edición: 2682 , Viernes, 22 marzo 2019
09/09/2010
A Sebastián se le agota la ‘vía Merkel’ y el atajo con el PP

Moncloa y Ferraz se enrocan en el limbo nuclear e intentan imponerle a Industria el ‘ni-ni’ atómico otra vez

La consigna de Moncloa es dejar correr hasta 2015 el debate sobre las centrales y la decisión del ATC hasta las elecciones de Cataluña
Zapatero desmonta a Sebastián: quiere que la decisión de la vida útil quede en manos de la Subcomisión
Javier Aldecoa

Ha mirado a Berlín, al estirón en 12 años de la vida útil del parque nuclear alemán, pero también a la ‘compensación’ de más de 18.000 millones de euros que Merkel les cobrará en la próxima década a las propietarias de las centrales, en parte para impulsar la transición renovable, en parte en concepto de combustible y prórroga de los reactores atómicos. Lo suficiente como para que el equipo de Sebastián hiciera saber que el Ministerio no descartaba “importar”, al menos parcialmente, el modelo germano, si el Pacto de Estado, o la Subcomisión de Industria le despejaban esas vías. Lo justo, también, como para despertar, de nuevo, todos los recelos de Moncloa y de Ferraz. El Congreso se ha encargado de rechazar la salida del 'pool' y nuevas tasas nucleares; la Subcomisión de Industria, de retrasar el debate sobre la prórroga  a los ocho reactores al menos hasta 2015; el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013 e Industria empieza a estirar las condiciones del Reindus para compensar su cierre. El viaje energético a ninguna parte con Génova la consuma como cómplice del entierro de Garoña.

Buscaba tiempo, aún a costa de chocar en público las lanzas energéticas con Moncloa; Sebastián intentó ‘desperezar’ el cerrojazo de Garoña en 2013, aunque fuera a costa de ponerla como primer plato del Pacto de Estado con el PP, o de conseguir colocar el ATC en Castilla. Al fin y al cabo, era la primera de las condiciones de Cristóbal Montoro para sentarse a negociar un mapa común del mix energético. Industria buscó horadar la cerrazón  del Congreso de los Diputados y, al menos, despertar el debate sobre la vida útil del parque nuclear español más allá de los cuarenta años. En Castellana 160 estaban abiertos incluso a sacar a la palestra algún modelo de tasas o algún retoque a los winfall profits. Industria trataba ahora de destapar de nuevo el silencio nuclear y el ‘laissez faire’ atómico con los arietes del antecedente alemán, del retorno a las sesiones de la Subcomisión de Industria del Congreso, el informe de Nombra sobre el mix energético y el debate parlamentario sobre las tasas a la hidráulica y la nuclear en España a raíz de la propuesta de IVC (rechazada por la mayoría) para sacar del pool a ambas tecnologías. Pero el zigurat de condiciones, cesiones y compensaciones no acaba de sostenerse. Ahora, nada de nada: el ATC no tiene aún ni fecha ni apellidos, el ‘Plan Ascó’ de Moncloa lo obliga a seguir esperando al menos hasta después de las elecciones catalanas de noviembre y a encajar las iras y los nervios de Barreda y de Fernández Vara, que juran que Industria les prometió no ubicar ni en Castilla la Mancha, ni en Extremadura el almacén temporal centralizado de residuos.

Zapatero le da otra vuelta de tuerca al ‘mejor no meneallo’ con el que ha pretendido desde hace más de un año enterrar en silencio el futuro de Garoña después de julio de 2013 y garantizar la inercia para el conjunto atómico español hasta que en 2020 venza la siguiente licencia a 40 años, la cacereña de Almaraz. Si el ministro Miguel Sebastián buscó en julio como ariete el supuesto Pacto de Estado con el PP para intentar cuestionar la cerrazón nuclear de Zapatero -aún a costa de retrasar hasta otoño la adjudicación del Almacén de residuos, ATC- y resucitar las opciones para la central burgalesa, ahora Ferraz y Génova se acercan a la consumación día a día, del ‘garoñazo’. En silencio, los unos por acción; los otros, por omisión. No serán Rodríguez Zapatero ni Elena Salgado los que lo eviten. Todo lo contrario: ante las últimas rebeliones verbales de Sebastián -“Garoña aún no está cerrada”, la vicepresidenta le ha puesto coto: si había alguna tentación de contagiarse del plan alemán de gravar las nucleares a cambio de alargar su vida, "no estamos en ese momento".

CORTOCIRCUITO AL ‘CONTAGIO’ ALEMÁN

Y si Miguel Sebastián albergaba alguna esperanza de reeditar a domicilio el binomio alemán, no ha hecho más que aglutinar el repudio de la mayoría de los grupos y del sector eléctrico a la posibilidad de nuevas tasas. Para el Ministerio, era una de sus opciones para hacer de la necesidad virtud y estirar las costuras atómicas, las urgencias del suministro, superar el lastre de las emisiones de CO2 y, de paso, neutralizar el enfado renovable y el peso del déficit de tarifa. Más ahora que un informe del banco Nombra -que  advierte que las subidas en la tarifa regulada de la luz son “inevitables”, al menos del 15% en 2011- y propone, junto al recorte de las subvenciones a las renovables; crear tasas a las nucleares que según sus cálculos podrían se elevarse a 635 millones de euros anuales. Pero el Congreso de los Diputados despachó con nueve votos a favor y 324 en contra -y con el aviso de Cuevas y Montoro del “radicalismo” de la propuesta- la moción de ICV que buscaba reducir los beneficios de las nucleares y sacarlas del pool y modificar el funcionamiento del mercado eléctrico, y la patronal eléctrica, UNESA -que sostiene que las centrales nunca se terminan de amortizar y que no existen beneficios extraordinarios- rechaza trasplantar esa carga en España, donde las centrales nucleares ya están gravadas, una nueva tasa que les supondría pagar más de 600 millones al año. La industria nuclear ha recibido ya la licencia, ha realizado las inversiones de seguridad a las que ha sido obligada y quiere garantías, no nuevas amenazas.

Moncloa ha aprovechado la reforma nuclear alemana que acaba de destapar Angela Merkel para recordarle al ministro y a los ‘rebeldes’ de la cerrazón atómica española que “Garoña es cosa ya del pasado” y que, el ‘melón’ del debate de la ampliación de la vida útil de las centrales más allá de los cuarenta años no se abrirá ahora en España, no si el Ejecutivo puede impedirlo. Lo hacía el presidente del Gobierno en silencio, bajo la mesa de la Cámara baja.  En palabras esta misma semana del portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso, Hugo Morán -uno de las pocas voces socialistas que se han atrevido a dejarse escuchar tras el antecedente germano- “la vida útil de las centrales nucleares alemanas se ha equiparado a la de Garoña después de que el Gobierno de Merkel haya decidido que van a seguir activas 12 años más”. Alemania tiene leyes "más restrictivas y duras" en garantías ambientales, "cuestión que el Gobierno español  -advierte Morán- pretende incorporar".

Poco importa en Ferraz la evidencia de que con el nuevo calendario de cierre impulsado por la presidenta germana, ahora que ni los 32 años de vida de los reactores ni el año 2021 (que en 2001, la coalición de socialdemócratas y verdes había decretado) le sirven a Berlín de líneas rojas para el apagón atómico. Sus 17 centrales en funcionamiento -que, por cierto, producen ya el 27% e la energía alemana- estirarán su horizonte una media de 12 años. Así, la planta de Phillipsburg, inagurada en 1980, podría funcionar 46 años.  Poco le importa también a Ferraz y Moncloa que Nuclenor le saque los colores ante Obama y el Instituto Nuclear de EE UU por el cierre de la que la OIEA considera una de las cinco centrales más eficientes y seguras, tras más de 2.500 actuaciones sobre su diseño original y los 150 millones de euros invertidos durante los últimos años. En Suiza, las plantas atómicas pueden producir energía durante un periodo de tiempo indefinido. Un motivo más para que Iberdrola, Endesa y la Junta de Castilla y León no renuncien aún a desandar los pasos que el Real Decreto del Consejo de Ministros les imponía al ministro y al CSN.

El Consejo de Ministros dio a luz en diciembre un anteproyecto de reforma de la Ley de Energía Nuclear de 1964, que establece en 40 años la vida «ordinaria» de las centrales y prevé alargar su vida sólo de forma «extraordinaria», por razones de seguridad de suministro. Desde entonces, Moncloa no ha querido ni tocar la idea de Bruselas de algún impuesto, ni el antecedente de tasas a las centrales avanzado por Berlín -aunque en su momento JPMorgan llegó a calcular el coste de una posible tasa por generación nuclear que advertía que estaba entre las opciones del Pacto de Estado-; no se ha definido un modelo de residuos europeos, (ni España se ha manifestado sobre él), ni menos aún objetivos mínimos comunes atómicos para los Veintisiete como esperaba el Comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger. El Gobierno sólo gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que no hace más que consumar el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), como trata de demostrar con el antecedente del ‘caso’ Garoña.

NI EN EL MIX ENERGÉTICO, NI EN EL PACTO DE ENERGÍA

Varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y algún que otro de los barones del PSOE abogaban aún en agosto por discutir el cierre de la central propiedad de Nuclenor, sobre todo si el ATC acababa recalando en Castilla y León, o -para otros- a cambio de que no lo haga. La prórroga de Garoña era la primera de las condiciones que el responsable de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, le marcó a Industria en junio. Pero, ahora que el PP busca a duras penas despertar del ‘coma’ algunos de los signos vitales del Pacto, Garoña se ha caído del menú de sus 'líneas rojas'. Ni Sebastián ni Montoro han encontrado aún el tiempo ni la fórmula para escenificar la defunción del pacto; tampoco, el lugar para volver a retomar ni siquiera sus encuentros para avanzar en él en las primeras jornadas de septiembre.
Aunque  el Ministerio de Industria le envió algunos documentos y el PP dio luz verde, por ejemplo, a las primas que el Gobierno estudia para las distintas renovables (eólica, termosolar y fotovoltaica) para los próximos años, pero no han mantenido ni una sola reunión de primer nivel durante agosto y dejan entrever que, en el mejor de los casos, quedará fuera del acuerdo es el mix energético, ya que la comisión de Industria del Congreso quiere hacer ver que la citada composición será consensuada por todos los grupos políticos. Desde Génova rebajan ya las aspiraciones de su ‘menú atómico’ para Moncloa. El Partido Popular -a través, por cierto, sólo del  portavoz de Medio Ambiente del partido en el Congreso de los Diputados, Carlos Floriano- se ha limitado a pedir al Gobierno que defina su modelo energético tras la decisión de Alemania de prorrogar sus centrales nucleares. Nada de abogar por ampliación del parque de reactores: Floriano advierte, no sólo a Ferraz, sino a Génova, que “la energía nuclear no favorece el cambio climático ni la pérdida de biodiversidad”. 

Como avanzaba en su momento Cinco Días, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado incluso para emitir un nuevo informe y reevaluar las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el ministro, después de más de dos meses en los que sostenía que todo era negociable con Génova, ya sólo repite un mantra: “mirar hacia adelante”, un propósito en el que ya no tiene ojos para Garoña. Las eléctricas españolas están en armas ante el ‘cerrojazo’ de Moncloa. Armas judiciales, políticas y diplomáticas y volverán a enarbolarlas en otoño si el supuesto pacto no mueve ni un ladrillo de los muros antinucleares de Presidencia. Una docena de pleitos aguardan a los mapas antinucleares de Rodríguez Zapatero. No sólo el recurso presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña sólo cuatro años, en lugar de los diez que recomendó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ni la denuncia de los accionistas minoritarios de empresas cotizadas ante el Supremo y el recurso de la Junta de Castilla y León contra el cierre de la central los que despiertan los fantasmas de Garoña a Zapatero. Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya le ha advertido que si impone nuevos gravámenes a la energía nuclear, su compañía la recurriría ante los tribunales. Hasta 2013 no comenzaría el proceso y, como recuerda Sánchez Galán, se tardarían cuatro o cinco años en “enfriar” su reactor. Aún había tiempo.

Pero en Castellana 160 empiezan a descontar que pueden ser ciertos los cálculos de Ecologistas en Acción: Garoña cerrará antes de que se resuelvan los recursos judiciales presentados contra la decisión del Gobierno central de fijar, en julio de 2013, la fecha para su clausura. Las sentencias no se esperan hasta e segundo semestre de 2012 y quedará abierta la posibilidad de nuevos recursos, con el cronómetro en marcha para un cierre decretado por el Ejecutivo para el 1 de julio de 2013. De hecho, el Paner 2011-2020 que el Ministerio de Industria remitió a Bruselas hace un mes -debía haberlo hecho en realidad antes del 1 de julio- ha optado por el 'laissez faire' nuclear para el mix energético español hasta 2025. Es verdad que prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. Y es que el Paner y el documento propuesto por el Ministerio a los grupos del Congreso prevé que la nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW, dando por descontada la aportación de la central de Garoña. Se contempla que los siete reactores nucleares que habría funcionando tras el cierre de Garoña sigan aún en 2020 con el mismo nivel de producción (en 2009 fue de 52.890 millones de kWh). De las ocho centrales españolas, Santa María de Garoña, de 466 megavatios (MW), es la única que en 2011 cumplirá cuarenta años. Del resto, Almaraz I alcanzará los cuarenta años en 2021, mientras que Ascó I y Almaraz II lo harán en 2023, Confrentes en 2024, Ascó II en 2025, Vandellós II en 2027 y Trillo en 2028.

Nada que la Subcomisión de Industria del Congreso de los Diputados, que negocia entre todas las fuerzas políticas un modelo energético a 25 años, haya cambiado ni tenga intención de hacer. Ahora que retoman las sesiones, sus grupos vuelven a dejar claro que - tras un año de funcionamiento, en el que ha recibido a más de 60 comparecientes-  una de las nueve intersecciones de unanimidad que han podido acordar hasta ahora (del total de veintitrés conclusiones que debatieron) es la decisión de aplazar al menos hasta 2015 el debate sobre la prolongación de la vida de las nucleares. En sus sesiones hasta el 29 de julio se escucharon durante julio los sables socialistas. El presidente Antonio Cuevas, ya había perdido la sintonía con Moncloa desde los primeros tiempos del 'affaire Garoña', hace más de un año: no era partidario del cierre de la central burgalesa, ni la exclusión progresiva de la nuclear del mix energético español.

De hecho, desde la Subcomisión aspiraban a resucitar una tercera vía nuclear para reducir una tasa de emisiones de CO2 que creció un 40% en los últimos veinte años y un puñado de diputados socialistas había levantado desde entonces la bandera atómica, aunque a título personal. Pero a la Subcomisión, en el cierre de sesiones antes de septiembre, los esfuerzos para derribar el inmovilismo atómico de Moncloa le duraron en pie menos de 48 horas en la mesa de las propuestas oficiales. Es justo el tiempo que tardó Cuevas, tras las advertencias del Ministerio, en desmentir que la prórroga de la vida útil de los reactores españoles hasta los sesenta años estuviera en su borrador de propuesta. ‘Excusatio non petita’, ya en la última sesión antes de vacaciones, el presidente de la Subcomisión de Industria del Congreso, Antonio Cuevas, advertía que el borrador del mix consensuado por los grupos parlamentarios no había cambiado por presiones de Moncloa. En uno de los documentos que este organismo manejaba se recogía la necesidad de que en el 2035 sigan operativas las centrales nucleares actualmente existentes, lo que implicaría alargar su vida más allá de los cuarenta años.

Pero ni en Génova, ni en Ferraz se han ‘contagiado’ de los avances de la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de diseñar la estrategia energética para los próximos 15 a 25 años. De hecho, en el documento definitivo hasta ahora, que pasará a debate en septiembre, ha decidido aplazar la decisión sobre las prórrogas a la vida útil de las centrales nucleares hasta 2015 (no será hasta 2020 cuando cumplan 40 años los reactores ya instalados) y apostar por que todo el sector energético y no sólo el eléctrico pague el coste de las renovables. Un pacto que pasa por dar prioridad a la instalación de las tecnologías renovables más desarrolladas y que necesitan menos primas, como la eólica terrestre y, en cuanto al déficit de tarifa, además de mantener los compromisos de alcanzar la suficiencia tarifaria antes de 2013, apuestan por seguir el plan original del Gobierno para su colocación en el mercado desde septiembre.

Se conforman con exigir que se “potencie y desarrolle el conocimiento y las capacidades tecnológicas y operativas derivadas de estas tecnologías” y que “más adelante, a mediados de esta década, en el marco parlamentario se adopten las medias oportunas para definir el horizonte de las centrales nucleares y la definición de una política nuclear a largo plazo”.  Más aún, Industria busca insuflar más oxígeno al Plan Garoña, que los silencios de Montoro, las presiones de Moncloa y el tijeretazo de José Blanco han terminado por dejar en tierra de nadie. Además de las supresiones de la A-11 variante de Aranda, la circunvalación de Burgos y dos tramos de la A-73, hay que añadir la decisión del Gobierno de no actuar en la carretera N-I y devolver al limbo los 650 millones de inversión en el desdoblamiento de esa carretera que prometían nutrir más del 80 del Plan Garoña. Lo sabe el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Óscar López, secretario general del PSOE en Castilla y León, no descarta que el Ministerio Fomento rescate la variante Aranda en 2010 e Industria ha ampliado seis meses -hasta junio de 2011- el plazo para culminar los proyectos del Reindus del Plan Garoña. 

ZAPATERO, UN POCO MÁS SOLO Y EN FUERA DE JUEGO

La industria nuclear le sacude los muros a Zapatero con el eco de lo que la canciller alemana no ha dudado en bautizar como su “revolución nuclear” “para garantizar el suministro eléctrico y reducir las emisiones de CO2”. Las arcas germanas recibirán 3.000 millones de euros en seis años, un total de 18.000 millones de euros, que deberán pagar las eléctricas por un impuesto general sobre el combustible nuclear y una tasa específica de “transición verde” dedicada “a la mayor y más rápida penetración de renovables en el mix” y a las infraestructuras que den apoyo a su gestión. Moncloa, en palabras de la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez, se queda sola en su trinchera, ahora que hasta los más reacios entre los Veintisiete (Suecia, Bélgica y Alemania) han dado marcha atrás en su ultimátum atómico: Y en fuera de juego, las tesis de Zapatero y los cálculos de Industria. No sólo porque España necesitará más fuentes de generación si recorta los objetivos de potencia y producción de las renovables (y el Paner en su última versión lo hace ya en 4.700 Mw, un 7% menos sobre el modelo de Zurbano que publicitó en marzo), sino porque, junto con los ciclos combinados, serán las energías de respaldo para su impulso renovable. Una energía limpia, barata, que reduce la dependencia (en España aún del 79%, muy por encima de la media de los vecinos del 50%). Francia cuenta con 58 reactores nucleares, Reino unido tiene 19, Alemania, 17 y España, sólo 8.

Según Nuclenor, la nuclear cuesta 35 euros/megavatio, frente a los 60 euros de las centrales de ciclo combinado, los 80 de la eólica y los 400 euros de las fotovoltaicas. El otro problema es la intermitencia. Las energías alternativas necesitan todavía de mucha investigación para poder acumular la electricidad producida e incrementar su rendimiento. Su función podría ser perfectamente complementaria. Y el cierre -en palabras de Galán- es un “lujo” con el momento de dificultades económicas que atraviesa España y el coste de su factura energética. Según los cálculos del Foro Nuclear y Nuclenor, la prórroga de la central evitaría la importación de 2.000 millones de barriles de petróleo y la emisión anual de 40 millones de toneladas de CO2.

El sector calcula que para cumplir el 30% de la generación que defiende la UE España necesitaría 3 nuevos reactores desde 2020, pero los espanta la inseguridad regulatoria. La patronal y las empresas le exigen al menos garantías de vida útil hasta los sesenta años, repensar el coste de generación y la sostenibilidad del modelo e impulsar una energía diez veces más barata que la solar. Le han vuelto a poner cifras sobre la mesa el presidente de Endesa y el presidente de Iberdrola: cerrar nucleares antes de los 60 años costará hasta 5.000 millones anuales, le recordaba Borja Prado. Si España prescinde de la energía nuclear, la factura eléctrica deberá elevarse en unos 35.000 millones, apunta Sánchez Galán. Ya desde 2009 el CSN recordaba que “mantener el funcionamiento de las centrales más allá del periodo inicialmente previsto en su diseño es compatible con la legislación española en vigor”: la moratoria legal terminó en 1997 con la ley del sector eléctrico, aunque Moncloa haya consumado la otra moratoria, la de la confianza de los promotores eléctricos. El cierre de Garoña es más chocante ahora, que el propio Gobierno, en su plan anticrisis, plantea mantener el resto de centrales nucleares existentes dentro del mix energético hasta 2020 y que ha renovado la licencia de Almaraz hasta los 30 años y que ha prorrogado por otros diez años la autorización a Endesa e Iberdrola para la explotación de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), tras el visto bueno emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear.

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