edición: 3102 , Viernes, 4 diciembre 2020
29/10/2020
Con la inflación a cero y sin crecimiento

Montero y Calviño muestran al sector privado el camino de la subida salarial para 2021

La subida salarial de los funcionarios recogida en los Presupuestos del Estado es el faro por el que el Gobierno pretende que se guíe el resto de la masa salarial
Juan José González
El sueldo, las retribuciones, de los funcionarios públicos en España es todo un clásico de los debates sociológicos que interesa y engancha a público heterogéneo. Y en esta ocasión no tenía por qué ser diferente. El de 2021 es un Presupuesto bien distinto a aquel de 2010 que recogía una decisión polémica y que parece haber traído cola. Aquel año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció sorpresivamente (nadie en el Gobierno esperaba la decisión) el recorte del sueldo de los funcionarios así como su congelación para los años siguientes. La justificación no era otra sino la necesidad imperiosa de reducir la partida de gastos del Presupuesto, un paquete en el que se incluyó también la congelación de las pensiones. En 2010 se recortaron los salarios públicos un 5% para pasar a hibernación los cuatro años y medio siguientes hasta que a mediados de 2015 salieron del congelador para subir medio punto los dos años siguientes (2016 y 2017) otra subida en 2018 hasta el 1,9% y 2,30% (contando los fondos adicionales) en 2019. La curva de subidas para estos asalariados públicos cambia de orientación en el presente ejercicio, por debajo del 2,3% y la propuesta actual para el próximo del 0,9%. La nómina de los funcionarios españoles ha sido durante estos últimos doce años una variable flexible y adaptable, según necesidades presupuestarias (y políticas) del Ejecutivo de turno. Adaptable a las carencias por los recortes de gastos, caso de Zapatero en 2010 pero también de Rajoy hace dos legislaturas cuando se les suprimió una paga extra, para ser recuperada más tarde y adaptada a las nuevas necesidades (de unas nuevas elecciones). 
El Gobierno ha aprobado finalmente una subida salarial para los empleados de la Administración Pública -los funcionarios- del 0,9% para el próximo año, misma cifra respecto a la revalorización de las pensiones, esta referenciada al IPC. Así se recoge en el documento que el Ejecutivo trasladó a Bruselas en su Plan Presupuestario. La subida, polémica por el escenario turbulento e impredecible, marcado por la evolución de la pandemia, es sustancialmente inferior a la aprobada para 2020 del 2% y que incluso podría llegar a ser unas décimas mayor si se tienen en cuenta algunos fondos adicionales. Las primeras reacciones a la medida del Ejecutivo (la subida del 0,9% para el próximo año) no se han dejado esperar desde sectores de muy diverso signo político, intelectual y empresarial, eso sí, sin acritud ni crispación. 

La primera interpretación al respecto apunta a que por necesidades del guion de la pandemia y la consecuente recesión económica, no estima que los trabajadores públicos deban ser equiparados por criterio a la revalorización de los pensionistas, en parte porque se consideran bien pagados pero en parte y sobre todo, porque sus puestos de trabajos no peligran, son inasequibles a las coyunturas negativas, de crisis y catástrofes económicas, sanitarias y sociales. Hay que tener en cuenta que en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se considera la evolución previsible de todas (de todas) las partidas que forman la contabilidad fiscal, siendo la remuneración de los trabajadores a cuenta de la Administración Pública una variable fija a considerar.

Desde este punto de vista, la remuneración de los funcionarios prevista en el capítulo uno, con las incorporaciones de la nueva oferta pública de empleo para 2020, recientemente aprobada y por la que se integrarán en la Administración del Estado 28.055 trabajadores, forman parte de las cuentas generales de 2021 porque "todos los funcionarios están destinados a desarrollar servicios concretos" en las Administraciones públicas, "cuyo trabajo - según ley- "se considera imprescindible. En la actual elaboración presupuestaria se ha tenido en cuenta el nuevo escenario creado por la pandemia, con especial valoración y reconocimiento a las nuevas demandas originadas en la asistencia sanitaria.

En el actual Ejecutivo, sin embargo, se han enfrentado (con buena cara) dos opiniones diferentes, una de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y otra de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Mientras la primera justificaba una subida de los salarios públicos como compensación a la situación de excepción sanitaria a la que han tenido que hacer frente, en particular el personal sanitario y asistencial, la segunda, Calviño razonaba que en un escenario de inflación cero no tenía mucho sentido una revalorización salarial cuando, además, los empleados públicos han ganado poder adquisitivo en estos últimos ejercicios, luego Economía se inclinaba hacia una nueva congelación salarial en la Administración. 

No hay que olvidar que los sueldos públicos, la retribución de los funcionarios, se mueven en una horquilla muy amplia, enorme, tan abierta como que van desde los 9.800 euros brutos anuales (más complementos) hasta los 31.000 euros brutos anuales (más complementos). Entre uno y otro hay un abismo, siendo necesaria una modernización o actualización de la tabla de remuneraciones, y, de paso, por qué no, la introducción de criterios de gestión privada, variable, bonus, al igual que en otras Administraciones públicas de países de la Eurozona. Por cierto, nada se sabe sobre alguna reacción a la subida salarial de los funcionarios por parte de los agentes sociales y los partidos de la oposición (tampoco los que forman la coalición de gobierno). Tampoco se han manifestado sobre la otra parte de los asalariados, pues si el salario de los funcionarios sube en 2021 ¿cuánto subirá el de los trabajadores -que consigan conservar el empleo- del sector privado? y el ¿de los supervivientes, los autónomos?

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