edición: 2593 , Lunes, 12 noviembre 2018
25/01/2010

Moncloa no da una con las telecos y desata más tormentas tecnológicas ante Bruselas

Las sorpresas de la LES, el impasse de las frecuencias móviles, la guerra abierta de las tasas de RTVE y del espectro radioeléctrico alejan a las operadoras y le inauguran una batalla europea a Ros
Ana Zarzuela

Esperaban hacer de la presidencia europea de turno el bautismo con padrinos españoles de la nueva estrategia de Sociedad de la Información en Europa para el periodo 2010-2015, pero la futura Comisaria de Telecomunicaciones comienza a prologar el amargo paseíllo europeo de Zapatero con las telecos. La paz que escenificó Pérez Rubalcaba con la prórroga a las tarjetas de prepago no identificadas no les ha durado ni dos meses. Suman y siguen en el mar de sus desencuentros. Nada nuevo, pero nada que las grandes operadoras de telefonía estén dispuestas a digerir. No en silencio ni con los brazos cruzados. No han asumido aún las sorpresas de la Ley de Economía Sostenible: la obligación del servicio universal de banda ancha de un mega sin atender sus peticiones de regular en bloques la velocidad de descargas; la posibilidad en manos del Gobierno de ‘expropiar’ frecuencias móviles si no hay acuerdo con las operadoras en el refarming, y el nuevo rol de ejecutoras del plan de Zapatero para ponerle coto a la red de redes.

Moncloa se guarda el reparto del ‘dividendo digital’ como pronto hasta enero de 2015 y amenaza con adelantar el 2,6GHz. Ya cocinó su modelo de control de las descargas de internet sin esperar por las telecos y de espaldas a las propuestas de Redtel de fomentar la educación y los contenidos digitales a cuatro manos con la industria audiovisual; ni una sola está invitada a la Subcomisión de la Propiedad Intelectual del Congreso. Se miden las distancias con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado. Como mucho ya sólo se aspira por ambas partes a la ‘diplomacia bélica’.

Lo sabe ya el ministro Sebastián por experiencia propia. Aunque el ministro procura dejar el cuerpo a cuerpo al Secretario Ros, no pudo eludir rodearse de los grandes del sector TIC -telecos incluidas- para poner de largo su estrategia para un mercado único digital.  Necesita engrasar esos galones y no quiere que se los manchen las TIC ni las telecos. Pero a Vodafone, Orange, Telefónica y Jazztel, si la LES les afilaba las lanzas de sus enfados, la presidencia de turno de la UE, la llegada a la Comisaría de Telecomunicaciones de Neele Kroes -desde principios de febrero-, la sintonía con el lobby comunitario de ETNO y la presencia de Reinaldo Rodríguez, con un pie en el macro-regulador europeo que verá la luz este semestre les dejan en bandeja las oportunidades. Al menos las de ‘mancharle’ más de un desfile a Sebastián y hacerse con sitio propio en su “mercado común digital y de las telecomunicaciones”.

Lo han empezado ya a ejecutar, nada menos que en la puesta de largo de los planes tecnológicos españoles ante la Unión. No negocian más el refarming, no desembocarán en paz en el servicio universal de banda ancha, no les gusta el papel de vigilantes que les otorga la regulación de internet; pelearán todas las tasas en Bruselas: las de la RTVE y las del espectro radioeléctrico y están dispuestos a abrir el debate del canon digital durante la presidencia española de turno.

Junto al resto de los grandes del sector TIC, le ‘tocan’ las líneas rojas que Miguel Sebastián no quería enseñarle a los Veintisiete, con la vista puesta en la 'agenda digital' 2010-2015 que la UE debe aprobar antes de julio (por cierto con Felipe González a la batuta): Cuestionan la política de despliegue de la banda ancha, allá donde más le duele a Miguel Sebastián. Le sacan los colores a las demoras y los olvidos públicos en el despliegue de las redes de nueva generación. Y le recuerdan  que para que el comercio electrónico, la administración por Internet, la sanidad, las redes energéticas inteligentes y otros servicios digitales prosperen, Europa necesita un régimen armonizado que proteja a los usuarios con un sistema coherente de normas, una protección segura de la confidencialidad de los datos y una estrecha cooperación entre las agencias gubernamentales, las industrias y las organizaciones de privacidad.

Por descontado, las industrias reclaman la supresión de cuantas «tasas y gravámenes específicos encarecen los servicios» y en particular la eliminación de las obligaciones fiscales duplicadas en los proveedores. Más aún: la industria europea de las tecnologías de la información y las comunicaciones propone eliminar el canon digital por copia privada, el sobrecoste que los consumidores de varios países -España entre ellos, de las más caras- pagan al comprar dispositivos y soportes informáticos (CD, discos duros, memorias extraíbles o teléfonos de valor añadido). Lo considera “gravoso y desfasado”, entre otras cosas porque  el 75% recaen fuera de España y perjudica a un 95% de los autores, que pagan más de lo que ingresan.

A pesar de las promesas de González-Sinde de reabrir el debate en 2010, el Ministerio de Industria no quiere que se defina en Granada, -en el Consejo de Ministros de Tecnología de la Unión Europea de abril-  una postura conjunta europea respecto al canon digital. Pero ya sabe que, con las telecos en cabeza, el sector le abrirá esa ‘caja de Pandora’. Sebastián abrió las puertas a la consulta y con ellas al ‘enemigo’.La industria TIC, parte de las sociedades de autores y de internautas preferirían un canon directo; las telecos y la industria de contenidos transigirían con una tasa a la banda ancha por descargas, pero surgió para compensar al pirateo y  no cederán antes de ver qué pasa con la ley.

Saben que la puesta de largo de Neele Kroes como responsable del sector TIC europeo, llegará, además, con el contencioso de la banda ancha española sobre su mesa. Esta vez no ha hecho falta la ayuda de Reding  para que las ‘medallas’ de Moncloa pinchen en hueso. El informe de la CMT, a pesar de ser tardío -con datos de junio-, de encargo y refutado por las cifras de las operadoras y del Ministerio de Industria, hace sangre en las heridas que más les dolieron ya con Reding y le saca los colores a los precios del adsl español. Las telecos están dispuestas a exigir a Bruselas el despliegue de las redes ultrarrápidas y a sacarle los colores del refarming y el dividendo digital ante Kroes. La Comisaria, a volver a cuestionarles el regulador -ahora que se acerca la reforma bajo el paraguas de la LES- y a marcar las líneas rojas a la trasposición de un ‘paquete telecom’ que desluce el mapa aún por definir de las nuevas redes y las intenciones de un mega de servicio universal. Ya tiene a España en los altares de sus pesadillas.

LAS SOPRESAS DE LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

La letra pequeña de la LES ha revivido el divorcio de Moncloa con las telecos: Zapatero se la ‘cuela’ por partida triple a las telecos y a las promesas de Miguel Sebastián con todo el sector TIC. Le otorga al Gobierno la posibilidad de expropiar por Real Decreto frecuencias de móvil y proceder a un nuevo reparto, mediante una licitación pública si no consigue cerrar la ‘ecuación’ del refarming y el concurso de las frecuencias de 2,6Ghz. Industria quiere seguir sacando pecho de la banda ancha móvil española y está forzada a ajustar el ‘rompecabezas’ de la banda de frecuencias de 900 MHz este semestre y se guarda sus ‘bazas’ para que sea por las buenas o por las malas. Les mueve con más cartas marcadas y sus calendarios en la mano todos los mapas de las frecuencias de telefonía celular: para empezar, los del dividendo, ya no llegarán antes de 2015, mediante una licitación pública, y costeados por el Estado con los fondos que saque de ella. Y, por si acaso, los predios de la ley ‘Sostenible’ le reservan también más de una baza ante el servicio universal: ha desoído las recomendaciones de algunas telecos durante el proceso formal de consultas del servicio universal de banda ancha a partir del 1 de enero de 2011–con Vodafone y Jazztel en cabeza- para pensar en fórmulas que limiten o al menos regulen la velocidad y la posibilidad de establecer límites en los volúmenes de descargas. Y busca ajustar a sus condiciones a las operadoras que ya le han manifestado su interés en formar parte del servicio universal de banda ancha: Telefónica (en relación con todos los elementos y para todas las zonas), Vodafone (en relación con algunos elementos); Orange e Hispasat, en relación con el acceso a la red en algunas zonas.

Y Euskaltel para los elementos relativos al acceso a la red y las cabinas en el ámbito del País Vasco, mientras que 11888 Servicio de Consulta Telefónica y Yell Publicidad lo ha hecho en lo relativo a guías telefónicas. En general, todos los operadores se muestran preocupados respecto al coste que supone hacer universal el acceso a Internet de banda ancha. La velocidades propuestas son de entre 512 Kbps y 1 Mbps y con límites de descarga para "facilitar el uso eficiente de los sistemas radioeléctricos", bien sean WiMAX, HSPA o Satélite, las tres tecnologías propuestas por los operadores. Telefónica es la única que se postula para ser designada como operador responsable del servicio universal, aunque Vodafone también estaría dispuesta si es utilizando su red móvil, mientras que Orange aboga por el Satélite.

TASAS EN GUERRA

Los separan todas las tasas. Y casi todas pasan o han pasado por Bruselas. La pugna judicial abierta con Anna Birulés por la subida de la tasa sobre el espectro radioeléctrico sigue pendiente de veredicto ocho años después, una cuenta pendiente de 1.000 millones de euros entre el Gobierno y las telecos (el ‘tasazo’ sólo duró un año) a la que sólo su temprana caducidad le impidió acabar ante la Comisión Europea. Hoy aún las operadoras esperan sentencia del Supremo. No aguardarán tanto con la financiación de RTVE: Todas las cartas financieras del ente público están sobre la mesa de Moncloa y en vigor desde el 1 de enero y ya sabe que el bautismo para su nueva ‘criatura televisiva’ será en rojos desde el próximo año, si las operadoras y las televisiones privadas cumplen sus rebeliones fiscales y el sudoku de su calendario dejará huérfana al ente público del 25% de la financiación al menos durante 2010.

La vicepresidenta les ha enseñado los dientes del 0,9% a las operadoras de telefonía y del 3% de sus ingresos a las televisiones privadas, pero ha visto de ellas en el espejo galo el reflejo de meses de juicios sin financiación a la vista. Sus homónimos en Francia -donde entró en vigor el pasado 6 de mayo la tasa  a las operadoras para financiar la televisión pública- les han abierto ya el camino: la oposición socialista planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que fue rechazado en el Parlamento, ha comenzado ya con la patronal a impugnar las medidas ante los tribunales y despeja la vía hacia Bruselas con un doble ariete argumental: tributario y de competencia.

Moncloa no quiere que el precedente galo -ése en el que pisa sus huellas- reproduzca al sur de los Pirineos los ‘daños colaterales’ para los planes de Nicolas Sarkozy. Las operadoras de telecomunicaciones preparan su artillería legal, recurrirán ante el Tribunal Constitucional e incluso acudirán a Bruselas, si es necesario. Tendrán que esperar hasta el momento del primer cobro, que será en abril de 2010, para poner la primera demanda. Pero lo harán. Sopesan ya reeditar los pasos que han seguido en su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les ha permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales -ahora favorables a las operadoras- no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios. Como adelantaba El Economista en julio, se plantearán dejar fuera de la mano de RTVE, en la nevera de los recursos ante los tribunales nacionales y europeos no sólo las tasas del primer trimestre, sino todas las sucesivas.

El Gobierno tendría que cargar el 25% de los gastos anuales del ente público, al menos mientras tanto, a cargo de los Presupuestos del Estado. Pero sobre todo, afilan sus ‘lanzas’ judiciales para Bruselas: la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel), integrada por Telefónica, Vodafone, Orange y Ono estudia personarse ante la Comisión Europea para presentar sus críticas sobre la nueva Ley de financiación del ente público. La Comisión Europea se lo ha dejado más fácil. Esta vez, Bruselas ha ido un poco más lejos de lo que llegó al inicio de la década con el pago por el uso de espectro. Entonces sólo hubo unas declaraciones críticas, sobre todo porque Europa entera estaba inmersa en la locura de la subasta de las licencias de UMTS. Ahora, en cambio, la Comisión Europea ha abierto una investigación formal sobre el nuevo sistema de financiación por considerar que las nuevas tasas que la ley impone a los operadores de televisión y telecomunicaciones podrían incumplir las normas de la UE sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas, lo que evita a las operadoras tener que denunciar en solitario, ofrece a los terceros interesados la posibilidad de presentar sus observaciones, supone el principio de un camino que no puede terminar con la callada por respuesta y le deja claro a Redtel que: la parte que más le preocupa a Bruselas es justaente la que concierne a las operadoras.

Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Además, las compañías españolas plantearán la tasa como una ayuda de Estado ilegal a RTVE, ya que las tasas se pagan al Estado, pero no a empresas, aunque sean públicas. La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec) calcula que, con la Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías de telecomunicaciones financiarían un 62% del ente público, aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros.

Por eso, las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel.  Y no descartan alguna sorpresa favorable de último momento de manos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Fueron las valoraciones del regulador las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago.

Pero con su informe crítico al proyecto de ley para la financiación de RTVE, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le tocó a Moncloa las dos ‘teclas’ más flojas de su guerra con el sector con la misma mano: no sólo el decreto era ‘incoherente’, sino que forzó la retirada del castigo de la suspensión administrativa a las operadoras que no paguen su 0,9%. Ahora, en Moncloa no se ve con buenos ojos la llave de la “proporcionalidad” que la CMT tiene aún en su mano, la que le podría dejar la puerta abierta a aplazamientos y pagos fraccionados "teniendo en cuenta los niveles de ingresos y la capacidad financiera" de las compañías "para garantizar que se cause la menor distorsión posible a la competencia".

Y Telefónica asegura que la interpretación de Hacienda impide la deducción en la base imponible del fondo de comercio que se genera con la adquisición de empresas en el extranjero y reclama que se quiten las trabas internas a la deducción del fondo de comercio por compras en el exterior. La Comisión Europea abrió una investigación, que concluyó con la declaración de la normativa fiscal como una ayuda de Estado ilegal. Pero sólo obliga a devolver los incentivos a partir de diciembre de 2007, lo que en la práctica legaliza todas las ayudas anteriores, que comenzaron a aplicarse en 2002, entre ellas la deducción del fondo de comercio generado con la compra de O2, a razón de un 5% anual a lo largo de 20 ejercicios, porque la adquisición data de 2006.

EL MAPA RADIOELÉCTRICO SE LE NUBLA A SEBASTIÁN

Quiere acelerar el pulso del mapa radioeléctrico con la vista puesta en las arcas de la ministra Salgado. será para sintonizar con el calendario europeo  ni evitar que el acceso a la banda ancha entre 790 y 862 MHz llegue tres años más tarde que a los vecinos europeos, sino para hacer caja, el mismo horizonte que impulsa en la nueva estrategia de Miguel Sebastián y Francisco Ros los otros repartos de frecuencias pendientes en España. Moncloa trata de pasarle 'la gorra' con las frecuencias móviles a las operadoras de telefonía, buscaba hacer caja al calor del dividendo digital con unas frecuencias -las que dejará huérfanas la televisión analógica- llamadas a generar -según sus cálculos- un 1,5% del PIB. Y a llegar con las redes de la redistribución de frecuencias móviles allá donde la mano de De la Vega no ha podido aún alcanzar con la nueva financiación de RTVE, las tasas municipales, las facturas del Consejo de Medios Audiovisuales y la Ley General Audiovisual.

Pero al Ministerio de Industria se le nubla cada vez más  la ecuación de las frecuencias y de las inversiones para las telecos. Prometió intervenir si no había acuerdo entre Vodafone, Orange, Movistar y Yoigo en el reparto de las frecuencias de la banda de 900 Mhz, las más jugosas para los operadores, con la ventaja de  la calidad de cobertura que logra con pocas antenas y su capacidad para penetrar en edificios y dar mejor servicio en interiores. Y, después de un año, no hay nada.

Ha devuelto de nuevo a la mesa de Francisco Ros y la Setsi una fórmula in extremis que estaba anunciada para pasar a manos del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información el 14 de enero. El Catsi también tendrá que pronunciarse sobre la viabilidad del mercado secundario del espectro (spectrum trading), algo en lo que todos los operadores coinciden en que aportará mayor flexibilidad y eficiencia en el uso del mismo. Ahora el Ministerio baraja sus presiones para intentar que rompan las costuras del desacuerdo. Juega al divide y vencerás contra las operadoras. Dejará caer antes el concurso por las frecuencias de 2, 6 Ghz, lo servirá a la mesa antes de tres meses. Les baila todos sus calendarios, reedita el error de las subastas de frecuencias UMTS en 2002 que no pudieron usar hasta cinco años después tras haber comprometido fuertes inversiones. No es que las operadoras la rechacen, pero piden que su reparto se posponga para cuando cada compañía ya sepa cuánto tiene en la banda de 900 MHz y en el dividendo digital. Son unas frecuencias muy buenas porque dan mucha velocidad en banda ancha móvil, pero a cambio dan poca cobertura, así que su despliegue es caro.

Por eso, conviene tenerlas en cartera, pero no como única opción o como recurso principal, porque dispara el coste de la red. A todo ello se une que se trata de una tecnología que todavía no está lista y que no llegará hasta 2011. Las operadoras le encienden todas las luces rojas: aún no tienen a mano el “ecosistema tecnológico” 4G para aprovechar esa banda. Por más que el ministerio intente hacer caja, no acudirán -se lo anuncian Orange y Vodafone.-, no al menos sin antes no les despeja el GSM. Y, a cambio, pospone hasta 2015 el dividendo digital, aún a costa de dejar en el limbo el horizonte de sus inversiones a medio plazo. Pero con el ‘castigo’ de sus demoras, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones  le bailan también las cartas y las hojas del calendario de Sebastián, que esperaba pagar los 12.000 millones del coste de reantenización de las televisiones privadas con las subastas del dividendo.

LAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA DE LOS CORTES DE INTERNET

Moncloa no ha sentado a su mesa a los internautas, ni ha esperado por un pacto con las operadoras de telefonía para engendrar su ‘maquinaria’ de corte rápido de páginas webs. Ni aguardó por las sugerencias -contenidos alternativos y campañas educativas- que Redtel puso siempre sobre la mesa de las negociaciones con Industria y que las telecos estaban dispuestas a ayudar a ejecutar.  Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual.

Por eso los creadores y la industria de contenidos les tienden la mano de la tercera vía -la comercialización de contenidos digitales-. Saben que a la vista de Pixbox y del proyecto de Telefónica para digitalizar la Biblioteca Nacional, ellas ya han conseguido despejar el acceso a esa opción. Pero sobre todo y busca sitio, de su mano, en una compensación como la que ya ha despejado Gran Bretaña: su cuota en un canon a la banda ancha, que si no es general, al menos llegue en función del volumen de descargas, ahora que las operadoras europeas barajan su cobro progresivo.

Las telecos no acatarán más que órdenes, si es que llegan de un juez o una nueva autoridad. Para la agrupación de las principales operadoras de telecomunicaciones, cualquier intento de solución que se limite a penalizar "será un fracaso", la demostración de que  ante “ciudadanos que demandan cada vez más contenidos culturales a través de nuevos canales, la industria cultural se niega a canalizar su oferta a través de Internet de forma legal y con ofertas atractivas". Sólo están dispuestos a recibir instrucciones. “Como el caso de las escuchas telefónicas. Si un juez dictamina que se debe hacer una escucha, las operadoras corremos con todos los gastos y ponemos las inversiones necesarias para ello, pero nunca decidimos cuándo una línea debe ser intervenida”, explicaba en ABC Francisco Román, que antes del ‘affaire Sinde’ por primera vez se desmarcaba de las huellas del sector y reconocía que estaría dispuesto a aceptar -al uso británico- una autoridad independiente -no judicial- que regulara las descargas.

Aún en la versión retocada, la LES prevé que tengan que ser los vigías de la red. Algo que –como las escuchas- si hay que hacer harán, pero no gustosas. Menos aún -advierten- a medida que la tecnología los ponga a perseguir fantasmas. Para detectar las web que vulneren la ley, la Comisión de Propiedad Intelectual capitaneada por Sinde podría solicitar a las compañías de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, Vodafone, Orange y operadores de cable) los datos que considere oportuno para su identificación y estas operadoras estarán obligadas a ofrecérselos. Nada nuevo a lo que hasta ahora las telecos agrupadas en Redtel no le hayan puesto ‘peros’. No quieren ser ni los jueces ni siquiera los brazos ejecutores de un proceso técnicamente complejo y costoso para las operadoras: lo sabe O2, que en Reino Unido ha tenido que comenzar a ralentizar la velocidad del P2P entre las 20 y 23 horas gracias a la instalación de un hardware capaz de clasificar los paquetes IP. Desde el primer día de sus desencuentros con la Coalición, Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual.

Si el paquete ‘antipiratería de la disposición final de la LES acaba por cristalizar, las firmas de hospedaje web se verán en una encrucijada. El sector ya ha levantado la voz. El texto obliga a los prestadores de servicios, ya sean telecos o proveedores, a "facilitar los datos de que dispongan",  cientos de datos sensibles para sus clientes, además de que el caudal de páginas que tendrían que cerrar crecería exponencialmente sin compensación económica. Los alojadores tendrían que cortar el servicio si la Comisión (o el juez, como hasta ahora) lo deciden. Pero si el servidor no está bajo jurisdicción española -al menos el 30% de las webs incluidas en la ‘lista negra’ de la Coalición de Creadores- se recurriría a las operadoras para que bloquearan el acceso a la web -mediante el enrutado o a través de la resolución DNS-. Según explican los responsables de CDmon y Arsys a Bandaancha.eu, puede ser "una chapuza desde el punto de vista técnico y una barrera fácilmente salvable por los que infringen la ley". En el caso de bloquear una IP, se dejaría fuera de servicio a todas las webs que la compartan. Y en el caso de las empresas proveedoras de ADSL deberán instalar filtros intermedios que podrían llegar afectar el rendimiento de la red en sus clientes.

Las compañías de hosting se preguntan además que ocurrirá si hay una reclamación posterior y, cuando entre a entender del asunto (la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional no lo hace) el juez no respalde la decisión de la Comisión Interministerial de Propiedad Intelectual y el cliente desconectado exija responsabilidades. La jurisprudencia ha comenzado a marcar la pauta de su sintonía: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -alegando que se “vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales” -acaba de denegar a la productora y distribuidora Private Media Group la petición para que las operadoras Telefónica, Orange y Jazztel entreguen los datos personales de usuarios que compartieron mediante P2P algunas de sus películas para iniciar una demanda contra los titulares de las IP por infracción de sus derechos de propiedad intelectual.

EL CANON AL ADSL, A CONTRAPIÉ DE LAS TELECOS

La industria de contenidos y las gestoras de derechos se conforman por ahora con que se consume el modelo ‘antipirata’ esbozado en la Ley de Economía Sostenible y con pedir al Ministerio de Industria que les haga de oficio el trabajo sucio de ‘perseguir’ a 200 páginas web a las que consideran responsables del 70% de las descargas ‘ilegales’ en España y de beneficios de más de 300 millones de euros. Pero no pueden evitar, por si acaso, hacerle sitio ya a una ‘cuarta vía’, la última de sus esperanzas, más allá de la macroweb de contenidos propios a la que no acaban de meterle prisas: no renuncian a hacer realidad de este lado de los Pirineos una bitácora ‘antipirata’ gemela de la del Reino Unido.

ETNO -la Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones- ha reactivado su propuesta de dejar atrás las tarifas planas de internet y comenzar a cobrar la banda ancha en función del volumen de las descargas. Una opción que le ha abierto de nuevo los ojos a la Industria de Contenidos de la UE. La española no iba a ser menos. El canon a la banda ancha era- decía entonces la SGAE- la fórmula para ‘bendecir’ y legalizar todos los contenidos por la puerta del cobro. Y lo dejó caer. Pero hoy las grietas del pragmatismo dividen sus filas, ahora que la Coalición de Creadores sabe que el cierre o el bloqueo de webs topa con las líneas rojas de la tecnología y las reticencias de los hostings y las operadoras.

Y que aunque consiguieran consumar el cierre de alguna de las 200 webs de su ‘lista negra’, eso no mejoraría el mapa de sus ingresos. Por eso, intentarán, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Discrepan, pero sacan del ‘horno’ el debate sobre el canon al adsl. Lo ha hecho en público, de manera formal, DAMA (la Asociación de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), con una opción que no estaba en principio en el ‘menú’ digital de los Ministerios de Cultura y de Industria para regular los contenidos de internet y que no es del agrado de la CMT, que este trimestre rebajó el precio del adsl indirecto un 20% para que las operadoras lo trasladaran al precio final al consumidor.

Tratan de buscar la ocasión en la propuesta de cobro por consumo de velocidad de descarga del adsl que las telecos  -que siguen repudiando los cortes y el castigo a los usuarios y abogan por nuevas macrowebs de contenidos comerciales- empiezan a sopesar.  Desempolvan la propuesta que el Reino Unido abandera desde enero: un canon, que se aplicará a las conexiones de banda ancha y que en el modelo original inglés podría ascender a 20 libras anuales (21,8 euros) y estaría gestionado por la agencia de telecomunicaciones, que lo cobraría directamente a los operadores de telefonía. Hacen suya la vieja reclamación de la SGAE de imponer el canon a las conexiones a internet, que en su momento abogaba por un impuesto a los accesos de banda ancha para crear un fondo con el que subvencionar la producción nacional y que lo dejó caer para no ‘legitimar’ a todo tipo de descargas.

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