edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
09/02/2009
Observatorio Fiscal

Medidas fiscales para mantener el empleo

Datadiar.- La Ley 4/2008 de 23 de diciembre, ha introducido a través de una nueva disposición adicional undécima en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la libertad de amortización con mantenimiento de empleo. Esperemos sea un importante incentivo a la inversión en activos fijos, para estos tiempos de crisis, afectando a los elementos nuevos del inmovilizado material y a las inversiones inmobiliarias.
Es un diferimiento en el pago del Impuesto sobre Sociedades al que pueden acogerse las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas, puestos a disposición del sujeto pasivo en los períodos impositivos iniciados en  2009 y 2010. Éstos, podrán amortizarse libremente siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores. 

La deducción no está condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias y puede aplicarse a estas inversiones, cuando se hayan realizado mediante contratos de arrendamiento financiero, que cumplan las condiciones establecidas, por sujetos pasivos que determinen su base imponible por el régimen de estimación directa, a condición de que se ejercite la opción de compra.

No se aplicará a las inversiones cuya puesta a disposición tenga lugar dentro de los períodos impositivos establecidos, que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos años entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en funcionamiento.

No obstante, en estos casos, la libertad de amortización se aplicará exclusivamente sobre la inversión en curso realizada dentro de los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010.

De haberse extendido al inmovilizado intangible, la medida constituiría un incentivo añadido a las actividades de I+D, pues los elementos libremente amortizados pueden crearse a voluntad por la empresa.

El artículo 109 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades incluía ya un incentivo aplicable a las empresas de reducida dimensión que realicen inversiones generadoras de empleo, aunque con determinadas limitaciones.
 
En este último caso, los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias nuevos, puestos a disposición del contribuyente en el periodo pueden ser amortizados libremente siempre y cuando, durante los 24 meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo en el que los bienes adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la empresa se incremente respecto de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho incremento se mantenga otros 24 meses.

La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización en las pymes será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento calculado con dos decimales. La libertad de amortización será aplicable desde la entrada en funcionamiento de los elementos.

Este régimen en las pymes es de aplicación a los elementos encargados en virtud de un contrato de ejecución de obra suscrito en el período impositivo, siempre que su puesta a disposición sea dentro de los 12 meses siguientes a su conclusión.

La primera aplicación del nuevo PGC, provocará una serie de ajustes respecto al anterior. La Ley 4/2008 de 23 de diciembre, atenúa la falta de neutralidad fiscal que se ha generado con la implantación del nuevo Plan de Contabilidad (PGC). Se regula que determinados cargos y abonos a reservas no tienen consecuencias fiscales si responden a ingresos y gastos que no se consideraron provisiones; se devengaron y contabilizaron antes de 2008, y se les aplicaron los anteriores criterios contables con diversas condiciones.

Destaca la posibilidad de periodificar en tres años el coste tributario de los abonos a cuentas de reservas con efecto sobre la base imponible en la primera aplicación del Plan, que se reflejará en las cuentas anuales.

Además, las pérdidas por deterioro de acciones o participaciones en sociedades no cotizadas, por resultados negativos en éstas, muchas veces no son contabilizables. La norma remite a una futura deducción fiscal sobre dichas pérdidas, con autonomía respecto de su tratamiento contable.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

Aplicabilidad de las reducciones contenidas en el artículo 20 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la donación por padre a hijos de participaciones en diversas entidades mercantiles. D.G.T. C, 01-08-2008.
Donación por padre a hijos de participaciones en diversas entidades mercantiles, con previsión de escisiones parciales posteriores y canjes de acciones y participaciones sociales entre los hermanos. Aplicabilidad de las reducciones previstas en los artículos 20.6 y 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Incidencia en la reducción de la prevista supresión del Impuesto sobre el Patrimonio. Aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, así como efectos tributarios para las dotaciones de reservas para inversiones en Canarias y sus correspondientes materializaciones. Requisitos contables para no considerar incumplido el requisito de mantenimiento previsto en el artículo 27 de la Ley 19/1991. Aplicación del citado régimen especial al canje de títulos previsto.

Aplicación de la exención en el ITP-AJD de la transmisión de participaciones por la cuál el socio adquiere el control de la sociedad. D.G.T. C, 05-08-2008.
La entidad consultante es propietaria de un inmueble -un hotel- sito en España cuyo valor real representa por del 50 por 100 de su activo, en el cual también se incluyen participaciones en entidades residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea. Según una reciente auditoría del grupo de sociedades, el valor real del inmueble de la consultante es inferior al 50 por 100 del valor total del activo del grupo valorado según valores de mercado. Si, en el supuesto de que un socio de la consultante adquiriera participaciones de esta de forma que pasara a obtener el control de la entidad, la transmisión de las referidas participaciones tendría derecho a la exención regulada en el artículo 45.I.B).9 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Tribunales

El seguro que una entidad bancaria concede a los clientes que domicilien su nómina, no puede calificarse como un rendimiento del capital mobiliario y por tanto no está sujeta a retención. T.S. S, 09-07-2008.
Las primas de los seguros constituyen una prestación efectuada al cliente, de modo gratuito o como regalo, dirigido a incrementar la clientela, y no un rendimiento del capital mobiliario, al no estar en función del mantenimiento de saldos acreedores, ni de la importancia de la nómina. Es requisito necesario para que las contraprestaciones en especie satisfechas por el obligado tributario tengan la consideración de rendimiento de capital mobiliario, que lo sean por la captación o utilización de capitales ajenos. Por ello, la domiciliación de nómina, pensión etc., como presupuesto de la condición de asegurado en el seguro de fallecimiento o invalidez concertado por la entidad bancaria, o el mantenimiento de cuentas de pasivo, no comportan vinculación entre la cesión de capitales por parte de los clientes a la entidad financiera y la suscripción por parte de ésta de tales seguros con el abono de las correspondientes primas, abono que no queda vinculado a la retribución de capitales ajenos.

No basta con la anulación de un acto de la Administración Tributaria para que nazca el deber de reparar, sino que la lesión debe calificarse de antijurídica, y por lo tanto, resarcible cuando concurre ausencia de motivación. T.S. S, 14-7-2008.
Es doctrina tradicional el considerar que un contribuyente, aunque no esté obligado a actuar bajo dirección letrada ante los órganos de la Administración tributaria, para una adecuada defensa de sus intereses tiene derecho a la asistencia de un profesional si el asunto reviste complejidad. En este caso, no puede pedírsele que soporte los gastos causados por tal asistencia cuando su pretensión ha sido completamente estimada. Si bien, la nueva tesis argumentada entre otras por la sentencia recurrida, estima que no basta con la mera anulación en la vía económico-administrativa para que nazca el deber de reparar, sino que la lesión puede calificarse de antijurídica y, de esta forma, de resarcible únicamente si concurre un plus consistente en la ausencia de motivación y en la falta de racionalidad del acto administrativo que, a la postre, se expulsa del ordenamiento jurídico.
Esta nueva tesis es la seguida por la sentencia impugnada por lo que entendiendo que sigue la tesis correcta, debe desestimarse el recurso de casación en unificación de doctrina y sostener que cuando un obligado tributario, valiéndose de un asesoramiento específico y retribuido, obtiene de la Administración, tanto en vía de gestión como en vía económico- administrativa, la anulación de un acto que le afecta, ha de soportar el detrimento patrimonial que la retribución comporta si la actuación administrativa frente a la que ha reaccionado se produce dentro de los márgenes ordinarios o de los estándares esperables de una organización pública que debe servir los intereses generales, con objetividad, efectividad y pleno sometimiento a la ley y al derecho, eludiendo todo atisbo de arbitrariedad.

Tribunales Económico-Administrativos

El exceso de cabida no constituye en sí hecho imponible del ITP-AJD. T.E.A.C. R, 23-7-2008.
Los excesos de cabida inscritos conforme al artículo 298 del Reglamento Hipotecario ni por sí mismos ni por equiparación legal constituyen hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

El tiempo transcurrido desde la falta de una comparecencia hasta la comparecencia en un día posterior, cuando se desconoce absolutamente por qué no tuvo lugar la comparecencia inicialmente prevista, no constituyen dilaciones imputables al contribuyente. T.E.A.C. R, 24-7-2008.
No constituyen dilaciones imputables al contribuyente en un procedimiento inspector el tiempo transcurrido desde la falta de una comparecencia hasta la comparecencia en un día posterior, cuando se desconoce absolutamente por qué no tuvo lugar la comparecencia inicialmente prevista, al no haberse recogido en la correspondiente diligencia.

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