edición: 2595 , Miércoles, 14 noviembre 2018
28/01/2010

Nueve millones más de pobres frenan el ascenso social de América Latina

Pedro González
Quince años de paulatinos y pequeños pero sostenidos mordiscos a la pobreza han registrado un cambio de tendencia, a tenor de las cifras exhibidas por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en la presentación de los resultados del año 2009. El continente ha pasado de 180 millones de pobres a 189 millones, mientras que el número de indigentes también ha crecido de 71 a 76 millones. Es la consecuencia más lacerante para el continente a causa de la crisis global, ya que esos nueve millones más de pobres equivalen a casi un cuarto de la población que había superado ese estatus entre 2002 y 2008 (41 millones de personas), gracias al mayor crecimiento económico, la expansión del gasto social, el denominado bono demográfico y las mejoras distributivas. Cabe no obstante extraer un punto de optimismo si se atiende a que tales resultados son menos malos de lo que auguraban las previsiones. A este respecto, el desempleo acabó el pasado año en el 8,3% cuando la expectativa era del 9%.

Este retroceso evidencia que también América Latina sufre los embates de la crisis, si bien cabe apreciar un impacto inferior sobre la situación general de la población al provocado por turbulencias anteriores, como la crisis mexicana de 1995, la asiática de 1998-2000 y las crisis punto.com y argentina de 2001 y 2002. Por ahora, la región ha logrado mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones y bajas tasas de inflación. Esas buenas cuentas fiscales, junto con una inflación moderada, han aminorado el impacto, que por otra parte es desigual según los países. México es el que más sufre, debido a la reducción del PIB y al deterioro de la situación en empleo y salarios, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Uruguay son quienes mejor están capeando los efectos de la crisis. Estos cinco países son, además, quienes mantienen la mayor inversión social per cápita y año -1.102 dólares-, seguidos a gran distancia por un segundo grupo, compuesto por Colombia, México y Venezuela -618 dólares-, mientras que el resto de los 22 países analizados en su conjunto solo invierten en gasto social 180 dólares por persona y año.

Entre los elementos que los propios latinoamericanos consideran que frenan su desarrollo están la inexistencia de garantías económicas y sociales; la desconfianza en las instituciones; la extendida creencia de que los gobiernos sirven a las élites muy por encima de la generalidad de la población, y la escasez de oportunidades para la movilidad social. Sin embargo, en medio de tanto desencanto, llama la atención que una inmensa mayoría de latinoamericanos se muestren dispuestos a transitar desde un esfuerzo meramente individual al colectivo, en aras de mejorar la situación general de su país. Un dato que debieran tener muy en cuenta los gobiernos para que puedan elaborar políticas económicas a largo plazo, mucho más allá del cortoplacismo de las próximas elecciones. Tales políticas fortalecerían al Estado, dotarían al mercado de mejor calidad y harían a la sociedad más participativa.

Como señala la propia Alicia Bárcena, el área iberoamericana solo dará el gran salto cuando colme las cuatro grandes brechas que presenta su edificio social: la de la desigualdad, la fiscal, la del déficit de inversión y la de la productividad. Son sin duda los cuatro grandes boquetes por los que se disipa gran parte del esperanzador potencial de un continente que también necesita de otro impulso: el que supone la plena incorporación de la mujer a la vida laboral. La menor natalidad que ya se está registrando contribuirá a ello, al tiempo que se traducirá en una menor vulnerabilidad; al fin y al cabo, en los índices de pobreza son siempre las mujeres y los niños quienes más la sufren.

En última instancia, no cabe sino estar de acuerdo con la CEPAL cuando recomienda reformar los sistemas de protección social y adoptar medidas que combinen lo urgente con una mirada estratégica de largo plazo. Entre ellas, obviamente, se debe evitar la irresponsabilidad fiscal y la excesiva rigidez de los mercados laborales, aumentar la carga tributaria en forma progresiva y redistribuir el gasto social mediante la ampliación de la cobertura de las prestaciones.

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