edición: 2828 , Viernes, 18 octubre 2019
14/04/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

No es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad

DATADIAR

La sentencia del TS núm. 31/2011, de 2 de febrero, anula sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a dos años de prisión a un ex portavoz de Batasuna, por falta de imparcialidad objetiva de la Presidenta del órgano que la dictó. La primera de todas las garantías del proceso es la imparcialidad del juzgador. Puede afirmarse que no es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en una posición de imparcialidad, como tercero no condicionado por ningún prejuicio respecto de la culpabilidad del acusado, bien sea derivado de su contacto con el objeto del proceso con anterioridad al juicio, o bien de su relación con las partes.

El Tribunal Constitucional diferencia entre la imparcialidad subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones con las partes que puedan dar lugar a un previo posicionamiento sobre la cuestión, e imparcialidad objetiva, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez o Tribunal no ha tenido un contacto previo con el “thema decidendi”.

Y para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio el previsto por la Ley, sino otras consideraciones ajenas al Ordenamiento jurídico. Aunque en este ámbito las apariencias son importantes, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, más allá de la opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (STC 69/2001, de 17 de marzo).

La imparcialidad del Juez ha de presumirse y las sospechas sobre su idoneidad han de ser probadas y han de fundarse en causas tasadas e interpretadas restrictivamente sin posibilidad de aplicaciones extensivas o analógicas, y así lo confirma la STC 60/2008.

En el caso que analizamos, al acusado se le acusó de un delito de enaltecimiento del terrorismo por haber pronunciado, en un acto público, unas frases de cuyo contenido se desprendía un elogio hacia las acciones terroristas y sus autores en relación a la obtención de un eventual éxito en sus planteamientos políticos. En esta clase de delito es importante, no solo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también la intención con la que han sido utilizadas. Es evidente que el lenguaje admite interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la responsabilidad criminal por un delito de enaltecimiento del terrorismo, es necesario determinar con claridad cual de los posibles significados ha sido utilizado.

La trascendencia de la actuación de la Magistrada no puede examinarse reduciéndola de forma aislada a la pregunta realizada, sino que tiene que ponerse en directa relación con el comentario que realizó tras negarse el acusado a contestarla, así como con la naturaleza de los hechos imputados y su calificación jurídica, y con el momento en el que la pregunta, respuesta y comentario tienen lugar.

Se puede afirmar que la pregunta formulada por la Presidenta del Tribunal tras su declaración exculpatoria, y su reacción al negarse el recurrente a contestar, pueden interpretarse como una expresión de una opinión ya formada, previamente o al inicio del juicio, acerca del significado que cabría otorgar a las palabras pronunciadas por el acusado.

Al valorar todo lo ocurrido, se puede decir que existían razones objetivas para poder sostener que en ese momento la Magistrada estaba expresando un prejuicio en contra del acusado acerca de cuál era el sentido que debía otorgarse a las frases y expresiones que se le atribuían y, por tanto, que exteriorizaba un prejuicio acerca de la culpabilidad. Prejuicio que se expresaba antes de que fuera posible realizar una valoración imparcial, ya que aun no se había procedido siquiera a la práctica de la prueba y a dar al acusado la oportunidad de hacer uso de la última palabra.

Finalmente el Tribunal afirma que las dudas del recurrente sobre la imparcialidad de la Presidenta del Tribunal deben considerarse objetivamente justificadas.

Por tanto, tal y como afirma la doctrina jurisprudencial del TC, la imparcialidad judicial se encuentra dirigida a asegurar que la pretensión sea decidida por un tercero ajeno a las partes y a los intereses en litigio y que se someta exclusivamente al ordenamiento jurídico como criterio de juicio. Esta sujeción estricta a la Ley supone que la libertad de criterio en que estriba la independencia judicial no sea orientada a priori por simpatías o antipatías personales o ideológicas, por convicciones e incluso por prejuicios o, lo que es lo mismo, por motivos ajenos a la aplicación del Derecho.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. BOE nº. 73, de 26 de marzo de 2011.
La Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2009, declaró la nulidad de pleno derecho del apartado primero de la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que contenía normas de carácter general sobre seguridad, control y prevención de incidentes relativos a internos muy conflictivos y/o inadaptados. De acuerdo con la mencionada sentencia, las «circulares o instrucciones, al carecer de la naturaleza y de las garantías de las normas jurídicas o disposiciones de carácter general, no son medio idóneo para regular derechos y deberes de los internos en los centros penitenciarios». Efectivamente, el Tribunal Supremo recuerda que todo lo relativo a la clasificación y tratamiento de los internos está reservado a la Ley Penitenciaria y a su reglamento de desarrollo. En consecuencia, concluye, la regulación contenida en la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, «se excede del cometido y finalidad de los denominados «reglamentos administrativos o de organización» para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos ejecutivos, rodeados estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que aquélla carece (...)». A la luz de la citada jurisprudencia, la regulación de los procedimientos de seguridad ajustados a la potencial peligrosidad de los internos debe contenerse en una disposición administrativa de carácter general. El primer objetivo del presente real decreto es regular los mencionados procedimientos de seguridad. La necesidad de implementar tales procedimientos ha de entenderse en el marco de la política de seguridad general. El sistema penitenciario es uno de los instrumentos a disposición del Estado para hacer frente a las amenazas y riesgos para la seguridad provenientes, especialmente, del terrorismo y de la delincuencia organizada. Junto a las acciones de persecución y protección, la prevención exige la elaboración de una estrategia articulada de mejora de los servicios de información e inteligencia, así como la aprobación de normas organizativas de vigilancia, control e intervención ante intentos de los reclusos de dar continuidad a las actividades delictivas en los centros penitenciarios.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de falsedad de moneda. Falsedad de tarjetas de crédito. Tenencia de tarjetas inauténticas destinadas a ser puesta en circulación. Delito de estafa. Reconocimiento fotográfico. Derecho a la presunción de inocencia. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de noviembre de 2010.
Atipicidad de la conducta del acompañante del autor del delito de uso, como medio de pago, de tarjetas falsificadas. El simple estar junto a su compañero en el momento de adquirir los bienes con las tarjetas falsas, incluso a sabiendas de que éste cometía acciones penalmente sancionadas, si puede valorarse como una forma de solidaridad moralmente reprobable, lo cierto es que carece de trascendencia jurídico penal. Reconocimiento fotográfico: artículos 369 – 371 LECrim. Requisitos. Validez del reconocimiento fotográfico efectuado en sede policial, que no judicial. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Reconocimiento fotográfico que junto con las declaraciones testificales de los responsables de los establecimientos comerciales, la prueba documental consistente en los justificantes de compra firmados, y la ocupación de tarjetas de crédito y de identidad falsificadas y de parte de los bienes adquiridos con ellas, es prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia.

Mercantil

Responsabilidad de administradores sociales: prescripción «dies a quo» del cese. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de noviembre de 2010
La Jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que la simple inactividad de la sociedad no supone el cese de sus administradores, sin que tampoco provoquen tal efecto el «abandono de hecho» de la administración social o la pérdida total del patrimonio de la sociedad (por todas, sentencia 45/2009, de 12 de febrero ), pues tales hechos por sí solos no son causa del cese de los administradores, ni les releva del desempeño del cargo y, en consecuencia, no les exime de la obligación de promover la disolución ordenada de la sociedad cuando concurre causa legal para ello. La caducidad del nombramiento y el convenio en la Suspensión de Pagos y el nombramiento de liquidador del patrimonio, son insuficientes para que comience a transcurrir el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad por deudas sociales, cuando existen litigios pendientes en los que es parte la sociedad.

Impugnación acuerdos de expulsión de socios de la cooperativa. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de noviembre de 2010
El artículo 18.2 de la Ley 27/1999, de Cooperativas, regula una de las garantías mínimas que necesaria e ineludiblemente deben ser observadas por las cooperativas para la aplicación de las normas internas de disciplina social, en los siguientes términos: «Las infracciones cometidas por los socios prescribirán si son leves a los dos meses, si son graves a los cuatro meses, y si son muy graves a los seis meses. Los plazos empezarán a computarse a partir de la fecha en la que se hayan cometido. El plazo se interrumpe al incoarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el plazo de cuatro meses no se dicta y notifica la resolución». Esta regla ha sido objeto de varias interpretaciones, ahora bien, cualquiera que sea la interpretación que se propugne, es lo cierto que la norma exige que las resoluciones adoptadas en los expedientes disciplinarios no sólo sean adoptadas sino también notificadas dentro del plazo de los cuatro meses siguientes al de su incoación, siendo procedente la declaración de nulidad de aquellas que fueron comunicadas transcurrido dicho periodo de tiempo, ya sea porque la decisión se adoptó después de agotado el plazo, ya sea porque habiéndose adoptado temporáneamente su notificación resulta extemporánea.

Civil

Determinación de la parte contractual que debe soportar el coste de las reparaciones que hubieron de practicarse en el buque a consecuencia de las averías que impedían su utilización. Tribunal Supremo. Sentencia 23 de noviembre de 2010
No se discute la realidad de las averías, ni su importancia en orden a que afectaron a elementos estructurales del buque y que derivaron de defectos existentes al tiempo de la entrega del mismo, temas de índole fáctico que devienen incólumes en casación. Como consecuencia, los gastos exigibles no son calificables como de mantenimiento o de conservación del buque, sino como necesarios para poner el buque en condiciones de navegabilidad. Por ello para la sentencia recurrida la obligación de responder del coste de reparación le corresponde a la entidad arrendadora porque, si bien la cláusula 2 de la póliza adicionada al contrato-y en cuya virtud es obligación del arrendador efectuar las reparaciones necesarias que pudieran corresponderse con defectos ocultos del buque, no detectados en la inspección previa, aparece excluida por las partes al hacerse constar en la casilla 30 la «no aplicación» («N.A.», not applicable), sin embargo en la cláusula décimocuarta del contrato se declara la aplicación preferente del documento contractual  y en la cláusula décimoquinta, rotulada «Naturaleza jurídica y contenido obligacional», se establece que ante la falta de previsión legal por el Código de Comercio del contrato de arrendamiento del buque serán de aplicación las normas del Código Civil sobre arrendamiento de cosas (arts. 1542 y ss.) al presente contrato , lo que determina la aplicabilidad del art. 1554.1º CC  , conforme al cual, y la jurisprudencia que lo aplica, el arrendador habrá de entregar al arrendatario la cosa arrendada en condiciones de servir al uso pactado, lo que se traduce en el caso «en condiciones de navegabilidad.

El grado de concreción necesario en la designación del objeto del mandato depende del carácter y circunstancias de aquel. Tribunal Supremo. Sentencia 26 de noviembre de 2010
La jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que para transigir es necesario un mandato especial, pues así debe entenderse la exigencia de mandato expreso que se contiene en el artículo 1713 CC. Mandato especial es aquél que contiene una designación concreta del objeto para el cual se confiere, pues no basta una referencia general al tipo de actos para el cual se confiere. El grado de concreción necesario en la designación del objeto del mandato depende del carácter y circunstancias de aquél. Cuando el mandato tiene por objeto actos de disposición es menester que se designen específicamente los bienes sobre los cuales el mandatario puede ejercitar dichas facultades, y no es suficiente con referirse genéricamente al patrimonio o a los bienes del mandante. En el caso del mandato para transigir es necesario que se especifique con precisión el conflicto al que se refiere la transacción en términos objetivos y subjetivos, distinguiéndolo de cualquier otro, y los aspectos jurídicos o de hecho sobre los que se autoriza a transigir. No es necesario, sin embargo, que se establezcan los términos en los cuales ha de tener lugar la negociación o la transacción ni que se especifiquen límites máximos o mínimos para llevarla a cabo, puesto que esta exigencia haría en muchos casos ineficaz el mandato o colocaría al mandante en una situación desfavorable frente a la parte con la que mantiene un litigio, dado que la transacción comporta en sí misma una negociación entre las partes partiendo de una situación de incertidumbre que haga posible obtener ventajas mediante la realización de recíprocas concesiones.

Laboral

La no renovación del contrato de alquiler del local no justifica el despido del trabajador si podría haber sido reubicado en otros centros de trabajo de la empresa. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de noviembre de 2010
El art. 52.c del Estatuto de los Trabajadores subordina la decisión extintiva a la necesidad de amortizar, de forma que con la medida se contribuya a superar las dificultades de la empresa, y éstas únicamente pueden invocarse con eficacia cuando no sean superables con otra medida racional en orden a la eficacia productiva y -por ello- no se presenten simple medio para aumentar el beneficio empresarial. Esta doctrina hace de muy difícil justificación la necesidad de amortizar un determinado puesto de trabajo por extinción del contrato de arrendamiento de un local cuando -como en el caso objeto de litigio- en la misma empresa existen numerosas vacantes o se van a crear otros puestos en otros centros de trabajo, y simultánea o posteriormente pasan a cubrirse con la contratación de nuevos trabajadores. Tal decisión -amortizar un puesto y a la vez cubrir otros muchos vacantes o de creación ex novo- no se presenta como la medida racional de que antes hablábamos, sino más bien una interesada -aunque injustificada- decisión de empresarial, que no se ajusta al ya referido requisito de ineluctabilidad del cese por imperativos de la producción o por la adecuada gestión de la empresa.

El complemento cuestionado, deberá  mantenerse en la medida en que en cómputo global de conceptos homogéneos resulte superior a las condiciones retributivas  establecidas  en el nuevo convenio. Condición más beneficiosa. Tribunal Supremo. Sentencia 30 de noviembre de 2010
Recurre la parte sindical al ser desestimada su pretensión de que los trabajadores, procedentes del ICS,  siguieran percibiendo la mejora económica, incentivos, en las mismas condiciones en que la venían percibiendo, sin que sea compensable ni absorbible con el complemento de DPO, ni con las subidas del convenio del sector. Dicha mejora económica estaba fijada en función de la categoría profesional de cada perceptor, y no respondía a ningún tipo de condición, ni de resultado económico empresarial, ni a objetivos que debiera cumplir el trabajador. Pero la empresa dejó de abonar el complemento aludido, sustituyéndola por el abono del «complemento DPO», complemento éste último que la empresa considera que ha absorbido al que está siendo objeto de litigio. Esta Sala argumenta que dicha mejora realmente es un verdadero complemento del salario, constituyendo, además, una condición más beneficiosa. Tal como esta Sala ya ha resuelto en un litigio sustancialmente idéntico al presente, no estamos ante una condición de origen normativo, sino ante una condición contractual  que quedaría comprendida  en el art.3,1 c) ET y no en los apartados anteriores de este precepto. Es cierto que no se trata de una condición individual o plural, sino de una condición colectiva, pues se aplica con carácter general a todos los trabajadores. Pero, aunque esta naturaleza la hiciera plenamente disponible por un convenio posterior, debe entrar en la regla de compensación y absorción, es decir, el complemento deberá  mantenerse en la medida en que en cómputo global de conceptos homogéneos resulte superior a las condiciones retributivas  establecidas  en el nuevo convenio. No es posible en el marco de este proceso de conflicto colectivo determinar de forma concreta esa subsistencia, que depende de la comparación individualizada de la incidencia de los niveles retributivos, pero procede hacer la correspondiente declaración general, estimando el recurso y casando la sentencia recurrida para estimar también  parcialmente la demanda. Esta estimación es sólo parcial, porque el suplico de la demanda pedía el mantenimiento de forma incondicionada, es decir, sin absorción ni compensación.

Administrativo

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Sustitución de abogado en la vista. Tribunal Constitucional. Sentencia 28 de febrero de 2011
En el caso ahora examinado, por tratarse de actuaciones seguidas ante un órgano unipersonal, el art. 23.1 LJCA permitía a la parte optar por conferir su representación a un Procurador o al propio Abogado. Los demandantes optaron por disociar el encargo profesional de su representación y defensa en el proceso, encomendando a un Procurador la representación causídica y a un Abogado la dirección técnica, por lo que sólo al Procurador le era exigible que acreditara documentalmente el mandato recibido. Siendo por tanto irrelevante que la Letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado -puesto que no ejercía facultades de representación- hay que decir, que la presencia en la vista del Procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la Letrada que le acompañaba en el referido acto procesal. Y a esta fundamental circunstancia se añade que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que "el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio" y que "para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad". Las consideraciones que anteceden suponen una interpretación de la legalidad ordinaria lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, que ha cerrado indebidamente el examen del fundamento de la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial ejercitada por los recurrentes de amparo.
 
Notificación personal y cómputo aplicable. Fijación del dies ad quem del plazo. Tribunal Constitucional. Sentencia 28 de febrero de 2011
No hay interpretación alguna de la legalidad procesal. Al contrario, la Sentencia recurrida identifica correctamente el día de la notificación personal y sienta el criterio jurisprudencial de cómputo aplicable, pero, a renglón seguido, calcula mal el plazo conforme al propio criterio que dice recoger, del que derivaba el vencimiento de la acción el día 12 de abril y no el anterior día 11, como fue declarado. Al margen ahora del evidente error mecanográfico que la Sentencia comete en algún pasaje  la misma establece el cómputo de fecha a fecha, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo, del que cita un pronunciamiento concreto. La lectura de esa Sentencia del Alto Tribunal y de otras muchas dictadas en el mismo sentido, lo mismo que la literalidad de la declaración de la resolución recurrida en amparo, que afirma que el vencimiento se produce el mismo día del mes correspondiente a aquél en que tuvo lugar la notificación, revelan que el órgano judicial cuya resolución ahora se recurre se equivocó en la fijación del dies ad quem del plazo. Ello es lo que resulta de las actuaciones y de la propia resolución recurrida, pues se parte de que la notificación por correo certificado, con acuse de recibo, tuvo lugar el día 12 de febrero, en tanto que el recurso fue presentado el 12 de abril siguiente, es decir, el día de la finalización del plazo de caducidad establecido en el art. 58.3 a) LJCA de 1956, cuyo cómputo, según afirma la propia Sentencia impugnada, debe efectuarse de fecha a fecha, tal como establece el art. 5.1 del Código civil, en relación con el art. 185.1 LOPJ. Lo que supone, al tratarse de un plazo fijado por meses, que su vencimiento se produjo el mismo día del mes correspondiente a aquel en que tuvo lugar la notificación.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...