autonomías, a pesar de contar con calificaciones de rating con perspectivas positivas (excepto Cataluña, que sigue en bono basura) continúan muy cerca del bono basura, lo cual ya supone un primer freno para la financiación de los gobiernos autonómicos (y algunos locales). Pero el asombro es aún mayor cuando comprueban que, a pesar de la peor calificación de la deuda, el Estado central continua aportando su aval sin apenas una mínima contrapartida, como es la de reconocer el préstamo y aceptar que se devolverá en el futuro. Se trata de autonomías con endeudamientos que a finales del pasado ejercicio se situaban en el 41,1% del PIB de la Comunidad de Valencia, el 5,8% de Castilla La mancha o el 34,2% de Cataluña, entre las tres casi 140.000 millones de euros que tendrán que devolver (algún día) al Estado central, a la banca nacional, a la extranjera y a otros inversores de deuda internacionales. En los últimos tres años varios inversores internacionales han optado por eliminar el asombro y evitar el riesgo de una inversión fallida, temiendo el fin del aval estatal o una quita ordinaria, lo que, como se ha visto en estos dos últimos ejercicios, ha elevado la presión de las Autonomías sobre el Estado central, el avalista complaciente.
En la actualidad, el primer acreedor de las deudas autonómicas es el Estado, seguido por la banca nacional, la banca extranjera y, finalmente, instituciones públicas y privadas -fondos de inversión y pensiones- extranjeras. El histórico de la financiación autonómica muestra que las cuatro autonomías que más dinero piden al Estado son Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. La emisión de deuda de las propias autonomías está liderada por Madrid, seguida de Cataluña y País Vasco, mientras que Cataluña, Madrid y Valencia son las más recurrentes a la banca e instituciones financieras extranjeras.

El creciente resultado negativo es el resultado de la descentralización de las decisiones de gasto que lleva a que en ocasiones (por desgracia numerosas) deba activarse el FLA, que no deja de ser un remedio (o remiendo) puntual para dar liquidez de urgencia a las tesorerías autonómicas más necesitadas, urgencia de caja (o sinónimo de situación previa a la quiebra) que acaba creando nuevos problemas o multiplicando los ya existentes. Las inyecciones del FLA no suelen conseguir la eliminación de las deudas de vencimiento inmediato, si bien, casi siempre ayudan a ampliar los plazos de devolución a los acreedores y, eso sí, a precios más gravosos, con mayores intereses.

La financiación de las autonomías es hoy una mezcla perfecta (o imperfecta) de descontrol y de un sistema de financiación autonómica que ningún Gobierno se atreve a reformar, habida cuenta del nexo político del dinero, en este caso, del endeudamiento, con el ejercicio de las competencias, muy diferentes entre las distintas Autonomías. Si además a esta mezcla se añaden los planes anuales de gasto de los Gobiernos de turno, siempre expansivos, la tormenta perfecta de la sinrazón de la deuda queda servida. 

Porque si hay una constante en la operativa presupuestaria de los gobiernos autonómicos, ese es el permanente desequilibrio entre los gastos y los ingresos; para los primeros nunca hay recursos suficientes, ni de los propios impuestos gestionados ni de las transferencias del Estado central, siempre insuficientes. Y mientras no haya un control, un pacto político entre los Gobiernos central y autonómicos, para vigilar que se mantenga el equilibrio, la deuda pública del Estado seguirá en la zona de peligro actual.

El elevado endeudamiento público del Estado, suma del propio y de las autonomías, y la falta de un sistema de financiación autonómico eficaz, es el principal desajuste que está impidiendo que los inversores internacionales pierdan el miedo a las emisiones de deuda de las autonomías, precisamente las que planean salir al mercado en 2019. Sin perspectivas de mejorar la calificación de la deuda por parte de las agencias de rating y una situación financiera internacional cada día más compleja, a las Autonomías sólo le queda el colchón de poco menos que un año para aprovechar los tipos de interés en cero o negativo. Después será imposible o insostenible.

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