edición: 2616 , Viernes, 14 diciembre 2018
10/11/2009

Moncloa ya no sabe cómo cerrar el ‘affaire Garoña’

Tras el repudio de la mayoría de los ayuntamientos y el olvido de las empresas, ahora le encarga a Chaves capitanear un plan definitivo para la región burgalesa, sin más presupuestos ni detalles
La AMAC y los municipios lo dejan sin carreras por el almacén nuclear, al menos hasta que llegue la licitación oficial
Apura la fiscalidad nuclear: le quiere cobrar a Nuclenor la ‘irreversibilidad’ de Garoña, las grietas de Enresa y el escarmiento de Zorita
Javier Aldecoa

Quería rapidez, prometió cocinar en persona la reforma de la legislación nuclear. Iba a ser en septiembre, pero ni la mano ‘ejecutora’ de Miguel Sebastián ni los calendarios acompañaron su partitura. Ahora Zapatero entona el mejor ‘no meneallo’ con todo lo que lleva el apellido atómico, pero quiere que el humo de la central burgalesa y todos sus flecos queden bien enterrados y lo quiere ya.  No son sólo el recurso presentado por Nuclenor ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar la vida de la central sólo cuatro años, en lugar de los diez que recomendó el CSN, ni la denuncia de los minoritarios ante el Supremo y el recurso de la Junta de Castilla y León los que despiertan los fantasmas energéticos en Moncloa. El fantasma de Zorita le pisa los talones a Garoña y al presidente le persiguen todos sus ‘olvidos nucleares’. Quiso destapar sin licitación la carrera por el Almacén Centralizado de Residuos, pero ni los municipios ni la AMAC obedecen la partitura de sus expectativas mientras no estén las cartas oficiales sobre la mesa. Moncloa pretendió enseñarles a los alcaldes burgaleses el boceto de un Plan -de 25 millones de euros arañado a Industria sin bitácora, sin detalles y sin depositarios, pero sus ‘embajadores’ dieron con el repudio a domicilio. Tanto que esta vez le ha encargado a Chaves que capitanee, desde hoy, el batismo de un nuevo y “definitivo” Plan Garoña.

La única ‘llave’ para asegurar que las facturas caen del lado de las empresas nucleares la enseña ya Elena Salgado a golpe de fiscalidad nuclear. Confía en que, una vez que las nuevas tasas estrechen sobre las empresas toda la carga de los residuos y el desmantelamiento, no den marcha atrás al cierre. Moncloa no enseña aún los detalles de las ayudas a Garoña: no renuncia a que albergue el futuro Almacén Centralizado de Residuos y no soltará las facturas del plan industrial hasta no tenerlo claro.

Garoña le amargó las elecciones europeas a Moncloa y promete repetir con la Ley de Economía Sostenible. Cada píldora de espera le amarga el camino a la presidencia de la UE y sacude las esperanzas del sector nuclear: el FSN calcula que hacen falta al menos tres centrales más y la AIE, la OCDE y el CME comienzan a vincular el cambio climático a la producción atómica. 

Trató de extender el paraguas de la calma, pero de lejos, sólo con el Director General de Industria, a la vista de los recelos de Miguel Sebastián. El  ‘aperitivo’ del pre-plan bocetado en octubre por Jesús Candil,  no sirvió para calmar a los socialistas burgaleses y al resto de los alcaldes de la región. Todo lo contrario. El ‘caramelo’ de 25 millones de créditos para nuevas iniciativas empresariales ya estaba en los Presupuestos Generales pero los de Industria, nada nuevo: es sólo el preludio de un Plan de Desarrollo del Entorno de la Central, que los socialistas burgaleses le han exigido al Gobierno antes de fin de año. Por eso, Manuel Chaves trata de poner de largo desde hoy -con dos meses de retraso- un nuevo mapa de Moncloa tras el cierre del reactor nuclear. Reedita un nuevo plan con números diferentes y las riendas del “Consejo para la Dinamización Económica y del Empleo en la zona de influencia de la central de Garoña” en manos de Manuel Chaves. Cambia la bitácora de sus planes burgaleses.

Si en octubre envió a un Director General a la región, ahora se trae a Madrid a los alcaldes, las autoridades regionales, la Junta, los sindicatos, patronal y empresas que le dieron la espalda a domicilio. Y lo hace bajo los galones de Chaves y la (teórica) implicación de los ministerios de Economía y Hacienda, Fomento, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Medio Ambiente y el de Ciencia e Innovación en el nuevo organismo. Implica a Miranda, uno de los pocos municipios que se ha ‘subido’ a las ruedas de sus planes y al primer edil del Valle de Tobalina, serán  dos de los vocales de  este nuevo organismo que dependerá de la Vicepresidencia tercera del Gobierno. Poco más que -de nuevo- las líneas maestras del Plan Garoña es lo que verán sus ojos en Madrid. Ni rastro del Parador, nada aún de un plan original que según el ministro Corbacho estaba llamado a tener cinco ejes de actuación -reindustrialización, infraestructuras, turismo; un plan social de formación y la compensación económica para los ayuntamientos- bajo la coordinación de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Menos aún de aquel resultado “consensuado con todas las administraciones y agentes sociales y económicos” que prometía la vicepresidenta De la Vega en junio.

HUÉRFANOS DEL 'PLAN GAROÑA'

De nuevo, los alcaldes y los empresarios de la zona tendrán que esperar otras dos semanas para comenzar la implicación -si llega- de los municipios, la concreción de las aportaciones y las apuestas de las empresas, que hasta ahora han pasado mayoritariamente de largo de la curiosidad del ‘día después’ de Garoña. Fue el  mismo director de Industria del Ministerio, Jesús Candil, el que admitió en su visita a Burgos que el Gobierno «aún está trabajando» en el Plan Garoña (el conjunto de proyectos y programas con los que el Ejecutivo central pretende compensar la pérdida de empleo por el cierre de la central nuclear). Pero no es el edil del Valle de Tobalina el único que respira por el repudio de unas ayudas que han ampliado el perímetro a las merindades y Bureba-Ebro, que, si llegan, tienen todas las papeletas para recaer en zonas a más de 40 kilómetros de la central y que, además, corren el riesgo de quedar neutralizadas por un blindaje fiscal del País Vasco que hasta el secretario general del PSOE de Burgos, José María Jiménez, tilda de “inconstitucional”. Un plan similar, en el mejor de los casos al que ya ha ‘pinchado’ antes en algunas localidades del norte del país dentro del plan Reindus y que nacerá con los relojes a contrapié: las empresas tendrán que apostar por él antes del 3 de diciembre si quieren que las promesas de Candil se cumplan y en marzo o abril puedan disponer de las ayudas en sus cuentas corrientes.

Por eso Moncloa se acuerda ahora de la letra pequeña prometida por la vicepresidenta De la Vega en junio, todo con tal de que no se cumplan los vaticinios del consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, y cuando cierre Garoña no haya “ni una” empresa alternativa en funcionamiento en la zona: quieren las ayudas directas a fondo perdido de la UE para nuevas actividades económicas para financiar la mayoría de esos 100 millones. Ni la ‘hermandad’ socialista ha podido impedir hasta ahora el desencuentro con los alcaldes la zona, con los de Montejo de San Miguel y la alcaldesa de Barcina del Barco en cabeza. A los paisanos de Zapatero, que ya pelearon el cierre de Garoña, el Plan de Ayudas al Carbón y la negociación con las eléctricas les llueve sobre mojado en las  heridas de su desencuentro energético con Moncloa. Industria les trata de subir a la fuerza a su Movele con subvenciones para vehículos híbridos en el entorno de Garoña. Y apunta a la Junta de Castilla y León con la mano tendida a nuevas ayudas. Trata de reeditar la alanza que le funcionó con Renault, pero la secuencia nuclear se le atasca en Burgos.

SIN CARRERAS PARA EL ALMACÉN NUCLEAR

Moncloa apura los relojes: el cierre de Garoña, en 2013 y la próxima saturación de la piscina de combustible de Ascó obligan a dar una salida a los residuos. Saben que si se opta por almacenes individuales como los de Zorita y Trillo, cerrará las puertas del almacén temporal de residuos nucleares centralizado. Además, en 2011 deben volver los 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y 665 de media actividad de Vandellòs I enviados a Francia en 1989. Por eso el Gobierno ha tratado de abrir las ‘carreras’ por el (ATC), de espaldas al guión de Industria, tanteando las intenciones de los municipios antes de abrir formalmente el concurso público de la mano de Enresa. Nada que cuente con el beneplácito de Miguel Sebastián, después de dos años de espera a que el Gobierno cumpliera las recomendaciones técnicas del ministerio. Al parecer, tampoco cuenta con la firma de sus supuestos ‘beneficiarios’: Ascó, Vandellòs y Tivissa en Tarragona, Yebra (Guadalajara) y Merindad de Cuesta-Urria (Burgos), todos ellos próximos a nucleares.

Aunque Moncloa aboga por un decreto de concurso -que debería haber llegado ya en noviembre- abierto a cualquier municipio del país que no esté en un lugar sísmico, que quede protegido, inundable y a ser posible con tren, el comité técnico que debe evaluar las candidaturas considera más “sensato” ubicar el almacén en alguna zona que tenga experiencia nuclear, es decir, en alguna localidad de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares), que lleva años trabajando en las zonas que están dispuestas a aceptar el almacén para explicar qué supone y qué ventajas tendría. Para la Asociación, sólo "si se cumplen ciertas condiciones y el proceso es democrático y participativo, presentarán candidatos", no se decidirán hasta que el Gobierno abra la elección del emplazamiento. Y siguen su prudencia los que, según Moncloa podían estar llamados a la nueva mesa del ATC.

En Yebra, el primer edil del PP amasa la calma de las informaciones que dan por hecho que ya ha mantenido contactos con el gobierno centra y que cuenta con tanto apoyo entre sus vecinos que hasta invitado incluso a la federación de mujeres del pueblo a Holanda a ver el almacén nuclear que Enresa utiliza como referencia, en Habog. No se pronuncia, no puede hacerlo mientras no haya un proceso formal. Y sus tentaciones no gustan en el Palacio de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: José María Barreda no está por la labor de ubicar el ATC en Guadalajara, según el presidente su comunidad “ya ha cumplido” con dos centrales y sus respectivos almacenes individuales. El PSOE por Guadalajara se aferra a la promesa de Zapatero de no ubicar los residuos donde exista rechazo, promete “poner piedras en el camino” del ATC y ha llegado a pedir que la presidenta del PP en la región, María Dolores de Cospedal, y el presidente provincial, Antonio Román, "desautoricen de una vez por todas" al alcalde de Yebra y emprendan medidas contra él "si consuma su interés por presentar la candidatura para que este municipio albergue el Almacén Temporal Centralizado".

Y aunque Moncloa mira a Cataluña por ser la CCAA que más nucleares concentra, el delegado del Govern en Cataluña apoya para la zona un ATC, pero sólo "con residuos de las centrales catalanas". E ICV, socio del PSC en la Generalitat, ha hecho saber que la instalación del cementerio sería motivo de fractura en el Gobierno. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant ha aprobado ya de forma unánime una moción de rechazo a la instalación de un almacén de residuos nucleares en el municipio, que no hace más que reafirmar el del pleno del 28 de abril de 2006. No está sola en sus recelos: desde 2006, unos 55 municipios del Camp de Tarragona y de las Tierras del Ebro se han manifestado en contra de la ubicación del ATC, incluyendo cinco que, como Vandellòs, son miembros de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares: Flix, La Fatarella, Corbera d'Ebro, Mora d'Ebre y El Molar.

Todos los ojos de Zapatero y los técnicos de Industria apuntan de nuevo a las Merindades, sólo el ayuntamiento burgalés de la Merindad de Cuesta Urria es el único que no ha rechazado de entrada el almacén nuclear, pero aunque la Junta de Castilla y León apostó por la continuidad de la central y pidió nuevos reactores y el alcalde también del PP cuenta con amplia mayoría en el consistorio, Alfredo Beltrán, promete ponerle sus apellidos al ATC sólo si cuenta con el apoyo de los vecinos y los 13 municipios de su entorno. Algo que hoy por hoy, no parece estar tan a su mano. Para empezar, José Antonio López Marañón, presidente del PP de Merindades y alcalde de Medina de Pomar, ya le ha recordado que “su oposición a la instalación de un ATC será firme y que utilizará todos los medios para que “no llegue a ser ni tan siquiera un proyecto o una opción”. Una posición similar a la negativa del alcalde del Valle de Tobalina. Además, Merindad está a pocos kilómetros del País Vasco. El PNV -sostén de Zapatero en el Congreso- se opondría. La sombra de ETA, que ya obligó a parar la construcción de la nuclear de Lemóniz en los ochenta, no ayuda. Además, sean los que sean, antes de presentarse como un candidato de la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares a albergar el ATC, Alfredo Beltrán aclara que el Gobierno deberá modificar la orden ministerial del reparto de los fondos de Enresa y dar respuesta a todas las peticiones relativas a los planes de emergencia.

SIN ALIADOS NI CALENDARIOS

A Zapatero Le bailan las secuencias de su bitácora: el Almacén Centralizado de Residuos (ATC) era un requisito para desmantelar Garoña; el plan para la industria burgalesa era una condición para el cierre de la central nuclear y la nueva regulación atómica iba a ser el eje transversal que arropara todo el proceso. Hoy, no hay todavía nada de nada. En Moncloa se cocina todo el nuevo ‘menú’ nuclear al mismo tiempo a dos fogones, los del Secretario de Estado Marín y los de la vicepresidenta Salgado: intentan que las ayudas a Garoña estén vinculadas al futuro del almacén de residuos nucleares. Y que la nueva fiscalidad neutralice las denuncias de Nuclenor, los accionistas minoritarios y las promesas de reversibilidad del cierre por parte del PP. Para empezar, aunque el propio ministro Sebastián reconocía en su momento que la decisión del cierre era “de todo el Gobierno”, tras el parapeto de la fórmula de la orden ministerial para el cierre -en lugar de un Real Decreto del Consejo de Ministros- Moncloa intenta asegurarse la negativa a una indemnización por lucro cesante que podría llegar hasta 1.000 millones de euros hasta 20121.

Por si las dudas, Moncloa carga las tintas de su fiscalidad nuclear. Aviso para navegantes con la vista puesta en Garoña. El Gobierno ha decidido incluir -para empezar en la Ley de las Socimi- una batería de tasas a las centrales nucleares para financiar los costes de gestión de los residuos y de desmantelamiento de las centrales. Llueve sobre mojado en el empeño del Gobierno de fomentar un proceso “gradual” tendente a sustituir la financiación de los costes con cargo a la tarifa eléctrica, por la percepción de tasas que en su mayor parte, recaen sobre las propias centrales. Financiarán las asignaciones destinadas a los municipios afectados por centrales o instalaciones de almacenamiento de combustible gastado o residuos radiactivos y tendrán que satisfacer los importes correspondientes a los tributos que se devenguen en relación con las actividades de almacenamiento de residuos radiactivos y combustible gastado, con independencia de su fecha de generación.

Si el presidente pensó que podría ‘amansar’ el silencio en Ferraz y Moncloa con cuatro años más de vida para la central burgalesa y la promesa de licitar el Almacén Centralizado de Residuos que desde hace dos años paraliza, se equivocó. Si creyó que dejar correr el calendario acabaría por aquietar a todos los caballos antinucleares, también. Las voces chirrían en la ‘casa socialista’: varios alcaldes de la zona, la Junta de Castilla y León y lo más granado de los barones del PSOE abogan aún por discutir el cierre de Garoña y no digieren la letra pequeña del futuro para la zona y el almacén centralizado. Ni la ‘hermandad’ socialista ha podido impedir hasta ahora el desencuentro con los alcaldes la zona, con los de Montejo de San Miguel y la alcaldesa de Barcina del Barco en cabeza. A los paisanos de Zapatero, que ya pelearon el cierre de Garoña, el Plan de Ayudas al Carbón y la negociación con las eléctricas les llueve sobre mojado en las  heridas de su desencuentro energético con Moncloa. Industria les trata de subir a la fuerza a su Movele con subvenciones para vehículos híbridos en el entorno de Garoña. Y apunta a la Junta de Castilla y León con la mano tendida a nuevas ayudas. Trata de reeditar la alanza que le funcionó con Renault, pero la secuencia nuclear se le atasca en Burgos. Varias Comunidades socialistas y algunos ayuntamientos de Castilla la Mancha le chafan los acuerdos de explotación del uranio. Al presidente de la Junta de Comunidades, José María Barreda -que promete “luchar por su tierra y pelearse con el Gobierno Central”, sólo lo calla Moncloa con las evidencias de los retrasos de Zorita, los planes de Enresa y el silencio del almacén nuclear.

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