Nuevas directrices de la Agencia Tributaria sobre aplazamientos
edición: 2535 , Lunes, 20 agosto 2018
22/01/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Nuevas directrices de la Agencia Tributaria sobre aplazamientos y fraccionamientos de impuestos

Javier Ardalán
Desde el pasado 1 de enero, la Agencia Tributaria cuenta con nuevas directrices sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de los tributos, que buscan homogeneizar, coordinar y aclarar los criterios de actuación y las condiciones de la resolución en la materia de los órganos de recaudación.
Estas directrices vienen establecidas por la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que también incorporan las del tratamiento de los casos de deudores en situación pre concursal, de acuerdo con las modificaciones operadas por la normativa en la materia.

Las pautas de actuación establecidas serán aplicables en la tramitación y resolución de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento cuya resolución sea competencia de los órganos de Recaudación. Se incluyen en el ámbito de aplicación tanto las solicitudes de tramitación automatizada (RAM), como las solicitudes no RAM. Están excluidas del ámbito de aplicación la tramitación y resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas de responsabilidad civil por delitos contra la Hacienda Pública a que se refiere la Disposición Adicional décima de la Ley General Tributaria.

Una novedad importante es que se incorporan las directrices de tratamiento de los casos de deudores en situación preconcursal, de acuerdo con las modificaciones operadas por la normativa en la materia.

La directora general de Tributos, Soledad García López, considera que la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago deben aplicarse con rigor, siendo ambas figuras instrumentos para facilitar el pago de deudas tributarias en aquellas situaciones en que el obligado tenga dificultades puntuales y transitorias, en aras, en su caso, de ayudar a la continuidad de la actividad en empresas y negocios viables, debiendo evitarse que se utilicen con objetivos ajenos a la norma, como instrumentos de diferimiento de los plazos de pago de las obligaciones tributarias o como modo de financiación.

Por ello, recomienda a los funcionarios de la Agencia Tributaria que eviten la utilización sistemática de la presentación de solicitudes de aplazamiento para retrasar injustificadamente el pago de deudas tributarias, constituye uno de los objetivos y ámbitos de actuación prioritaria de las Directrices del Plan de Control Tributario del área de recaudación.

En la valoración de la existencia de dificultades económico-financieras que de forma transitoria, impidan al obligado realizar el pago de sus deudas tributarias, se podrá considerar como indicio las dificultades económico-financieras de carácter estructural el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago de las obligaciones tributarias por parte del obligado en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.

También, las posibilidades de generación de flujos de tesorería o la existencia de un plan de viabilidad que permitan previsiblemente cumplir de manera efectiva el aplazamiento solicitado; la presentación reiterada y sistemática de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento por parte del obligado, así como el incumplimiento, referido tanto al pago como a la formalización de garantías, de aplazamientos o fraccionamientos concedidos con anterioridad.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas cuyo importe sea igual o inferior al que se fije por Orden Ministerial, se tramitarán de forma automatizada. Además, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, no se podrán excluir de la tramitación automatizada aquellas solicitudes para las que esté prevista la misma.

En los supuestos en que se determine la concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago, si se estima que la resolución del aplazamiento o fraccionamiento puede demorarse un plazo superior a dos meses, podrá fijarse un calendario provisional de pagos. En todo caso, se deberá establecer un calendario provisional de pagos cuando se prevea que la resolución del aplazamiento va a demorarse más de dos meses y el importe de la solicitud de aplazamiento sea superior a 150.000 euros.

El calendario de pagos podrá tener una duración máxima de tres meses, contados a partir de su fecha de notificación. Se establecerán pagos de carácter mensual y con fecha de vencimiento el día 20 del mes corriente o, en su caso, el mes siguiente.

Dice la Instrucción de Tributos, que la concesión de periodos de carencia deberá ser excepcional y en todo caso, no podrá ser superior a tres meses, contados a partir de la resolución del acuerdo de aplazamiento.

Las cuotas de pago serán constantes. No obstante, si el órgano de recaudación considera necesario establecer cuotas no constantes, se deberá cumplir la condición de que una vez transcurrida la mitad del plazo concedido en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento, el obligado al pago ha de haber satisfecho al menos, el 50% del importe total de la deuda incluida en el acuerdo. La periodicidad de pago en los fraccionamientos deberá ser mensual.

Cuando se considere que el obligado al pago presenta de forma continuada solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de un mismo concepto tributario, los órganos de recaudación denegarán las solicitudes que se presenten, por apreciarse la existencia de dificultades económico-financieras de carácter estructural.

Cuando la concesión del aplazamiento o fraccionamiento esté condicionada a la aportación de garantías, la formalización de éstas mediante la aportación de la escritura de constitución en la que conste la inscripción en el Registro correspondiente, por parte del obligado, deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 2 meses (o 3 meses, en el caso de prórroga) contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión.

Transcurrido este plazo sin que conste la formalización de la garantía, se deberá finalizar el acuerdo de concesión por falta de formalización de garantía, aunque el obligado estuviese cumpliendo con la obligación de pago de las plazos del aplazamiento o fraccionamiento. Una vez finalizado el acuerdo, se iniciará, o en su caso continuará, el procedimiento de apremio, sin necesidad de comunicar al obligado que el aplazamiento o fraccionamiento ha quedado sin efecto.

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