edición: 2409 , Lunes, 19 febrero 2018
11/02/2011
Los detalles ‘molestos’ del decreto-ley, cambalache de filtraciones oficiales

Nacionalizar las cajas para que fluya el crédito a las pymes

‘Consejero público dominical’, nueva figura que representará al Frob en las nacionalizadas
Juan José González

Día ‘D’ para las cajas de ahorros. El Ministerio de Economía ha venido filtrando a lo largo de la semana algunas de las líneas de actuación del decreto-ley sobre las medidas de protección del sistema financiero que comenzarán a aplicarse con carácter inmediato a partir del lunes. Pero la tendencia esta muy definida, la estrategia ya esta aprobada por el Gobierno y la táctica se explica hoy por la Vicepresidencia Económica: mayor intervención política en el sector financiero a través de la nacionalización de las entidades que no puedan alcanzar los requisitos del Gobierno y, definitiva, un papel con mayúsculas del Estado en la economía con el argumento –de peso- de una reordenación financiera a la que se le ha dado el carácter de urgencia.

El contenido del decreto-ley de Protección del Sistema Financiero esta basado en la idea de que para que el crédito fluya para las pequeñas y medianas empresas, así como para que el sector de los promotores inmobiliarios comiencen a ver cómo sus peticiones de crédito son atendidas por el sector bancario, no queda otro remedio que imponer una intervención por la vía del decreto-ley. De esta forma, la Vicepresidencia Económica del Gobierno esta convencida de que el crédito llegará también a las familias y a los autónomos.

La estrategia aprobada por el Gobierno para incrementar su intervención en el sector, comenzó a ser divulgada –filtrada- con cuentagotas el lunes de esta semana a propósito del volumen de fondos necesarios para cubrir las necesidades de capital de las cajas, una filtración que estimaba en 20.000 millones de euros y que ya daba pie a fijar un primer debate. Economía no podía soportar por más tiempo algunos disparates procedentes de prestigiosas casas de análisis. Lo cierto es que la caterva de cifras al respecto fue bien aprovechado por Salgado (o Presidencia del Gobierno, nunca se sabe) para abrir un período de debate público que en realidad ya estaba justificado desde la primera declaración de la vicepresidenta, días antes de la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a España.

Fue el anuncio de las mayores exigencias de capital principal a las entidades financieras, dejando un claro mensaje a aquellas que tuvieran un mayor riesgo en sus balances y no tuvieran en el horizonte de sus planes la cotización en el mercado bursátil. Para estas, el core capital exigido se acercaría al 10%. Y tanto que se acercó, al ser confirmado –filtrado- ayer por distintas fuentes del departamento económico a varios medios de comunicación.

CONSEJEROS PÚBLICOS

Tras la primera en la frente, confirmando el 10% de capital principal* para las cajas de ahorros, la segunda se produjo -de nuevo filtrada- el miércoles, amanecer del jueves para la prensa: las cajas que reciban recursos del Frob deberán asumir compromisos de concesión de créditos. En el bien entendido de que las entidades que reciban recursos públicos para fortalecer el capital, no tendrán ninguna excusa para denegar créditos a familias, autónomos y empresas, entre otras cosas porque serán compromisos firmados con el ministerio de Economía, quien entrará a formar parte de la comisión rectora del Frob –de donde salen los recursos- a través de una nueva figura: el ‘consejero público dominical’, que será el que represente, a todos los efectos legales, los intereses del Gobierno. Una veintena de técnicos del ministerio de Economía, de los que la mitad se encuentran en comisión de servicios en el Fondo, están a disposición del director general del Frob, Julián Atienza.

Una figura decisiva la de este ‘consejero público dominical’ por cuanto estará en su mano –se responsabilizará de informar al director general del Fondo - el informe que posteriormente será enviado a la Vicepresidencia Económica para que a su vez sea analizado por el Banco de España. El supervisor es quien deberá determinar en septiembre si las entidades cumplen los requisitos del decreto-ley –no cumplirlos será considerado como infracción muy grave- de informar, finalmente, para que se proceda a la nacionalización plena con el compromiso por ley de deshacerse de la propiedad en un plazo máximo de cinco años.

(*) El capital principal se compone de capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios, instrumentos suscritos por el FROB, minorados por pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración.

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