edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
01/04/2019
A la espera de conocer los programas

Los partidos políticos evitan dar detalles sobre el modelo de pensiones y su financiación

Eluden pronunciarse sobre los matices de una reforma de pensiones porque conlleva una subida de impuestos. Y la pérdida de votos
Juan José González
A fuerza de considerar que las políticas sociales eran asuntos vanos y contingentes en cualquier debate y situación, la solución al problema de las pensiones se ha convertido en un tema crónico, aplazado hasta tiempos mejores, con el viento de la oportunidad a favor, cuando tanto el debate como sus posibles soluciones deberían haberse convertido en necesarias prioridades. Claro que, aspirar a que las fuerzas políticas, hoy distraídas en contiendas electorales múltiples, se apliquen en la solución, equivale a pedir un imposible y a aceptar, de nuevo, que los principales asuntos sociales, entre ellos la revalorización de las pensiones y de la sostenibilidad del sistema, quedarán como están, pendientes de la mayor o menor suerte de un próximo equipo de gobierno que vea, en la solución al problema de las pensiones, algo más que un asunto coyuntural. Cuando faltan aún por conocerse las propuestas concretas (tampoco habría que esperar mucha precisión) de los partidos políticos al respecto, en sus programas electorales, sólo se tienen noticia, a grandes rasgos, de las posiciones de los bloques políticos, tanto respecto a su financiación, actualización o revalorización, como al modelo, público o mixto. En cualquier caso, si las pensiones llegan a considerarse como un asunto capital y no contingentes, está claro que habrá que subir impuestos, algo que no se puede o no se debe mencionar en una campaña electoral.
Quién lo diría pero 25 años después de su nacimiento, el Pacto de Toledo continua sin dar luz a la criatura, al modelo de reparto que se estima oportuno de la Seguridad Social. La última información disponible señala que el calendario electoral, precipitado en los últimos meses, adelantado por fuerza mayor, ha traído un aparcamiento completo para el Pacto de Toledo que tras largas negociaciones en lo que se sospechaba recta final (tres años) fueron interrumpidas debido a un enfrentamiento político puntual. Se rompió el acuerdo final por matices cuando los criterios básicos estaban más que cerrados por acuerdos.

De nuevo, había entrado la asignatura pendiente de las pensiones (una de tantas) en esa fase política en la que los responsables de las decisiones cuelgan todas sus ocupaciones para volcarse de lleno en la batalla electoral, quedando de esta forma el tema del modelo de reparto de la Seguridad Social al margen de la campaña. Una contienda en la que, por lo demás y caso de haber entrado en la misma, no hubiera sido determinante para encontrar una solución al problema de las pensiones, dado que, decir la verdad en campaña electoral en un asunto tan delicado como las pensiones (o al menos, aproximarse a ella) suele hacer daño al atrevido. 

Por si no fuera suficiente, si la fecha de finales de abril para las generales significa que el retraso para una hipotética nueva convocatoria del Pacto de Toledo se alarga, aún más lejos puede quedar si, como parece, se complica la formación de un nuevo Ejecutivo, y si este es a su vez de coalición, es probable que el Pacto en cuestión pasaría a formar parte de los libros de historia social. Varias opiniones se muestran pesimistas respecto a una nueva convocatoria del Pacto de Toledo al entender que el bipartidismo, en otro tiempo facilitador de acuerdos, pactos o compromisos, no parece que vaya a regresar al escenario político, al menos, de forma inmediata.

Se diría, por tanto que, si como la reducción del déficit es una tarea urgente para el Gobierno, acordar el mecanismo y las condiciones que hagan posible un sistema de protección social donde se fijen la cuantía de las prestaciones así como la actualización de las pensiones, debería contar con la prioridad y la decisión suficientes como para que las dos cuestiones (déficit y pensiones) quedasen solventadas en esta próxima legislatura. Otro asunto es que visto lo visto con la ruptura (paralización) del Pacto de Toledo, se entiende que por motivos políticos electorales, haya que pensar que la resolución del problema de las pensiones debería intentarse en otro escenario, ajeno y quizá alejado, del terreno político. Aunque esto suponga pedir un imposible.

Así, en líneas general, y a falta de confirmación de los programas electorales actualmente en la imprenta, se mantienen dos bloques diferenciados: PSOE y Podemos partidarios de la revalorización con el IPC (y por ley) mientras que PP matiza que el IPC debe estar condicionado al ciclo económico y Ciudadanos remite a una reforma laboral que contemple otras cuestiones que afectan directamente a la sostenibilidad futura. En realidad, ninguna formación parece querer profundizar en la financiación del sistema (público, privado o mixto).

Un asunto comprometido en tanto que, seguramente, tendrían que definir con claridad que el modelo propuesto por unos y otros no tendría más remedio que financiarse con una subida de impuestos adicional o ad hoc, especial y en exclusiva para mantener las pensiones y, por supuesto, evitar el recurso del préstamo para el pago de las pagas extraordinarias. Y si no se puede decir la verdad en pensiones, por su elevado coste en las urnas, quizá habría que pensar en que el terreno político no es el adecuado para resolver los problemas de la Seguridad Social.

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