edición: 3078 , Viernes, 30 octubre 2020
14/09/2016
LA OREJA DE LARRAZ

Más ayudas fiscales ilegales a debate al Parlamento Europeo

Javier Ardalán
El dictamen de la Comisión Europea de que Irlanda concedió a Apple ventajas fiscales ilegales que redujeron considerablemente su factura impositiva durante años centra un debate en el pleno de este miércoles. La Comisión exige a Dublín que recupere los impuestos impagados por Apple en Irlanda de 2003 a 2014, por un importe total de 13.000 millones de euros más intereses. El Gobierno irlandés ha anunciado un recurso a esta decisión.
La comisión especial sobre los acuerdos fiscales, establecida por el Parlamento en respuesta al escándalo de “LuxLeaks”, hizo una larga lista de recomendaciones para lograr una fiscalidad corporativa más justa y transparente. Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, esta práctica es ilegal ya que ha permitido a Apple pagar muchos menos impuestos que otras empresas. Irlanda deberá proceder ahora a la recuperación de la ayuda ilegal.

A raíz de una investigación en profundidad en materia de ayudas estatales iniciada en junio de 2014, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que las dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con respecto a Apple han venido reduciendo artificial y sustancialmente los impuestos pagados por Apple en dicho país desde 1991.

En sí mismas, las resoluciones fiscales son plenamente legales. Se trata de cartas de conformidad emitidas por las autoridades tributarias para aclarar a las empresas cómo deben calcular el impuesto sobre sociedades que adeudan o cómo deben aplicar determinadas disposiciones fiscales especiales.

La función del control de las ayudas estatales de la UE es garantizar que los Estados miembros no otorguen de forma selectiva a determinadas empresas un tratamiento fiscal más ventajoso que el que conceden a las demás, a través de resoluciones fiscales o de otros instrumentos.

Las resoluciones refrendaron un método de determinación de los beneficios imponibles de dos sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple (Apple Sales International y Apple Operations Europe) que no reflejaba la realidad económica: la práctica totalidad de los beneficios por ventas obtenidos por las dos empresas se distribuyeron internamente a una «administración central».

La evaluación de la Comisión demostró que esas «administraciones centrales» solo existían nominalmente y no podían haber generado tales beneficios. Con arreglo a ciertas disposiciones específicas de la normativa tributaria irlandesa que han dejado de estar en vigor, estos beneficios distribuidos a las «administraciones centrales» no fueron objeto de gravamen en ningún país. Como consecuencia del método de distribución refrendado por las resoluciones fiscales, Apple solo aplicó sobre los beneficios de Apple Sales International un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades que se redujo del 1% en 2003 al 0,005% en 2014.

Estas resoluciones refrendaban un reparto de los beneficios a efectos fiscales en Irlanda: con arreglo al método acordado, la mayor parte de los beneficios se distribuían dentro de Apple Sales International a una «administración central» fuera de Irlanda.

Esta «administración central» no estaba implantada en país alguno ni contaba con empleados o locales propios. Sus actividades consistían únicamente en alguna reunión ocasional de la Junta Directiva. Solo una pequeña parte de los beneficios de Apple Sales International se distribuían a su sucursal irlandesa y estaban sujetos a impuestos en Irlanda. La mayoría de los beneficios restantes se distribuían a la «administración central», en la que quedaban exentos de impuestos. Así pues, solo un pequeño porcentaje de los beneficios de Apple Sales International estaba sujeto a impuestos en Irlanda mientras que el resto no se gravaba en ningún lugar.

Este tratamiento fiscal selectivo de Apple en Irlanda es ilegal en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, dado que concede a la empresa una ventaja significativa frente a otras empresas sujetas a la misma normativa tributaria nacional. La Comisión puede ordenar la recuperación de la ayuda estatal ilegal correspondiente al periodo de diez años previo a su primera solicitud de información, que data de 2013. Ahora, Irlanda deberá recuperar los impuestos no pagados por Apple en el país para el periodo comprendido entre 2003 y 2014 por un importe de hasta 13 000 millones de euros, incrementado con intereses.

En realidad, gracias al tratamiento fiscal que le fue aplicado en Irlanda, Apple pudo evitar la imposición de la práctica totalidad de los beneficios generados por las ventas de sus productos en el mercado único de la UE en su conjunto. Ello se debe a la decisión de esta empresa de registrar todas sus ventas en Irlanda en vez de hacerlo en los países en los que se vendieron los productos en cuestión.

Sin embargo, esa estructura no se inscribe en el ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la UE. En caso de que otros países decidieran exigir a Apple el pago de impuestos adicionales sobre los beneficios de ambas empresas a lo largo del mismo periodo de conformidad con su normativa nacional en materia de imposición, el importe que debe recuperar Irlanda se reduciría.

En principio, las normas sobre ayudas estatales de la UE exigen la recuperación de las ayudas estatales incompatibles con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia por ellas ocasionado. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no imponen sanciones y la recuperación no penaliza a la empresa en cuestión sino que simplemente restablece la igualdad de trato en relación con las demás empresas.

La Comisión lleva investigando desde junio de 2013 las prácticas de los Estados miembros en relación con las resoluciones fiscales. En diciembre de 2014 amplió la solicitud de información a todos los Estados miembros. En octubre de 2015, la Comisión llegó a la conclusión de que Luxemburgo y los Países Bajos habían concedido ventajas fiscales selectivas a Fiat y Starbucks, respectivamente.

En enero de 2016, la Comisión llegó a la conclusión de que las ventajas fiscales selectivas concedidas por Bélgica a 35 multinacionales, como mínimo, principalmente de la UE, en virtud de su régimen fiscal de «beneficios extraordinarios», eran ilegales con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión también está llevando a cabo dos investigaciones en profundidad ante la preocupación de que las resoluciones fiscales puedan dar lugar a problemas en materia de ayudas estatales en Luxemburgo, en los casos de Amazon y McDonald’s.

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