edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
07/04/2011
OBSERVATORIO JURIDICO
Planta de soja

Monsanto no puede prohibir la comercialización en la UE de la harina de soja argentina

Contiene, en estado residual, una secuencia de ADN patentada por dicha sociedad
DATADIAR

Una patente europea sólo puede invocarse respecto a una invención que ejerce efectivamente la función para la que fue patentada. La sociedad Monsanto es titular, desde 1996, de una patente europea sobre una secuencia de ADN que, introducida en el ADN de una planta de soja, hace que ésta sea resistente a un herbicida denominado glifosato, utilizado habitualmente en la agricultura. Los productores pueden así eliminar las malas hierbas sin dañar los cultivos de soja. Esta soja modificada genéticamente, conocida como «soja RR», se cultiva en grandes cantidades en Argentina, país en el que la invención de Monsanto no está protegida por una patente.

En 2005 y 2006, algunas empresas europeas importaron harina de soja de Argentina a los Países Bajos. Un análisis realizado a solicitud de Monsanto reveló la presencia de trazas del ADN característico de la «soja RR», lo cual acreditaba que la harina importada se había producido con este tipo de soja.

El Rechtbank ‘s-Gravenhage (Tribunal de La Haya, Países Bajos), que conoce de una demanda formulada por Monsanto, ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión de saber si la mera presencia de la secuencia de ADN protegida por una patente europea es suficiente para apreciar una violación de la patente de Monsanto en el momento de comercialización de la harina en la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de julio de 2010 (en el asunto C-428/08) declara que el artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe interpretarse en el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de un organismo vivo.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la función de la invención de Monsanto se ejerce cuando la información genética protege a la planta de soja que la contiene contra la acción del glifosato. Ahora bien, esta función de la secuencia de ADN protegida ya no puede ejercerse cuando la misma se encuentra en estado residual en la harina de soja, que es una materia inerte obtenida tras varias operaciones de transformación de la soja. Por consiguiente, la protección conferida a las patentes europeas queda excluida cuando la información genética ha dejado de ejercer la función que le era propia en la planta a partir de la cual se originó.

Tal protección no puede concederse porque exista la posibilidad de que la información genética contenida en la harina de soja vuelva a ejercer su función en otra planta. En efecto, con tal fin, para que pudiera reconocérsele una protección en virtud de la patente europea sería necesario que la secuencia de ADN se introdujera realmente en esa otra planta.

En estas circunstancias, Monsanto no puede prohibir, basándose en la Directiva, la comercialización de la harina de soja procedente de Argentina que contiene su invención biotecnológica en estado residual.

Por último, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva no permite que una norma nacional conceda una protección absoluta a una secuencia de ADN patentada en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le es propia dentro de la materia que la contiene como si no lo hace. En efecto, las disposiciones de la Directiva que establecen el criterio del ejercicio efectivo de dicha función constituyen una armonización exhaustiva de la materia en la Unión Europea.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 459/2011, de 1 de abril, por el que se fijan los objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013. BOE.,  nº. 79, 2 de abril de 2011.
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, establece que cada Estado miembro velará porque la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo equivalente al 10 % de su consumo final de energía en el transporte. La disposición adicional decimosexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte hasta el año 2010 y habilita al Gobierno a modificar estos objetivos establecidos, así como a establecer objetivos adicionales. El Real Decreto 1738/2010, de 23 de diciembre, por el que fijan objetivos obligatorios de biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013, establece objetivos anuales de consumo y venta de biocarburantes tanto globales, como por producto en dicho periodo. En el Consejo de Ministros del 4 de marzo 2011 se estableció, como parte del Plan de medidas urgentes de ahorro y eficiencia energética, la necesidad de incrementar la obligación de introducir biodiesel en carburantes hasta el 7% en contenido energético para los años 2011, 2012 y 2013.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida. Absolución. Pacto implícito de los socios sobre percepciones opacas. Doble contabilidad. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de noviembre de 2010.
Pacto implícito de los socios sobre percepciones opacas. Doble contabilidad. Los hechos probados refieren, sintéticamente, que el acusado era administrador de dos sociedades mercantiles y en el año 2006 constituyó junto con su esposa una tercera sociedad con objeto social análogo al de las anteriores. En el ejercicio de sus funciones de administrador de una de aquellas dos entidades procedió, “con finalidad de descapitalizar a la sociedad y destinar parte de su patrimonio a uso personal, así como a la adquisición de capital, negocios, bienes y personal cualificado para su empresa” – la que últimamente creó con su esposa-, a realizar una serie de operaciones que se detallan en el relato probatorio. La Sala establece que el acusado era quien materialmente llevaba la contabilidad de las dos sociedades que se dice fueron perjudicadas, pero que en las mismas existía doble contabilidad de la que se desprendía, aunque sin la necesaria nitidez, que tanto el acusado como los demás socios hicieron aportaciones en función de las que luego podían luego realizar extracciones dinerarias y disposición de bienes, como así lo hicieron tanto el recurrente como otros socios no acusados. En la Sentencia se menciona la existencia de un informe pericial que corrobora esta afirmación, y permite sostener que la contabilidad era de todo punto irregular y que existía una confusión – a modo de “totum revolutum” – entre el patrimonio social y de los socios, que impide determinar el auténtico estado económico y financiero de ambas sociedades por existir, además, transacciones encubiertas y llevar los socios cuentas particulares al margen de la sociedad. Tal modo de proceder era consentido y tolerado por los cosocios, y de esta situación irregular y oscurantista pudo abusar el acusado en su propio beneficio, sin que pueda demostrarse cuales operaciones se realizaron en fraude de las sociedades y de los socios, y que el acusado obraba con el ánimo de lucro que constituye elemento subjetivo del tipo de Apropiación indebida.

Mercantil

Prescripción de la acción de responsabilidad de administradores sociales. Día inicial del cómputo respecto a terceros de buena fe desde la inscripción en el RM. Tribunal Supremo. Sentencia 11 de noviembre de 2010
Desde la STS de 20 de Julio de 2001 la Jurisprudencia viene afirmando que el plazo de prescripción para todos los supuestos de reclamaciones de responsabilidad de los administradores por su actividad orgánica es el de cuatro años que señala el artículo 949 CCom. Como declara la STS de 11 de marzo de 2010, RC n.° 1239/2005, dicho artículo 949 CCom comporta una especialidad respecto al dies a quo [día inicial] del cómputo del referido plazo de cuatro años, que queda fijado en el momento del cese en el ejercicio de la administración por cualquier motivo válido para producirlo. Entre las causas consideradas aptas para producirlo la Jurisprudencia ha afirmado, entre otras posibles, la apertura de la liquidación de la sociedad, consecuencia automática, salvo en supuestos excepcionales, de su disolución (artículo 266 LSA), en cuanto determinante de la sustitución del administrador por los liquidadores en las actividades de gestión y representación (artículos 267 y 272 LSA); o, también, la renuncia del administrador (artículo 147.1° RRM), o su separación por decisión de la junta general (artículo 131 LSA y 148 RRM). En cambio, no constituye motivo bastante para tener por cesado al administrador la mera circunstancia de que la sociedad deje de tener actividad, pues son los administradores quienes están obligados a promover la disolución ordenada de la sociedad conforme el artículo 260 LSA. 

Impugnación de acuerdos. Derecho de información. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de noviembre de 2010
Cuando la junta de accionistas tiene por objeto la aprobación de las cuentas anuales, al derecho del accionista a obtener las informaciones o aclaraciones que se estimen precisas se superpone, sin confundirse ni ser sustituido, el de información documental regulado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital que reproduce el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas -bien que esta se refiere a «auditores de cuentas«-:  «A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas». Ahora bien, como afirma entre las más recientes la sentencia 512/2010, de 21 de julio, el ejercicio del derecho a impugnar los acuerdos sociales, como el de cualquier otro, debe ajustarse a las reglas de la buena fe, a tenor del artículo 7.1 del Código Civil, y no se ajusta a esta la impugnación de acuerdos sociales por no haberse facilitado una información a la que los accionistas tenían derecho, pero que en su momento no fue requerida por ellos.

Civil

No se puede deducir que la voluntad de los contratantes fuera la de someterse al régimen de prórroga forzosa previsto en el artículo 57 LAU. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de noviembre de 2010
La publicación del RDL 2/85, supuso para los contratos de arrendamiento de viviendas celebrados bajo su vigencia, que su duración sería la que libremente hubieran estipulado las partes. Desaparecía así el sistema de prórroga legal forzosa por el que los arrendamientos se prorrogaban por imperativo legal conforme a lo que disponía el artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Pese a ello nada impide, en principio, que, si las partes así lo acuerdan y en virtud del principio de libertad contractual consagrado en el artículo 1255 del Código Civil, los arrendamientos posteriores a la entrada en vigor del RDL 2/85 puedan someterse al régimen de prórroga forzosa establecido en el artículo 57 LAU 1964. Pero, en tal caso, es necesario que exista un acuerdo expreso de sometimiento, ya que, en caso contrario, hay que estar a la norma general, a saber, la duración del contrato por el tiempo convenido. El referido acuerdo, en general, debe existir en el contrato explícitamente, aunque cabe deducir la existencia de sometimiento del arrendador a la prórroga de modo implícito, que no tácito, de los propios términos del contrato. En este caso la Audiencia Provincial no ha vulnerado la doctrina expuesta. Valora que pese a que las partes han establecido que la duración del contrato es por tiempo indefinido, es claro que no fijan tiempo alguno, pero ello no puede significar que la duración del mismo sea perpetua, lo que resultaría incompatible con la esencial temporalidad del contrato de arrendamiento. Por ello  interpreta el contrato que une a los litigantes, así como los hechos posteriores y coetáneos, para al fin concluir que no se puede deducir que la voluntad de los contratantes fuera la de someterse al régimen de prórroga forzosa previsto en el artículo 57 LAU  .

La obligación contraída por la recurrente no era la entrega del material con el que efectuar el revestimiento, sino el resultado de su aplicación. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de noviembre de 2010
Pues bien, previsto en el artículo 1544 del Código Civil que en el arrendamiento de obras o servicios una de las partes se obliga a ejecutar una obra por precio cierto, la obligación de entrega ínsita en el contrato, la aproxima al contrato de compra- venta por el que, de acuerdo con el artículo 1445 del propio Código  , una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar un precio cierto, singularmente en aquellos casos en los que, recayendo el contrato sobre una cosa futura, quien debe entregar tiene previamente que ejecutar, afirmándose incluso su carácter mixto cuando quien ejecuta la obra debe además suministrar el material. En este caso, estipulado que la recurrente debía recibir, revestir y entregar revestidas de acuerdo con el modelo C.-63, las botellas de vidrio tipo Borgoña propiedad de la demandante, la conclusión de la Audiencia confirmando la del Juzgado de Primera Instancia, calificando el contrato como arrendamiento de obra, ya que  la apelante no vendía nada a la demandante. Simplemente le revestía las botellas que la actora había comprado antes a otra entidad, de tal forma que la obligación contraída por la recurrente no era la entrega del material con el que efectuar el revestimiento, sino el resultado de su aplicación. El mismo representante de la recurrente, al declarar en primera instancia, indicó que no eran más que aplicadores de una pintura quedando totalmente en un segundo plano el suministro de la pintura con la que revestir las botellas, no se revela absurda ni arbitraria, por lo que debe ser respetada.

Laboral

La presentación de la reclamación por daños casi dos años después de haber concluido la producción del daño y de que la empresa tuviese conocimiento íntegro del mismo, es claramente extemporánea, por estar ya prescrita la acción. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2010
El actor fue despedido por uso indebido del teléfono proporcionado por la empresa, el despido fue declarado procedente por sentencia del Juzgado y la misma fue confirmada por la STSJ Madrid, la reclamación indemnizatoria fue presentada casi dos años después de haber concluido la producción del daño y de que la empresa tuviese conocimiento íntegro del mismo. Y en apoyo de decisión, el Tribunal Superior de Justicia invoca la doctrina de la actio nata, argumentando que hasta tanto no hubo sentencia de despido que dio constancia cierta de los hechos determinantes del daño cuya indemnización se pretende en este proceso y se fijó el importe del daño, la empresa no podía proceder a reclamar la compensación del mismo. Pero tal doctrina es totalmente inaplicable al caso de autos. El daño, por la indebida utilización del teléfono móvil por parte del trabajador, ya está producido en su integridad y es conocido a fecha del despido, no existiendo impedimento alguno para que desde tal momento se hubiese exigido al infractor la correspondiente responsabilidad civil [a la par que la disciplinaria], puesto que en absoluto era necesario esperar a que el despido fuese declarado procedente en la sentencia de instancia y mucho menos a que esta última fuese confirmada por el Tribunal Superior, sino que desde aquella fecha en la que se tuvo conocimiento de los hechos, con anterioridad a la carta de despido, la acción podía ser ejercitada y todo retraso ha de ser calificado como efectiva dejación del derecho, de manera que la presentación de la reclamación por daños casi dos años después de haber concluido la producción del daño y de que la empresa tuviese conocimiento íntegro del mismo, es claramente extemporánea, por estar ya prescrita la acción, conforme al art. 59.2 ET.

Cesión ilegal declarada judicialmente, reclamación de diferencias salariales anteriores a dicha declaración y no prescritas, una vez incorporado el trabajador a la empresa cesionaria. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2010
La cuestión que se debate es si, una vez declarada judicialmente una cesión ilegal que determina la incorporación del trabajador cedido a la plantilla de la empresa cesionaria, el mismo tendrá derecho a percibir, con efecto retroactivo a dicha declaración judicial,  las diferencias salariales no prescritas entre los salarios de dicha empresa cesionaria y los percibidos en la empresa cedente. La doctrina correcta se contiene en la sentencia de contraste: la doctrina anterior de la Sala se había centrado en la opción del art.43.3 ET, señalando que esta opción sólo tiene sentido «cuando hay dos empresas reales en las que puede establecerse una relación efectiva». Pero posteriormente la Sala ha destacado la naturaleza interpositoria que tiene toda cesión ilegal, subrayando el hecho de que la interposición cabe también en la relación establecida entre empresas reales, y que la unidad del fenómeno jurídico de la interposición hace que normalmente sea irrelevante, en relación con los efectos que debe producir, el hecho de que ambas empresas sean reales o alguna de ellas sea aparente o ficticia. Desde esta nueva perspectiva, la opción tiene el sentido de proteger el posible interés del trabajador de permanecer en la empresa cedente, aunque eliminado el efecto de la cesión. Pero esto no impide que si se ejercita la opción por la relación laboral real, esta opción despliegue los efectos que le son propios y que son además los efectos naturales que se derivan de la eliminación de la interposición. En este sentido  la opción cuando se ejercita por la relación laboral real no tiene  propiamente un efecto constitutivo, porque con ella y con la sentencia que la acoge no se crea una relación nueva, sino que se declara la que en verdad existía, deshaciendo así la mera apariencia creada por la interposición. El efecto constitutivo sólo podría predicarse de la opción ejercitada por el mantenimiento de la relación formal con la empresa cedente y, aun  en este caso, tal efecto supondría una reconstrucción de esa relación que tendría que materializarse en la prestación efectiva de trabajo para el empresario inicialmente cedente, poniendo en todo caso fin a la cesión.

Administrativo

Interpretación del artículo 65.2 en relación con el 56.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de febrero de 2011
A los efectos del artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el cómputo del plazo de quince días para formular el requerimiento previo se computará a partir de que la Administración estatal o autonómica reciban de la Entidad Local la comunicación del acuerdo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley. En este sentido, la Administración que no cumple con el expresado deber de remisión resulta beneficiada por dicha conducta transgresora y evita que sobre la misma recaiga ninguna consecuencia adversa. Se propiciaría, con la interpretación contraria a la vinculación entre el deber del artículo 56.1 y el plazo del artículo 65.2 de la LBRL, una confusa situación sobre cuándo se tuvo conocimiento de un acuerdo local que podría conducir a la expiración del efímero plazo administrativo del requerimiento.
 
Tarifa de gas natural para su uso como materia prima y peaje de transporte para determinados usuarios conectados a plantas de regasificación. Tribunal Supremo.  Sentencia 22 de febrero de 2011
El artículo 2 de la referida Orden ministerial contradice el designio del legislador que, al establecer el calendario de adaptación del sistema tarifario de suministro de gas natural y la aplicación de la tarifa de último recurso, excepciona la tarifa de suministro de gas natural para su uso como materia prima, regulada en la disposición transitoria única de la Orden ECO/33/2004, de 15 de enero, «que continúa vigente y será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2009». En efecto, el principio de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima propugnan una interpretación del inciso in fine de la disposición transitoria quinta de la Ley 12/2007, de 2 de junio , que impide al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio modificar la fórmula PA, que sirve para determinar los precios máximos a aplicar a los suministros de gas natural para su uso como materia prima, establecida en el punto 1.4.1 del Anexo I de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 30 de septiembre de 1999, con las modificaciones introducidas por la Orden de 28 de mayo de 2001, pues la remisión normativa que se realiza a estas concretas disposiciones, no permite la invocación de la Disposición final primera de la Orden ITC/1865/2007, de 22 de junio , para justificar la potestad ministerial de sustituir la fórmula de cálculo de esta tarifa específica, en contradicción con lo dispuesto en la referida disposición legal, en cuanto se vulnera el principio de jerarquía normativa.

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