edición: 2807 , Jueves, 19 septiembre 2019
13/02/2019
Los últimos cuatro Gobiernos

Ninguna propuesta gubernamental ha logrado frenar el deterioro del gasto en pensiones

Las medidas restrictivas siempre se rechazan o, si consiguen pasar, son revertidas por el Gobierno siguiente
Juan José González
Con la comisión del Pacto de Toledo de viaje por su particular Guadiana, el trabajo del organismo público independiente que vigila las grandes cifras públicas (AiRef) parece ser el único centro intelectualmente vivo preocupado por la supervivencia de las pensiones, al menos, es la única instancia pública que viene proponiendo soluciones y medidas, remedios y enmiendas para alargar la vida del actual sistema de la Seguridad Social. La lucha al respecto se plantea en el ámbito de una confrontación de medidas como si se tratara de pulso que enfrenta las medidas interesadas en los efectos políticos del corto plazo, auspiciadas por los gobernantes, con otras propuestas de instituciones como la mencionada AiRef. Un pulso que, por desgracia para el sistema público de protección, viene ganando el Ejecutivo del momento, de ahí que la solución al problema de las pensiones nunca se produzca o que, en caso de salir adelante, sea revertida por el Gobierno siguiente.
Prueba de esta `mecánica política´ esta tan cerca como la reciente sustitución de la revisión de las pensiones según el criterio del IPC. En términos generales, y con el último ejemplo señalado como prueba, se puede afirmar que siempre que se producen propuestas desde cualquier ámbito (la revisión del 0,25% anual corresponde al anterior Gobierno del PP) que sean limitativas (como la del 0,25% citada) es rechazada por el Ejecutivo o no llega, siquiera, a ser tratada en la comisión del Pacto de Toledo.

Se presenta, por tanto, la falta de salidas o aceptación de propuestas sensatas como el preámbulo a la catástrofe, situación que no debe andar muy lejos si se tienen en cuenta el déficit del Estado, la deuda pública y el coste de su financiación, el presupuesto previsto para 2019 y todo en el mismo escenario: el enfriamiento de la economía, del empleo y, por tanto, de mayores aportaciones dinerarias al sistema público. Incluso con el viento a favor del empleo de los últimos meses (excepto enero) las cifras del déficit de pensiones se reducirían.

Por tanto, teniendo en cuenta la nueva coyuntura que parece dibujarse para los próximos meses, difícilmente se alcanzará el objetivo deseado que señalan los expertos de los 20 millones de trabajadores aportando dinero al sistema de la Seguridad social. La suerte del sistema de pensiones queda expuesta de nuevo al albur de los intereses políticos que mejor convengan al Ejecutivo, por tanto, más lejos de considerar los planteamientos realistas que muestran la deriva peligrosa del sistema de protección social.

Si el rechazo -en forma de reversión- a la medida limitativa (revisión del 0,25%) aprobada por el anterior Ejecutivo fue corregida por el actual Gobierno de forma inmediata tras su llegada al poder, otra medida también limitativa lleva el mismo camino. Se trata del retraso de la edad efectiva de jubilación, vigente y con algunos resultados efectivos según los responsables de varios organismos, pero cuya revisión puede pasar a estar condicionada con el cálculo de la pensión, cuyo nuevo planteamiento parece situar el período de cálculo por encima de los 25 años y sin descartar que el mismo tuviera en cuenta para el cálculo el conjunto o la totalidad de la vida laboral del trabajador.

La partida del gasto público que más ha aumentado por volumen, de entre todas las partidas del presupuesto, es la relativa al pago de pensiones, en cerca de un 57%, según datos de Hacienda, lo que implica la formidable relación por la que uno de cada tres euros del gasto presupuestario va destinado a pensiones. Las alarmas aumentan de intensidad cuando los técnicos del ministerio advierten que lo peor, mucho peor, está por venir. Por llegar están el efecto de la sustitución de las nuevas pensiones, más elevadas que las que caducan, el envejecimiento de la población y, por si no fuera suficiente, la revalorización de las pensiones, como se sabe, ligada al IPC.

Se llega así a una situación peligrosa y comprometida, lejos de la sensatez y fuera de la realidad que insiste en bloquear propuestas y medidas que disminuyan la factura de las pensiones, disparada un 50% en los últimos diez años, librar al Estado de un nuevo préstamo por valor de 13.000 millones de euros que solicitará el ministerio de Trabajo para que no agote definitivamente el Fondo de Reserva. Las nuevas exigencias de la población, la previsión de ingresos por nuevos cotizantes (y el mantenimiento de los actuales) no podrá ser compensado con las medidas de recaudación propuestas por el Ejecutivo. Como calcula el ministerio de Hacienda, el impuesto de Transacciones Financieras recaudará 850 millones de euros y el de Servicios Digitales 1.200 millones. La suma no parece suficiente para compensar los 7.800 millones del coste de ligar las pensiones al IPC (sólo en 2018 y 2019) como calcula el Banco de España. La catástrofe está servida.

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