edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
13/10/2010

Nueva rebelión de la CNE y la CMT que aprovechan sus últimos cartuchos antes de la LES

La CNE exige capacidad sancionadora y decisión sobre tarifas; la CMT, competencias audiovisuales
Ferraz quiere tras la LES, renovar los consejeros interinos, pero CiU y PP buscan la intervención del Congreso
Ana Zarzuela

Agotan el tiempo muerto y agitan los silencios y las esperas. Hacen ruido en la ‘nevera’ en la que el ministro agosta desde hace más de año y medio la renovación del presidente y cuatro consejeros de la CMT y otros tres de la CNE. La sintonía de Moncloa, Sebastián y hasta Ferraz con Maite Costa y Reinaldo Rodríguez hace ya mucho que se diluyó. Pero la recta final del proceso parlamentario de la Ley de Economía Sostenible y con ella la cuenta atrás para un nuevo modelo de reguladores bajo los auspicios de la CNC y la renovación de sus consejeros interinos han disparado, de nuevo, los ultimátum a la tregua de la CMT y la CNE con el ministro.  Nada que ni los desencuentros del mix energético, los incentivos al carbón, el déficit de tarifa, el ajuste de las primas renovables, el fraude fotovoltaico -con la CNE- y la financiación de RTVE, la gestación del CEMA o la regulación de la fibra y los precios de la banda ancha -con la CMT- hayan hecho más que agravar.

Los dos reguladores buscan en Bruselas nuevos caballos de batalla. La CNE hace saber que cuenta con el tercer paquete legislativo de la UE para reclamar derecho sancionador directo sobre el mercado, pero sobre todo para definir las tarifas por encima del Ministro y está dispuesta a hacerlos valer ya.  A la CMT le sirvieron fría desde la vicepresidencia de De la Vega la venganza audiovisual, pero no lo da por digerida. Ya cuenta con el PP para buscar sitio en la futura Comisión de la Propiedad Intelectual, con sitio para Rodríguez en el macroregulador Berec y con las dudas de Génova, CiU y ICV para removerle a De la Vega un modelo de Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que Ferraz aún no ha conseguido poner en marcha tras la LGA.

El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones hace sangre de nuevo en todas las contradicciones y los retrasos de Industria: rechaza la tasa para RTVE, quiere que el ministro se pronuncie sobre la neutralidad de la red y promete vigilar cualquier acuerdo bilaterales sobre internet; ha colocado líneas rojas al desenfreno de las wifi municipales y cuestiona la validez -por duplicidad- de las tasas municipales para operadoras móviles sobre las del espectro radioeléctrico; la CMT denuncia la falta de incentivos para nuevas redes -sobre todo la FTTH y la LTE móvil- le pone ‘peros’ al modelo de servicio universal de banda ancha y hace del recuerdo del retraso del dividendo digital y del reparto de frecuencias el último plato roto de un divorcio en el que Sebastián había optado hasta ahora por dejar que fuera la Setsi la que tendiera los últimos puentes con Reinaldo Rodríguez.

Desde el último intento hace más de un año por doblarle el brazo a los reguladores vinculados a Industria, Miguel Sebastián optó por dejarlo pasar y esperar el nuevo perfil de la LES con el recorte de consejeros y un modelo pactado con Elena Salgado, con la CNC, bajo los auspicios de Economía, a cargo de las riendas de la coordinación con la CNE y la CMT. Cuando llegue el nuevo perfil -que les atribuye más independencia y transparencia, pero reduce su número y los obliga a asumir la coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia- será seguramente con caras nuevas. Las costuras se lo ponen más difícil a la ecuación de los partidos y la de las sintonías. Reinaldo Rodríguez se puede ir por la puerta de las renovaciones, tal como prevé el modelo de transición de la LES. Lo de Costa es diferente: si dice adiós será por la de los desencuentros, ya hace mucho que se le cayó de Moncloa la estrella de José Montilla.

El ‘affaire’ Garoña, el desencuentro del déficit de tarifa y la nueva facturación de las eléctricas marcaron un antes y un después desde 2009 en una sintonía que, por parte del ministro Miguel Sebastián, ya había nacido muerta, desde que él llegó a la cartera de Industria y se encontró con Maite Costa (que llegó a la CNE en 2005) entre las ‘herencias’ políticas de Montilla y Clos. Pero en las últimas semanas, con cada impulso a la tramitación de la LES y con cada nuevo informe del regulador energético, cada declaración se ha ido clavado en los muros del desencuentro. Tras el cuestionamiento de las retribuciones al Régimen Especial y la nueva regulación para intentar perseguir el fraude fotovoltaico, las relaciones con la CNE son casi tan malas como cuando Sebastián quiso reemplazar -hace poco más de un año- a Maite Costa por Luis de Guindos después de que la Comisión exigiera subidas de la luz para amortiguar el déficit de tarifa. Lo seguirán siendo, para el ministro, ahora que la nueva regulación de la LES no le deja ya en bandeja la renovación de la presidenta del CNE, que tiene aún dos años más de mandato.

No es casualidad que la Comisión Nacional de la Energía haya publicado -y publicitado- en estos días su ‘Informe sobre las implicaciones tras la aprobación de la nueva normativa comunitaria en materia de energía’, que en realidad ya estaba aprobado por su Consejo de Administración desde el 22 de julio de 2010. Los de Maite Costa airean de nuevo las directrices de Bruselas, buscan asomar al Ministro y a las filas socialistas en el Congreso al modelo de regulador energético que la UE ha destilado desde 2007 para los Veintisiete a través de los Planes de acción de la UE, el "Tercer Paquete", el "Paquete Verde", y los "Objetivos 20-20-20". Son el último cartucho de la CNE antes de que la Ley de Economía Sostenible termine su tramitación parlamentaria y con ella no sólo un nuevo modelo para los reguladores dependientes de Industria -y con ellos de su composición, su renovación y sus calendarios-, sino para sus competencias. Es cierto -la propia CNE lo reconoce- que en términos generales, España ya cumple “formalmente y con carácter general en grado elevado” las principales exigencias que la nueva normativa impone a los reguladores nacionales”. Según su propia autoevaluación, y gracias sobre todo a la disposición adicional undécima de la Ley de Hidrocarburos 34/1998, de 7 de octubre, la CNE “tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, dispone de medios personales, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes, goza de autonomía para establecer su organización y funcionamiento internos y para seleccionar y contratar a su personal, el mandato de los miembros del Consejo de Administración respeta las previsiones contenidas en las nuevas directivas, y las causas de cese de aquéllos son tasadas”. 

Pero es verdad también, que la transposición literal de todo el paquete regulatorio comunitario le permitiría a la Comisión española contar con potestad para sancionar a las empresas directamente y, sobre todo, para fijar las tarifas de luz y gas, lejos del actual procedimiento, que en España sólo permite al regulador sugerir precios y emitir un informe sobre las decisiones del Ministerio. No es nada de lo que en Castellana 160 quieran ni oír hablar. Al fin y al cabo, ya para lograr en julio que la tarifa eléctrica final no subiera y desandar sus propios cálculos, Industria tuvo que contradecir las recomendaciones de la Comisión y pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE). Y, si la decisión estuviera sólo en manos del regulador, ya ha dejado claro, tras la congelación de los peajes en octubre que derivaron en una subida de la tarifa final sólo del 4,8%, que estaría mucho más ajustada al ritmo del Cesur y a las urgencias del déficit. Pero las dos nuevas competencias forman ya parte de la ‘lista de agravios’ y reivindicaciones que la máxima autoridad energética le acaba de volevr a poner sobre la mesa al ministro Miguel Sebastián. La CNE, con el ‘tercer paquete energético’ en la mano, quiere que se haga aún más explícito en el texto de la LES la plena independencia en el ejercicio de sus funciones reguladoras, fuera de cualquier instrucción o directriz alguna del Gobierno. Y, sobre todo, está dispuesta a exigir que se  suprima la recurribilidad de sus decisiones en vía de alzada ante el Ministro de Industria (lo que privaría a Industria de la última palabra sobre las decisiones de la CNE, como sugería el texto inicial de la LES) y que se elimine la posibilidad de asistencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, el Secretario de Estado de Energía, o algún alto cargo en quien deleguen a las reuniones del Consejo de la CNE, con voz pero sin voto.

Si Moncloa y Ferraz no aprovechan la tramitación de la LES para estirar las costuras de la CNE y sus competencias hasta adaptarlas a su dimensión europea, los de Costa están dispuestos a llegar hasta Bruselas con sus reivindicaciones. Miran ya hacia la nueva Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER), que tiene previsto entrar en  pleno funcionamiento en marzo de 2011 y contará entre los ocho miembros de su Consejo de Administración con el español Carlos Westendorp. Aunque la CNE viene participando activamente en el contexto del CEER y ERGEG, el nuevo contexto institucional introducido por la ACER hace que la CNE se proponga intensificar su participación en el proceso Europeo a través de la Asamblea General del CEER y el ERGEG y las Iniciativas Regionales del ERGEG, pero sobre todo, de ahora en adelante, a través de su representación en el Consejo de Reguladores de ACER y su presencia a nivel técnico en el “staff” de la Agencia, en calidad de experto nacional destacado.

Será, a lo peor, ya con otras nuevas caras entre sus consejeros. Lo saben en el seno del regulador. La LES no obliga a remplazar a Maite Costa, pero su nombre camina en la cuerda floja de los desencuentros con Sebastián y Zapatero desde hace meses. Nada que impida que peleen ahora, además, por la coordinación para consolidar la integración de mercados y la fluidez de las interconexiones en la UE. Es cierto que las enmiendas de la LES plantean incorporar al ordenamiento jurídico una habilitación que permita a la CNMV intercambiar información con las autoridades competentes en materia energética, una propuesta -en palabras de los propios socialistas-, importante para permitir una adecuada supervisión del Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica (MIBEL) y una mejora en la cooperación y supervisión entre España y Portugal. Pero como la CNE recuerda en su informe publicado con fecha 7 de octubre, “el progreso de MIBEL/MIBGAS como mercado único podría retrasarse significativamente si sigue persistiendo la presente situación de asimetría entre las competencias que detentan los organismos que integran el Consejo de Reguladores del MIBEL”. En efecto, los reguladores portugueses (ERSE, CMVM) ostentan facultades normativas de rango equiparable a Reglamentos u Órdenes, en tanto que sus contrapartes españolas (CNE y CNMV) pueden únicamente emitir Circulares o Resoluciones de carácter técnico. Esta situación es tanto más patente cuanto mayor es el grado de interrelación entre los mercados de contado y a plazo, máxime en lo que atañe a normas de carácter extraterritorial dentro del ámbito del Convenio de Santiago.

ULTIMÁTUM AL ATASCO INSTITUCIONAL EN LA CNE Y LA CMT

El atasco institucional no es exclusivo de la CNE y la CMT, pero que mantiene a tres de los nueve consejeros de la CNE y la presidente y dos vocales de la CMT en funciones desde hace más de año y medio y sin conocer ni su destino, ni el de los reguladores. Lo saben, entre otros, en la Oficina del Defensor del Pueblo, o en el Consejo de RTVE, con algunos miembros del Consejo en funciones desde hace 10 meses, cuando debieron cesar algunos consejeros que por sorteo sólo tienen un mandato, ya cumplido, de tres años. Su renovación implicaría otro acuerdo y el refrendo de dos tercios de las Cortes. Nada que parezca próximo. Ahora que se aproxima la LES y que se ha conseguido un acuerdo sobre el TC -después de tres años en funciones de Maria Emilia Casas-, son la CNE y la CMT los que calientan la mesa de los asuntos pendientes de Moncloa, de Ferraz y de Génova y los que volverán a poner en juego las ‘bazas’ de CiU y el PNV. Los grupos parlamentarios de PNV, CiU, y ERC-IU-ICV han registrado sendas enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible con las que plantean que fije en seis el número de consejeros de los organismos reguladores, en lugar de los cuatro a los que pretendían reducirlos inicialmente, para "materializar" la participación de las comunidades autónomas en su designación y pretenden -en el caso de CiU- incrementar el papel del Senado en la elección de los cargos, incluso con "poder de veto" sobre los candidatos, aunque sin llegar tan lejos como las propuestas del PP, que pretende que éstos sean elegidos directamente por el Parlamento.

Sebastián ha tirado hasta ahora balones fuera contra Génova, pero para lo que llamaba la falta de “interlocutores” populares no ha sido hasta ahora más que otra bombona de oxígeno para el viento de la espera. La renovación de los cuatro consejeros -Antoni Elías, Albert Martí, Crisanto Plaza y Gloria Calvo-  y el presidente de la CMT ha visto pasar de largo el ultimátum autoimpuesto por el propio ministro de abril de 2009. Industria no pudo sacar adelante su propuesta de un representante directo en el organismo; tal como buscaba Elena Salgado, los reguladores sectoriales se coordinarán con la Comisión Nacional de la Competencia, tendrá preeminencia y aunque sobre el papel la relación no tiene que ser necesariamente de jerarquía, la CNC puede actuar sobre cualquier actividad económica y los demás sólo en su sector. Y la reducción de la composición de la CMT de nueve miembros a cuatro más el presidente con un mandato no renovable de seis años y la urgencia de 4 consejeros elegidos por el PP obligan a Ferraz y Génova a hacer encaje de bolillos. Pero ya no esperará mucho más.

Entre el centenar de enmiendas registradas por el grupo socialista, entre otras, las que buscan acelerar los cambios en la legislación de los órganos reguladores para adaptarla a lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, en lugar de los tres meses con los que contaba inicialmente. Si el primer anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible dejó clara la intención del Gobierno de recortar el número de consejos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de Energía (CNE)- y de la Comisión Nacional de la Competencia hasta un máximo de cinco miembros, el texto definitivo aprobado en el Consejo de Ministros fijaba plazos y un método para la transición y para “amortizar” a los consejeros interinos. Según el proyecto de Ley, cesarán por decreto los consejeros de la CNE y la CMT que estén en funciones, lo que dejará a la CMT sin presidente, aunque las enmiendas socialistas de última hora han transigido en no eliminar de inmediato la figura del vicepresidente de CMt y CNE, sino permitir que agoten sus mandatos. El PSOE ha cambiado también su organización presupuestaria para que los beneficios o remanentes de los organismos reguladores previstos y la CNC puedan destinarse a financiar el presupuesto del ejercicio siguiente y a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, pero también puedan incorporarse al presupuesto de ingresos del Estado.

DESENCUENTROS SOBRE EL MODELO ENERGÉTICO

Ni la interinidad  ya desde 2009 de tres de sus consejeros y la incertidumbre sobre sus composición y sus competencias impidieron al regulador ser una de las primeras voces del sector en criticar un Real Decreto de incentivos del carbón autóctono que, según sus cálculos y sugerir explorar otras alternativas de largo plazo diferentes al mecanismo propuesto de resolución de restricciones por garantía de suministro, como sería la definición de un pago de garantía de potencia, complementario al precio del mercado. La Comisión está dispuesta a pelearle a Zapatero el futuro de las interconexiones gasistas y eléctricas, no se conforman con el repudio galo a la interconexión de Midcat. Cree que “el 'mix' energético para 2020 incluido por el Gobierno en su propuesta de pacto político” debe incluir el conjunto de las tecnologías con el peso de las renovables: un aviso para navegantes que, en sintonía con la CSN, aboga aún por una nueva prórroga para Garoña tras 2013. “La energía renovable –advierte el regulador- necesita tener siempre un 'backup' que complemente o que acuda en los momentos en que no funcionen las variables externas al sistema” y “que determinan el funcionamiento de la generación de las energías renovables”, en cuyo caso, deben “ser suplidas por tecnologías gestionables”, “fundamentalmente el gas”.

La CNE advierte de la “poca presión competitiva de las subastas entre comercializadores de último recurso (Cesur), en las que se obtiene la señal de precio de la energía que sirve para configurar la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz. Pero sobre todo, ha metido todos ‘los dedos’ de sus informes en las llagas del déficit de tarifa y la ‘insostemibilidad’ sin reformas de las primas al Régimen Especial. Además de solicitar formalmente al Ministerio de Industria que concrete en el nuevo decreto que le permitirá revisar trimestralmente los peajes de acceso de la luz en qué “condiciones excepcionales” podrá aplicar la revisión trimestral de los peajes de acceso de la luz, la CNE le enciende, en sintonía con la patronal UNESA, todas las lices rojas del déficit de tarifa a Moncloa. Lo hace, en realidad desde hace meses. Según la séptima liquidación elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), el déficit de tarifa no ha hecho más que seguir creciendo hasta julio, aún con más intensidad, lo justo para haber superado ya en un 20% las previsiones con las que el propio Ministerio de Industria acompañaba su decisión de no subir las tarifas, hasta llegar a 2.585 millones de euros, desde los 2.256 millones de desajuste registrados hasta junio, cuando Montoro y Sebastián sellaron su pacto ‘de silencio’ y para rozar en agosto los 2.724 millones de euros.  La CNE no modifica sus cálculos para todo el 2010, de 3.190 millones de euros de desajuste añadido en el déficit eléctrico -frente a los  4.616 millones de desajuste con los que concluyó 2009-, pero, con un déficit tarifario acumulado ya de 16.048 millones y el compromiso de Moncloa para acabar progresivamente con él en 2013 (3.000 millones en 2010; 2.000 millones en 2011; y 1.000 millones en 2012), los ingresos recabados vía factura de la luz siguen sin ser suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema, no sólo -pero también- las primas que reciben las tecnologías del régimen especial (renovables y cogeneración), que hasta agosto -según los propios datos recién publicados por el regulador- sumaron 4.152 millones de euros, el 21% más de lo previsto.

Nada que los ajustes previstos por Industria para la retribución del Régimen Especial vayan a solucionar. La CNE acaba de advertirle que las primas al régimen especial ascenderán a 6.787 millones en 2010, 899 millones más -un 15%- de los 5.888 millones inicialmente previstos. Los Informes de la Comisión sobre la Propuesta de Real Decreto del Ministerio avalan la rebaja entre un 35% y un 5% de las instalaciones futuras y la limitación a 25 años de las primas preferentes del RD 661/2007, pero se oponen a recortes retroactivos y le recuerdan al ministro que su propuesta de ajustes eólicos y fotovoltaicos ‘sólo’ ahorraría 100 millones de euros en cuatro años y que la fotovoltaica afectaría como mucho a 4.000 futuras plantas, sólo un 13% de las más de 51.000 que se han puesto en marcha en apenas tres o cuatro años- a la vista de que existen cupos reducidos de 400 MW al año hasta 2020, o menos aún, a medida que el desincentivo de los recortes de retribución desincentiven las instalaciones en los próximos años. Apenas tendrá consecuencias en el déficit de la tarifa eléctrica. Además apenas un puñado de promotores -entre 2-5 Mw según fuentes del sector- se ha acogido a través del Decreto de Trazabilidad a un modelo de‘amnistía’ en el que las patronales fotovoltaicas ya advirtieron que no creían. La ‘pelota’ vuelve de nuevo al tejado de la CNE -que en su momento abrió investigación a instalaciones con cerca de 1.000 MW en los que la CNE encontró irregularidades- e -Industria se empeña en hacerlo saber- a la Fiscalía General del Estado.

REINALDO RODRÍGUEZ APURA TAMBIÉN EL TIEMPO DE DESCUENTO

Agota la cuenta atrás. La Comisión y Rodríguez (propuesto por el PSOE y que sustituyó a Carlos Bustelo en mayo de 2005) transitan sobre la cuerda de la interinidad a la que los ha condenado el impasse de Industria, de la vicepresidencia económica y de Moncloa. Más aún, Rodríguez ha estado durante más de un año condenado a la incógnita sobre un tercer mandato, que depende de la interpretación en manos del gabinete de ministros. Rodríguez aguarda desde diciembre de 2008 por la renovación o el adiós a su cargo. Pero el presidente de la CMT ya sabe que, si nada cambia con el trámite parlamentario, con la Ley de Economía Sostenible que aguarda en la nevera de Ferraz desde hace casi un año, no sólo llegará un nuevo modelo de regulador del mercado de las telecomunicaciones. Si no lo impiden las enmiendas del PP, o el impulso de CiU o PNV, Moncloa espera que antes de dos meses después de que la LES vea la luz tengan que dejar la Comisión los cuatro consejeros en interinidad y Rodríguez, al igual que en la CNE. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones suma y sigue con las críticas que ya desgranó el dictamen del Consejo de Estado sobre la LES ante el nuevo modelo de regulador. “La reducción a cinco miembros de la CMT (desde los nueve actuales), el nuevo procedimiento interno de trabajo se considera excesivamente reducido y pernicioso para la debida pluralidad profesional de los integrantes de un órgano colegiado de estas características”, advierte la CMT, que propone que haya seis consejeros más el presidente.

El presidente del órgano regulador de las comunicaciones sigue esperando, pero no con los brazos cruzados: sabe que los del regulador europeo Berec (del que es vicepresidente a título personal) pueden llegar lejos. Que Rodríguez no estaba en el altar de las simpatías de la Comisaria de Telecomunicaciones Noeliee Kroes era más que un secreto a voces desde que la holandesa asumió las riendas del sector TIC entre los Veintisiete. Pero la presidencia española de la UE y el intento por bautizar una nueva Agenda Digital Europea de inspiración española ya coincidieron con el desembarco de Reinaldo Rodríguez como vicepresidente del consejo del nuevo regulador europeo de telecomunicaciones (BEREC) -el macroregulador que la propia Kroes impulsaba, con más competencias y capacidad de decisión y voto que el antiguo Grupo Europeo de Reguladores -. Kroes sabe que aunque el Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) no es un regulador comunitario con plenos poderes -al estilo del Banco Central Europeo- y no puede dictar resoluciones vinculantes -sólo recomendaciones-, tendrá fuerte influencia sobre las políticas de telecomunicaciones de los reguladores nacionales y de la propia Comisión. Y, al menos, servirá como escaparate de lujo para todos sus dictámenes y las lanzas de sus desencuentros. Además, como adelantaba entonces Siliconnews, en el caso en que la Comisión Europea discrepe de la decisión del regulador nacional, antes de poder emitir su opinión final la Comisión, debe escuchar y tener en cuenta el criterio del BEREC y si el BEREC está de acuerdo con las discrepancias de la Comisión Europea respecto al tipo de obligaciones a imponer, con el nuevo sistema intervendrá cooperando con el regulador para modificar su propuesta, haciéndole recomendaciones concretas.

Lo han empezado a sentir en piel propia los planes públicos de Industria, ahora que reviven sus planes para la LES y que el borrador de la regulación en nuevas redes e infraestructuras ultrarrápidas entre los Veintisiete adelantado por Bruselas topa con las recomendaciones de la CMT de no obligar a que las grandes operadoras compartan la fibra óptica con sus rivales más allá de los 30 megas. El regulador español cuestiona el precio de la banda ancha y la ausencia de fondos públicos del servicio universal incluido en la LES. Y le enciende a España todas las luces rojas de Bruselas: el servicio universal puede incurrir en compatibilidades con la regulación comunitaria (que impedirían encuadrar en él la inclusión de la banda ancha) y, si es así, será la propia CMT -y Rodríguez desde el regulador paneuropeo Berec- los que aboguen por ponerla en tela de juicio. Antes de nada, ya han comenzado a recordarle a Industria que la universalización del servicio habría de sufragarse, necesariamente, con cargo a los presupuestos públicos, nada de fijar un precio máximo para las operadoras.

La ‘guerra fría’ abierta entre Sebastián y la CMT suma y sigue ya con más de media decena de escaramuzas públicas desde enero. Desde la puesta de largo en Cumbre de La Granja de las intenciones de la presidencia ‘digital’ de la UE, justo cuando la SETSI y Sebastián intentaban sacar pecho por las redes nacionales, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sonrojaba  a España con el cuarto informe de precios de banda ancha y la denuncia de que el adsl nacional es entre  un 19% y un 70% más caro que el precio medio que ofrecen los operadores dominantes en el resto de países europeos. Un estudio externalizado -a la fuerza ahorcan para la CMT- cuestionado por las operadoras y la propia SETSI porque tenía en cuenta las mejores ofertas en cada uno de los 27 países de la UE dentro del segmento residencial y los precios, ajustados al poder adquisitivo de cada país, sin incluir el IVA, ni promociones o descuentos. No es la primera vez en los últimos meses que la CMT exige “un marco regulatorio sólido, estable y seguro” para incentivar la inversión en telecomunicaciones en España. Lo hace desde los tiempos de la presidencia de turno de la UE, durante el primer semestre del año, como detalló también en el informe para el Gobierno sobre la Ley de Economía Sostenible.

Reinaldo Rodríguez defiende que “las operadoras puedan cobrar distintos precios en función del consumo que los usuarios hagan de sus redes, pero no que puedan acceder al negocio que las empresas de servicios generan en Internet”. Una postura que, como vicepresidente del órgano de representación de los reguladores europeos, BEREC, sostendrá en Bruselas más allá del final de su mandato español. Lo hará -como adelantaba en entrevista en exclusiva con Expansión- junto con la renovación del sistema de facturación de llamadas, -incluyendo un esquema de precios diferentes al actual sistema CPP (call party pay o paga la parte que llama), en el que las operadoras cobrasen al cliente por recibir las llamadas móviles- ; la armonización de los precios de terminación de llamadas y la rebaja de sus costes, la eliminación de la regulación del roaming, “muy intrusiva” y el establecimiento de un techo de las tarifas de los sms (ahora que acaba de recordar que los mensajes cortos enviados por los teléfonos móviles en España son de los más caros de todo el continente y que se han reducido en 700.000 en el último año).

Y si Sebastián buscaba en la CMT el silencio justo para dejar pasar de largo el debate de la neutralidad de la red y el final de las tarifas planas ilimitadas en internet, no lo encontrará en Rodríguez. A falta de resolución por parte de la Comisaria Noeliee Kroes, que no llegará hasta mediados de 2011, la Comisión preferiría que el Ministerio de Industria se ‘retratara’ formalmente. A falta de ese pronunciamiento, ahora que Sebastián ha plegado velas después de meses de choques con el ex Secretario de Estado Francisco Ros, Rodríguez advierte: exige “transparencia” en las negociaciones sobre la neutralidad de la red y vigilará los acuerdos entre los agentes en este ámbito, aunque sea a contrapié de Kroes y de Castellana 160. No son sólo las declaraciones públicas y  a domicilio de Rodríguez las que le dan cuerda a la urgencia del reparto del dividendo digital, la regulación de las redes de nueva generación y de cómo resolver el tema del roaming internacional, o la defensa a ultranza de la neutralidad de la red, que ya han topado con el mapa digital europeo de Miguel Sebastián.

Además, ahora que el expediente abierto en Bruselas, la recomendación a España a modificar la financiación de RTVE antes de dos meses y la decisión de la SETSI en junio de matizar finalmente la obligación de las televisiones con la financiación de RTVE -sólo pagarán sobre la facturación bruta derivada de su actividad como operadoras- acentúan la batalla de las operadoras de telefonía por el 0,9% de su facturación que deben aportar, la CMT suma y sigue con su particular guerra de tasas ante Moncloa. Fueron las valoraciones del regulador las que echaron atrás algunas de las líneas rojas de los primeros borradores de la Ley de Financiación de RTVE: vicepresidencia había sugerido pasar por adelantado la ‘gorra’ a las telecos, obligarlas cada mes de julio a pagar a modo de entrega a cuenta el 40% del canon por la financiación del ente público, buscaba que la liquidación de la tasa la pudiera efectuar la propia CMT y pretendía dejar en manos del regulador incluso la opción del corte administrativo del servicio en caso de impago. Ahora, de nuevo, la Comisión ha vuelto a recordarle a Moncloa que no encaja en su mapa regulatorio la tasa a las operadoras para financiar RTVE y propone -a través de su consejero Ángel García Castillejo, que sean los ciudadanos los que “asuman el pago del canon para el mantenimiento de la TV pública”, un modelo que ya propuso en su momento el consejo independiente, el comité de sabios que constituyó el Gobierno para estudiar el futuro de RTVE aunque sólo el ejemplo británico es un éxito. Los televidentes tienen que pagar por poder recibir la señal de la televisión pública. Según datos de 2009, las cantidades eran de 142,50 libras esterlinas para un aparato en color y de 48 para uno en blanco y negro.

La grieta ‘televisiva’ es sólo una más de las que surcan los desencuentros fiscales entre la CMT, Industria y Moncloa. No hace ni un mes que el regulador, a solicitud de las operadoras de telefonía, le dejaba clara su postura a la Administración en plena guerra por las tasas municipales: según el organismo que preside aún Reinaldo Rodríguez, la metodología propuesta por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para determinar la tasa local para la telefonía móvil supone una doble imposición, ya que contempla conceptos incluidos en la tasa del espectro radioeléctrico. Nada que Industria -impelida a mediar- esté obligada a considerar, por más que le saque los colores. Pero no hay doctrina jurídica para determinar si esa tasa es conforme a derecho y -como advierte la consulta de la Comisión- puede darse el supuesto que en gran número de municipios los operadores móviles no estén ocupando dominio público local por lo que no tendrían que tributar. Ya la Comisión había manifestado su disgusto a la dedicación de la tasa del espectro radioeléctrico a usos no científicos que las operadoras mantienen recurrida ante el Tribunal Supremo. Y le puso coto y líneas rojas a la oleada de wifis municipales que Industria dejó prosperar con el Plan 2000E con su anteproyecto de resolución publicado en abril, en el que se establecen las condiciones que deberían cumplir las administraciones públicas cuando presten servicios de comunicaciones electrónicas: nada de wifi gratuito sin límites si los consistorios no se inscriben como operadoras de telecomunicaciones; sólo podrán desplegar y ofrecer una velocidad red-usuario de 256 Kbps y una cobertura de la red que excluya los edificios y conjuntos de edificios de uso residencial o mixto.

LA CMT NO RENUNCIA AÚN A ALGUNA COMPETENCIA  AUDIOVISUAL

Fernández De la Vega se sirvió fría desde 2009 su venganza a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones:  a contrapié de la mitad del Consejo, decidió gestar en exclusiva la Ley General Audiovisual,  engendrar un CEMA en plena guerra con la CMT (que aún no ha visto la luz, a pesar del interés de Industria) y ralentizar la Agencia Radioeléctrica y sigue dispuesta a aplicarle ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones todos los ‘correctivos’ de la nueva LGA ya aprobada y a cobrarle su rebeldía con el ayuno de las nuevas competencias y las puertas cerradas al nuevo Consejo Estatal de Medios, aún a costa de barrer el viento de sus promesas hace un año y nadar a contracorriente de las recomendaciones del sector. Sebastián tuvo que dar la cara ante el Congreso, a contrapié de sus propios criterios y de las preferencias de la SETSI y del ya ex secretario Ros, para defender el ‘bautismo’ del nuevo CEMA. Prometía que no acarrearía gastos extras al Gobierno, por más que la CNC, la propia CMT y el PP lo vean desde que se anunció su creación como una duplicación de funciones innecesaria, hasta el titular de Industria reconoce que “una gran parte de las competencias que le atribuye a este órgano regulador el proyecto de ley audiovisual coinciden con las que en la actualidad ya tiene el Ministerio de Industria”.

El ministro recuerda que es un mandato del Consejo Europeo y del Ejecutivo comunitario, pero también proviene de un acuerdo de 2004 del Congreso español, que aprobó con los votos del PP una proposición de ley de CiU favorable a la creación de un consejo estatal audiovisual. Pero el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales sigue en la nevera de todos los desencuentros. Los de Rodríguez han tratado hasta el último momento de que el ‘emplatado’ de la CEMA no fuera definitivo, de no renunciar a las competencias audiovisuales. El modelo propuesto por el PSOE pretendía que sus nueve miembros sean elegidos por mayoría cualificada del Congreso asegurando así la independencia del órgano, pero topará con las reticencias del PP para empezar. La consigna en Moncloa por ahora es mejor no meneallo, no al menos, si se puede evitar, antes de que la CMT encaje el ‘mal trago’ de la nueva institución con un nuevo perfil y dimensiones más recortadas.

Un impasse que el aluvión de enmiendas del PP, CiU y PNV prometía aprovechar, con la propuesta para permitir que no sólo la CMT sea parte -junto con los representantes de los internautas- en la Comisión de Propiedad Intelectual que, sino, sobre todo, a que tenga algún tipo de competencia en el sector audiovisual, tras la transición de la TDT, aunque sea a contrapié de un CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) que en Genova repudiaron desde el primer momento de la gestación de la LES y que aún puede servir como baza negociadora frente al perfil de los reguladores en el paquete de ‘regulación sostenible’. Los argumentos de Rodríguez ya están sobre la mesa hace meses: la CMT sigue convencida de que sus competencias tienen que ser convergentes. Asegura en el informe consultivo remitido al Gobierno sobre el anteproyecto de ley audiovisual que si le concede las nuevas competencias del sector, se podrá lograr un ahorro anual de 34 millones de euros al año y con el, además, otro motivo de irritación para las telecos y las televisiones privadas, que tendrían que sufragar el CEMA con el 10% de la tasa de dominio público radioeléctrico y la tasa de comunicación audiovisual.  También pide el poder de decisión sobre el espectro radioeléctrico que ahora define Industria, de espaldas a lo que sucede en la mayoría de otros países europeos y a las promesas de Moncloa hace más de 13 años.

La CNC discrepaba con algunas de las competencias del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales -como las de defensa de la competencia, como la autorización de concentraciones o el control de conductas anticompetitivas- y está en contra además de la renovación automática de las licencias TDT y de su excesiva duración de 15 años. Rodríguez cuenta desde 2009 con el apoyo explícito de Millie Banerjee, consejera de Ofcom, la autoridad reguladora con más predicamento de Europa. Y del secretario general de Agcom, el regulador italiano, dos ejemplos de reguladores convergentes a los que la nueva Comisaria de Telecomunicaciones, Kroes, es favorable. Hasta el presidente de la CMT ajustó sus reticencias y desde abril de 2009, reclama claro y alto extender las funciones del organismo en regulación en el ámbito audiovisual. Sintoniza con la mayoría de los miembros del consejo de la CMT, se han subido a los caballos que hasta hace meses sólo cabalgaban Angel García Castillejo, José Pascual o Gloria Calvo y consideran que hoy que el órgano supervisor de las telecomunicaciones debería evolucionar hacia una mayor “convergencia” con el mundo de los medios audiovisuales.  Pero el grupo socialista en el parlamento ya no está dispuesto a  apartarse de su guión electoral para darle esas competencias a la CMT, como piden los expertos, como sugiere el Parlamento Europeo desde su Directiva de Servicios de comunicación audiovisual de 2007, como se hace con éxito ya en Gran Bretaña con la Ofcom y en Italia y como apoya el PP.

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