edición: 2495 , Lunes, 25 junio 2018
02/04/2014
LA OREJA DE LARRAZ

Montoro se saca un ‘as de la manga’ y aumenta la plantilla de Hacienda a cuenta de la desaparición de duplicidades administrativas

Javier Ardalán

Decíamos ayer en esta columna que el Plan de lucha contra el fraude fiscal en 2014 de la Agencia Tributaria tenía un enorme ‘talón de Aquiles’, como es la falta de medios materiales y humanos para cubrir tan amplios dispositivos. Por ello, no sorprendió que ayer mismo, a primera hora de la mañana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, destacase durante su intervención que las 238 nuevas plazas para la Agencia Tributaria, permitirán que el Gobierno incremente sus medios personales y materiales en la lucha contra el fraude fiscal.

Así, sin previo aviso, la Agencia Tributaria contará este año con 238 nuevas plazas, de las que la mayoría se convocarán a través de una oferta de empleo público adicional, que también incluirá 210 nuevas plazas de habilitados de Administración Local, con carácter nacional.

El Gobierno, señalaba ministro, también está trabajando, en la línea de la OCDE, para potenciar la movilidad con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos. De esta forma, se podría facilitar la movilidad entre los distintos ministerios para permitir que determinados excedentes de efectivos en algunos organismos puedan desempeñar sus funciones en la Agencia tributaria.

Así lo ha anunciaba Montoro. en el acto de presentación del informe de la OCDE sobre la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que ha elaborado un total de 219 propuestas de medidas de las que 137 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 82 exclusivamente a la Administración General del Estado.

De estas 219 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública; 120 tienden a eliminar duplicidades con las CC.AA. y dentro del Estado; 42 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de los servicios y medios comunes; y 8 racionalizan la Administración Institucional, tanto en el plano  normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.

En cuanto a los Ministerios responsables para la ejecución de las medidas, destaca el  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con un total de 67 medidas, seguido por los  Ministerios de Educación, Cultura y  Deporte; y Empleo y Seguridad Social, ambos con 20 medidas, y por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 19.

Una parte importante de la ejecución de CORA en 2013 se ha centrado en la aprobación de diversos paquetes normativos habilitadores para la puesta en marcha de las medidas. Algunas de estas modificaciones normativas son el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad de julio de 2012. También se ha incluido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que incrementa la transparencia en la actividad pública de todas las Administraciones, garantiza el acceso de los ciudadanos a la información y establece obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

Entre las medidas adoptadas por CORA están las de racionalización del modelo administrativo de los observatorios; la integración de las Oficinas en el exterior de las comunidades autónomas en las oficinas administrativas del Estado en el exterior y la propuesta en funcionamiento de bases de datos y registros administrativos integrados para todas las Administraciones Públicas.

Unificación de los registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas; puesta en marcha del “Portal Único de Empleo”, para evitar duplicidades en la creación de portales autonómicos; o creación de un nuevo modelo organizativo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrando a todas las Administraciones Públicas.

En este último aspecto se atribuyen competencias inspectoras sobre empresas de ámbito nacional a una unidad especial adscrita a la Autoridad Central (también en materias de competencia de Comunidades Autónomas), así como la instauración de la Alta Inspección del Estado en materia laboral, estableciendo una programación específica de inspecciones en materia laboral sobre todas las comunidades autónomas.

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