edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
23/03/2010
El ministro doblega sus criterios para las autoridades del sector

Moncloa le impone a Sebastián otra vez su mapa y sus calendarios audiovisuales

CiU desearía el CEMA junto a la CMT en Barcelona, a cambio de su apoyo a la Ley General Audiovisual; De la Vega quiere la Agencia de Radiocomunicaciones en Valencia y Chaves, en Sevilla
Presidencia y Ferraz imponen el CEMA y la Agencia Estatal a Sebastián y no despejarán la sucesión de Rodríguez hasta que llegue la LES
Miguel Sebastián, ministro de Industria
Ana Zarzuela

Entonó el ‘dejadme sola’ para imponerse a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la estrategia que Industria había cocinado para la TDT de pago y la regulación genérica del sector. De la Vega deja en la mesa de Industria la Ley General Audiovisual y con ella la bitácora de Presidencia con la que espera de qué ministro pilote la transición televisiva y radiofónica y el nacimiento del Consejo de Medios Audiovisuales (CEMA) y la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones -las máximas autoridades del sector- de espaldas a las aspiraciones de la CMT, el secretario de Estado Ros y del propio Sebastián. Los vientos de la descentralización chocan de nuevo las espadas del ministro 'jacobino' con Moncloa. En Industria se han encendido las luces rojas del ‘efecto CMT’: como en la mudanza del regulador a Barcelona, los técnicos de la Setsi le pelean a Sebastián el traslado de la nueva Agencia fuera de Madrid y las expectativas de CiU y Montilla de llevarse el CEMA también. Ni el ministro aspira ya a que la Agencia de Radiodifusión se pueda quedar en la capital: De la Vega la quiere en Valencia, Chaves exige que sea en Sevilla y Ros preferiría Vigo. Sebastián trata de demorar la decisión, que las CCAA depuren las radios piratas y que la Agencia nazca en 2015, con el dividendo digital y el mapa del espectro radioeléctrico ya despejados por Moncloa, pero camina el desfiladero de los vientos de los pactos  de Ferraz: la Comisión de Industria del Congreso quiere que se le haga sitio a las aspiraciones del PNV y el BNG de licencias móviles regionales. El ‘fantasma’ de la CMT se le reproduce por partida triple: no ha digerido aún su capitanía decidida por Montilla, Moncloa le ha birlado el modelo del nuevo regulador de la LES, y ya sabe que la CMT no podrá volver a Madrid, ahora que pierde competencias audiovisuales a favor del CEMA.

Reinaldo Rodríguez espera desde hace más de un año por la renovación o el adiós a su cargo y la llegada del nuevo modelo de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que define la LES, pero no lo hace en silencio ni con los brazos cruzados: será vicepresidente del nuevo regulador europeo BEREC y no duda en disparar en la debilidad de la banda ancha, el retraso del dividendo digital y los lastres fiscales a las telecos españolas. Sabe que aunque el Body of European Regulators for Electronic Communications no es un regulador comunitario con plenos poderes -al estilo del Banco Central Europeo– y no puede dictar resoluciones vinculantes -sólo recomendaciones-, tendrá fuerte influencia sobre las políticas de telecomunicaciones de los reguladores nacionales y de la propia Comisión. Lo más que ha conseguido Sebastián de la CMT es silencio ante su intento por capitanear la agenda digital y un mercado único para los Veintisiete bajo la presidencia española de turno de la Unión Europea y de consagrarlo con la Declaración de Granada que tendrá que ver la luz en abril.

De la Vega no ha conseguido consenso unánime, el PSOE sacaba adelante el proyecto con el apoyo de CiU y Coalición Canaria; al final el PP ha votado en contra,  como IU y ERC y el PNV optaba por la abstención. Pero aunque nada ha salido como tenía previsto la vicepresidenta (no hay Plan B de financiación para RTVE si en abril el regulador modifica los aportes de las telecos, si las tv privadas cumplen su rebelión o si Bruselas bloquea la financiación de las tasas y a Griñán se le ha chafado el debate sobre la financiación de las tv autonómicas), la implementación de la Ley General Audiovisual es sólo cuestión de tiempo, ya tiene la luz verde del Senado. Y con ella, todos los ultimatums de nuevo en manos de Sebastián. No así las competencias: el CEMA (inspirado en el Consejo General de lo Audiovisual francés, de espaldas a Ofcom, el regulador británico que también tiene competencias sobre las telecomunicaciones) estará adscrito al Ministerio de Presidencia, por más que el grupo socialista asegure que “está pensado para ser autónomo del Gobierno”. Pero el gabinete de Sebastián tendrá que gestar su nacimiento, lo hará además en plena transición, de la TDT- el Ministerio de Industria trabaja aún en la asignación a los operadores de televisión de los múltiplex digitales-  y la HD (High Definition) y en medio de la ‘tormenta’ de las facturas debidas a los grupos parlamentarios.

CiU busca ya ‘ofrendas de paz’ con las que cobrar las facturas de sus apoyos -decisivos en la Cámara Alta- a la Ley: aunque inicialmente respaldaba la opción de estirar las costuras audiovisuales de la CMT y ahorrarse la creación del organismo público número 260 y llegó a presentar una enmienda en el Congreso, finalmente se alió con el Ejecutivo. Ha hecho valer su pragmatismo tanto como su convicción. Si se hubiese alineado con el PP se habría esfumado cualquier probabilidad de que la sede del nuevo organismo se fije en Barcelona, donde está emplazada la CMT. También existía el riesgo de que el órgano regulador abandonara Cataluña. Había cierto margen aún, antes del traslado este año su cuartel general al edificio propio en el distrito tecnológico del 22@. CiU llueve sobre mojado en las reivindicaciones catalanas que le sacuden el mapa audiovisual a Sebastián: ya desde septiembre, la Generalitat espera la renovación de los consejeros de la CMT -o el nuevo perfil del regulador, lo que antes llegue-, para reclamar un representante en la CMT, de acuerdo a una disposición (art. 182.1) del nuevo Estatut.

“Algarabía, alboroto y problemas”. Así recordaba hace menos de un mes ante sede parlamentaria el ministro el revuelo que ocasionó en su momento la decisión de trasladar de urgencia y con la oposición de sus trabajadores la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona ejecutada en 2006. Pero no sólo acabó en su momento con la dimisión del presidente de la CMT en marzo de 2005 -Carlos Bustelo sostenía la intención de mantener unas dependencias operativas de la CMT en Madrid-, sino que aún hay heridas abiertas en Industria y los técnicos de la Setsi -entre ellas las del orgullo del propio ministro- y tanto la creación del CEMA como la de la Agencia Estatal de Radiodifusión y la ubicación de ambos entes no han hecho más que reabrirlas. El Industria buscan fórmulas para aplacar la ‘rebelión’ de algunos trabajadores del Ministerio de Industria, sobre todo ingenieros y personal especializado de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (SETSI), que se resisten a abandonar Madrid para integrar los 300 trabajadores especializados que requerirá la Agencia, o el centenar del CEMA.

SIN BITÁCORA PARA EL CEMA

Sebastián ha tenido que dar la cara ante el Congreso, a contrapié de sus propios criterios y las preferencias de la SETSI y el Secretario Ros, para defender el ‘bautismo’ del nuevo CEMA. Promete que no acarreará gastos extras al Gobierno, por más que la CNC, la propia CMT y el PP lo vean como una duplicación de funciones innecesaria, hasta el titular de Industria reconoce que “una gran parte de las competencias que le atribuye a este organo regulador el proyecto de ley audiovisual coinciden con las que en la actualidad ya tiene el Ministerio de Industria”. El ministro recuerda que es un mandato del Consejo Europeo y del Ejecutivo comunitario, pero también proviene de un acuerdo de 2004 del Congreso español, que aprobó con los votos del PP una proposición de ley de CiU favorable a la creación de un consejo estatal audiovisual.

Pero el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales sigue en la nevera de todos los desencuentros. El modelo propuesto por el PSOE pretendía que sus nueve miembros sean elegidos por mayoría cualificada del Congreso asegurando así la independencia del órgano, pero topará con las reticencias del PP para empezar. La consigna en Moncloa por ahora es mejor no meneallo, el cuestionamiento a su perfil estaba entre la cincuentena de enmiendas a la Ley General que la oposición presentó en el último tramo de su aprobación en la Cámara Alta y sólo a última hora rindieron la aspiración de estirar las costuras de la CMT para evitar el nacimiento de una nueva autoridad audiovisual. Y aunque el grupo socialista en el Congreso y Ferraz acabaron por admitir en la Cámara Alta algunas de las enmiendas de los Consejos Autonómicos, los sindicatos y las asociaciones del sector, no ha aclarado en el texto de la Ley cuál será la relación del CEMA estatal con los tres regionales que ya existen (andaluza, catalana y navarra). Menos aún ha establecido vías de coordinación, ni la independencia del Ejecutivo que le exigen y que el precedente de otros Consejos Audiovisuales europeos le demarca.

Hace menos de dos años, la última vez que desde Moncloa tanteaban la posibilidad de trasladar fuera de Madrid algún otro organismo o agencia estatal, el ministro Sebastián defendía la ‘capitalidad’ de la CNE bajo su ministerio a cambio de aceptar de Moncloa que se localizaran en otras zonas del país organismos reguladores de nueva creación. El argumento sigue siendo el mismo: evitar los "efectos adversos" del traslado de instituciones que tienen "larga trayectoria" en un destino, sólo que ahora se han vuelto contra los mapas y los planes del ministro. Sebastián ha visto desde entonces cómo Moncloa se toma al pie de la letra sus argumentos: a pesar de estar en la órbita de su ministerio, Zapatero terminaba por dejar en su tierra leonesa el Ciuden y sobre todo Inteco -el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación-, lejos de las competencias TIC de Castellana 160.

Lo sabe el propio ministro, esta vez no hay oposición oficial a que la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones se ubique fuera de la capital. La estrategia será sólo adelantar -antes de que vea la luz la Agencia- el apagón analógico y al nuevo reparto de frecuencias, lo justo para no tener que dejarlo en manos ni geografías ajenas. Sin embargo, le han puesto ya los cronómetros la LGA, la transición desde el 1 de abril a la TDT  y la Comisión Europea, ahora que Neelie Kroes acaba de lanzar una consulta sobre el espectro radioeléctrico europeo -un sector que aporta 300 000 millones de euros al PIB europeo- y sus prioridades estratégicas aplicables a un programa de política comunitaria para 2011-2015, que espera tener concluido en mayo. Un uso óptimo del mismo potenciaría la innovación y ayudaría a la Unión Europea a ofrecer un acceso universal de banda ancha de aquí al año 2013.

LA BATALLA AUTONÓMICA DE LA AGENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

La carrera por la descentralización de los entes reguladores del sector audiovisual ya ha comenzado otra vez, como ya lo hizo en 2006 de la mano de Montilla y Jordi Sevilla, cuando el entonces ministro de Administraciones Públicas anunciaba que el traslado de la CMT era sólo el principio. La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobaba en octubre una proposición no de ley del BNG, transaccionada con el PSOE, en la que se respalda a Galicia y sus "condiciones idóneas" para albergar la sede de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, junto a una enmienda socialista en la que se apuesta por la "deslocalización policéntrica" de organismos de nueva creación. Vigo cuenta con la Escuela de Telecomunicaciones que en 25 años formó a más de 3.000 titulados y la comunidad gallega operan 1.500 sociedades del sector, que dan empleo a 13.000 personas, con un volumen de negocio que supera los 4.500 millones, el 2,13% del PIB, regional. Ya hay un acuerdo unánime del Parlamento gallego para ubicar en Galicia la agencia, cuenta con el respaldo del Congreso de los Diputados y el aval -extraoficial- de la Secretaría Estatal de Telecomunicaciones, que se comprometía en diciembre a tener “muy en cuenta” la candidatura gallega.

Pero en su camino no sólo se ha cruzado la candidatura de Valencia -con el apoyo de la propia vicepresidenta De la Vega- y las bazas del  Aval del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana, el secretario autonómico de Administraciones Públicas y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ya en 2003 presentaron su candidatura para una región con cuatro facultades o escuelas de informática, tres escuelas de periodismo y 4.800 ingenieros. Pero sobre todo, es la candidatura de Sevilla la que ha vuelto a la mesa de Moncloa, ahora que Griñán le recuerda que ya en 2006, los entonces ministros Montilla y Jordi Sevilla y el propio Zapatero se comprometían con Manuel Chaves a tenerlo en cuenta en futuras carreras de agencias estatales. Al fin y al cabo, ya Extremadura recibió el Centro Nacional de Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

El Gobierno, con la Ley Audiovisual, en un proceso muy similar al de las televisiones, aprovechará la transición de las radios a la tecnología digital para limpiar de emisoras alegales el espectro radioeléctrico -3.000 emisoras que emiten sin licencia frente a las poco más de 1.900 legales, según los cálculos del sector-  una de las demandas históricas del sector, que asegura tener ya identificadas a través de la Asociación Española de la Radio Comercial (Aerc) 2.250 estaciones. Otra cosa serán sus apellidos y sus calendarios. Estaban pensados para  pasar por las manos de la Agencia Estatal, que tendrá entre sus funciones la propuesta de planificación, gestión y administración del dominio público radioeléctrico, así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización: se encargaría de repartir las licencias de televisión, telefonía móvil e Internet sin cables, y perseguir a las emisoras de radio piratas. Sebastián prefiere que lo haga la CMT, las CCAA o Moncloa si se empeña. Si hay que dejarlo en manos de la nueva Agencia, que sea sólo tras el reparto del dividendo digital, no antes de 2013 y más cerca de 2015.
Ya Piqué, en sus tiempos de ministro de Ciencia y Tecnología, prometió crear una agencia que gestionara el espectro radioeléctrico, el soporte clave para los servicios de telecomunicaciones como el teléfono, la televisión, internet con acceso inalámbrico, las comunicaciones pesqueras, de Defensa o de satélite y cualquier cosa que funcione mediante ondas de radio. Y aunque grupo socialista presentaba en el Senado, en junio de 2006, una enmienda a la Ley General de Telecomunicaciones para tratar de impedir la creación de la Agencia de Radiocomunicaciones, la regulación, la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que sustituye a la anterior LGT de 1998, acabó viendo la luz con la obligación de engendrar esa Agencia que casi siete años después sigue siendo un nasciturus.

Daba un plazo de tres años para crear la Agencia Estatal, pero en una modificación posterior de la norma se suprimieron las fechas. De hecho, la nueva Ley asume de ella y del  Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo los artículos 45 y 47 para regular su estatuto y sus funciones. Y  la fecha de un ultimátum, previsto justo para 2010, una línea roja que recogía y fijaba el 1 de junio de 2010 el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual de 5 de enero de 2010 -el que pasó por el Congreso- pero que se ha diluido en el texto definitivo que veía la luz de la Cámara Alta el 18 de marzo. Sebastián no tiene prisas, para calmar los ánimos, busca todas las fórmulas posibles para devolver al congelador no sólo la ubicación de la Agencia, sino su nacimiento. Es partidario de esperar a que culmine el reparto del dividendo digital (las frecuencias que quedarán libres tras el apagón analógico) en 2015 para impulsarla. 


Pero no son otros que Coalición Canaria y CiU los que apoyaron con sus votos el bautismo legal en el Senado de la LGA y los que reclaman ya, a cambio, entre otras cosas, la ‘limpieza’ del mapa radiofónico de sus CCAA de manos de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones. Por más que les ofrezca la participación de las Comunidades Autónomas en la planificación del espacio radioeléctrico y que Sebastián asegure que son las comunidades autónomas las que tienen la "competencia prevalente" para poder ordenar el cierre" de las emisoras de radio "ilegales", se niegan a ser ellas las que supervisen y se responsabilicen. No era otra que la enmienda presentada por ERC la que introduce en la Ley General de Comunicación Audiovisual la figura de la «protección activa», que hasta hora no tenía un reconocimiento legal, en manos de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, aunque en un momento pudiera delegarlas bajo su supervisión a las Comunidades Autónomas.

Además, el dividendo no se despejará tan rápido. Movistar, Vodafone y Orange han reactivado los contactos a tres bandas para intentar alcanzar una postura común sobre la banda de 900 megahercios, la que tiene más cobertura y mejor penetración en el interior de los edificios. Exigen, al menos, la recalificación del espectro (refarming) para poder pasar de usarlo con GSM a tecnología 3G para banda ancha móvil, a cambio de mayor flexibilidad en el reparto de la banda de 900 Mhz. Pero Moncloa no sabe aún si será un concurso de méritos o una subasta, sólo que Industria quiere pasar la ‘gorra’ antes de la licitación de las frecuencias disponibles de la banda de 2,6 Ghz, adecuada para el uso de la tecnología LTE en menos de seis meses y de la consulta pública sobre el servicio universal, donde se va a incluir la banda ancha, que tendrá en cuenta para la designación del operador que lo preste a partir de 2011. Aunque todavía no está amortizada la tecnología 3G que emplean actualmente los operadores de telefonía móvil, la cuarta generación, llamada a velocidades de hasta 1GB, golpea ya a la puerta de la regulación española, de la mano de la concesión pendiente de la banda de frecuencias de 2.500 a 2.690 megahercios.

El dividendo digital -el espectro que dejarán libre las televisiones con el apagón tecnológico-, salvo quizá  30 Mhz en la banda de 800 Mhz no será accesible hasta 2015 y, ahora que acaba de renovar los 12,5 Ghz en la banda de los 900 de Movistar, a Yoigo y los que esperan por el refarming se lo fían muy largo. Pero es justo el impasse de las demoras el que ha vuelto de nuevo a abrir la puerta a los ‘fantasmas’ descentralizadores de Miguel Sebastián, esta vez de manos de la Comisión de Industria del Congreso, que acaba de aprobar una proposición no de ley promovida por el BNG que insta al Gobierno a valorar la concesión de licencias de telefonía móvil de ámbito autonómico en los próximos repartos de frecuencias.

UNA GUERRA FRÍA YA AÑEJA CON LA CMT

Tira balones fuera contra el PP, pero para Miguel Sebastián la falta de “interlocutores” populares no es más que otra bombona de oxígeno para el viento de la espera. La renovación de los cuatro consejeros -Antoni Elías, Albert Martí, Crisanto Plaza y Gloria Calvo-  y el presidente de la CMT (a la espera desde diciembre de 2008) ha visto pasar de largo el ultimátum autoimpuesto por el propio ministro de abril de 2009, pero tendrá que seguir esperando: el repudio de Genova  y facturas pendientes con el PNV y CIU tras su impulso a la Ley General Audiovisual no encajan. Moncloa no quiere ni tocar su perfil por ahora, no seguirá los pasos de la CNC, mientras no haya algún acuerdo con Genova. A lo peor –para las intenciones de Sebastián- ya pocos esperan en Industria que llegue antes de que la Ley de Economía Sostenible vea la luz y con ella el nuevo modelo de los reguladores adscritos al ministerio de Industria que Salgado y Zapatero han conseguido imponer por encima de Sebastián. No pudo sacar adelante su propuesta de un representante directo en el organismo; los reguladores sectoriales se coordinarán con la Comisión Nacional de la Competencia, tendrá preeminencia y aunque sobre el papel la relación no tiene que ser necesariamente de jerarquía, la CNC puede actuar sobre cualquier actividad económica y los demás sólo en su sector. Y la reducción de la composición de la CMT de nueve miembros a cuatro más el presidente con un mandato no renovable de seis años y la urgencia de 4 consejeros elegidos por el PP obligan a Ferraz y Génova a hacer encaje de bolillos.

Rodríguez sigue condenado a la incógnita sobre un tercer mandato, que depende de la interpretación en manos del gabinete de ministros. Pero no es ése el mayor de sus desencuentros. Sebastián le pone la cara a los desencuentros con las operadoras telefónicas incluso en la piel de la CMT, una de las ramas del árbol institucional de Industria. Han chocado lanzas en los tribunales por el reglamento de la televisión por cable (Industria consiguió reafirmar la potestad de concesión de las autorizaciones) y el contencioso por la petición de más competencias en numeración de la CMT. Y el Gobierno no acaba de dar con el marco regulatorio con el que liberará nuevas frecuencias para los servicios móviles de tercera generación (3G), el refarming del GSM y menos aún el dividendo digital.  De la Vega está dispuesta a aplicarle ahora -en manos de Sebastián- a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones todos los ‘correctivos’ de la nueva Ley General Audiovisual y a cobrarle su rebeldía con el ayuno de las nuevas competencias y las puertas cerradas al nuevo Consejo Estatal de Medios y la ‘hermandad’ obligatoria con el CEMA si se traslada a Barcelona, aún a costa de barrer el viento de sus promesas hace un año y nadar a contracorriente de las recomendaciones del sector.

Los de Rodríguez han tratado hasta el último momento de que el ‘emplatado’ de la CEMA no fuera definitivo, de no renunciar a las competencias audiovisuales. Lo hacen con la primera victoria a mano -el expediente de investigación abierto por Bruselas y el rechazo al modelo francés- al pulso por la financiación de RTVE. Las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le ha recordado a Moncloa y a Salgado que está dispuesta a apadrinar muy de cerca esas lanzas ante Noelie Kroes. Ya lo había hecho, hasta ahora, con la batalla para liberar -o al menos aliviar- a las operadoras de tasas de las instituciones públicas -inéditas en otros países europeos- entre ellas, la tasa por el uso del dominio público local, que obliga a estas empresas a pagar el 1,5% de sus ingresos brutos, 270 millones de euros. También pide el poder de decisión sobre el espectro radioeléctrico que ahora define Industria, de espaldas a lo que sucede en la mayoría de otros países europeos y a las promesas de Moncloa hace más de 13 años.

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