edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
18/10/2018
LA OREJA DE LARRAZ

Los jueces decanos de toda España claman por una mayor independencia judicial

Javier Ardalán
Durante los días 15 a 18 de octubre se han celebrado en Melilla las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España, en las que se ha analizado de cerca el estado de la Justicia y sus necesidades y han abogado por la independencia judicial.
En sus conclusiones, señalan que los informes GRECO de los años 2016 y 2017 subrayan que no existe ninguna duda acerca de la gran calidad de la Justicia en España, ni sobre la fortaleza del espíritu de servicio público de jueces y fiscales “a título individual”.

Sin embargo, consideran que es preciso realizar una serie de modificaciones tendentes a reforzar la independencia judicial. Sobre estas se han pronunciado las asociaciones judiciales formulando distintas propuestas y el Consejo de Europa por medio del Grupo de Estados contra la Corrupción, en dichos informes.

Por ello, consideran que es preciso un impulso decidido, mediante pacto de Estado o estrategia nacional, para reforzar la independencia, la calidad y eficacia de la justicia. Y añaden que pese a las propuestas y recomendaciones, el balance “no puede ser más decepcionante”. No existe un compromiso firme de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, y tampoco tendentes a realizar reformas que hagan visible la independencia judicial.

También  exigen una modificación en el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Reconocen en sus conclusiones de las jornadas, que son conscientes que se ha iniciado un nuevo proceso de renovación que ha desatendido esta reclamación. Pese  a ello anuncian que no cejarán en su empeño de seguir denunciado un sistema que les aleja de los estándares europeos y que ha sido duramente criticado hasta en dos ocasiones por el Consejo de Europa.

Esta exigencia la basan en las razones verdaderas de la negativa al cambio: “el miedo de los partidos políticos a perder el control sobre el CGPJ. No tendremos un poder judicial independiente si nuestro órgano de Gobierno no es independiente”, afirman en su texto de conclusiones.

Por otra parte, reclaman que los presidentes de Tribunales sean elegidos por los jueces y magistrados para evitar todo trato de intromisión en el proceso de selección de los miembros de la judicatura. El nombramiento discrecional consideran que no encuentra encaje en las recomendaciones del Consejo de Europa. Además, señalan que en el supuesto de creación de los Tribunales Colegiados de instancia los presidentes o decanos deberían ser elegidos por los propios jueces.

Reclaman, por otra parte, la independencia económica del Poder Judicial. Consideran que no pueden seguir dependiendo de la voluntad en esta materia de las Administraciones prestacionales central o autonómicas. Al menos, dicen que se debería garantizar autonomía presupuestaria para decidir y dotar de las medidas de apoyo, sustituciones y creación de nuevas plazas judiciales.

Denuncian que el Poder Judicial es el único Poder del Estado que depende en todo de los demás, para disponer de recursos y funcionar correctamente, y en todo caso carece de los instrumentos para exigir que las administraciones cumplan sus obligaciones.

En todo caso las retribuciones de los jueces creen que deben pasar a depender del CGPJ, debiéndose garantizar la independencia económica de estos en el que se retribuya fundamentalmente la responsabilidad y la dedicación, como miembros de un Poder del Estado.

Y señalan que los Jueces españoles, que han realizado un duro trabajo durante la crisis económica, con una importante avalancha de entrada de asuntos, han de recuperar inmediatamente los derechos perdidos en materia económica, así como en derechos sociales referidos a permisos y vacaciones, con regulación de una cláusula en la LOPJ para la aplicación automática de las reformas que mejoren los derechos del resto de servidores públicos.

Finalmente, recuerdan que todos los Jueces españoles son responsables civil, penal y disciplinariamente. Por ello, argumentan que son muy conscientes de las consecuencias de sus decisiones y de que no son infalibles. Por ello creen firmemente en nuestro sistema de recursos que comporta la revisión de nuestras resoluciones por Tribunales colegiados hasta llegar a las más altas instancias en nuestro país y fuera de él.

Nuestras decisiones, argumentan, pueden y deben ser objeto de crítica como expresión del derecho constitucional a la libertad expresión reconocido en el artículo 20.1 de la Constitución. Pero dicha  libertad de expresión, como todos los derechos y libertades, debe tener también sus límites. La Constitución no reconoce el derecho al insulto y las críticas desmedidas y carentes de fundamento a un juez en el ejercicio de sus funciones no sólo pueden llegar a afectar a su honorabilidad profesional sino también a la confianza misma en la Justicia. Así, lo tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en sentencia de11 de Julio 2013 caso Morice Vs. Francia). Por ello, piden respeto y las condiciones idóneas para hacer su trabajo.

Además, para conseguir una mayor transparencia y claridad, y favorecer el derecho a la información de todos los ciudadanos, proponen que un magistrado se incorpore a los Gabinetes de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia.

Finalmente, se refieren a las puertas giratorias, afirmando que el trasiego de los jueces de la judicatura a la política y viceversa, aunque poco frecuente, provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces/zas. Por ello, proponen limitar estos viajes de ida y vuelta, con la oportuna reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), así como la supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las comunidades Autónomas.

Consideran que deben prohibirse no sólo por tratarse de una rechazable forma de designación política de los/as magistrados/, sino porque además dichos magistrados/as una vez destinados en los TSJ son potencialmente los jueces encargados de enjuiciar a los aforados que les han nombrado.

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