edición: 2721 , Martes, 21 mayo 2019
17/09/2012

Más cambios en el Código Penal y en la LG Tributaria para evitar el fraude en las quiebras empresariales

Xavier Gil Pecharromán
La prisión perpetua revisable y el resto de las incorporadas por el Gobierno a la reforma del Código Penal han centrado la atención de la opinión pública a pesar de su carácter extraordinario al ir destinadas a los grandes delincuentes y los terroristas.

Por el contrario, la reforma incluye novedades en el ámbito económico de los delitos graves, se incluyen importantes medidas para penalizar  los delitos de bancarrota y una adecuada protección de los procedimientos judiciales y administrativos de ejecución.

Estas medidas, además, son complementarias de las incluidas en el  Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.

En ella, se endurece el delito contra la Hacienda Pública, que será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros; o se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

También recibirán esta pena extendida, en las situaciones en que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

En el caso de que se trate de fondos de la Unión Europea, se establece que si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no supera los 50.000 euros, pero excede de 4.000, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

Por otra parte, cuando Hacienda observe indicios de haberse cometido este delito, podrá liquidar de forma separada los conceptos y cuantías no vinculados con el posible delito y por otro los que se encuentren vinculados con él.

Una de las grandes aspiraciones de la Agencia Tributaria se hace realidad ahora. La existencia del procedimiento penal por delito fiscal no paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Hacienda podrá iniciar el cobro, salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde la suspensión de la ejecución, previa prestación de garantía, salvo casos en casos autorizados por el juez.

Estas medidas se verán reforzadas con las incluidas en el Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Así, la actuación en fraude de la Hacienda pública consistente en repartir el patrimonio existente, una vez nacida la deuda, a los socios a través de operaciones de pre liquidación, para dejar paso a una liquidación formal con una cuota insignificante, cuando no inexistente, ha llevado a incrementar a estos efectos el valor de la cuota de liquidación del socio sucesor en la deuda tributaria que opera como límite de su responsabilidad.

Para ello, se regula expresamente el alcance del límite de la responsabilidad del socio en la deuda tributaria de las sociedades disueltas o liquidadas que limitan la responsabilidad patrimonial de los socios, tanto en la sucesión de la deuda tributaria como de las sanciones, en su caso.

Se establece un sistema de reducción de las sanciones a imponer por conformidad y pronto pago. En relación con la reducción de conformidad, en caso de concurrencia de una situación de responsabilidad respecto de la sanción, se modifica la norma para ofrecer la posibilidad al responsable de que pueda dar su conformidad con la parte de deuda derivada procedente de una sanción en sede del deudor principal y beneficiarse de la reducción legal por conformidad. Asimismo, se reconoce al responsable la eventual reducción por pronto pago de su propia deuda.

Se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria, destinado a facilitar la acción de cobro contra los administradores de aquellas empresas que carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, realizan una actividad recurrente y sistemática de presentación de autoliquidaciones formalmente pero sin ingreso por determinados conceptos tributarios con ánimo defrauda torio.

Y, finalmente, se elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de los créditos contra la masa en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público como consecuencia de la simple solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

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