edición: 2702 , Martes, 23 abril 2019
12/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

Nuevas facilidades para la contratación pública para las empresas pymes innovadoras

Javier Ardalán
El Ministerio de Economía, a través de la Orden CC/1087/2015, de 5 de junio, regula la expedición del sello de la pequeña y mediana empresa (pymes) innovadoras, así como la creación y regulación del funcionamiento del Registro público con la intención de favorecer su acceso a la contratación pública y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas para las mismas.
La necesidad de cambiar el panorama del tejido empresarial español, lleva a que las primeras empresas recibirán el sello y accederán al Registro de oficio, mediante la integración automática en el Registro con los datos de que disponga el Ministerio de Economía y Competitividad al efecto.

Según la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, uno de los problemas de nuestro sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa es el reducido número de empresas innovadoras, especialmente pequeñas y medianas empresas; el limitado peso de los sectores de media/alta tecnología; la ineficiencia de los instrumentos de transferencia y gestión del conocimiento y las bajas capacidades de absorción de las pymes.

La Estrategia destaca que es necesario avanzar en el desarrollo de nuevas medidas de contratación pública innovadora asociada a las actividades de I+D+i orientadas a los retos de la sociedad con objeto de fortalecer el papel impulsor en materia de innovación de la Administración Pública.

El tejido productivo de España se caracteriza, entre otros aspectos, por una fuerte presencia de sectores tradicionales con una baja incorporación de I+D en sus procesos y productos, en una economía esencialmente de servicios.

Se trata de un sector muy amplio y variopinto. El tejido productivo de la Unión Europea está formado por 23 millones de pymes, representando el 99% por ciento de las empresas que operan en su territorio y aportando las dos terceras partes del empleo. En España, las pymes representan también el 99% por ciento de las empresas, su contribución al empleo alcanza el 63% del total y su aportación al valor añadido bruto de nuestra economía (68%) se sitúa por encima de la media de la Unión Europea, la aplicación de los principios y medidas estratégicas de la Ley de la Pequeña Empresa cobra un especial significado.

Se redefine la definición de pyme para este colectivo específico de innovadoras, marcando unos límites los efectos de la presente orden como que hayan recibido financiación pública en los últimos tres años, sin haber sufrido revocación por una ejecución incorrecta o insuficiente de la actividad financiada, a través de Convocatorias públicas en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación; ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial; o en las convocatorias del 7º Programa Marco de I+D+i o del Programa Horizonte 2020, de la Unión Europea.

También, podrán acogerse a esta definición, cuando hayan demostrado su carácter innovador, mediante su propia actividad por disponer de una patente propia en explotación en un período no superior a cinco años anterior al ejercicio del derecho de bonificación; o por haber obtenido, en los tres años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación, un informe motivado vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a la que se refiere el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Y aún, se establece una puerta más para figurar en este colectivo, en aquellos casos en que se haya demostrado su capacidad de innovación, mediante alguna de las tres certificaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Con respecto al Registro, que será sin coste para las empresas, se tratará de un Registro público dependiente de la Dirección General de Innovación y Competitividad, cuyas funciones serán inscribir a las que sean conformes con la definición, mantener actualizada la relación de las que mantengan vigentes los requisitos exigidos así como permitir el acceso libre, mediante medios electrónicos, de la información contenida en el mismo.

El sello de podrá exhibirse con el logo y formato oficial y su validez se calculará en función del plazo máximo de cómputo de los requisitos alegados (tres años las ayudas o los Informes Motivados, cinco las patentes y el que se fije en la certificación de la norma AENOR correspondiente). En caso de producirse nuevas ayudas, patentes, informes o certificaciones, se actualizará la fecha de validez del sello otorgado.

Por otra parte, no podrá exhibirse el sello una vez expirada su validez o, retirado el mismo en el caso de comprobarse posteriormente a su concesión el incumplimiento de los requisitos, por lo que las empresas asumirán, desde ese momento, la obligación de retirar de sus publicaciones en cualquier formato, el sello otorgado.

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