edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
25/02/2011
El sector mueve sus peones para presionar los trabajos del Frob

Nueva rebelión de las cajas que ponen en duda la independencia del proceso de valoración accionarial

Malestar porque el precio de los títulos lo fijen dos técnicos y no el mercado
La decena de cajas que parece encontrarse cerca del ‘patíbulo de la nacionalización’, teme a que la valoración sea más política que económica
Juan José González

Ayer iniciaron su trabajo los dos técnicos independientes, elegidos por el Frob para el análisis y valoración de los activos, estados financieros, cuentas y balances de las entidades financieras -únicamente cajas de ahorros- para llegar a establecer el precio de mercado de sus títulos. Comenzaba también, y no por casualidad, otra batalla en paralelo, cuyo objetivo es aportar al citado proceso la presión suficiente como mantener el foco de atención del público, bancos, cajas e inversores, en la tarea de los dos técnicos. A partir de ahora, se irán conociendo a través de los medios de comunicación, tribunas e intervenciones públicas, la corriente de opinión que se encargará de ‘certificar’ desde el exterior, que la valoración resultante del trabajo de los técnicos no sea ni tan alta como puede pretender el Frob ni tan baja que lleve a concluir que se trata de un precio de saldo. Así que, como suele suceder en muchas ocasiones, la virtud también en este caso, se encontrará en el equilibrio, y sobre el que ya comienzan a planear algunas dudas. Por lo pronto, se dice que, “los precios los fijan los mercados, no dos técnicos en una habitación”.

Por el momento, tan sólo Luís de Guindos, ha salido en defensa de un proceso de valoración que a su juicio debería aportar mayor transparencia. Desde otros medios se empieza a polemizar sobre hasta qué punto el ratio de solvencia fijado recientemente por ley no aporta más que dificultades al proceso de reestructuración.

El marcaje que se espera sobre los dos técnicos del Frob, va ser tan duro que en el Banco de España ya disponen los despachos más adecuados al efecto; ‘blindados’ en la práctica al personal del resto del palacio de Cibeles. Hasta el momento, los encargados del trabajo han mantenido reuniones de organización de tarea, métodos y funciones, y poco más, pues la batalla comienza el martes día uno de marzo.

Según fuentes del sector financiero, el anuncio de la vicepresidenta Económica Salgado, designando a un equipo independiente de valoración, sorprendió a los responsables de las cajas de ahorros puesto que daban por hecho que se formaría un grupo integrado por representantes del Banco de España, consultores externos y las propias entidades objeto de valoración. Pero Elena Salgado impuso otro método, más sencillo, seguro y, sobre todo, controlable, tanto para el supervisor como para el ministerio económico.

La decena de cajas que parece encontrarse cerca de lo que ya denominan como ‘el patíbulo de la nacionalización’, teme a que la valoración que decida el Frob sea más política que económica. Se desconfía en las cajas de que cuando el fondo de reestructuración se disponga a adquirir títulos de una o de varias cajas, ese precio pueda estar inflado para así dar una apariencia de mayor valor para los potenciales inversores, lo que iría contra la tesis de que en caso de apuros financieros, el Estado acabe por malvender, a saldo, las participaciones.

La ocasión en la que los dos técnicos del Frob han comenzado su labor, ha servido para que los expertos más escépticos con la reforma de Salgado, se hayan explayado en sus críticas a los planes de recapitalización. Se ponen en duda los cálculos iniciales de la vicepresidencia, que esperan a numerosos grupos financieros –fondos de inversión y de capital riesgo- y empresariales para conocer los precios de salida que el Ejecutivo piensa fijar a las acciones de las cajas. Como también cuestionan que la primera medida se centre en elevar las ratios de capital sin haber considerado el trabajo realizado previamente en los balances, como provisiones y saneamientos.

El precio de las acciones que resulte de esa valoración, puede resultar inútil si no se conocen con mayor detalle los riesgos inmobiliarios, los cuales, a pesar de las últimas revelaciones del Banco de España, no terminan por convencer a un mercado, en particular, a unos inversores extranjeros, escépticos ante la laguna de oscuridad en la que se esconden algunas cuentas. Es en este apartado de la transparencia, en el que Luís de Guindos, de PwC, hacia hincapié al referirse al proceso de valoración cuya etapa acaba de dar comienzo. Se dice, pero no se documenta suficientemente, que la exposición de las entidades financieras al sector inmobiliario tiene un tamaño determinado. Y se argumenta con cifras.

Sin embargo, ninguna cifra relativa a si esa exposición corresponde a las Administraciones públicas o a las Autonomías o Ayuntamientos: las diez cajas de ahorros en apuros, a las que la valoración de acciones puede echar, definitivamente, a la hoguera, cuentan con ese pesado lastre, todavía por conocer.

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