edición: 2747 , Miércoles, 26 junio 2019
19/06/2012
El modelo británico que gusta a Rajoy

Moncloa se resiste a hacer cambios jurídicos en la banca

Los accionistas tomarán el relevo a los contribuyentes en el pago de las pérdidas
El español quiere seguir el ejemplo del Gobierno británico de salvar la banca pero con dinero europeo
Juan José González

Mientras aumenta el número de voces que aseguran que la principal obsesión del Ejecutivo es el rescate bancario (cortafuegos al rescate de Estado) en Bruselas y Berlín ya parecen haber descubierto la “jugada”: inyectar capital en la banca mediante préstamos y adquisición de acciones para, posteriormente, desinvertir de forma progresiva a lo largo de cinco años a partir de enero de 2015. Es la misma estrategia que siguieron las autoridades británicas, cuando en 2009 inyectaron en sus bancos 122.700 millones de libras, de los cuales 95.000 se concentraron en los cuatro con mayores dificultades (y de mayor riesgo sistémico) y los 27.700 restantes en reforzar la liquidez de una veintena de pequeñas entidades. Es el “plan B” que gusta al Ejecutivo porque parece que funciona, es el más intervencionista pero es el más cómodo, pues se hará con dinero europeo. El problema es cómo “vender” a la opinión pública que la factura de ese plan puede superar los 30.000 millones de euros para el contribuyente español, de la misma forma que superará los 65.000 millones para el británico.

El “cortafuegos” que tiene en la mente el Ejecutivo español, lleva camino de pasar una fuerte factura a los contribuyentes a partir de 2015, primer ejercicio en el que se reflejarían los costes de la actual inyección de capital en la banca española. La entrevista mantenida la semana pasada entre el vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia (y Comisario de la Competencia) y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, se centró en los aspectos más financieros de la inyección de capital para la banca española. Tanto Rajoy como Almunia ya habían adelantado, en parte, alguna idea respecto a la posición bien diferente de ambos sobre la forma y disposición de esa línea de crédito concedida por Bruselas (varios préstamos con diferentes garantías).

En Bruselas (y Berlín) no gusta la cifra que se ha tenido habilitar deprisa en prevención de los efectos de ese agujero negro que se espera conocer en breve. Pero menos aún gusta la resistencia que, como aseguran conocedores de la entrevista, ha encontrado el comisario en el presidente español a llevar a cabo uno de los aspectos más relevantes de la nueva doctrina de la Comisión: cambiar las normas jurídicas para que sean los accionistas, en primer lugar, quienes paguen con la pérdida de su capital los avatares bancarios, en vez de que recaiga sobre el contribuyente los efectos de los errores de gestión provocados por los representantes de los accionistas. Almunia, en su discurso sobre la necesidad de liquidar algunas entidades financieras, está señalando directamente a un sistema que no funciona con justicia, y que a la postre acaba por contaminar al resto del sistema financiero.

Si el Ejecutivo español es partidario del “modelo británico” de ayuda a la banca, el comisario Almunia es partidario (doctrina de Bruselas y Berlín) de liquidar algunas entidades financieras de muy discutible salvación, al entender que se estaría malgastando los fondos en cubrir agujeros de imposible recuperación. Y con estas dos posturas enfrentadas, el Gobierno tan sólo espera a conocer el resultado de los auditores independientes –esta semana- para seguir adelante: el presidente con su modelo británico y el comisario con liquidar lo insalvable.

Pero ahora, el resultado final de la inyección, su cuantía, dependerá no sólo del resultado de las auditorías, sino además, de la valoración que el comisario Almunia traslade a la Comisión. Bruselas hace sus cuentas sobre las necesidades financieras de la banca española, y ve en primer lugar que los activos tóxicos inmobiliarios pueden superar con facilidad la cifra prevista en la línea de crédito de los 100.000 millones. Lo que intenta acotar la Comisión Europea es la cifra, además de los plazos de devolución, de ahí que intente convencer al Ejecutivo español para que imponga el realismo financiero sobre el interés político y que liquide algunas entidades bancarias sólo recuperables con costes difícilmente justificables (Bankia y Banco de Valencia, entre otras).

Luis de Guindos, conocedor como nadie del sistema británico, parece haber sido el primer inspirador en acercar el modelo al presidente español, quien se ha sorprendido por el enorme paralelismo con la situación de la banca española. La fórmula de recapitalización de las entidades bancarias con problemas, le supondría al Gobierno cantidades de dinero de las que ahora difícilmente podría disponer, aunque para esa contingencia están los fondos europeos. Pero por otra parte, esa fórmula intervención se convierte en un arma potente de influencia para desbloquear el crédito a una economía que necesita crecer para crear empleo de forma urgente.

El Gobierno sigue de cerca la evolución del Estado británico en su faceta de accionista transitorio de participaciones bancarias. Comprueba que el sector público ya ha desinvertido (con pérdidas) en una parte de la banca nacionalizada, y que los planes de nuevas desinversiones pueden concluir en los próximos tres años, por supuesto, con pérdidas. Unas pérdidas que si en el caso de los británicos pueden alcanzar el 45% de la cantidad inyectada, en el español es previsible que supere esa cifra, si bien, es pronto para hacer un balance.

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