edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
13/12/2017
banca 

Nuevo frente judicial para Popular por no alertar del riesgo de resolución

ICNR
La falta de advertencias de Popular a sus inversores sobre los riesgos que tenía para ellos el flamante modelo de resolución europeo está a punto de convertirse en la punta de lanza de un nuevo frente judicial que ultima el bufete Zunzunegui Abogados.
Según el diario Cinco Días, el socio fundador del bufete, Fernando Zunzunegui, explica que a partir del 1 de enero de 2016, cuando entró en vigor el reglamento europeo de resolución bancaria y recapitalización interna –bail-in, en el argot– para bancos significativos, como Popular, las reglas del juego cambiaron para sus inversores. Aunque la autoridad europea de valores y mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) instaron a hacerlo, Popular no avisó a sus accionistas y bonistas del nuevo riesgo de que la Junta Única de Resolución (JUR) europea pudiera decidir utilizar sus títulos para reflotar la entidad. Tampoco evaluó sus conocimientos y experiencia, ni si su perfil inversor era acorde a la novedosa amenaza que asumían.

Zunzunegui considera que tanto los bonistas como los accionistas de Banco Popular pueden reclamar una indemnización por las inversiones realizadas desde el 1 de enero de 2016, en contraposición a otras estrategias judiciales que se centran en resarcir únicamente a quienes acudieron a la ampliación de capital de junio de aquel año, alegando la falta de “transparencia material” sobre los riesgos que acabaron asumiendo. Una omisión de información por la que se pueden exigir responsabilidades a Popular, de las que hoy día tendría que responder Banco Santander, detalla el abogado y profesor de Derecho Bancario de la Universidad Carlos III.

Antes de poner en marcha esta nueva estrategia judicial, que cobrará forma en los próximos días, desde Zunzunegui Abogados han esperado a que concluyera el plazo dado por Banco Santander para aceptar los llamados bonos de fidelización. Se trata de una emisión perpetua de liquidez dudosa que la entidad ha ofrecido a los afectados a modo de compensación a condición de que renuncien a presentar demandas.

El bufete aconsejó a los interesados que se informaran de la letra pequeña y valoraran la fórmula antes de decidirse por una demanda, cuyo resultado siempre es incierto. El bono, dirigido a quienes participaron en la ampliación de capital de Popular de 2016 y a algunos bonistas, ha sido aceptado por los titulares de más del 60% del capital susceptible de solicitarlo. El proceso fue considerado por Zunzunegui como una criba natural que aclara qué afectados están decididos a pelear su dinero en los juzgados.

El plazo de prescripción de esta actuación es además de cinco años, con lo que los interesados tienen margen. Aunque pediría compensaciones por la vía Civil, Zunzunegui no cree que sea necesario esperar a que se resuelva la investigación penal abierta en la Audiencia Nacional pues el Supremo ya decretó en Bankia que los accionistas debían ser resarcidos pese a que el juicio contra sus responsables aún no ha comenzado.

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