edición: 3024 , Miércoles, 5 agosto 2020
16/06/2020
La banca no financia proyectos sin rentabilidad

Los lobbies se movilizan para derogar normativas ”perniciosas” de financiación del Estado

La reconstrucción provocará la licitación de grandes proyectos de infraestructuras que necesitarán grandes recursos, avales y seguridad jurídica en el mercado de la colaboración público privada. Pero antes deben salir las cuentas, lo que obligará a cambiar criterios y alguna norma
Juan José González
Grandes sectores empresariales han activado los mecanismos tradicionales de influencia al uso con un objetivo único y muy claro: revisión de los criterios que informan la normativa vigente sobre un puñado de leyes que vienen conformando el modelo de concesiones en las licitaciones públicas que convoca el Estado central y también las Autonomías. Se mueven los lobbies empresariales, representados por algunos `think tank´ en Madrid, en Bruselas (donde habitan buena parte de ellos) y en Fráncfort. Se reclaman con insistencia la revisión de plazos y de las fórmulas matemáticas que llevan a calcular y fijar los plazos de amortización de las inversiones, lo que denominan, el período de recuperación de la inversión. A las grandes empresas, en su mayoría pertenecientes al sector de la construcción e ingeniería, no les salen las cuentas con los criterios y fórmulas que aplica desde hace años la Administración central del Estado. Parecen seguir criterios en desuso en la mayoría de los Estados europeos y en general en la licitación pública internacional. No responden, se dice, a la realidad del mercado. Y si las cuentas no salen con las leyes actuales las empresas quieren que la Administración reflexione sobre los hechos y adapte los criterios de licitación a la realidad, a la actualidad, al mercado.
En términos de mercado, las obras públicas, los grandes proyectos que llevan a cabo casi siempre conglomerados empresariales, uniones temporales de empresas para abordar grandes obras de infraestructura, han dejado de ser negocio hace mucho tiempo, al menos, en España. El problema más preocupante para las empresas reside en lo que los financieros denominan "parámetros de rentabilidad", al parecer irreales, desfasados, "fuera de mercado", lo que da lugar a que las cuentas no salgan, y si estas no salen, tampoco sale la financiación bancaria lo que puede acabar con el proyecto.

Parecería un asunto menor si no fuera porque en los últimos tiempos se han dado numerosos casos de proyectos fallidos propuestos por la Administración pero que no han llegado siquiera a la fase licitación por las dudosas condiciones que presentaban algunos proyectos en su vertiente financiera, que no eran más que los recelos sobre la rentabilidad de las inversiones. Surgen los problemas financieros a propósito de las grandes obras que se llevan a cabo, habitualmente, en colaboración entre el sector público y el privado, la única forma de acometer los grandes proyectos de obras, por su tamaño, complejidad y por los recursos aplicados, en concreto, a los financieros.

Los lobbies tienen por delante un trabajo complejo; como es convencer a las autoridades de la necesidad de un cambio en los criterios y normativa relativos a las fórmulas de colaboración público-privadas, el instrumento que se demostrado más eficaz hasta el momento para llevar a cabo grandes obras. La coyuntura y las necesidades apremian porque está en marcha un proceso de reconstrucción económica que implicará a muchos sectores, quizá el primero, por el volumen de mano de obra y efecto multiplicador en otros sectores, vaya a ser el que desarrolla las obras de infraestructura.

Actualmente se encuentran en marcha numerosas iniciativas que se deberán desarrollar a partir de los próximos meses y cuya ejecución abarcará varios años. El contexto en el que se desarrollarán las iniciativas será de fuerte endeudamiento del Estado lo que obligará a utilizar el modelo de colaboración público privado. Aprovechando la oportunidad, la necesidad y hasta la obligatoriedad de utilizar las fórmulas de colaboración ya conocidas, las empresas piden un cambio de modelo.

Un enfoque diferente que tenga en cuenta los cambios en el mercado, las nuevas condiciones financieras, en las que será más necesario que nunca contar con la seguridad del aval, de la garantía del Estado. Todo parece indicar que habrá un pulso entre las grandes empresas de obras públicas y concesionarias con la Administración central, un pulso donde se juega un cambio en el reconocimiento del derecho al reequilibrio económico y financiero de todas las obras. Será bueno para el sector, para la Administración, también para los usuarios de las infraestructuras. Y sobre todo, se evitará litigiosidad entre empresas y Estado, algo que consume gran cantidad de recursos.

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