edición: 3052 , Miércoles, 23 septiembre 2020
30/07/2009
De la Vega sigue recogiendo unanimidades en su contra

Moncloa y Ferraz le ‘clavan’ también la televisión móvil a las operadoras de telefonía

Tejen para septiembre la revancha a la rebelión judicial y fiscal de las telecos y las televisiones privadas
Les alejan las concesiones de televisión móvil y estudian sumarles sus tasas a las de RTVE, el Consejo Audiovisual y el impuesto por el espectro radioeléctrico
Mª Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera
Ana Zarzuela

Quiso que fuera una de sus ofrendas de su paz audiovisual con el sector de las telecomunicaciones. Pero si el dividendo digital que llegará tres años tarde dos años tarde y no rebaja el canon de RTVE no habían servido de bálsamo, las operadoras de telefonía le dejaron claro a De la Vega que tampoco lo haría la regulación tardía de la tv móvil con DVB-H -ahora que se han subido al streaming con sus propios medios- no necesitan en un mercado que en España no ha crecido casi desde 2007. Menos aún ahora que la Ley General Audiovisual comienza a enseñar sus detalles: no sólo dejará las licitaciones de la televisión móvil a mano y a medida de las cadenas privadas de televisión, sino que calcula atajos para cargar facturas adicionales -o los efectos de las tasas que ya existen- a las operadoras. Corre el riesgo de reeditar el impasse de liquidez al que condena ya a RTVE, pero con el bautismo del CEMA y con las cuentas ajenas de la tv móvil. No será, eso sí, antes de septiembre. Ni de que el grupo Socialista y Moncloa intenten aplacar con él de nuevo todos los caminos de las protestas de las grandes telecos españolas.

Quiere hacer costumbre en las carnes de las telecos del pago de sus facturas audiovisuales. Castiga las protestas y la oleada de acciones judiciales con doble ración para las operadoras de telefonía del mismo ‘caldo’ que repudiaban: a Moncloa y Ferraz les sabe a poco el 0,9% que tendrán que dedicar a financiar su nuevo modelo de RTVE, el porcentaje sobre el rendimiento de la tasa sobre reserva del dominio público radioeléctrico que deben trasvasar, e incluso la obligación de pagar a 5% de sus ingresos por servicios de televisión para contribuir a la financiación de la producción europea de cine y series.

Ahora que la batalla legal y fiscal de telecos y televisiones privadas amenazan con hacer a Moncloa asumir con fondos públicos el 25% de RTVE que pensaba financiarse en latitudes ajenas, al menos 100 millones de euros sólo hasta 2010, extiende las redes de la futura Ley General Audiovisual para cargarles una nueva tasa para financiar el Cema -que difiere de todas sus expectativas y las de la CMT- y busca ‘pagadores’ para el impulso de la televisión móvil que Bruselas le exige. Como avanza Expansión, la AETIC ya ha encendido las luces rojas: el anteproyecto de la LGA amenaza con cargar al sector un servicio que no les urge impulsar y que  -si la Ley prospera con la silueta del Proyecto de Ley- les condena a ver desde lejos y en redes ajenas la televisión móvil. Serán las cadenas de televisión nacional las únicas que pueden adaptarse al perfil de sus condiciones y a los requisitos de su licencia: el baile de candidatos tendrá en cuenta, especialmente, "la experiencia acumulada como prestadores de servicios de comunicación audiovisual", es decir, de televisión.

De la Vega y Sebastián miran al horizonte de un mercado que en España ha crecido poco más de un 0% desde 2007 y al que se han lanzado de cabeza, pero por sus propios medios -a través de redes de datos móviles- las tres grandes operadoras. Telefónica, Orange y Vodafone  tienen el streaming, no les urgen nuevos sistemas, no, por ahora ni en un campo de juego aún por definir con las cadenas. Bajo la mesa, las telecos advierten a Sebastián: el apagón analógico puede llegar -en tanto demora su ‘souvenir’ del dividendo digital- con más de una reclamación a bordo. Y el bautismo de la regulación de la tv móvil DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) se hará en la ‘pila’ -en el mejor de los casos- del desinterés de las tres grandes telecos. No será –como pretende Moncloa y el Grupo Socialista- una presión para apaciguar la batalla audiovisual con las grandes operadoras; al contrario, un nuevo motivo de agravio. Se lo recuerdan Redtel y Asti: suma y sigue en el zigurat que levanta su batalla judicial y fiscal.

Esperó, pero de la Vega ya demostró que estaba dispuesta a aplicarle ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones todos los ‘correctivos’ de la nueva Ley General Audiovisual y a cobrarle su rebeldía con el ayuno de las nuevas competencias y las puertas cerradas al nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), aún a costa de barrer el viento de las promesas de Moncloa y nadar a contracorriente de las recomendaciones del sector. Nacerá con los apellidos “independiente y eficaz”, la obligación de velar por "la transparencia y el pluralismo" de los medios y la capacidad de imponer sanciones a las cadenas que podrán ascender a un millón de euros en el caso de las TV y a 500.000 euros en el de las radios. Pero verá la luz a la francesa, de espaldas a Bruselas -que aboga por los reguladores convergentes en la Directiva de Servicios de comunicación audiovisual- y a la iniciativa del Ofcom del mercado británico al que se parece el español. El CEMA llega tarde para una industria que lo reclamaba desde hace años. Y lo hará -si las telecos, no pueden impedirlo y los grupos minoritarios no cambian su rumbo con enmiendas parlamentarias- con facturas aún por definir, pero a las espaldas también de las operadoras de telefonía: la LGA prevé que destinen un 10% de la tasa por el espectro radioeléctrico a cofinanciar el Cema y no conjura una nueva sombra financiera para las telecos, la amenaza de que ese gravamen comience a subir a partir de 2010 para ajustar sus costuras al nuevo perfil de RTVE y a las urgencias del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

DEL CANTO DE SIRENAS AL CASTIGO

La regulación de la tv móvil se cocinó con nocturnidad y llega después de tres años de silencio, de espaldas a una hoja de ruta de conciliación que ha sido imposible entre cadenas de tv y operadoras. En los muros de la Secretaría de Estado resuena el aldabonazo de la Comisión Europea para fomentar el sistema DVB-H. El Ministerio de Industria trató antes de comenzar la tramitación parlamentaria de la Ley General Audiovisual, de sacarle brillo, a los ojos de las telecos, a un mercado potencial que -según Bruselas- podría ascender a 20.000 millones de euros para 2011, y contar con unos 500 millones de clientes en todo el mundo para esa fecha, pero que en la Unión sólo ha crecido un 8% desde 2007, lejos de los países asiáticos desarrollados: en Japón, Corea del Sur y Hong Kong el 32% de los consumidores declara ver la TV a través de su terminal móvil, frente al 18% en 2007.Para un tercio de los coreanos el acceso a televisión es el factor determinante para comprar un nuevo terminal. Pero el que iba a ser segundo ‘premio de consolación’ para las telecos que agrupan las iras del canon de RTVE tiene ya el envoltorio del desencuentro, antes de que haya visto la luz. Industria y la vicepresidenta Fernández de la Vega barajan un canal múltiple  (el equivalente al que ahora ocupa un canal analógico o a cuatro canales digitales de televisión) en el que podrían caber  una veintena de canales de televisión para los teléfonos móviles. Eso es todo. La letra pequeña del modelo de negocio choca las espadas entre las cadenas de televisión -que aspiran a que Moncloa reedite el modelo financiado de TVE en los predios del móvil- y las operadoras de telefonía celular, que apuntan a un modelo de pago -con canales temáticos por suscripción o por eventos- y que estaban dispuestas incluso a apadrinar al unísono, a pesar de que en el mercado español los que los espectadores cada vez pasan menos horas ante los televisores.

La batalla por el acceso a Internet a través de los teléfonos móviles inteligentes o smartphones está cada día más reñida. Telefónica y Vodafone, los dos grandes operadores de la telefonía celular buscan nuevas llaves para el mercado de internet móvil a través de los smartphones -el segmento que más crece- y han hecho de la tv uno de los servicios adicionales de sus tarifas planas. Si la operadora británica  apuesta a la descarga de música con un servicio gratuito de descarga ilimitada (dos millones de temas), Telefónica suma y sigue con sus ofertas de 15 y 25 euros, que ofrecen acceso gratuito por un año  al servicio de Digital Plus en el móvil (que ofrece 21 canales diferentes) sin que el tráfico de este servicio se compute dentro del que se ofrece con las tarifas planas. Las tres grandes operadoras móviles congelan el entusiasmo ante la DVB-H –que debe incorporar un chip para recibir la señal de tv digital- en brazos del streaming. A pesar del crecimiento del número de usuarios que ya poseen un terminal inteligente que soporta la televisión,  han tenido que invertir en mejorar la infraestructura de hardware y en una red de mayor capacidad y más velocidad.

Lo han hecho durante los tres años de incertidumbre regulatoria por parte de Industria en el móvil en colaboración con Digital+ y otras cadenas, lo suficiente como para que el 24% de los usuarios de smartphones los utilicen para ver sus canales -a tiempo real o con descarga/transferencia de contenidos audiovisuales- según el estudio 'Global Telecom Insight' de TNS. Y paran sus caballos de los nuevos canales de tv móvil apadrinados por Fernández de la Vega, ahora que el mercado español les invita al horizonte de la calma. La evolución de la capacidad de datos de sus redes convencionales ha aumentado las posibilidades de seguir ofreciendo los actuales servicios en streaming, sobre los que tienen un control absoluto y para los que no deben construir ninguna red nueva adicional. La mayoría de los dispositivos móviles del mercado ya posee una gran calidad de imagen y rapidez en el acceso a los programas. A pesar del riesgo de saturación puntual en zonas de mucha densidad de población, las costuras de las redes convencionales son suficientes en un mercado en el que sólo un 6% de los clientes españoles de telefonía móvil están abonados a la tv -la misma cifra que hace dos años- y sólo tres de cada diez usuarios que no utilizan dicho servicio están interesados en hacerlo.

EL DESENCUENTRO SUMA Y SIGUE

La vicepresidenta -encargada de sacar adelante los detalles del proyecto de Ley General Audiovisual hasta su paso por el Consejo de Ministros- se ha atrincherado, hasta el último minuto, de espaldas al sector de las telecomunicaciones y las grandes operadoras, pero no menos que a la Sepi, el ministerio de Economía y a Miguel Sebastián, muy poco contentos con el puzzle fiscal que habrá que armar en otoño y la erosión en un sector que ha visto mermados sus ingresos por la crisis –sólo ha crecido un 0,5% este trimestre- y que puede repercutir en la rebaja de la política de inversiones. Fernández De la Vega dio marcha atrás a la vista del regulador y de la guerra con las telecos. Renunció -tras el tirón de orejas de la CMT- a pasar la ‘gorra’ por adelantado a las operadoras y al plan original, que era que cada mes de julio las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación de RTVE. Tampoco, para los que caigan en la tentación del impago, aplicará -en manos del regulador- la suspensión de la actividad como operador del incumplidor que había contemplado en los primeros borradores de la Ley. Nada de suspensión de las licencias ni cortes administrativos. Pero, a la vista de la rebelión judicial de las operadoras agrupadas en Redtel y la insumisión fiscal a la que pueden unirse las televisiones privadas,

Las grandes telecos aguardan la consumación de la LGA, pero con el nuevo ‘ajedrez’ de la financiación de RTVE sopesan ya reeditar los pasos que han seguido en su batalla legal con la tasa municipal del 1,5% por el espectro radioeléctrico: les ha permitido, en tanto llegaban las sentencias judiciales –ahora favorables a las operadoras- no pagar durante tres años, sólo consignar esos ingresos en los juzgados a través de avales bancarios. Lo recuerda ya Redtel: la tasa del 0,9% no es finalista, tal y como exige la ley, y concretamente el paquete de telecomunicaciones aprobado por la Unión Europea en 2003: no está asociada a los servicios que prestan. Además, las compañías españolas plantearán la tasa como una ayuda de Estado ilegal a RTVE, ya que las tasas se pagan al Estado, pero no a empresas, aunque sean públicas. La Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (Asimelec) calcula que, con la Ley sobre la financiación de RTVE, las compañías de telecomunicaciones financiarían un 62% del ente público, aunque Redtel recuerda que todos los ingresos audiovisuales de los operadores de telecomunicaciones no llegan a los 500 millones de euros. Por eso las grandes empresas de telecomunicaciones ya velan las armas del 0,9% de su facturación bajo el paraguas de Aetic, Redtel y Astel. Cuando llegue, el nuevo ajedrez de la financiación de la RTVE, lo hará con las denuncias, el riesgo de aumentar el descenso de la inversión y todas las lanzas en ristre del sector. Las operadoras de telecomunicaciones preparan su artillería legal, recurrirán ante el Tribunal Constitucional e incluso acudirán a Bruselas, si es necesario. Sus homónimos en Francia -donde entró en vigor el pasado 6 de mayo la tasa  a las operadoras para financiar la televisión pública- les han abierto ya el camino: la oposición socialista planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, que fue rechazado en el Parlamento, ha comenzado ya con la patronal a impugnar las medidas ante los tribunales y despeja la vía hacia Bruselas con un doble ariete argumental: tributario y de competencia.

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