edición: 2455 , Jueves, 26 abril 2018
07/12/2010
OBSERVATORIO FISCAL

Novedades para las Pymes

DATADIAR

Parece ser que en estos momentos la mirada de las principales reformas tributarias se focaliza en el ámbito de las sociedades mercantiles calificadas fiscalmente como pymes. Recordar, que desde el punto de vista del Impuestos sobre Sociedades, se considera empresa de reducida dimensión aquellas cuyo importe neto de su cifra de negocios del periodo impositivo anterior sea inferior a 8 millones de euros. Pues bien, se anuncian reformas significativas para este tipo de empresas cuyo régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedades se regula en los arts. 108 al 114 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

En primer lugar, se pretende calificar como empresas de reducida dimensión a aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios se inferior a 10 millones de euros elevando este límite en 2 millones de euros.

Actualmente, cuando en el periodo impositivo anterior una sociedad supera los 8 millones de euros de cifra de negocio, para el ejercicio siguiente deberá tributar en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen general. Pues bien, para los períodos impositivos iniciados a partir uno de enero de 2011, la entidad podrá seguir aplicando el régimen de las entidades de reducida dimensión, en los tres períodos impositivos siguientes al período en el que se alcance dicha cifra de negocios (que posiblemente sea de 10 millones de euros).

Para ello será condición necesaria que la entidad cumpla las condiciones de las empresas de reducida dimensión en dicho período y en los dos períodos anteriores.

Lo mismo es aplicable al caso de que se alcance la cifra de negocios como consecuencia de que la entidad haya realizado una operación de concentración con otra u otras entidades al amparo del régimen fiscal especial de fusiones y escisiones del Impuesto sobre Sociedades, a condición de que todas las entidades que participan en la operación sean empresas de reducida dimensión, tanto en el período impositivo en el que se realiza la operación como en los dos períodos impositivos anteriores. 

En los años 2011 y 2012, las entidades que cumplan las condiciones para ser consideradas empresas de reducida dimensión, las ampliaciones de capital realizadas por estas entidades estarán exentas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la modalidad de operaciones societarias.

Del mismo modo, se nos anuncia una bajada en el tipo impositivo para las empresas de reducida dimensión. Hasta ahora, el tipo impositivo aplicable a estas empresas es del 25% para la parte de su base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 €. Y el resto de base imponible al 30 %.

Así se pretende que el tramo a tributar por el 25% sea para bases imponibles entre 0 y 300.000 €.

Lo anterior, supone que en épocas de crisis, y dejando al margen las empresas en pérdidas, la mayoría de las sociedades mercantiles pasen a tributar 5 puntos porcentuales nominales menos en el Impuesto sobre Sociedades y se puedan beneficiar de un régimen fiscal más ventajoso que el régimen general.

Esperemos que se estimule en alguna manera la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas.

Equipo jurídico de Datadiar.com

Consultas Vinculantes

La ayuda económica para el cuidado de hijos discapacitados se encuentra sometida a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones a cuenta, como rendimiento del trabajo. D.G.T. C, (02/09/2010).
La consultante percibe del Ayuntamiento para el que trabaja una cantidad mensual en concepto de ayuda social para el cuidado de hijos discapacitados. Consideración de la citada ayuda económica como renta sujeta o no a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a su sistema de retenciones. La ayuda social que percibe la consultante está contemplada en el capítulo cuarto del anexo V “Reglamento de condiciones sociales” del convenio del Ayuntamiento. Se concede a los trabajadores con hijos con discapacidad física, psíquica o sensorial. Para la obtención de la ayuda el trabajador debe aportar certificado oficial del grado de discapacidad, estableciéndose la cuantía de la ayuda en función del grado de discapacidad. En consecuencia, la ayuda económica que percibe la interesada se encuentra sometida a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por ende, a su sistema de retenciones a cuenta, como rendimiento del trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la LIRPF, habida cuenta que en ninguno de los supuestos considerados por la LIRPF, en concreto en su artículo 7, como rentas exentas, tendría cabida dicha prestación.

Aún habiendo obtenido en el primer trimestre de 2010 rendimientos derivados de una actividad económica, como a partir del 30 de noviembre no se ejerce actividad económica, no existe obligación de presentar pagos fraccionados. D.G.T. C, (02/09/2010).
La consultante ha desarrollado la actividad económica de abogado hasta el 30 de noviembre de 2009. Como consecuencia de esa actividad presentaba trimestralmente pagos fraccionados. Desde 1 de diciembre de 2009 viene ejerciendo la abogacía por cuenta ajena. En enero de 2010 ha percibido los ingresos trimestrales del turno de oficio correspondientes al primer y segundo trimestre de 2009. Obligación de presentar el pago fraccionado correspondiente por los ingresos procedentes del turno de oficio. La obligación de presentar el pago fraccionado afecta a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas. Esta circunstancia no se produce en el caso planteado, pues según lo expresado en el escrito de consulta, el ejercicio de actividad por parte de la consultante finalizó en noviembre de 2009, momento en que pasó a desarrollar la abogacía por cuenta ajena. Por tanto, aunque se hayan obtenido en el primer trimestre de 2010 rendimientos derivados de una actividad económica, como a partir del 30 de noviembre no se ejerce actividad económica, no existe obligación de presentar pagos fraccionados.

Tribunales

Plazo mínimo en los arrendamientos con opción de compra. Excepción a la exención en IVA. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de julio de 2010.
Tratamiento en el IVA del abono de indemnizaciones por parte de las Juntas de compensación correspondientes a empresas que han de cesar en su actividad. La excepción a la exención no esta exigiendo que la opción de compra se ejercite en un determinado plazo, por lo que, cualquiera que sea el momento en que se lleve a cabo, operará sus efectos, y, por tanto, la entrega de las edificaciones estará sujeta al IVA, y no al ITPAJD. Mediante el ejercicio de la opción se pone fin al arrendamiento financiero, pues este no sólo termina por el transcurso de los plazos, sino cuando, por propia voluntad de las partes, se decide llevarla a cabo. Y, aunque en el caso presente, pudiera pensarse que en el momento de celebración del contrato  regía un mínimo de duración de estos arrendamientos, lo cierto es que, cuando se ejercita la opción, este requisito ya no existía legalmente, y nada impedía que los contratantes, pudieran anticipar la opción por su propia voluntad.

Es posible la compensación de pérdidas declaradas en ejercicios declarados prescritos. Tribunal Supremo. Sentencia 8 de julio de 2010.
En el presente caso, la cantidad consignada en la declaración del año 1985 ha adquirido firmeza y, en consecuencia, dicha cantidad debe ser admitida por la Administración que debe permitir, por tratarse de bases imponibles negativas, que puedan ser utilizadas por el contribuyente en declaraciones de ejercicios posteriores. No pueden aceptarse los argumentos del Abogado del Estado cuando señala que "la prescripción relativa a determinado ejercicio no supone la aceptación por la Administración del contenido de las liquidaciones de ese ejercicio, sino simplemente la imposibilidad por imperativo legal de rectificar dicha liquidación". Por el contrario, declarada la prescripción con relación a la declaración del ejercicio 1985, ésta ha ganado firmeza y, por ende, los datos que en ella se declararon, de tal forma que no cabe su modificación por parte de la Administración tributaria ni en ese ejercicio ni en otro posterior sobre el que pudiese, eventualmente, proyectar sus efectos, tal como sucede en el supuesto de compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos".   

Tribunales Económico-Administrativos

La falta de presentación de la certificación original bancaria sobre la cuenta a la que efectuar la devolución no puede constituir un motivo para la denegación de la misma. TEAC R, (20-07-2010).
La falta de aportación, a requerimiento de la ONGT, de una certificación original bancaria relativa a la titularidad de la cuenta en la que se solicita el ingreso de la devolución, no constituye un motivo para la denegación del citado derecho, al no constituir la aportación del indicado certificado, un requisito exigido en la normativa reguladora del derecho a dichas devoluciones. Debe distinguirse entre el reconocimiento del derecho a la devolución, y por tanto el acto administrativo por el que se acuerda o deniega la misma, del procedimiento legalmente establecido conducente a su ordenación y pago, al que resultará aplicable la normativa reguladora de la ejecución de las devoluciones.

Cómputo del plazo de prescripción en la comprobación tributaria. TEAC R, (23-07-2010).
Se desestima la reclamación presentada por el contribuyente con motivo de que habiendo prescrito el derecho de la Administración a la comprobación del requisito inicial de la entrada en funcionamiento del bien adquirido y acogido a la exención, no ha prescrito el derecho en relación a la comprobación del mantenimiento en explotación del bien de inversión durante un plazo mínimo de cinco años, debiendo computarse la prescripción de ambas comprobaciones en momentos sucesivos en el tiempo al tratarse de requisitos temporales exigibles en momentos diferentes. Desestima también el planteamiento sobre la motivación, en cuanto no se aprecia falta de motivación ni indefensión durante el curso del procedimiento y el de suficiente acreditación del requisito temporal al no haber sido aportada documentación suficiente que pueda justificar el mantenimiento en explotación de la inversión durante el plazo mínimo exigido de cinco años.

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