edición: 3054 , Viernes, 25 septiembre 2020
28/05/2019

Los jueces de lo social atenderán las reclamaciones por abono de cantidades por la extinción del contrato con una concursada

Javier Ardalán
Cuando se quiere cuestionar la validez del despido acordado en el seno del concurso hay que actuar (individual o colectivamente) ante el Juzgado de lo Mercantil. Eso es así incluso si se desea plantear la existencia de un posible fenómeno empresarial de agrupación. Se trata de un criterio acogido tanto antes como después de las modificaciones introducidas en la Ley Concursal, que entraron en vigor a principio de enero de 2012.
Sin embargo, establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de enero de 2019, que, si no se cuestiona la validez del despido concursal, sino que se reclama el abono de determinadas cantidades derivadas de la extinción del contrato laboral que comporta (sean indemnizatorias o retributivas) la solución debe ser la opuesta. 

En esta sentencia del Alto Tribunal. Se establece que la competencia exclusiva del juez Mercantil desaparece cuando se trata de una reclamación laboral dirigida frente a quienes no son sujetos concursados.

La excepcionalidad de la atribución competencial en favor del juez del Concurso juega en favor de la jurisdicción social cuando no aparezca una norma explícita que le asigne el conocimiento de determinado asunto.

Los Autos de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo expresan claramente la imposibilidad de que la competencia del Juez del Concurso, incluso tras la entrada en vigor de las reformas de 2011 en la Ley Concursal, se extienda a personas diversas a la concursada.

A este respecto, la ponente, la magistrada Rosa Virolés, repasa la jurisprudencia previa del Tribunal, comenzando por la de 9 de febrero de 2015, que asume la competencia del juzgado de lo Mercantil para conocer de la extinción colectiva de contratos de trabajo después de declarado el concurso, incluido el de un trabajador que, con anterioridad a dicha declaración, había presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social instando la extinción de su contrato, al amparo del artículo 50.1b) del Estatuto de los Trabajadores, pendiente aún de resolver esta pretensión. La legislación aplicable es la anterior a la reforma de la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.

La sentencia de 21 junio de 2017 concluye que la impugnación de un despido colectivo concursal debe hacerse a través de los cauces de la Ley Concursal. No considera adecuada la acción del art. 124 LRJS y la Sala del TSJ sólo será competente vía recurso de suplicación.

Otra sentencia destacable, es la de 5 julio de 2017, que considera que la jurisdicción social es competente para decidir si ha existido sucesión de empresa cuando bienes de la concursada son adquiridos por un tercero ajeno al concurso.  Reitera el criterio de las sentencia de 11 de enero y 18 de mayo de 2017, así como de la anterior de 29 de octubre de 2014, que dictaminan que, sean cuales sean las circunstancias en las que se ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en el marco de un concurso de acreedores de una empresa, así como la liquidación de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o no una sucesión empresarial (artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores) es competencia de la jurisdicción Social. En el mismo sentido pueden verse otras varias como las de 11 de enero de 2017; 5 de julio de 2017 y 11de enero de 2018.

La sentencia de 26 septiembre de 2017 considera competente el orden social de la jurisdicción cuando se interesa que la empresa concursada sea condenada a suscribir convenio especial con la Seguridad Social cuando la extinción contractual se produce mediante ERE anterior al concurso (aunque la demanda se interponga con posterioridad a su declaración). Sigue el criterio de varias sentencias de 19 octubre 2016.

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 marzo de 2018, aborda una reclamación suscitada al hilo de la impugnación de la extinción individual de quien fue incluido en el ERE concursal y concluye que debe hacerse por los cauces de la Ley Concursal ante el Juez de lo Mercantil.

Finalmente, la sentencia de 17 abril de 2018 atribuye al orden social la ejecución de créditos laborales reconocidos por sentencia cuando la empresa está en concurso y ya se ha aprobado el convenio. Tras analizar diversos preceptos de la Ley Concursal, se establece que la conclusión que se extrae es clara: una vez aprobado el convenio concursal, los acreedores concursales no sujetos al convenio, así como los acreedores que hayan adquirido su crédito después de aprobado el convenio, podrán iniciar ordinariamente ejecuciones o continuar con las que hubieran iniciado; ejecuciones que no se acumularán al proceso concursal, puesto que el efecto específico del concurso, consistente en la paralización de la ejecución y la atracción de las ejecuciones al concurso, ha sido enervado desde la eficacia del convenio.

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