edición: 2600 , Miércoles, 21 noviembre 2018
14/05/2018
Quita del principal, no sólo de los intereses

Montoro prepara el fin del FLA y apremia a las CC AA a salir al mercado

El mecanismo de financiación tiene los días contados, es hora de financiarse en los mercados, algo que no gusta a las más endeudadas
Juan José González
Los inversores institucionales, grandes fondos de inversión, en su mayoría, internacionales, cortejan en los últimos meses los despachos autonómicos en busca de futuras emisiones de deuda, por el momento paralizadas. Si estos consiguen `sacarle´ una quita el acreedor principal de sus deudas (el Estado central) y éste consiente, los inversores aseguran que mejorarían la calificación de su riesgo y la calidad de su papel, lo que facilitaría el diseño de una buena emisión de deuda. Y parece que las Autonomías se lo han creído. No así el Estado central porque en Hacienda "no cuela" la tesis de los financieros ni de los inversores. El problema con la quita, sin embargo, no le quita el sueño a nadie en Hacienda porque entienden que se trata de un problema político. Desde un punto de vista teórico (pero que surge a menudo en los debates de las comisiones de Hacienda con las Autonomías) la quita, tiene efectos diferentes según a la parte que afecte: no es lo mismo ayudar a las Autonomías en el pago de los intereses que hacerse cargo (por parte del Tesoro) del pago del principal. Mientras lo primero -echar una mano- es solidario, y así se produce en la práctica, lo segundo -pagar la deuda- es visto como una modalidad (si no lo es) de rescate. Son matices que la ciudadanía, las empresas y los autónomos entienden e interpretan perfectamente. Pero hay más, pues los técnicos y funcionarios consideran que las quitas son innecesarias, muestran la escasa seriedad de los gestores y, además, pueden acabar con la imposición de sanciones y multas que llegarían tras el apercibimiento de las autoridades de Bruselas a las, en este caso, españolas.
Parece haber convencimiento general sobre que la solución de la deuda de las Autonomías no está en la quita, si no en hacer una reestructuración de la misma de tal forma que los costes (devolución al Tesoro Público) sean controlables y manejables. Entienden los técnicos de Hacienda que pagar las deudas no es sólo un asunto de seriedad y de principios, responsabilidad, compromiso, etc. Es también, y sobre todo, un asunto de orden y de ley. De ley por cuanto fue el Ejecutivo el que ideó en 2012 un sistema por el que el Estado central procedería al pago de proveedores a través de unas líneas extraordinarias de crédito en condiciones ventajosas para las Autonomías.

El año 2012 resultó letal para las tesorerías de algunas comunidades autónomas, con el cierre del crédito por parte de la gran banca, se acumulaban las deudas y las facturas pendientes de pago conducían a la Administración Pública española hacia en rescate. Si en un principio el mecanismo de inyectar liquidez en Comunidades y Ayuntamientos logró apagar el fuego, los rigores de las crisis llevaron a las Autonomías a incurrir en más gastos y, por consiguiente, en mayores deudas. Fue el momento en que el Ejecutivo puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Con el tiempo, los `mecanismos´, previstos para dos años de vigencia, se prorrogaron y así, en su sexto cumpleaños (2018) acumulan 232.000 millones de euros inyectados por el Estado en las CC AA. En ese tiempo, el Estado ha financiado los intereses de las deudas, con un beneficio para las Autonomías (ahorro de costes) superior a los 16.000 millones de euros. Pero ahora el Gobierno quiere poner fecha al final de tan lucrativa y cómoda financiación autonómica mientras que las autonomías se resisten. Argumentan que "si pretenden que salgamos al mercado para buscar dinero, deberían quitarnos deuda, no intereses, sino principal, que es el que más nos duele", dice un financiero autonómico.

Los consejeros de Hacienda de las Autonomías reconocen en privado (y muchos de ellos al ministro de Hacienda) que la deuda que soportan no les supone un gran inconveniente, y que la prueba de que el perdón de una parte de esta, es decir, de aplicar una quita de, al menos, el 25%, apenas resolvería los problemas más importantes de dinero que puedan tener en la actualidad. A modo de ejemplo, las deudas de las comunidades autónomas (instrumentada mediante los mecanismos de liquidez extraordinarios) ascendían al inicio del año actual a poco más de 200.000 millones de euros. Una quita del 25% de esta deuda, repartida entre todas las Autonomías, no sería por tanto, un escollo para que alguna de ellas pudiera seguir llevando a cabo sus planes de inversiones.

El problema en el tratamiento de las deudas autonómicas parece ser de índole, exclusivamente, política. Cuando, por ejemplo, un Gobierno como el valenciano, solicita al ministro de Hacienda una quita, no en razón de su insoportable peso sobre sus presupuestos, sino a la considerada por las autoridades financieras valencianas como "infrafinanciación" del Gobierno central, está claro que aquí el problema pendiente (además de la deuda de los valencianos) es de índole política, y que es en ese ámbito en el que se debería solventar el mismo. 

Lo que sucede es que Valencia no está aislada en el apartado de las deudas, sino que forma un cuarteto junto a Cataluña, Murcia y Andalucía que intenta conseguir mejorar el modelo de financiación presionando con la solicitud de una quita como única solución a sus problemas. Se da la doble coincidencia de que las cuatro Autonomías son las que menos recursos reciben y también las más endeudadas. Claro que, contra esa posición de las cuatro de solicitar una quita al Estado central, se encuentran Autonomías como la madrileña, que no recurre al Fondo de Liquidez Autonómica y que acostumbra a financiarse por su cuenta (a pesar de recibir menos recursos que la media). Mientras tanto, sigue pendiente la reforma del sistema de financiación autonómica, a expensas de que todas las autonomías consigan sentarse de una vez.

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