edición: 3075 , Martes, 27 octubre 2020
04/05/2020
fiscal 

Los técnicos de Hacienda urgen un acuerdo para recuperar ingresos públicos

ICNR
Estiman que el coronavirus dejará un “agujero” en la recaudación de 13.874 millones de euros, según las previsiones del Gobierno, de las que se desprende un desplome de la economía del 9,2% y la escalada del déficit público del 10,3%.
Los técnicos de Hacienda (Gestha) apremian al Gobierno, a los grupos parlamentarios y a las organizaciones sociales a que acerquen posturas para alcanzar un acuerdo que permita recuperar ingresos públicos y reforzar el Estado de Bienestar.

En este escenario, aseguran que entre las principales medidas que contribuirían a frenar la sangría en la recaudación destaca la lucha contra el fraude, por lo que instan al Gobierno a enviar al Congreso y tramitar por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, que permitirá bajar el límite general de pagos en efectivo a 1.000 euros y el de la inclusión en la lista de morosos a 600.000 euros, incluyendo a los responsables solidarios de esas deudas, y otras medidas de colaboración internacional, con las que podrían recaudarse 828 millones adicionales.

No obstante, Gestha demanda más ambición a la hora de incluir la responsabilidad solidaria de asesores e instituciones financieras que diseñan o colaboran en los entramados societarios fraudulentos y en los esquemas de planificación fiscal abusiva, así como para aumentar la prescripción tributaria de los 4 a los 10 años, equiparándola a la de los delitos agravados contra la Hacienda Pública para que sea posible investigarlos y denunciarlos a la Fiscalía.

En concreto, los técnicos de Hacienda señalan como principales responsables de la evasión a los grupos empresariales que con un aumento de beneficios del 40,5% desde 2006, ingresaron un 39,4% menos que hace 13 años. Además, la carga real del Impuesto de Sociedades en estos 13 años es menos de la mitad de lo que soportan las pymes.

De ahí que Gestha pida a la AEAT que desplace la lupa del control tributario de autónomos y pequeñas empresas que están padeciendo la crisis por el confinamiento hacia el control de los conglomerados empresariales, multinacionales y personas con grandes fortunas.

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