edición: 2350 , Jueves, 23 noviembre 2017
23/12/2010
PSOE, PP y CiU pueden coincidir en la reforma de la LPI y el canon

Moncloa ensaya terceras vías con PP, CiU y PNV para salvar en el Senado una Ley Sinde matizada de espaldas a la ministra

PP se avendría a negociar si la regulación se inserta en una reforma de la LPI y del canon digital; Presidencia y Ferraz eran partidarios de haberlo hecho ya
Ferraz sostiene la oferta que hizo a CiU: arbitraje entre la Comisión y la Audiencia, con presencia política e internautas
La negociación deja otra vez el ‘muerto’ a Caamaño: advirtió que el procedimiento podía colapsar lo contencioso-administrativo y ahora Moncloa le pide sugerencias
Angeles González-Sinde, ministra de Cultura
Ana Zarzuela

Rinden los plazos, el procedimiento y a su abanderada. Pero ni Moncloa ni Ferraz tiran la toalla de la Ley Sinde, aunque será ya sin los apellidos explícitos ni la capacidad de decisión de la ministra de Cultura. Zapatero no le perdona que le haya manchado el bautismo parlamentario de su ‘criatura’ sostenible, la LES. Por eso, aunque no será hasta el 18 de enero cuando el Ejecutivo intente rescatar su regulación de la propiedad intelectual en la Red en el Senado, el ministro Jáuregui,  Rubalcaba y hasta Serrano, jefe de Gabinete de Zapatero, cocinan una nueva mesa de negociación. Amasan de nuevo los añicos de un ‘frankenstein’ que se han vuelto tóxicos ya para todos, pero a los que ni Moncloa puede renunciar -comprometió ante Washington una regulación ad hoc- ni el PP, CiU, o el PNV encuentran aún cómo driblar. PP y CiU no retratan aún un modelo alternativo, pero harán de la necesidad de Moncloa virtud propia para encontrarse con Rubalcaba y el grupo socialista en sus únicas tres condiciones: resolver el conflicto con una nueva Ley de Propiedad Intelectual (reforma del canon digital incluida), conciliar “la protección a la propiedad intelectual con los derechos fundamentales de los internautas” y buscar una fórmula más garantista que rebaje o elimine el perfil de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Lo que Sinde llama ahora “una solución de consenso”, una claudicación ante las expectativas populares, convergentes y peneuvistas (o uno de los tres) no pasa tan lejos de las que ya le exigían en Moncloa, en su propio grupo -reforma del canon digital y revisión pactada de la LPI en la que enmarcar la regulación de las descargas- y de las que el ministro Caamaño buscaba desde 2009 -rebaja de las competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual y mayor judicialización del proceso-.

En Moncloa achacan la responsabilidad del fracaso en el Congreso al procedimiento de Sinde y su empeño por eludir la reforma integral de la LPI y ganarle tiempo al tentetieso del canon, en contra del criterio de Ferraz y de Presidencia. El PSOE sostiene la oferta que le hizo a CiU esta semana: un grupo de arbitraje entre la Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia, con presencia política y con sitio en la Comisión para los internautas. Moncloa busca terceras vías para la regulación de las descargas en la red que no incendien todos los puentes con Washington, como las del ex presidente del Congreso, Peces Barba - una comisión "pero de jueces" especializada en webs- o una ‘cuarta vía’: mantener la Comisión, pero dependiente no sólo de Cultura, con menores funciones.

Buscan vida tras el “no” de todos los grupos del Congreso a la ley de la patada en el módem”. Sienten de nuevo como una maldición el vaticinio de Teddy Bautista: como advierte el presidente de la SGAE, “ésta no será la última ni la más dura de las batallas”. No, desde luego para la Sociedad de Gestión de Derechos de autor que preside. Paradojas políticas, ha terminado convertida en la llave a un futuro acuerdo sobre alguna fórmula de regulación de las descargas en internet.  Que la tramitación de la Ley Sinde desde abril fue irritante para todos los grupos de oposición no era una sorpresa: desde 2009 Cultura, Industria y Moncloa habían señalado como objetivo de las presiones diplomáticas ante el embajador Solomont a los diputados populares, peneuvistas y convergentes (IU, ICV y ERC se daban por imposibles). Pero la Ministra de Cultura y, sobre todo el Grupo Socialista sólo dimensionaron su repercusión un día antes, el lunes 20 de diciembre por la tarde, cuando José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría rompieron el diálogo telefónico, cada uno desde su despacho; cuando Fernández Marugán comunicaba a Moncloa que la disposición final segunda podía echar a perder todo el articulado de la Ley de Economía Sostenible. Ángeles González-Sinde ha terminado por coreografiar las peores advertencias de Washington, las mismas que la invitaron a optar por la vía rápida de la “competencia legislativa plena” en la Comisión de Economía. Cuando la Casa Blanca asumió que España se “conformaría” con un procedimiento para bloquear webs a través de un procedimiento de emergencia (y no a los usuarios), ya advirtió a través de su cuerpo diplomático que “no quería que la Ley Sinde fuera debilitada por las enmiendas” en su trámite parlamentario. Ésas eran literalmente las palabras del entonces recién llegado Embajador, en su primer encuentro con una ministra obsesionada por superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España en febrero.

Lo que no esperaban ni en Ferraz, ni en Washington es que, tras la demostración de fuerza de Anonymous (tumbó las webs de los principales partidos políticos) y la exhibición de cohesión de los dueños de decenas de páginas (rebajaron con su oleada de protesta un 50% del tráfico de datos en internet), CiU y PNV cerraran filas con el “no” a la Ley Sinde. Hasta tal punto que la estrategia de Ramón Jáuregui y Alonso no recurría a un intento de pacto con el Partido Popular y José María Lasalle hasta la víspera de la votación. El PSOE se quedaba a solas con la Ley Sinde en la mano, en una foto en la que ni CiU (que intentó retrasar la votación en la Comisión de Economía hasta en cinco ocasiones) ni PP, ni PNV, ni Coalición Canaria han querido salir. Pero en la que no tienen aún tan claros los colores del día después. Sólo tres líneas rojas: debe resolver el conflicto con una nueva Ley de Propiedad Intelectual (reforma del canon digital incluida), conciliar “la protección a la propiedad intelectual con los derechos fundamentales de los internautas” y buscar una fórmula más garantista que rebaje o elimine el perfil de la Comisión de Propiedad Intelectual. No es nada que no le hayan exigido a Moncloa también el Consejo Económico y Social -que pide una revisión integral de la Ley de Propiedad Intelectual- desde su informe inicial de evaluación de la LES y la Comisión Nacional de la Competencia, que acusaba a través de un informe a las entidades de gestión de practicar el monopolio y de falta de transparencia y pedía una “reforma en profundidad de la LPI -incluido el espinoso tema de la neutralidad de la Red-, en lugar de poner un parche tras otro.

De hecho, aunque el 23 de septiembre, el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad de la LES presentadas por PP, CiU, IU-ICV, UPyD y BNG, posteriormente, en el plazo de enmiendas parciales, sólo un grupo de tres partidos (Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds) había pedido la supresión del procedimiento antidescargas del articulado y de paso, sugerían que los usuarios cuenten con un representante en la Comisión para la salvaguardia de sus intereses directos. Sólo ellos denunciaban en sede parlamentaria que la ley responde a la presión del lobby de la industria cinematográfica estadounidense Más matizadas fueron las enmiendas del Grupo Popular, que se ceñía a una “mayor judicialización del proceso” en detrimento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Y las de Ana Oramas (Coalición Canaria) que pedía una votación separada de la Disposición (como todos), frente a la oposición desde el primer momento del BNG, que en palabras de su portavoz Francisco Jorquera, la consideraba “excesiva, errada y vulneradora de las garantías jurídicas del Estado de Derecho”.

AÚN SIN ALTERNATIVAS CLARAS

El PSOE acusa ahora al PP de condenar la regulación antidescargas por el único desencuentro en la eliminación del canon digital. Y a .CiU de haber condicionado el voto a la ley Sinde por la investidura de Artur Mas; por si acaso, de cara al trámite en el Senado ya tiene a mano un pacto de investidura de PSC y el president electo. Tampoco el perfil de la ministra de Cultura ayudó: se posicionó duramente contra la inmersión lingüística que llevan a cabo sus compañeros de partido en Cataluña, reprobó la nueva ley de cine catalana, que pretende equiparar el número de películas en castellano y catalán y aún no ha terminado de limpiarse ‘la sangre’ tras la batalla campal con el que era su número dos, Ignasi Guardans al frente del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA). Por si no fuera suficiente, a Alonso y Fernández Marugán, las líneas rojas de Salgado y más de un año de errores y silencios de Sinde les dejaron cocinado el fracaso: la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, respondía a Alonso y Marugán con un ‘no’ a cualquier propuesta -sobre todo de nacionalistas vascos y catalanes- que pasara por algún presupuesto económico.
En realidad, ni en el PNV ni sobre todo en CiU se habían retratado con detalle, de forma pública y unívoca y menos aún con alternativas, en contra de la regulación prevista en la Ley Sinde hasta ahora. El PP advirtió desde 2009 que no apoyaría “una ley especial para Internet”. Pero su portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso, José María Lasalle, junto con la diputada Fátima Báñez, creían hasta hace semanas que la redacción del texto era suficiente, a pesar de que se mantenía el cierre administrativo de páginas web a instancia de la Comisión de Propiedad Intelectual y dentro de un procedimiento donde el juez no entrará en el fondo de cada caso. Como puntualizaba Pons tras el patinazo de la LES, Pons, en los pasillos del Congreso, el fracaso es “la constatación” de que la actual ministra “no sirve para nada” y de la incapacidad del Gobierno y del PSOE en la negociación del texto, tanto como de la norma en

Sólo Esperanza Aguirre se había atrevido, desde enero, a romper públicamente las filas del silencio, a firmar el manifiesto 2.0  y anunciar que la CAM se opondría “firmemente” a la “censura de Internet”. No es casualidad que, como han terminado por desvelar los cables de Wikileaks publicados por El País, Miguel Sebastián y Ángeles González-Sinde buscaran ayuda específica del 'número dos' de la Embajada de EE UU, Arnold A. Chacón, en junio de 2009, para frenar los encuentros de la Presidenta madrileña con asociaciones de internautas. “Sólo un juez puede decidir si se cierra una página y no el Ministerio de Cultura, volvemos a la Inquisición", denunciaba. Una declaración que, tras el naufragio de la Ley Sinde en el Congreso, Aguirre ha vuelto a revivir ante el silencio de Mariano Rajoy. De hecho, como recordaba NacionRed en su momento, hace apenas un mes, durante una intervención en Canarias sobre la Red, que González Pons guardaba silencio ante la abstención de su partido en relación con el Informe Gallo que criminaliza Internet en la Unión Europea, ni a la votación sobre ACTA en el Parlamento Europeo. Lo suficiente como para que Sinde -y su mano derecha en las negociaciones, Guillermo del Corral- y el grupo socialista confiaran en que el voto de última hora de los catalanes (a cambio de un acuerdo de fachada sobre “un poco de vigilancia a las entidades de gestión”).

Ya el lunes 20, en su última oferta a Alonso, los populares estaban dispuestos a claudicar si el Ejecutivo, en el plazo de un mes, enviaba a las Cortes un Proyecto de Ley en el que se abordara, entre otras cuestiones, la eliminación del canon. No es nada medular, nada que solucione en realidad la exigencia de un modelo más garantista de regulación de los contenidos online que no penalice a los usuarios ni arriesgue la libertad de expresión. Pero no es nada tampoco, a lo que ni los populares, ni los convergentes, ni los nacionalistas vascos -los únicos que pueden resucitar alguna norma específica- quieran renunciar. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya había instado al Gobierno a suprimir el canon digital tras la presentación el 21 de septiembre de más de un centenar de enmiendas al Proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), una decena a su disposición final segunda. De hecho, era su propia portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, la que avanzaba el 14 de septiembre que el motivo por el que los 'populares' rechazaban la disposición acerca del cierre de páginas 'web' era que “este asunto debía tratarse a través de una Ley de Propiedad Intelectual y no en la Ley de Economía Sostenible”. Unas palabras casi simétricas a las del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que criticaba -al anunciar su ‘no’ en sede parlamentaria- que el Gobierno central se haya limitado a “hacer un parcheo” mediante la colocación de “un apéndice” en la Ley de Economía Sostenible, en vez de abordar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Una pista (desacuerdo formal, pero no sustancial) a la que ahora buscarán aferrarse en Ferraz. Para disgusto de la Ministra de Cultura.

ABIERTOS A LA RENDICIÓN DE LA COMISION Y LA REFORMA DE LA LPI

No será tan difícil que Perez Rubalcaba, Caamaño o Alonso rindan alguna de las líneas rojas del ‘barco antipirata’ de González- Sinde y flexibilicen, como quieren el PP y CiU toda la negociación del paquete normativo de la Propiedad Intelectual y el futuro del canon digital. De hecho, aunque fue Presidencia del Gobierno, por sorpresa y a contrapié de la Ministra quien impuso en 2009 la inclusión de la Ley Sinde de tapadillo como una simple disposición final en la LES, desde octubre Moncloa e Industria chocaban con los métodos y los plazos de Sinde. El apoyo de la ministra a la SGAE tras la sentencia del TUE del 21 de octubre contra el canon digital para buscar nuevos pagos compensatorios y el olvido de las macrowebs ‘legales’ agitaban desde octubre la ‘disidencia digital’ entre diputados y senadores socialistas.  Era Sebastián el que en noviembre se hacía cargo de un Plan de Contenidos Digitales y el propio José Enrique Serrano, jefe de Gabinete de Zapatero, el que anunciaba que Moncloa y Ferraz modificarían el canon digital para adaptarlo al TUE y las directivas comunitarias y rendía públicamente los sables de la ministra. Hasta Alfredo Pérez Rubalcaba lo ha hecho: a la vista de que la Ministra no había negociado con ningún grupo por adelantado, era el propio vicepresidente el que soltaba el lastre de la enmienda Sinde para salvar el conjunto de la LES que remató en persona.

Todos, además, hubieran sido más partidarios de seguir las indicaciones en mayo de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso -con el voto a favor del PSOE-, de aprovechar el para poner en cuestión todo el modelo de Propiedad Intelectual (y en él el de los contenidos online) y, de paso, para volver a someter a debate y negociación con las demás fuerzas políticas las dimensiones, la composición y las competencias de una Comisión de Propiedad Intelectual que Sinde no quería definir hasta el Reglamento de la Ley y que se negaba a abrir a otros ministerios. Tanto, que las filas de Alonso llegaron a poner sobre la mesa de Convergencia i Uniò en el último segundo una enmienda transaccional que incluyera la creación de alguna fórmula (por definir) de arbitraje independiente para mediar entre la Comisión de Propiedad Intelectual, -el organismo dependiente del Ministerio de Cultura que se encargará de tramitar las denuncias contra las páginas webs-, y las propias páginas, antes de acudir a las instancias judiciales.

Una nueva vuelta de tuerca que, sin embargo, puede hacer aún más farragoso un procedimiento que ya la judicatura considera poco operativo y que no contaría con todo el beneplácito de los técnicos del Ministerio de Justicia. Ahora que Presidencia  del Gobierno directamente busca de nuevo cómo pasar la página de Sinde, Francisco Caamaño tiene de nuevo sobre su mesa el jeroglífico de la contención a las violaciones a la propiedad intelectual sin erosionar la libertad de los internautas y sus garantías judiciales. Al fin y al cabo, no fue otro que el titular de Justicia el que deshizo los entuertos iniciales de Cultura en diciembre de 2009 y a pesar de que la Ministra hablaba entonces de hacer de la Comisión de Propiedad Intelectual un “sheriff” de la red con licencia para cerrar páginas, acabó incluyendo la intervención judicial de la Audiencia Nacional para el bloqueo de páginas de internet y excluyendo el bloqueo a los usuarios particulares.

LA TERCERA VÍA DEL CONSENSO APUNTA AL CANON Y LA LPI

La ‘guerra de las descargas’ se había convertido desde hace ya semanas para Moncloa y de Ferraz en un abismo al que asoman otra vez sus desencuentros los ministros y los diputados socialistas. De hecho, militantes y cargos públicos del PSOE que se posicionan desde hace tres años en contra del canon vuelven ahora abrir las heridas de ese debate, tras cuestionamientos como los de la eurodiputada Paca Pleguezuelo, eurodiputada y un grupo de legisladores y cargos socialistas extremeños. En diciembre de 2007, ya los socialistas conseguían un aprobado muy ajustado y la oposición del PP para la LISI sin la enmienda (impulsada entonces por ICV) que instaba a la desaparición del canon, con otras alternativas. En ese momento, el PP se opuso al canon, aunque durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) lo había avalado. Desde Moncloa, los partidarios de acabar con el canon argumentan que se trataba de una medida provisional que no ha cumplido con su objetivo de facilitar a los autores la reconversión a internet y ha acabado por  dar argumentos a muchos internautas lo han interpretado como una justificación para intentar descargar gratis música y películas de la red. Aunque Moncloa había reservado la fórmula para el Reglamento posterior a la Ley Sinde, estaba dispuesta a intentar garantizar la vida de la futura Comisión de la Propiedad Intelectual a cambio de atribuirle también la competencia de la supervisión y el control de las cuentas de las entidades de gestión, a semejanza de la CMT con el mercado de las telecos.

A cuatro manos con la SGAE, tras la sentencia del TUE, la ministra buscaba blindar los pagos del pasado y ganar tiempo para encontrar nuevos bolsillos -sugieren una tasa al adsl- con los que suplir ese tercio de sus ingresos que reciben del canon digital, la mayor parte de manos de las administraciones públicas y las empresas, justo lo que la SGAE no podrá sostener más. El TUE, en su sentencia de 21 de octubre, no invalida el derecho a cobrar un canon por copia privada -no era su competencia en la causa de Padawan-, pero reconocía que su aplicación a empresas, profesionales y administraciones era "indiscriminada" y no acorde con la legislación comunitaria. Y con ello, abre la puerta al vuelco del modelo español en manos de la SGAE en un 90%. Pero Moncloa y Ferraz abogan desde antes de la iniciativa parlamentaria del PP por modificar el canon digital para adaptarlo al TUE y las directivas comunitarias. Callan ante la oleada de reclamaciones que, para empezar, pone entre la espada de los municipios y la pared de Ferraz a la FEMP: no sólo los ayuntamientos gobernados por el PP reclaman los 100 millones de canon pagados: tras la Generalitat y una decena de grandes ayuntamientos socialistas, Andalucía se lo piensa. Salgado, también. Caamaño vuelve a escena. Justicia es una de las Administraciones más afectadas por el canon sobre dispositivos digitales.

Por eso, González-Sinde no estaba ya antes del pinchazo a su Ley en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar y que la Subcomisión de la Propiedad Intelectual exigía reformar en su informe final en febrero) ni el canon digital que el propio José Enrique Serrano anunciaba que habrá que modificar como muy tarde en 2011. El Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales llegará el próximo semestre con 200 millones de euros de presupuesto, pero bajo las riendas del Ministro de Industria, Miguel Sebastián. Y en los despachos de Caamaño han tenido que tragar dos veces para digerir la reclamación por daños y perjuicios de un pool de sellos musicales españoles directamente al Consejo de Ministros. Por eso ahora, no será para Presidencia tan costosa esa concesión al PP, CiU y PNV, si a cambio consiguen un aval en el Senado para su regulación de las descargas.

UN ‘MUERTO’ OTRA VEZ PARA CAAMAÑO

En Justicia habría más de un interesado en aprovechar la ocasión y sumarse a las voces dentro del PSOE que desde hace meses trataban de introducir matizaciones a la ahora difunta Ley Sinde. No se les escapa que desde el CGPJ, el CES, varias asociaciones de la magistratura, a jueces de la Audiencia Nacional y expertos en propiedad intelectual le advierten que su regulación es imprecisa, innecesaria y menos garantista incluso que la que ya hay. Como le advertía Luis Salvador -senador grupo Socialista- a la titular de Cultura, no se debe “criminalizar la red”.  Lo recordaba Lourdes Muñoz, diputada socialista, ante el fiscal Conde Pumpido: que la desconfianza hacia lo desconocido no lleve a intentar un "estado de excepción" en la red. No es casualidad que el grupo socialista colgara en su web, desde pocas horas antes de la votación en la Comisión de Economía un argumentario sobre la supuesta “tutela judicial” y “naturaleza garantista” de la regulación de las descargas.

Pero ni la intervención judicial de la Audiencia Nacional -en cuatro días, a instancia de la Comisión y sin poder entrar en el fondo del asunto, sobre si la web vulnera el derecho de Propiedad Intelectual- ha servido para despejarle el camino a legislación hecha -como denuncia Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas- por "gente que no conoce la realidad de Internet" y que “abren la puerta a la censura política previa sin control judicial”. Ni menos aún para evitar el riesgo de colapso del procedimiento en instancias judiciales. Todo lo contrario. Además, la Industria de contenidos le había advertido del precio de las facturas que podría tener para ellos el ‘modelo Sinde’. Bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar.  Y ya hay colectivos de internautas que prometían que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros. A esas luces rojas se suma, desde octubre, las del abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo, que advierte que se podría interponer “una acción de jactancia” para paralizar el procedimiento.

En los oídos de Caamaño resuena ahora de nuevo el informe que Redtel envió a la Comisión de Cultura y a la ministra en septiembre: la asociación que agrupa a Telefónica, Ono, Orange y Vodafone advertía que el procedimiento procesal basado en el trámite previo en la Audiencia Nacional y los recursos en las salas de lo contencioso-administrativo es “complejo, enmarañado e ineficaz”, implicaría la intervención de hasta cinco órganos competentes (Comisión de Propiedad Intelectual, el juzgado central y la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial y el juzgado de lo mercantil), lo que “incrementaría exponencialmente el riesgo de pronunciamientos contradictorios” y sólo lloverá sobre mojado en el atasco de los juzgados y la "ya de por sí elevada litigiosidad" de los derechos de propiedad intelectual. El fracaso de la Ley Sinde deja de nuevo a Caamaño entre la espada y la pared. La regulación ha hecho mella en la propia Secretaría de Estado de Justicia.

 La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) le había puesto apellidos: tal como estaba diseñada era una “desproporción” en la defensa de la propiedad intelectual por desproteger la libertad de expresión en Internet, al asignar el cierre de webs a la Audiencia Nacional cuando compete a la justicia ordinaria y por obligar a resolver en cuatro días sobre lo que es “una propiedad privada más”, “olvidando que también hay que proteger” otros “derechos fundamentales” como “la libre expresión en Internet”. Con el modelo rechazado en el Congreso de los Diputados, no se había dilucidado aún claramente qué pasaría si alguna de las webs cerradas o bloqueadas decide emprender un proceso a fondo. Sólo se sabía que una vez que al propietario le hubieran cerrado una web en un proceso administrativo, debería agotar todas las herramientas del procedimiento administrativo, un largo peregrinaje en los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, serán los competentes según el CGPJ, puesto que su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional. 

Mientras tanto, ya hay una regulación ‘antipirata’ en marcha, aunque a Cultura y al lobby audiovisual norteamericano y el vicepresidente Joe Biden les pareciera insuficiente. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la transgresión de derechos de propiedad intelectual. En la actualidad el cierre de una página en internet cuyo servidor esté establecido en España y albergue enlaces a otras u ofrezca por sí misma los contenidos, puede acordarse como medida cautelar en dos tipos de procedimientos. Bien porque lo decide un juez de instrucción, en el curso de un procedimiento penal por la comisión de algún delito; o bien porque un juez de lo mercantil o uno de primera instancia así lo decida dentro de un procedimiento civil, previa solicitud de una amplia lista de legitimados, que incluye de forma muy peligrosa no solo a los directamente afectados, sino también a representantes de intereses difusos. La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido.  Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Sólo hay media docena de condenados por la vía penal por mercadear en Internet con archivos de películas sin el permiso del titular de los derechos.

EL LOBBY CULTURAL BUSCA COMPENSACIÓN EN WASHINGTON

La denuncia de un grupo de discográficas independientes que exigen compensaciones patrimoniales a Moncloa es la evidencia de que se vienen arriba, tanto como para tejer una cadena de condiciones y rebelar sus expectativas, ésas con las que la SGAE, las sociedades de derechos de autor y buena parte de la industria cultural exigieron a Moncloa el trabajo sucio de perseguir con la LES a 200 webs, a cambio de lanzar al menos dos ‘macrowebs’ de contenidos ‘legales’ financiados en un 90% por Cultura e Industria. El lobby cultural y las sociedades de derechos de autor buscan, entre tanto, consuelo en Washington y en  Bruselas otra vez al fracaso de Sinde y el cierre -o al menos la amenaza - ejemplarizante de un puñado de páginas. La Coalición de Creadores encadena amenazas por boca de Aldo Olcese. Las antiguas, las que daban por hecho que la Ley Sinde se quedaría corta, exigían a la ministra cortes directos si no se reducía en un 70% la ‘piratería’ y seguían congelando las macrowebs ‘legales patrocinadas desde Cultura.

No se imaginaron el pinchazo de su ‘frankenstein pirata’ hasta pocas horas antes de que el PP, PNV y CiU le dieran la espalda y ahora sólo buscan ‘cabezas’. Aunque Olcese promete exigir ante la Unión Europea “un modelo más contundente de lucha contra la piratería" que implique cortes a los usuarios, la SGAE y el resto de sociedades de gestión de derechos de autor saben que la Comisaria Neelie Kroes no es partidaria de lo que ha llamado “el muro de Berlín de la propiedad intelectual”, que deja que cada Estado miembro opte por su regulación nacional y que, aunque el Europarlamento le ha dado respaldo legal al ACTA, no implica cortes directos. Por eso, lo que antes parecía un inconveniente para los planes de la Coalición de Creadores y la SGAE y su ‘menú’ para la jurisdicción de la Audiencia Nacional, ahora se puede convertir en su última opción de ‘revancha’: 74 de las 200 webs de la ‘lista negra’ elaborada en su momento por la Coalición, enviada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y admitida por Sinde como borrador para la Comisión de Propiedad Intelectual están alojadas en EE UU. Y, desde hace poco más de un mes, mucho más cerca, a un tiro de piedra de la campaña de ‘cerrojazos’ a dominios universales y a servidores y dominios nacionales desde Washington.

Bastaría con que, desde las sociedades de gestión españolas comunicaran a la justicia de EE.UU su identidad, para que Washington pudiera comenzar el acoso judicial de facto, o al menos, poner de nuevo en un compromiso a Sebastián y a Sinde. Por esas 200 webs pasaba, según las sociedades, la llave para acabar con hasta un 70% de la ‘piratería’ en contenidos online. Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en  su informe Parasite's Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y  la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Además, la COICA (Combating Online Infringement and Counterfeits Act por sus siglas en inglés) aprobada por Comité Judicial del Senado en noviembre con el unánime respaldo bipartidista de sus 19 miembros permitirá al Departamento de Justicia entablar acciones civiles más expeditivas y facilitará el bloqueo de todos los sitios en internet -con independencia de su localización dentro o fuera de Estados Unidos- que se dediquen tanto a facilitar descargas consideradas ilegales como a la venta de productos sospechosos de ser falsificados. Y si esas webs están radicadas en el extranjero, se podrá requerir su bloqueo a compañías de EE UU que suministran acceso a internet, empresas procesadoras de pagos y redes de publicidad online. Un método que cuenta con el respaldo de los principales sindicatos de Hollywood, las patronales de la industria americana del cine y de la música, o la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

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