edición: 2366 , Lunes, 18 diciembre 2017
27/03/2009
Observatorio de Economía

Nuevas soluciones para crear empleo

Círculo de Empresarios

El mercado laboral español responde, en su diseño institucional, a un modelo hoy superado, cuyos orígenes se remontan casi a mediados del siglo pasado. En aquel entonces la economía española vivía un tardío proceso de industrialización que demandaba mano de obra básicamente manual. Por el contrario, el sector servicios, gran protagonista de cualquier moderna economía del conocimiento, apenas apuntaba la importancia que ha llegado a alcanzar.

No hay duda de que el mercado laboral en 2009 no es exactamente igual al de 40 ó 50 años atrás, puesto que ha experimentado varias reformas puntuales. Pero su estructura ha permanecido casi inalterada. Así, nos encontramos medio siglo después con una economía abierta, fuertemente terciarizada y con un déficit de resortes para enfrentar los retos que vienen presentándose desde hace 20 años. Nuestro joven sistema democrático, condicionado por las resistencias del statu quo, no ha sabido abordar con valentía la transformación que necesita el mercado de trabajo, limitándose a una sucesión de parches que no han resuelto los problemas de fondo.

Sea como fuere, hay que reconocer que uno de los rasgos más positivos en la prolongada fase de crecimiento en España, que ahora toca abruptamente a su fin, ha sido el intenso ritmo de creación de empleo. En los cerca de tres lustros que van de 1995 a 2007 se crearon nada menos que ocho millones de puestos de trabajo, llevando la cifra de ocupados a máximos históricos por encima de los 20 millones de personas. Esta capacidad de creación de empleo ha integrado a cinco millones de inmigrantes y ha facilitado la incorporación creciente de muchas mujeres españolas al mercado laboral. Asimismo, ha permitido reducir las cifras de desempleo hasta valores no vistos desde hace décadas en nuestro país.

Sin embargo, ese excelente comportamiento de la ocupación además de no resultar sostenible, tampoco ha sido suficiente para resolver distintos problemas, estructurales y coyunturales, que aquejan al mercado de trabajo en España desde largo tiempo atrás. A pesar de la reducción de las tasas de paro a mínimos históricos, los valores registrados en nuestro país han sido persistentemente superiores a los del resto de Europa. De hecho, esos mínimos españoles están por encima de los máximos de muchos países europeos. Asimismo, la fuerte creación de empleo se ha concentrado en una proporción sustancial en el trabajo temporal, tanto que prácticamente uno de cada tres asalariados lo ha sido con un contrato temporal. Surge así un mercado dual, segmentado, con escasas conexiones e intereses rara vez coincidentes. Determinados grupos, como los jóvenes, han sufrido continuamente tasas de desempleo de dos dígitos. Además, mientras que en algunas regiones se alcanzaban resultados de pleno empleo, en otras comunidades el paro no bajaba, en sus mejores momentos, del 12 o el 13% de la población activa, señal evidente de una falta de movilidad geográfica que puede sumarse a la insuficiente movilidad funcional, consecuencia perversa de las numerosas y parciales regulaciones que conviven en nuestro país.

Muchos de los problemas del mercado laboral interactúan con los fallos del modelo del que la economía española se ha valido para crecer. Una consecuencia de esa interacción ha sido el lentísimo avance –cuando no retroceso- de la productividad en la fase de crecimiento, que se ha convertido en destrucción de empleo en la actual recesión. En efecto, el aumento del PIB español se ha sustentado en sectores que utilizan mucha mano de obra poco cualificada –la construcción y determinados servicios, por ejemplo-, pero en los que las ganancias de productividad son muy escasas, entre otras razones por el escaso provecho que sacan del capital humano, en el que tampoco se ha invertido adecuadamente. De hecho, España destaca por las elevadas ratios de sobrecualificación que sufren los trabajadores, especialmente los inmigrantes. También por la notable escasez de cualificaciones prácticas e intermedias, razón principal de una marcada dualidad en la que abundan los titulados universitarios y los trabajadores con poca formación, a la vez que escasean las personas con buena formación técnica.

La presencia de tales problemas durante una fase tan expansiva como la recientemente cerrada puede explicarse sobre todo por la acción de un modelo de crecimiento obsoleto. Un modelo con deficiencias estructurales, incluidos diversos fallos en el entramado institucional del mercado laboral, que conducen a ineficiencias y desajustes entre oferta y demanda. Instituciones como la negociación colectiva, la regulación de los contratos o el sistema de políticas activas de empleo son imprescindibles para el buen funcionamiento de este mercado, es decir, para la creación de empleo estable y productivo. Ahora bien, requieren de un diseño adecuado que, junto con otros objetivos como la defensa de los derechos de los trabajadores, garantice la flexibilidad necesaria en un entorno global y competitivo cuya esencia es marcadamente dinámica. En nuestro caso, nos encontramos lejos de ese diseño. Múltiples organismos públicos y privados coinciden en señalar al mercado de trabajo en España como uno de los más rígidos no sólo entre los países de nuestro entorno, sino del planeta.

Así, el Banco Mundial sitúa a España nada menos que en la posición 160ª del mundo en su ranking de flexibilidad de los mercados de trabajo. Por su parte, la OCDE identifica la regulación española de esos mercados como una de las más restrictivas de los países desarrollados.

Las nefastas consecuencias de ese diseño inapropiado del mercado laboral se dejan sentir ahora que la economía española está sumida en una recesión que, según el FMI, la Comisión Europea y otros organismos, amenaza con ser mucho más profunda y prolongada de lo que sugieren las optimistas previsiones del Gobierno. La situación es grave. La caída de la producción está provocando una destrucción de empleo muy superior a la que viven otras economías en condiciones de recesión parecidas. La inaudita velocidad con que se está produciendo ese ajuste del empleo sugiere que algo falla en nuestro mercado laboral, haciendo que su comportamiento sea notoriamente peor que en otras naciones y que nuestro modelo de crecimiento se agote con rapidez.

El Círculo de Empresarios, se ha referido en el pasado a los fallos estructurales del mercado de trabajo español, proponiendo algunas fórmulas para su reforma en la misma línea en que lo han hecho otros organismos (la OCDE o el Banco de España, por ejemplo). Ahora, dada la gravedad de la crisis actual y la urgente necesidad de un cambio de modelo competitivo, hay que insistir en este mensaje ya reiterado en los últimos años. El Círculo cree inexcusable una reforma laboral en profundidad, que favorezca a los distintos agentes económicos –trabajadores, empresas y AAPP- relanzando la creación de empleo y las ganancias de productividad definitorias de una senda de crecimiento sano y sostenido.

El referente para esa reforma es la flexiguridad, modelo de mercado de trabajo en el que se combinan un elevado nivel de flexibilidad, una buena protección al trabajador desempleado y unas políticas activas de empleo eficaces, verdaderamente estimuladoras del empleo. Un modelo por el que apuesta decididamente la Unión Europea y que distintos países de la misma han ido introduciendo, con adaptaciones a las características propias de cada uno.

En el caso español, parece oportuno llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias para mejorar tres elementos institucionales clave: la tipología y características de los contratos laborales, las políticas activas de empleo y el sistema de negociación colectiva.

En cuanto a la primera de esas líneas de acción –marco contractual-, convendrían las siguientes reformas, siempre sin carácter retroactivo, es decir, sólo aplicable a los nuevos contratos:

• Reducir la tipología de contratos laborales, en un proceso de convergencia hacia un único tipo de contrato, para eliminar la fuerte dualidad entre empleo indefinido y temporal.
• Simplificar y reducir el número de categorías laborales existentes, hasta que el mismo refleje los niveles de cualificación que el mercado reconoce, con el objetivo de incrementar la flexibilidad y la polivalencia de los trabajadores.
• Flexibilizar la modificación de las condiciones contractuales (jornada, funciones,…): las regulaciones existentes impiden ajustar esas condiciones en respuesta a las necesidades de la empresa y las capacidades de los trabajadores.
• Desarrollo de un instrumento que permita acercarse a tres objetivos simultáneamente: dar cobertura al trabajador cuyo contrato de trabajo se ha extinguido, suavizar el impacto de esa contingencia para la empresa e incentivar la movilidad de los trabajadores.
• Fomento del trabajo a tiempo parcial, relajando los requisitos y costes que esta fórmula contractual presenta en la actual regulación, para fomentar la expansión de la población activa.
Por lo que a las políticas activas de empleo hace referencia, deben emprenderse reformas como las siguientes, que incentiven y faciliten la búsqueda activa de trabajo:
• Redistribuir el gasto en las políticas activas, para así dedicar más recursos a las políticas de intermediación y gestión de colocaciones, las cuales se han mostrado más eficaces y eficientes en otros países.
• Introducir mecanismos de gestión empresarial muy profesionalizada en el sistema público de empleo.
• Dar unidad, a través de la coordinación, a los distintos componentes del Servicio Público Estatal de Empleo.
• Introducir mayores grados de competencia en la provisión de los servicios que tienen que ver con la intermediación entre oferta y demanda de trabajo. No se trata de relegar al servicio público de empleo. Al contrario, debe ser un acicate que lleve a la mejora de ese servicio, no sólo compitiendo, sino cooperando y complementándose con las agencias privadas de empleo, como sucede en otros países de nuestro entorno.
Por último, con respecto a la negociación colectiva, sería positivo:
• Fomentar los convenios de empresa y los de nivel superior: en el actual sistema, priman convenios de nivel intermedio, que no producen ni las ventajas de la centralización, ni las de la descentralización de las negociaciones.
• Mejorar la representación de los grupos de trabajadores –temporales, desempleados,…- que en el actual sistema apenas tienen peso en la negociación colectiva.
• Incrementar la flexibilidad en la aplicación de las cláusulas de descuelgue.
• Suprimir la indiciación automática e implantar sistemas de revisión salarial asociados a la productividad.

Todos esos frentes deberían atacarse de manera coordinada y coherente, para transformar un mercado atrofiado y obsoleto en otro capaz de generar empleo estable y prosperidad.

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