edición: 2329 , Martes, 24 octubre 2017
22/09/2017
banca 
Caso Popular

Luksic y B. Cremades anuncian nuevos recursos contra la JUR

ICNR
El grupo chileno Luksic acaba de presentar su esperado recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE). Por su parte, Cremades y Asociados estudia una denuncia por violación del Código de Conducta de la institución.
La demanda, presentada el pasado lunes por la familia chilena titular del 3,45% de Popular antes de su resolución, tiene por objeto la anulación de las decisiones adoptadas por ambos organismos por las cuales se aprobó la resolución de la entidad el pasado 7 de junio, así como la condena en costas de los mismos.

En apoyo de la demanda, Aeris expone que la decisión infringe numerosos artículos de normas y principios legales. En concreto se alega que la resolución vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de motivación, pues no se han hecho públicos todos los motivos de la decisión de la JUR.

Además, sostiene que la JUR habría quebrantado principios generales de derecho al acordar la resolución "por una crisis que provocó la propia Junta por las declaraciones de su presidenta", Elke König.

Además, afirma que la decisión no buscó las alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas, privó a Aeris de su propiedad sin darle trámite de audiencia y acordó la venta a Banco Santander "sin una valoración adecuada o a la maximización del precio de venta", entre otros argumentos.

Asimismo, ha solicitado que se declaren inaplicables determinados artículos del Reglamento 806/2014 (por el que se establecen normas y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución) por considerar que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea y los principios que rigen la delegación de competencias a la Junta.

En concreto, pide que sea inaplicable el obligar a asumir siempre a los accionistas las primeras pérdidas resultantes del proceso de resolución, impidiendo adoptar medidas menos restrictivas para su propiedad, lo que, en su opinión, "restringe el derecho de propiedad de manera desproporcionada".

Adicionalmente, el grupo Luksic, propietario también de más del 50% del Banco de Chile, considera que dicho reglamento vulnera los artículos 17 y 41 de la Carta de Derechos Fundamentales, ya que no contempla un trámite de audiencia a favor de los afectados, lo que habría permitido analizar medidas alternativas menos gravosas para salvaguardar el interés general y garantizar el equilibrio de intereses.

Por último, Aeris expone que el reglamento vulnera la jurisprudencia Meroni sobre delegación de competencias a organismos como la Junta puesto que no se establece qué objetivos deben perseguir la amortización de acciones ni el instrumento de venta de negocio; no se delimitan las circunstancias y condiciones en las que cabe ejercer las competencias, y no se garantiza la proporcionalidad de las medidas que adopta la Junta.

Aeris Invest ya presentó el pasado 21 de junio recurso contencioso-administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los recursos de Cremades

El despacho B. Cremades y Asociados ha presentado este jueves un segundo recurso contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea y estudia la posibilidad de presentar una denuncia ante la comisión deontológica y/o el Defensor del Pueblo Europeo por posibles violaciones del Código de Conducta de los Miembros de las Sesiones Plenarias y Ejecutivas de la JUR.
El recurso ha sido presentado en los mismos términos que el interpuesto el pasado 7 de agosto también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Para el bufete, la resolución de Popular supuso una "manifiesta violación" del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de otros instrumentos del Derecho europeo.

Por ello, solicita la nulidad de la resolución de la entidad, la devolución de las acciones y los instrumentos de capital de Popular a los inversores, así como una compensación equivalente al valor neto de los activos de la entidad a fecha del pasado 7 de junio que deberá determinar un perito nombrado por el TJUE.

Si esta compensación se calculara con los estados financieros del primer trimestre del año, los bonistas deberían percibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas 2,57 euros por acción, según el despacho.
"No obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha de 22 de mayo de 2017", añade.

La firma de abogados considera que "las violaciones de los deberes de confidencialidad por parte de la JUR fueron evidentes", dado que su presidenta, Elke König, habló en televisión sobre el banco y se hicieron públicas filtraciones sobre la situación de la entidad.

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