edición: 2724 , Viernes, 24 mayo 2019
14/05/2019
Aportaría el 80% de los 240.000 millones de euros necesarios

Los planes energéticos que el Gobierno aspira a que financie la banca

El Ejecutivo, que todavía no ha revelado cómo planea la financiación, se muestra a favor de una fórmula de negociación flexible que incluiría cambios notables en la `tasa bancaria´
Juan José González
El sector privado empresarial ya ha comenzado a sacar algunas primeras conclusiones sobre los planes que viene amasando el Ejecutivo en los últimos meses sobre determinados sectores de la actividad industrial. En concreto, le vienen dando vueltas a los movimientos de la versátil -y errátil- actividad de Teresa Ribera, responsable del departamento de Transición Ecológica, lugar donde se cocina la estrategia energética del Gobierno y lugar también donde se elabora el menú a servir para el cambio energético. No es esta una batalla cualquiera, pues implica y relaciona a numerosos sectores y toca multitud de palos en la política de cualquier Ejecutivo hoy día. Se trata de la puesta en práctica de una política muy arriesgada, de futuro y muy costosa: es la sustitución de las energías tradicionales por otras renovables. Porque hasta ahora, el Gobierno tan sólo ha venido lanzando mensajes que no han traspasado los límites de las declaraciones de objetivos, es decir, intenciones de futuro. El departamento de Ribera, sin embargo, ya tiene el mandato de pasar del negro sobre blanco al esto es lo que recoge el proyecto de Estrategia Energética y a partir de ahora, con cifras y tiempos, cantidades y megavatios sólo cabe -tras la formación del nuevo Gobierno- comenzar a sentar en la mesa a los potenciales financiadores privados.
Los objetivos de la Estrategia Energética del pasado Gobierno de Sánchez se mantienen inalterables. Son objetivos políticos, programáticos, de los que se defienden en campañas, parlamentos y foros y sobre los que al final de la legislatura se suele hacer balance. Es obvio que en una estrategia energética no se alcancen los objetivos en cuatro, ocho o doce años, de ahí que la puesta en marcha de la Estrategia Energética del Gobierno vaya a contar, antes de su nacimiento, con un balance positivo -seguro- al final de la legislatura, en 2023.

Asuntos como la reducción de los gases de efecto invernadero, reducción de la dependencia exterior de la energía en el 15% o lograr superar el 40% de la energía renovable en el compuesto del consumo energético final son algunos de los objetivos denominados "irrenunciables" en el plan pero que no esconden una "evidente complejidad". Y es en este punto donde los políticos quieren empezar a llamar la atención del `público objetivo´ al que está orientada "la colaboración de la financiación privada", sin la que, obviamente, nada de los planeado podrá llegar a buen puerto.

Los números del plan, de la Estrategia Energética, inspiran respeto, pues se habla de cifras en el entorno de los 240.000 millones de euros de inversión que serían necesarios para cubrir, hasta el año 2030, los planes energéticos del Gobierno como el Plan Nacional de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático. Los planes iniciales del Gobierno, transmitidos con cierta dificultad por el departamento de Ribera a varios empresarios -así como más explicado a los medios de comunicación- parecerían recoger la intención de que el sector privado financiase hasta el 80% de los 240.000 millones de euros, en tanto que resto, 47.700 millones serían inversión pública.

Ahora bien, ni la forma en la que se conseguirán los casi 200.000 millones del sector privado ni los más de 47.000 millones de euros del sector público, aparecen recogidos en ningún documento que hasta ahora haya visto la luz. Porque si los planes del Ejecutivo contemplan diez años habrá que entender que el Estado no tendrá problemas para sacar de algún sitio los casi 5.000 millones anuales que le exigirán sus planes. Como tampoco queda claro en qué condiciones se le iba (o va) a proponer a bancos y empresas financiar su millonaria `colaboración´.

De los planes energéticos del Gobierno conocidos hasta el momento, se desprende la posibilidad de que el Estado pueda conseguir su `parte´, esos cerca de 5.000 millones de euros, se supone que, por respeto al control del déficit, se detraerían de otras partidas (recortes). Pero de lo que nada se sabe es sobre la forma en la que sería capaz el Gobierno de convencer a empresas y banca para que se sumen a su particular aventura energética. En algunos medios se empieza a hablar de trueque político, intercambio de intereses, flexibilizar tasas, o impuestos como el proyectado gravamen a las transacciones financieras. Una inversión privada que hoy se antoja para la banca como cuestionable y para el Ejecutivo negociable.

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