edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
22/05/2012
OBSERVATORIO FISCAL

Nuevas exenciones en la venta de activos inmobiliarios

DATADIAR
El sábado 12 de mayo de 2012, el B.O.E, publicaba el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. Dentro de esta norma, además de crear un régimen especial jurídico y fiscal para las denominadas Sociedades para la gestión de activos, que se supone gestionarán los inmuebles de las entidades financieras, se introducen modificaciones en los Impuestos sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en el Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas (IRPF).

Estas últimas medidas, tienen como finalidad principal, estimular la venta de estos inmuebles, o activos inmobiliarios, desde el 12 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2012.

Así, se prevé, para el Impuesto sobre Sociedades, la creación de una nueva Disposición adicional decimosexta, que regula la exención en un 50 % de las rentas positivas que se deriven de la transmisión de inmuebles de naturaleza urbana, que tengan la calificación de activos no corrientes o activos no corrientes mantenidos para la venta.

En el supuesto que se hubiera practicado sobre éstos inmuebles pérdidas por deterioro, esos importes, no formarán parte de la exención, ni la reversión del exceso amortización fiscal ya deducida.

Lo que sí permite la norma, es la compatibilidad de esta exención con la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios que se regula en el art. 42 del TRLIS. La exención no se aplicará a las transmisiones realizadas entre personas o entidades vinculadas y sus cónyuges o pariente en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado.

En la misma línea, se crea una nueva Disposición adicional tercera en el TRIRNR (Texto Refundido de la Ley de No residentes), en la que también establece la exención del 50% sobre las ganancias patrimoniales obtenidas por los no residentes sin mediación de establecimiento permanente en territorio español. Se aplican las mismas limitaciones que la exención anterior.

Y por último, se crea una nueva Disposición adicional trigésima séptima, en la Ley del IRPF, en la que también se establece la exención de un 50% en las ganancias patrimoniales que se lleven a cabo por la venta o transmisión de inmuebles desde el 12 de mayo hasta el 31 diciembre de 2012.

Las mismas exclusiones, son aplicables respecto a operaciones y personas vinculadas, incluidos los cónyuges y los parientes hasta el segundo grado.

En este caso, existe una diferencia, ya que si el inmueble vendido fuera la vivienda habitual y el contribuyente optara por aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual, primero se deberá aplicar la exención del 50% regulada en esta nueva Disposición y al exceso, se le aplicarían las normas relativas a la exención por reinversión.
 

Equipo jurídico de Datadiar.com


Consultas Vinculantes

Aplicación de la deducción por inversión en vivienda habitual. D.G.T. C, 13/12/2011).
El consultante abrirá una cuenta vivienda en 2010 ya que en 2011 -coincidiendo con la entrega y escritura de la vivienda de la que su pareja ha sido adjudicataria en 2010, y por la cual esta ha satisfecho determinadas cantidades en 2010- tiene intención de convertirse en copropietario de la misma. Ante las modificaciones introducidas en la deducción por inversión en vivienda habitual a partir de 2011, se plantea diversas cuestiones. A. Posibilidad de aplicar a partir de 2011 la deducción conforme a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2010, considerando que su pareja ha satisfecho cantidades durante 2010 y que él se convertirá en copropietario en 2011, en función de las inversiones que efectúe en la construcción a partir de 2011, para cuya finalidad abrirá una cuenta vivienda antes de finalizar 2010. B. Normativa aplicable a las cuentas vivienda abiertas hasta el 31 de diciembre de 2010, a partir de 2011 como consecuencia de los cambios normativos vigentes a partir de 1 de enero de 2011. Habida cuenta que los requisitos de formalización y disposición de las cuentas vivienda permanecen invariables tras la modificación introducida a partir de 2011 en la aplicación de la deducción, el contribuyente deberá materializar la totalidad del saldo de la cuenta vivienda, se hayan beneficiado o no en su totalidad de la deducción las cantidades que configuran dicho saldo, en la primera adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual dentro del plazo máximo de cuatro años desde su apertura, sin tomar en consideración a estos efectos la cuantía de la base imponible del contribuyente correspondiente al período impositivo en que se adquiera o rehabilite la vivienda o a los períodos impositivos posteriores. De incumplir estas condiciones, el consultante perderá el derecho a las deducciones practicadas conforme a lo señalado en el artículo 56.2 del RIRPF.

Dado que los valores de adjudicación de los inmuebles se corresponden con su valor de mercado y de que los valores de las adjudicaciones efectuadas son equivalentes,  no existirá alteración patrimonial con motivo de la disolución del condominio. D.G.T. C, 13/12/2011).
La consultante y su hermana habían adquirido varios inmuebles por diversos títulos y diferentes porcentajes de titularidad, y han procedido a la extinción del condominio existente sobre los inmuebles. En concreto compartían la titularidad de una vivienda y un trastero, de los que la consultante poseía dos terceras partes, un tercio por compraventa en el año 1990 y otro tercio por herencia de su padre fallecido en 1984, y su hermana el tercio restante adquirido por compraventa en el año 1990, que han sido adjudicados al 100 por 100 a la consultante. Asimismo compartían la titularidad de otra vivienda y de un local, de los que la consultante poseía una cuarta parte y su hermana las tres cuartas partes restantes, adquiridas por herencia del padre, que han sido adjudicados al 100 por 100 a su hermana. Los valores de las adjudicaciones efectuadas son equivalentes. Existencia de alteración patrimonial. La disolución de una comunidad de bienes y la posterior adjudicación a cada uno de los comuneros de su correspondiente participación en la comunidad no constituye ninguna alteración en la composición de sus respectivos patrimonios que pudiera dar lugar a una ganancia o pérdida patrimonial, siempre y cuando la adjudicación se corresponda con la respectiva cuota de titularidad. En estos supuestos no se podrán actualizar los valores de los bienes o derechos recibidos, que conservarán los valores de adquisición originarios, y, a efectos de futuras transmisiones, las fechas de adquisición originarias. Solo en el caso de que se atribuyesen a uno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existiría una alteración patrimonial en el otro comunero, generándose una ganancia o pérdida patrimonial. Lo anteriormente expuesto es aplicable con independencia de los títulos de adquisición de los distintos bienes que integran la comunidad, unos adquiridos por herencia y otros, parte por herencia y parte por compraventa. En consecuencia, partiendo de la consideración de que los valores de adjudicación de los inmuebles se corresponden con su valor de mercado y de que los valores de las adjudicaciones efectuadas son equivalentes, se estima que no existiría alteración patrimonial con motivo de la disolución del condominio efectuada por la consultante y su hermana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley del Impuesto.


Tribunales

Deducción en el Impuesto sobre Sociedades de dotaciones de insolvencias por entidades financieras. Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de noviembre de 2011.
Las dotaciones derivadas de insolvencias de personas o entidades vinculadas no eran deducibles, salvo los supuestos que la norma contemplaba, y que el sistema de provisiones de las entidades financieras se regía por su regulación específica, que, como es obvio, no podía contradecir los dictados de la ley. No cabe, por tanto, que la remisión al Reglamento del artículo 12.2 de la ley 43/1995 se convirtiera en una patente para alumbrar una regulación que librase a las entidades financieras de los límites establecidos en la Ley. Hay que convenir con la sentencia de instancia que a dichas entidades les alcanzaba la limitación que el Reglamento del impuesto contempla con carácter general en la letra e) del artículo 7.2 para entidades vinculadas. En el caso debatido, no se ha acreditado que las entidades vinculadas se encontraran en situaciones concursales judicialmente declaradas o análogas, o en alguna otra que evidenciase una reducida posibilidad de cobro. No hay razón, pues, para conceder un trato especial o de favor a las entidades financieras con respecto al que ha de dispensarse a otras, lo que nos lleva a concluir que todas las dotaciones de las entidades financieras para insolvencias en relación con empresas vinculadas se regían fiscalmente por lo previsto en el artículo 7.2.e) del Reglamento del impuesto y no por lo dispuesto en el apartado 3 del mismo precepto. El Tribunal Supremo coincide con el abogado del Estado en que la Circular 4/1991 del Banco de España pretendía favorecer todo tipo de provisiones, en garantía de la solvencia de las entidades financieras, sin preocuparse tanto de un eventual exceso en las mismas susceptible de producir una artificiosa reducción de la tributación del impuesto sobre sociedades. Pero es que, además, dicha norma no puede conformar un régimen tributario de deducibilidad de gastos distinto del que se desprende de la Ley 43/1995.

Para poder aplicar la exención por reinversión que los elementos transmitidos formen parte del inmovilizado, circunstancia que según los actos impugnados y la sentencia recurrida no se da en los inmuebles permutados. Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de noviembre de 2011.
La normativa del Impuesto sobre Sociedades vigente, art. 21 Ley 43/1995, disponía que no se integraban en la base imponible del impuesto de las rentas obtenidas en las transmisiones onerosas de elementos patrimoniales del inmovilizado material o inmaterial, siempre que el importe de las citadas transmisiones se reinviertan en cualquiera de los elementos patrimoniales indicados dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores. Por lo tanto, es requisito fundamental para tener derecho al beneficio, que los elementos transmitidos formen parte del inmovilizado, es decir, del activo fijo material de la empresa, circunstancia que según los actos impugnados y la sentencia recurrida no se da en los inmuebles permutados. Los hechos que se pretenden integrar por la recurrente en su escrito en nada desvirtúan las conclusiones obtenidas en la sentencia, respecto de la ausencia de actividad arrendaticia sobre los bienes permutados, y la circunstancia de que se hayan calificado contablemente los terrenos permutados como activos materiales fijos, no resulta relevante si la naturaleza de las cosas demuestra lo contrario como bien dice el Tribunal de instancia. Por último, ni el escaso periodo de tiempo entre la segunda permuta y el primer arrendamiento de las naves ocupadas, ni el objeto social de entidad cesionaria, desvirtúan la calificación efectuada por la misma que se base en datos concretos, como expresa en el fundamento jurídico séptimo:


Tribunales Económico-Administrativos

Intereses exigibles cuando ha de practicarse una nueva liquidación por haber sido anulada la liquidación inicialmente practicada en cuyo procedimiento se acordó la suspensión mediante aval bancario o certificado de seguro de caución. TEAC R, (16-02-2012).
Cuando como consecuencia de un fallo parcialmente estimatorio, haya de anularse la liquidación inicial y dictarse una nueva en sustitución de la anulada, habiendo estado la liquidación ahora anulada suspendida mediante aval o certificado de seguro de caución durante la tramitación del recurso o reclamación, los intereses se calcularán de la siguiente forma:
- La base sobre la que se calcularán dichos intereses, será la cuota de la nueva liquidación.
- En cuanto a su período de devengo, la fecha de inicio del cómputo será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada, devengándose hasta que se dicte la nueva liquidación (con el límite del plazo máximo para ejecutar la resolución), de acuerdo con el art. 26.5 LGT.
- Y a efectos de determinar el tipo aplicable, como consecuencia de lo prevenido en el apartado 6 del antedicho artículo 26 LGT, dentro de ese período total de devengo, deberán a su vez diferenciarse dos tramos: durante aquel lapso temporal en que la deuda estuvo suspendida con las garantías señaladas, el tipo será el legal del dinero vigente en cada momento; aplicándose durante el resto del período de devengo, el tipo de interés de demora.

La presentación de pruebas en los procedimientos de aplicación de los tributos, para desvirtuar los criterios sostenidos por la Administración, debe ser realizada durante la sustanciación del procedimiento en cuestión. TEAC R, (16-02-2012).
La presentación de pruebas en los procedimientos de aplicación de los tributos, para desvirtuar los criterios sostenidos por la Administración, debe ser realizada durante la sustanciación del procedimiento en cuestión, dando al órgano gestor actuante la oportunidad de valorar las pruebas de que se disponga. El derecho a formular alegaciones y aportar documentos no puede llegar a extenderse hasta el punto de permitir que el interesado manipule a su arbitrio las competencias de los diversos órganos de la Administración Tributaria, lo que es contrario a un elemental orden procesal, y da lugar a abuso procesal. Admitir la discrecionalidad de los obligados tributarios sobre el momento de presentación de pruebas y que se haga ante un Tribunal Económico-Administrativo cuando pudo hacerse ante el órgano de aplicación de los tributos, supone convertir un procedimiento revisor de la actuación administrativa en un procedimiento de aplicación de los tributos, lo que supone alterar la finalidad de cada procedimiento, y a su vez sustraer al órgano actuante en los procedimientos de aplicación de los tributos las facultades de contrastar, analizar e integrar toda la información aportada por el sujeto pasivo o por terceros, practicando, en su caso, la regularización que proceda. Tratándose de procedimiento inspector esos documentos pueden ser aportados en los trámites para alegaciones anteriores y posteriores al acta, pero antes de haberse practicado la liquidación.

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