edición: 3025 , Viernes, 7 agosto 2020
13/01/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

No procede imponer a los demás comuneros la división de la cosa común por vía judicial mediante la creación de nuevas comunidades

DATADIAR
La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) estimó parcialmente la demanda en la que se pedía que se declarara la extinción de la situación de indivisión de finca urbana y a falta de convenio entre las partes se ordenara la venta en pública subasta del inmueble haciendo reparto entre las partes en proporción a sus respectivas participaciones. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de ambas partes, la Audiencia Provincial de Ciudad Real, dictó Sentencia estimando el recurso interpuesto por los actores declarando la extinción de la situación de pro indiviso, por lo que a falta de convenio se procede a la venta en pública subasta. Interpuesto recurso de casación por las demandadas, fueron conocidos por el Tribunal Supremo, quien, en Sentencia de 30 de noviembre de 2010, resolvió los mismos.

En su razonamiento, los demandados utilizan diferentes argumentos insistiendo en afirmar que la sentencia de la Audiencia ha vulnerado las normas del Código Civil sobre la división de la cosa común y, en concreto, los artículos 400, 401, 404, 406, 1061 y 1062 del citado Código, en cuanto ha de considerarse prevalente la solución que consiste en la división material o física del inmueble siempre que ello fuera posible, solicitando en el "suplico" del escrito de interposición que así se declare y que se divida el inmueble, de un lado, en cinco octavas partes de 55 metros cuadrados cada una -fragmentación que tomaría diez metros de fachada- y, al otro lado, en tres octavas partes de 55 metros cuadrados cada una -que tomarían seis metros de fachada-, para subsidiariamente, en el caso de que no se estime adecuada u oportuna la división física del inmueble en la forma expuesta, se declare la divisibilidad indicando esta Sala la forma en que dicha división debe llevarse a cabo.

Señala el ponente, que es cierto que aunque, aceptados los hechos que se han fijado en la instancia, quepa otorgar una cierta dimensión jurídica a la valoración de tales hechos en orden a establecer la divisibilidad o indivisibilidad jurídica de la cosa en aquellos supuestos en que lo fuera desde un punto de vista estrictamente material, no cabe imputar a la Audiencia la infracción de los citados preceptos del Código Civil pues aun cuando efectivamente pueda desprenderse de los mismos que resulta preferible la división material siempre que sea posible, no sólo la sentencia impugnada razona los motivos por los que resultaría jurídicamente inadecuada la división del inmueble en ocho partes, sino que además la parte ahora recurrente no lo interesó así al contestar a la demanda y solicitar entonces que se establecieran dos nuevas comunidades donde antes existía sólo una, de modo que por un lado se creara una comunidad nueva sobre 5/8 partes del inmueble, y otra sobre las 3/8 partes restantes; solución divisoria mediante la creación de nuevas comunidades que esta Sala ha rechazado en anteriores resoluciones.

El artículo 400 del Código Civil dispone, en su párrafo primero, que  «ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común»; y, en su párrafo segundo, que  «esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención».

Se contienen en dicha norma los dos caracteres fundamentales de la comunidad de bienes: a) Su naturaleza incidental o transitoria; y b) La inexistencia de vínculo, a falta de pacto entre los particulares, por el cual los comuneros se encuentren obligados a permanecer en la comunidad.

El Código Civil, inspirado en el carácter no definitivo, poco rentable y desfavorable con el que concibe la situación de comunidad, concede al comunero una acción para exigir que se divida la cosa común. La acción de división ("actio communi dividundo") es indiscutible por los demás partícipes, incondicional e imprescriptible, pues la facultad de pedir la división de la cosa no es un derecho que pueda extinguirse por su falta de ejercicio en determinado plazo, sino una facultad de carácter permanente que acompaña siempre a la comunidad y debe entenderse subsistente mientras dure aquélla. Con el ejercicio de la acción de división lo que se persigue es la cesación del estado de indivisión para que se adjudique al comunero la propiedad plena y separada de una parte o porción de la cosa común o, en el caso de que física o jurídicamente tal división no fuera posible, se le atribuya la parte proporcional del precio obtenido mediante su venta.

De ahí que la facultad concedida por dicha norma se dirige al cese de la situación de comunidad mediante el reconocimiento y asignación de titularidades individuales a cada uno de los partícipes y no contempla la creación de nuevas situaciones de comunidad sobre las porciones resultantes de la división, que únicamente resultaría posible si media el acuerdo de todos los interesados

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. BOE nº 307 de 18 de diciembre de 2010.
La política de vivienda en España a finales del año 2010 gira en torno a dos ejes prioritarios: El fomento del mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la rehabilitación del parque residencial existente. El fomento del arrendamiento intenta mejorar la situación de escasez y el elevado precio de las viviendas ofrecidas en este régimen de tenencia y facilitar así el acceso de los ciudadanos a viviendas en alquiler. La rehabilitación residencial, por su parte, tiende a racionalizar la existencia de un importante parque residencial en España. Además de su fuerte capacidad específica para generar empleo, constituye una alternativa parcial a la nueva construcción residencial, y de carácter más sostenible que ésta última. En general, ambas líneas de actuación contribuyen a dar respuesta a problemas de alojamiento de una parte de la población, aliviando la presión de la demanda de nuevas viviendas. La irrupción en España de las consecuencias de la severa crisis financiera mundial, ha dado lugar a un nuevo escenario en el que, por una parte, se ha hecho más difícil la provisión de la financiación hipotecaria necesaria para el subsector de la vivienda, circunstancia que afecta asimismo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (en adelante, PEVyR). Por otra parte, se ha hecho imprescindible afrontar un gran esfuerzo de contención y reajuste presupuestario por las Administraciones Públicas, que repercute en todos los ámbitos de la política económica, incluyendo la relativa a la vivienda, en el cual se enmarca el mencionado PEVyR.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa. Maniobra fraudulenta realizada por los recurrentes en perjuicio de la entidad bancaria, a la que se ocultó el cobro directo de las facturas luego también descontadas a través de la línea de crédito. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de septiembre de 2010.
La compleja relación probatoria refiere que los acusados, en su condición de administradores de determinada sociedad mercantil, mantenían antiguas y fluidas relaciones financieras con una entidad bancaria, concretadas en lo que interesa en la apertura y mantenimiento de dos líneas de descuento de efectos mercantiles, concretamente sendas pólizas de crédito por cuantía máxima 90.000 euros la primera de ellas y 150.000 euros la segunda. Según lo pactado, la sociedad podría disponer de fondos con cargo a dichas pólizas de crédito previa presentación de facturas pagaderas a 90 días que la misma hubiera emitido contra determinadas empresas, siempre que las deudoras hubieran prestado su conformidad para ser abonados los respectivos importes en la cuenta bancaria que servía de soporte a las pólizas. La empresa que administraban los acusados entró en crisis económica hasta el punto de que los trabajadores llevaban varios meses sin percibir las retribuciones, y llegaron a escasear los suministros para seguir produciendo. En estas condiciones, los acusados decidieron y pusieron en práctica la idea de contactar con los representantes de las empresas deudoras para exigirles el abono directo de las facturas emitidas y pendientes de pago, algunas de las cuales ya se habían presentado al descuento bancario. Así fue que entre los acusados se produjo la gestión personal con los deudores al margen del Banco, de manera que al menos en dos ocasiones y por importe 10.026 euros duplicaron el pago de lo debido en perjuicio de la entidad bancaria. En base a los anteriores hechos, la Audiencia condenó a los acusados como autores responsables de un delito continuado de Estafa, imponiendo a cada uno de ellos la pena de un año y seis meses de prisión, accesorias, entre ellas inhabilitación especial para la administración de empresas durante el tiempo de la condena, abono de costas procesales incluidas las correspondientes a la acusación particular e indemnización a la entidad bancaria por importe 10.026 euros. Queda de manifiesto la maniobra fraudulenta realizada por los recurrentes en perjuicio de la entidad bancaria, a la que se ocultó el cobro directo de las facturas luego también descontadas a través de la línea de crédito.

Mercantil

Denuncia unilateral del contrato de distribución mercantil. Régimen de la indemnización por clientela. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de septiembre de 2010.
Sobre la posibilidad de aplicar el artículo 28 de la Ley 12/1.992 a la liquidación del contrato de distribución, se ha pronunciado en numerosas ocasiones esta Sala. En la presente sentencia el Tribunal recuerda los aspectos esenciales de la jurisprudencia al respecto. Así se señala que a consecuencia de las diferencias existentes entre los contratos de agencia y distribución era improcedente «aplicar, de un modo automático, los artículos de la Ley 12/1992 a la liquidación de la relación contractual de distribución, cual si fuera cierta una igualdad jurídica esencial, la cual, como regla, no existe. Así - al margen de aquellos en los que hubiera tenido lugar una denominación o una calificación equivocada o en los que los contratantes hubieran recurrido a la simulación para ocultar la realidad bajo una falsa apariencia - son de mencionar los supuestos en los que el distribuidor queda vinculado al productor o mayorista en términos que superen las típicas relaciones de compraventa, al integrarse en su red y obligarse a adaptar la estrategia empresarial propia a la de éste. Además, y aunque fueran aplicables analógicamente las normas de la Ley 12/1.992, no hay que olvidar, que el distribuidor sólo tendría derecho a la indemnización por clientela si se hubiera probado la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 28 de aquella Ley.

Accidente de circulación. Sistema legal de valoración del daño corporal aplicable, valoración del quebranto personal según cuantías actualizadas a fecha del alta. Tribunal Supremo. Sentencia 29 de septiembre de 2010.
Las SSTS de 17 de abril de 2007, del Pleno de esta Sala han sentado como doctrina jurisprudencial «que los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado». Las sentencias, cuya doctrina debemos aplicar en el supuesto examinado, consideran que la pérdida de valor que origina la valoración de los puntos en el momento del accidente no podría compensarse con los intereses moratorios del artículo 20 LCS , dado que éstos no siempre son aplicables; las lesiones pueden curarse o manifestarse transcurrido largo tiempo; y la determinación de los intereses moratorios exige determinar la cantidad en función de la cual se van a devengar.

Civil

Facultad del arrendador de proceder a actualizar la renta correspondiente a los contratos de arrendamiento de vivienda anteriores al 9 de mayo de 1985 en consideración a las circunstancias económicas del arrendatario. Tribunal Supremo. Sentencia 15 de septiembre de 2010.
La regla general es la procedencia de la actualización siempre que el arrendatario pretenda seguir gozando del beneficio de la prórroga forzosa por más tiempo del correspondiente al plazo de ocho años, siendo excepción a dicha regla el supuesto de que la situación económica del arrendatario y de las personas que con él convivan determine lo contrario, lo que exigirá no sólo la existencia de tal situación objetiva sino, además, que se acredite la misma ante el arrendador en referencia a los ingresos totales correspondientes al ejercicio fiscal anterior a la fecha del requerimiento. Habiéndose intentado, en el caso enjuiciado, dicha actualización por el arrendador, sin éxito por desestimación de la demanda que al efecto interpuso, no cabe repetir el intento con posterioridad, pues la ley no lo ha establecido así -pudiendo hacerlo- configurando la actualización como un proceso único y referido a un momento determinado, ya que lo contrario supondría igualmente que, siendo procedente la actualización, el arrendador hubiera de quedar sujeto a cualquier posible variación en las circunstancias económicas del arrendatario, y quienes con él convivan, a efectos de que quedara eliminada la actualización ya establecida con arreglo a la ley con la consecuente inseguridad jurídica en la fijación de elemento tan esencial del contrato como es la renta.

No cabe incluir en el concepto de ruina funcional el incumplimiento de condiciones urbanísticas que por su naturaleza son cambiantes y ajenas a la realidad física de la obra. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de septiembre de 2010.
En materia de vicios ruinógenos incardinables en el art. 1591 del Código Civil   , la doctrina distingue, junto a las hipótesis de derrumbamiento total o parcial (ruina física) y de peligro de derrumbamiento o deterioro progresivo (ruina potencial), en las que se destaca el valor físico de la solidez, la denominada ruina funcional que tiene lugar en aquellos supuestos en los que los defectos constructivos inciden en la idoneidad de la cosa para su normal destino, y por consiguiente afecta al valor práctico de la utilidad, como exigencia, junto a la seguridad, de una adecuada construcción. Se aprecia la ruina funcional cuando los defectos tienen una envergadura o gravedad que exceden de las imperfecciones corrientes haciendo inútil o impropia la cosa para su finalidad. Así, es la propia construcción la que intrínsecamente debe presentar la situación de ruina y aun cuando esta Sala haya ampliado el concepto de ruina funcional incluso a supuestos en que se trataba de plazas de garaje impracticables  lo que desde luego no cabe es extender tal concepto al incumplimiento de condiciones urbanísticas que, por su propia naturaleza, son cambiantes y ajenas a la propia realidad física de la obra, de modo que, si así se admitiera, cabría la posibilidad de que, por el cambio de la regulación administrativa, lo que sería inicialmente ruinoso dejara de serlo sin alteración física alguna.

Laboral

Permisos. Sólo a partir de los 33 años de permanencia en la empresa resultaría favorable el EBEP lo que implica que en cómputo global, la regulación convencional es más favorable. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de octubre de 2010.
Recurre la empresa la sentencia de instancia al rechaza la pretensión de ésta de que se declare como inaplicable a los trabajadores de Renfe Operadora el art.48.2 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, declarando que devengan el derecho al disfrute de los días de permiso que establece el citado artículo, una vez cumplidos los requisitos temporales que el precepto exige. En el presente caso, se denuncia la infracción del art.3.3 ET por considerar que la sentencia recurrida no aplica el principio de norma más favorable apreciada en su conjunto en cómputo anual respecto de los conceptos cuantificables, lo que impide el uso de la técnica del «espigueo». En un análisis comparativo: si se aplicara el EBEP, los trabajadores de RENFE Operadora tendrían derecho a 22 días hábiles de vacaciones, no teniendo la consideración de hábiles los sábados y a 6 días por asuntos particulares; además y sólo  a partir del sexto trienio tendrían derecho a dos días adicionales y a partir del octavo trienio un día adicional más por cada nuevo trienio. Si se aplicaran las normas convencionales, los trabajadores de RENFE Operadora tendrían derecho a 35 días naturales más las fiestas comprendidas en dicho periodo de vacaciones, tres días por asuntos propios  y otros tres días más. Teniendo en cuenta que en el EBEP no se cuentan los sábados y domingos en las vacaciones, y en el Convenio de RENFE Operadora sí, debe considerarse que el EBEP fija 30 días naturales de vacaciones, para comparar datos homogéneos, lo que resulta un total de 36 días en el EBEP y 41 en la norma convencional sumando vacaciones y días de libre disposición, resultando por ello más favorable el Convenio hasta el noveno trienio, igual en el décimo trienio e inferior en el décimo primer trienio con respecto al EBEP; así, teniendo en cuenta que solo a partir de los 33 años de permanencia en la empresa resultaría favorable el EBEP,  ello implica que en cómputo global, la regulación convencional es más favorable.

Se declara naturaleza laboral de la prestación de servicios que, como actores de doblaje, mantuvieron los veintiséis dobladores codemandados con la empresa. Tribunal Supremo. Sentencia 5 de octubre de 2010.
La cuestión que se plantea consiste en determinar si la prestación de servicios que efectúan los actores de doblaje a favor de las empresas que se dedican a estudios de doblaje y sonorización de producciones cinematográficas y de televisión- y en concreto en la forma que se desarrolla a favor de la entidad ahora recurrente-, puede ser calificada de relación laboral. Siguiendo doctrina jurisprudencial de esta Sala, en torno al contrato de trabajo de los artistas, cabe concluir que concurren en el presente caso las siguientes notas características de la relación laboral: Los actores de doblaje no aportan infraestructura alguna, siendo la empresa que les contrata la suministradora de todos los medios técnicos y humanos necesarios para el desarrollo de la completa prestación de servicios. Es intrínseca a la propia prestación de servicios del artista el sometimiento del mismo a un director de doblaje. También resulta propia de la esencia de la relación laboral especial la coincidencia del tiempo de prestación de servicios con la de desarrollo de la obra o trabajo artístico, sin que la exclusividad pueda exigirse como nota de la misma. El que los actores de doblaje puedan decidir si aceptan o no participar en determinado doblaje y fijen los días de trabajo de mutuo acuerdo con la empresa, no cabe interpretarlo como una excepción a la dependencia. Si la prestación de servicio se perfila por cada obra el contrato nacerá cada vez exista acuerdo de voluntades entre las partes sobre el objeto y circunstancia de la prestación, lo cual es congruente con lo apuntado respecto de la inexigibilidad de que el artista preste servicios en exclusiva para una empresa de doblaje, al no hallarse vinculado a esta de forma indefinida y continuada. La ajenidad queda también patente al examinar el sistema y cuantía de la contraprestación económica por la actividad de doblaje. Asimismo, no cabe negar la ajenidad por el hecho de que los actores de doblaje mantengan sus derechos de autor, sin cesión a la empresa.

Administrativo

Vulneración del orden constitucional de distribución de competencias. Tribunal Constitucional. Sentencia 29 de noviembre de 2010.
Admitiendo la reserva al Estado de la facultad de suscribir convenios con las entidades financieras en atención a que dicha reserva se vinculaba a la necesidad de garantizar que los topes máximos que pudieran fijarse por el Gobierno para determinadas líneas de créditos fueran efectivamente respetados, así como para asegurar una distribución homogénea o no discriminatoria de tales créditos en todo el territorio nacional, se constata que ambas circunstancias no concurren en el presente caso, lo que determina que los arts. 3.3 a) y 8, en la medida en que hacen referencia a la reserva un órgano estatal de facultades relacionadas con la gestión de las ayudas, vulneren las competencias autonómicas en materia de vivienda. Esta disconformidad afecta también al segundo inciso del art. 4.5, en cuanto el mismo hace referencia a la orden de pago por parte del Ministerio de Vivienda, y al art. 4.6, en tanto se refiere a actuaciones a desarrollar por dicho órgano estatal con las entidades de crédito con las que hubiera suscrito un convenio, base de referencia que hemos considerado que vulnera la competencia de la Comunidad de Madrid. Contraria a las competencias autonómicas resulta tambien la disposición adicional segunda, pues es de todo punto evidente que éstas no pueden ni verse calificadas como excepcionales ni moduladas o condicionadas por el informe favorable de la Comisión prevista en esta disposición. De esta forma las Comunidades Autónomas, dentro del respeto debido a los elementos indispensables que la norma estatal arbitra para alcanzar los fines en ella perseguidos entre los que se encuentra el reconocimiento del derecho a la ayuda a todas aquellas personas que cumplan con la condición de beneficiarios en los términos del art. 2 del Real Decreto 1472/2007, cuentan con un margen de libertad de decisión en esta materia que no puede verse condicionado por la norma estatal que resulta, por ello, contraria al orden constitucional de distribución de competencias.
 
La concreta actividad disciplinaria, en cuanto supuso una privación de la libertad del actor, vulneró lo dispuesto en el art. 17.1 del texto constitucional en relación con el art. 25.3 CE. Tribunal Constitucional. Sentencia 30 de noviembre de 2010.
Al demandante de amparo se le impuso la sanción de tres días de arresto domiciliario, sin perjuicio del servicio, por el Teniente Comandante del puesto principal de Altea, por la comisión de una infracción leve prevista en el art. 7.10 de la Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil, por "inexactitud en el cumplimiento de las órdenes recibidas" en el desarrollo de una inspección ocular realizada en un inmueble para la investigación de un hecho delictivo. Es evidente, por tanto, que al recurrente se le impuso una sanción privativa de libertad por una actuación desarrollada en el ámbito de su actividad policial y no de carácter estrictamente militar, y que dicha sanción fue impuesta por la Administración, en concreto por uno de sus superiores, sin intervención de órgano judicial alguno. Esto es, se le impuso administrativamente la sanción más gravosa para su libertad de las previstas en el art. 10.1 de la Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil. Consiguientemente, y de acuerdo con la interpretación que de este último precepto se realizó en la STC 73/2010, esa actividad disciplinaria, en cuanto supuso una privación de la libertad del actor, vulneró lo dispuesto en el art. 17.1 del texto constitucional en relación con el art. 25.3 CE.

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