edición: 2862 , Martes, 10 diciembre 2019
22/10/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

Naturaleza de la relación de una empleada de limpieza

DATADIAR

La delimitación del contrato de trabajo de otros contratos afines, ajenos al ámbito laboral es, en ocasiones, difícil. La relación laboral suele “disfrazarse”, en muchos casos, bajo otras figuras contractuales similares, de carácter civil o mercantil, con la finalidad de evitar las limitaciones que nuestro ordenamiento jurídico impone al contrato de trabajo para proteger a los trabajadores, por no hablar de la posibilidad de eludir las obligaciones con la Seguridad Social.

Especialmente compleja es la distinción con el contrato de arrendamiento de servicios figura que constituye el antecedente histórico directo del contrato de trabajo. En ambos casos existirá un intercambio entre trabajo y retribución.

A la hora de distinguir estas figuras existe en los tribunales una casuística enormemente amplia, centrada fundamentalmente en determinar, en cada caso, si concurren o no los requisitos que definen el contrato de trabajo.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (S. de 20 de julio de 2010) ha subrayado los criterios a seguir para concretar cuando existe o no relación laboral.

Nos encontrábamos ante una trabajadora que había venido realizando, regular y personalmente, labores de limpieza para una empresa dedicada a los tránsitos marítimos. Tales servicios se realizaban fuera del horario de oficina, en el horario que estimaba conveniente la trabajadora, a cambio de una retribución que fijaba la empresa. Para la realización de sus funciones la empleada se proveía de los artículos de limpieza necesarios que luego le eran abonados por la empresa. Extinguido el contrato, la trabajadora va a demandar por despido pero la empresa va a negar que tal relación sea laboral.

Para dar respuesta a la cuestión sobre la naturaleza de dicha relación, el tribunal parte de las siguientes premisas, ya asentadas por la jurisprudencia:

En primer lugar, la calificación de los contratos no depende de la denominación que les den las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto.

En segundo lugar, en el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. El contrato de trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la legislación laboral.

Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra.

A estos efectos, los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones; la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario, que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de organización empresarial propia del trabajador.

Por su parte, los indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario --y no del trabajador-- de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al ejercicio libre de las profesiones.

La aplicación de esta doctrina al caso concreto va a conllevar que se considere que la prestación de servicios de la limpiadora en favor de la entidad mercantil presenta rasgos que sólo son concebibles en el trabajo dependiente.

La Sala estima al efecto que la trabajadora asumía la obligación de prestar personalmente los servicios de limpieza y la de acudir regularmente a las oficinas de la empleadora fuera del horario de apertura de las mismas con tal finalidad, lo que se debía a simple razones de operatividad, cumpliendo efectivamente un horario aunque lo fuera de manera flexible y bajo el control de su actividad por parte de la empresa, partiendo, además de que para la ejecución del servicio es obvio que no se necesitaban instrucciones mas allá de la efectiva limpieza e incorporándose su resultado al patrimonio de la entidad empleadora. Dicha actividad la desempeñaba a cambio de una retribución, percibiendo una cantidad fija y periódica (mensual) determinada por la empresa en proporción con la actividad prestada. No corría la trabajadora con el riesgo de la operación y no asumía los gastos, pues se le reembolsaban los efectuados en útiles de limpieza y, además, en los recibos que se le entregaba figuraban conceptos como aguinaldos, vacaciones y coste del bono bus.  No consta además que la actora tuviera algún tipo de estructura empresarial y por el contrario se insertaba en la organización de trabajo de la entidad empleadora.

Por todo ello, el Tribunal Supremo va a declarar el carácter laboral de la relación existente entre las partes.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2011. (BOE nº 250 de 15 de octubre de 2010).
La Dirección General de Trabajo es competente para disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de fiestas comunicadas, en consecuencia con lo previsto en el ya mencionado artículo 45.4 del Real Decreto 2001/1983, y en el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio, a fin de dar cumplimiento a la finalidad de facilitar el general conocimiento en todo el territorio nacional del conjunto de las fiestas laborales, de tal forma que junto con la publicación de las fiestas de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla se transcriban también las fiestas laborales de ámbito nacional de carácter permanente que figuran en el mencionado precepto.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de robo con intimidación. Delito de robo de uso de automóvil. Delito contra la seguridad del tráfico. Derecho a la presunción de inocencia. Reconocimiento fotográfico. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de junio de 2010.
Extracción forzada de dinero en cajero. Retención de la víctima en interior de automóvil. Conducción temeraria. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. El control casacional permite comprobar si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); si esta prueba es de contenido incriminatorio; si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, si accedió lícitamente al juicio oral; si ha sido practicada con regularidad procesal; si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y si ha sido racionalmente valorada por el Tribunal sancionador. Caso de autos. Vulneración existente: no concurre prueba de cargo suficiente para entender que la identificación del acusado como autor de los hechos es correcta. Falta de identificación eficaz. El acusado en el acto del juicio oral negó ser el autor de los hechos. El testigo que en todo momento mantuvo que el día en que ocurrieron los hechos por él reconocidos le acompañaba la víctima no identifica al acusado. Reconocimiento fotográfico no ratificado en el plenario. La víctima no pudo reconocer al recurrente en rueda. Reconocimiento fotográfico. Antecedentes jurisprudenciales: meras actuaciones policiales, aptas para iniciar la investigación pero ineficaces por sí mismas para justificar una prueba de cargo capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Doctrina de la Sala: los reconocimientos efectuados en sede policial, o en sede judicial en fase sumarial, bien a través del examen de fotografías o bien mediante ruedas de reconocimiento, son en realidad medios de investigación que permiten, cuando es necesario, determinar la identidad de la persona a la que los testigos imputan la realización del hecho denunciado, y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Solamente alcanzan el nivel de prueba cuando el reconocimiento se ha realizado en sede judicial, con todas las garantías, entre ellas la presencia del Juez, y quien ha realizado el reconocimiento comparece en el juicio oral y ratifica lo antes manifestado o reconoce en el plenario al autor de los hechos. La exhibición de varias fotografías de distintas personas a los testigos no constituye en realidad una diligencia de reconocimiento de identidad, sino una actuación previa de investigación.

Mercantil

Existió la necesidad de reestructuración, y, por lo tanto, se halla justificado el ejercicio de la facultad de resolución unilateral del contrato de distribución suscrito entre las partes litigantes. Tribunal Supremo. Sentencia 16 de julio de 2010.
La ecesidad de adaptar los acuerdos verticales a los requisitos más estrictos que impone el Reglamento 1400/2002 respecto del Reglamento (CE) número 2790/99 [relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, el cual tiene un carácter genérico, en tanto el 1400/2002 es sectorial de los vehículos de motor] ha sido correctamente entendido en la instancia como la variación sustancial del marco legal del contrato, y destaca que la eliminación de la exclusividad afecta a la esencia del régimen pactado por las partes. Las alegaciones relativas a que el cambio legislativo incide sólamente de un modo tenue en el haz de derechos y obligaciones recíprocos, y únicamente afecta a aspectos accesorios, carecen de consistencia. El propio motivo del recurso destaca como «cambio significativo» el que bajo el Reglamento 1475/95 se combinaban la selectividad y exclusividad, y que bajo el Reglamento 1400/2002 los fabricantes que escojan la selectividad para su red no podrán otorgar exclusividad. Y dicha novedad no es la única, como pretende la recurrente, sino que hay otras varias, como las relativas a multimarca, mediación, ventas activas y pasivas, distribución cuantitativa y cualitativa, recambios, etc. Y sobre todas destaca la de separación de la actividad de venta de vehículos nuevos (distribución) de la del servicio posventa (mantenimiento y reparación y distribución de recambios), y si bien es cierto que ambas se pueden convenir con una misma persona, en modo alguno cabe que se vinculen o supediten las respectivas actividades. El ejercicio de la facultad legal de resolución excusa de cualquier consideración acerca de una eventual posibilidad de modificación de las cláusulas contractuales, que permitiera adaptar el contenido del convenio a las exigencias de la norma comunitaria, pero sucede, además, que no cabe argüir el principio de conservación del contrato, o el, no jurídicamente equivalente, «utile per inutile non vitiatur», si se advierte la relación existente entre las diversas cláusulas, afectadas y no afectadas por la variación legal, de modo que no resulta posible una continuación de la relación sin una previa negociación y prestación del consentimiento a la nueva realidad contractual que se está dispuesto a asumir.

Procedimiento extrajudicial del art. 38 Ley Contrato de Seguro; acta de común acuerdo de los peritos de cada parte fijando la cantidad a satisfacer por la aseguradora. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de julio de 2010.
El art. 18 de la Ley de Contrato de Seguro no tiene la finalidad de marcarle al asegurador un plazo a partir de cuyo vencimiento no pueda ya rechazar la cobertura del siniestro sino la de determinar cuándo empieza para él la mora, coordinando tal precepto con los arts. 20 y 38 de la misma ley (SSTS 5-3-07, 15-12-05, 11-3-05, 20-11-03 y 19-6-03 ), no por ello el fallo recurrido debe ser casado (SSTS 19-11-08 y 27-4-07, entre otras muchas), ya que no tiene razón la parte recurrente, en cambio, cuando en los motivos segundo, tercero y cuarto considera que el procedimiento extrajudicial del art. 38 no había terminado y por ello la demandante tenía que haber instado el nombramiento de un tercer perito.

Civil

No se acepta la inexistencia del contrato de compraventa por falta de objeto porque el comprador asumió el riesgo de la indeterminación. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de junio de 2010.
Objeto del contrato son las obligaciones de las partes, los intereses sobre que recae el contrato y, a su vez, el objeto es la prestación, lo que consiste en el cumplimiento que, en último término y en definitiva, recae sobre una cosa si se trata de una prestación de dar. Y tal cosa es un concepto muy amplio: el artículo 1271 permite que sea objeto de contrato todas las cosas, aun las futuras. No se trata en el presente caso de una cosa futura, ni siquiera de una cosa determinable, sino de una cosa de una existencia física muy dudosa, que el vendedor advierte y que el comprador acepta y que más parece referirse a los posibles derechos que derivan de una adquisición anterior y de una inscripción registral actual. Lo que no es objeto de transmisión es «la inscripción registral»; sí lo es «los derechos que le corresponden sobre la finca...» como se dice, ambos extremos, en el documento privado, aunque en el notarial se dice, correctamente que «venden la finca antes descrita» y en ambos la parte compradora, la sociedad demandante en la instancia y actual recurrente en casación, declara «conocer y aceptar la situación...» tanto física, más que dudosa, como jurídica, tan discutible. En el contrato -documento privado y escritura pública- se hace constar su dudosa existencia y la parte compradora, que ahora demanda y recurre, asumió el riesgo de la indeterminación. Aceptó la compra de unos « derechos» sobre una finca (en el documento privado) y de una «finca» (en la escritura pública) con una determinación física en el Registro de la Propiedad y una situación jurídica muy poco clara y asumió el riesgo de tal situación explícitamente. No cabe que más parte olvide esta aceptación expresa y pretenda una nulidad por falta de objeto que en el contrato se hacía constar con una concreta advertencia.

El contratista debe quedar  indemne en cuanto a los efectos económicos que suponga la decisión unilateral de la contraparte, lo que significa que haya de percibir también la ganancia dejada de obtener. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de junio de 2010.
El ejercicio de la facultad de «desistimiento» derivada del artículo 1594 del Código Civil tiene como contrapartida la indemnización que debe hacerse efectiva al contratista con independencia de los motivos que lo produjeron, tratándose de un resarcimiento integral del interés que el contratista tiene en el cumplimiento, de modo que habrá de ser indemnizado en su interés contractual positivo o de cumplimiento colocándole en aquella posición económica que tendría si el contrato se hubiera ejecutado, restituyéndole así todos los gastos, trabajo y utilidad que hubiera podido obtener. Por ello el concepto de  utilidad a que se refiere el artículo 1594 se refiere a la de toda la obra y no sólo a la de la parte utilizada , incluido lógicamente el beneficio industrial que el contratista confiaba obtener y que deberá calcularse sobre la totalidad de la obra proyectada y no sólo sobre la parte ejecutada descontando el beneficio efectivamente obtenido por la eventual realización de parte de la obra y cobro del precio correspondiente a la misma. Se trata, en definitiva, de que el contratista -en este caso, la empresa de arquitectura- quede indemne en cuanto a los efectos económicos que suponga la decisión unilateral de la contraparte, lo que significa que haya de percibir también la ganancia dejada de obtener.

Laboral

Cuando en un mes se disfrute de una fracción de vacaciones, se puede limitar a un fin de semana el descanso semanal, independientemente del descanso disfrutado en los fines de semana coincidentes con esas vacaciones fraccionadas. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de junio de 2010.
La cuestión que se suscita en el presente recurso se limita a interpretar el alcance del art.26, en relación con el 28, del Convenio de aplicación, relativos a disfrutes de fines de semana y su incidencia en el periodo vacacional. En concreto, lo que la parte sindical demanda es que la empresa se avenga a reconocer el derecho de los trabajadores, consistente en el disfrute de dos fines de semana de descanso al mes con independencia de la forma fraccionada de los días de vacaciones que se hayan disfrutado. En cambio, la empresa sostiene que en el supuesto de que un trabajador disfrute sus vacaciones de manera fraccionada no tiene derecho a los dos fines de semana que garantiza el art.26 del Convenio. Considera la Sala que si se opta por la acumulación del descanso semanal en períodos de catorce días, el descanso semanal deberá organizarse a lo largo del año según una secuencia alterna: una semana un día de descanso y a la siguiente dos días de descanso coincidiendo con sábado y domingo, y así sucesivamente. Y una vez hecha esa interpretación, la respuesta que hemos de dar a la cuestión planteada de ¿qué incidencia tienen las vacaciones sobre esa regulación convencional del descanso semanal? es, ninguna, pues se trata de dos derechos, a las vacaciones y al descanso semanal, independientes y que no se solapan puesto que el descanso semanal opera precisamente cuando no se está de vacaciones. Por consiguiente, una vez finalizadas las vacaciones, sean continuas o fraccionadas, procederá recuperar esa secuencia alterna del descanso semanal. En definitiva, cuando en un mes se disfrute de una fracción de vacaciones, no es contraria a derecho la práctica de la empresa demandada de limitar a un fin de semana de descanso en concepto de descanso semanal, independientemente del descanso disfrutado en los fines de semana coincidentes con esas vacaciones fraccionadas y no puede estimarse la demanda que pretende que se reconozca el derecho a disfrutar, en esos casos, de dos fines de semana de descanso semanal, aparte de los de las vacaciones.

La relación laboral que vincula al trabajador con la empresa ha de ser calificada de indefinida, o fija a tiempo completo, no de fija discontinua al no concurrir las circunstancias que, en su caso, justificarían tal calificación. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de junio de 2010.
La contratación indefinida de carácter fijo-discontinuo procede  cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, es decir, que se produce en intervalos temporales separados, pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad, circunstancias que no concurren en el asunto ahora sometido a la consideración de la Sala. En efecto, el actor, en fecha 19 de abril de 2004, suscribió un contrato de trabajo fijo discontinuo como peón de almacén, habiendo prestado servicios desde dicha fecha, por cuenta y orden de la demandada de forma ininterrumpida todos los días del año, desempeñando  la demandada  su actividad todo el año, por lo que la relación laboral que vincula al trabajador demandante con la empresa demandada ha de ser calificada de indefinida, o fija a tiempo completo, no de fija discontinua al no concurrir las circunstancias que, en su caso, justificarían el carácter fijo-discontinuo de la relación. No empece tal conclusión el hecho de que la empresa demandada se dedique a la comercialización de productos agrícolas y, en consecuencia le resulte de aplicación la Orden de 30 de mayo de 1991, que regula los sistemas especiales de Frutas y Hortalizas e Industria de Conservas Vegetales, pues tal disposición se limita a desarrollar el art.11 de la LGSS que prevé la posibilidad de que resulte necesario, que se establezcan sistemas especiales en materia de encuadramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación, limitándose la citada Orden a regular la afiliación, altas, bajas, cómputo de períodos a efectos del derecho a prestaciones y recaudación. Como en el supuesto examinado concurren unas especiales características cual es que la actividad se ha desarrollado, no de manera intermitente o cíclica, sino de forma ininterrumpida durante cuatro años, no resulta de aplicación lo dispuesto en la citada Orden.

Administrativo

No hay vulneración  de los principios de coordinación y participación de las CCAA en régimen de igualdad. Tribunal Constitucional. Sentencia 9 de septiembre de 2010.
Si la competencia estatal en materia de recursos hidráulicos supracomunitarios no resulta desconocida ni invadida por el precepto impugnado, no cabe concluir tampoco que se produzca una vulneración, ni de los principios de coordinación y participación de las CCAA en régimen de igualdad, y por tanto no hay menoscabo de las competencias de las Confederaciones Hidrográficas y del Consejo Nacional del Agua, ni de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ya que, al tratarse de un informe no vinculante, no se impide ni obstaculiza el ejercicio de las competencias estatales, ni, por último, de la reserva de ley ordinaria, ya que se trata de una mera previsión que responde al principio de cooperación de las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma, con un natural encaje en un Estatuto de Autonomía.
 
La disposición adicional decimotercera Estatuto de Autonomía Catalán no vulnera el art. 149.1.28 CE. Tribunal Constitucional. Sentencia 8 de septiembre de 2010.
La disposición adicional decimotercera EAC no vulnera el art. 149.1.28 CE, destacando que "la integración en el sistema de archivos de Cataluña de sus fondos situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona no supone alteración del régimen unitario de éstos, ni conlleva afectación alguna de la competencia estatal, como expresamente reconoce la representación procesal del Parlamento de Cataluña, de manera que la prescripción estatutaria, que no puede significar la desaparición de la titularidad y libre disposición estatal de esos fondos, se limita a introducir una calificación que sólo puede añadir una sobreprotección a dichos fondos". En efecto, si la competencia estatal sobre el Archivo de la Corona de Aragón no resulta desconocida ni invadida por la disposición adicional impugnada, en nada se habría visto afectada la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de Aragón, la cual contemplaba que una norma estatal regulase la participación de esa Comunidad Autónoma en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón, razón por la cual el recurso de inconstitucionalidad ha de ser desestimado en su totalidad.

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