edición: 2742 , Miércoles, 19 junio 2019
07/09/2011

Notarios y registradores justifican que cobren de más en la cancelación de hipotecas por la falta de sentencias firmes

Javier Ardalán
Notarios y registradores han recibido una acusación muy seria por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios  (OCU) de que cobran más de lo que deberían percibir por las cancelaciones de hipotecas. Es una denuncia muy seria, porque se trata de dos colectivos de funcionarios y, además, de dos colectivos de funcionarios que existen para defender los derechos de los consumidores.

El informe sobre el que se fundamenta la acusación se basa en un muestreo de facturas de socios de la OCU, del que se desprende que un 92% de ellos han pagado por los servicios de notarios y registradores más de lo que debían.

El problema es que el asunto viene de muy lejos, desde el año 2007, año en el que entró en vigor la Ley 41/2007 que modificó la Ley Hipotecaria e incluyó en su articulado una medida política que imponía a notarios y registradores la obligación de considerar las cancelaciones de las hipotecas de vivienda como documentos sin cuantía a los que se les aplica el arancel (tarifa pública), que supone 30,05 euros más otros tres por folio que componga la escritura de cancelación.

La Ley 41/2007, en el art.10.1 establece que “Para el cálculo de los honorarios notariales de las escrituras de subrogación, novación modificativa y cancelación, de los créditos o préstamos hipotecarios, se aplicarán los aranceles correspondientes a los ‘Documentos sin cuantía’ previstos en el número 1 del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los Notarios.

A comienzos de 2008, diversos Colegios Notariales, como los de Madrid o Galicia aprobaron por unanimidad acuerdos por los que se aprobaba una interpretación de este artículo  por la que sólo se considerarían arancelariamente como ’documentos sin cuantía’ aquellas escrituras de cancelación de hipoteca cuya finalidad fuese la modificación y mejora de las condiciones financieras del deudor, con la misma u otra entidad financiera.
”.
Sin embargo, el día 11 de marzo de 2009, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) inició la publicación de una serie de Resoluciones en las que anulaba estos acuerdos de las Juntas de los Colegios Notariales, afirmando que “se vaciaría en gran medida de contenido la reforma legal y su loable finalidad, esto es, ahondar por motivos de transparencia y equidad en la bonificación arancelaria de la autorización de escrituras públicas de cancelación de préstamos con garantía hipotecaria y su consecuente inscripción”.

Y concluye que todas las escrituras de cancelación de los créditos o préstamos hipotecarios concedidos por una entidad financiera de las previstas en el artículo primero de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sin excepción, se consideran ‘documentos sin cuantía’ a efectos de aplicación del arancel notarial.

El Consejo General del Notariado, a la vista de las resoluciones de la DGRN, aprobó por mayoría un acuerdo por el que se recomendaba a las Juntas Directivas de los Colegios que aconsejasen a los notarios que aplicasen la doctrina de la DGRN, tal y como recordaba ayer en un comunicado hecho público.

No obstante, la mayoría de los Colegios que habían defendido la teoría restrictiva para la aplicación del arancel decidieron recurrir las mencionadas resoluciones a los tribunales de la jurisdicción Contencioso-Administración. En este punto, algunos de los Colegios notariales decidieron ignorar las Resoluciones hasta que hubiese sentencias firmes. De esta forma, algunos colegios siguieron defendiendo la doctrina de la DGRN.

Con esta situación, muchos notarios vieron una oportunidad para seguir considerando como ‘documentos con cuantía’ las subrogaciones, novaciones modificativas y cancelaciones. Fruto de esta situación ha sido la apertura de expedientes disciplinarios abiertos en el Colegio de Andalucía a los notarios denunciados por estas prácticas. Su presidente, Antonio Ojeda (antiguo presidente del Consejo del Notariado) es un firme convencido de la necesidad de cumplir las directrices de Hacienda.

En su informe, la OCU considera que el  notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Y determina que si se suman a ese importe los demás conceptos, resulta que una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. Sin embargo, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas por la OCU es de 260 euros, resultado de aplicar la tarifa para los ‘documentos con cuantía’.

Aunque presidente y vicepresidente del Notariado no quisieron ayer realizar ningún tipo de declaraciones, diversas fuentes de ese organismo explicaron el desconocimiento que tienen sobre el posible número de notarios que están llevando a cabo esa práctica y, en vista de la denuncia pública, están dispuestos a investigarlo.

El Colegio de Registradores de España, por su parte, defendía ayer en un comunicado que la interpretación de la norma arancelaria que regula esta materia, está todavía pendiente de resolución definitiva de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla. 

No obstante, ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de junio de 2010, que dio la razón al titular de la hipoteca y rechazó los argumentos de una registradora.  La ponente, la magistrada Huerta Garicano, dispone que el arancel de las inscripciones de escrituras de cancelación de hipotecas está reducido en un 90% respecto del importe que, con carácter general, establece el Anexo I del Arancel de los Registradores de la
Propiedad.

“No coexisten dos regímenes jurídicos arancelarios como sostiene la actora, sino que el arancel del Registrador en estos casos es objeto de un reducción del 90%, reducción que desplaza la general prevista en el art. 2.Uno del RDL 6/99, que acaba de transcribirse, del 25%, tal como contempla el propio precepto.

Y, finalmente, recuerda que los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de  minutas establecido en la norma sexta del anexo segundo del RD 1427/1989  de plena aplicación y vigencia.

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