edición: 2574 , Lunes, 15 octubre 2018
12/07/2016
Se impondrá por mayoría

Nuevos impuestos para financiar las pensiones

Las dudas para pagar las extras de 2018 crean el escenario de alarma social adecuado para una reforma severa del sistema
Juan José González
Asegurar el sistema de pensiones. A día de doy, es el asunto que concita la mayor suma de opiniones a favor, seguramente, al entender que se trata de un interés general y que, por tanto, afecta a todos. Lo cierto es que el problema, partiendo de la base que se trata de un sistema deficitario (el crecimiento de la recaudación de cotizaciones no cubre regularmente el aumento de las prestaciones por pensiones) ha logrado una corriente que reconoce su gravedad y el favor unánime a una reforma tan urgente como obligada. El escenario de una reforma del sistema ha alcanzado un reconocimiento público -extrema gravedad- del que carecía antaño. La construcción del relato sobre la urgencia de una solución al déficit del sistema de pensiones (Seguridad Social) permite aventurar que será una de las prioridades en la agenda del próximo Gobierno. Incluso, dada la alarma social creada en los dos últimos años por su déficit, no se descarta la aceptación de una reforma severa de las pensiones. Severa porque la financiación descansaría sobre la creación de un nuevo impuesto.
La opinión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a propósito de desvincular las pensiones de las cotizaciones e incluirlas en la estructura tributaria, fue calificada como "declaración a destiempo" por medios del Ejecutivo. No se trataba de un scoop facilitado por el jefe de la diplomacia española ni siquiera de una aportación intelectual, si no del reconocimiento de la opinión generalizada del Gobierno. Es probable que la opinión del ministro en fase considerada como "destiempo" tuviese como destinataria la clase política, puesto que tuvo lugar en un tiempo electoral.

Sin embargo, el desliz (hay deslices intencionados) de García-Margallo no despeja la duda sobre si el Gobierno -que admite que el sistema de pensiones en las actuales condiciones es insostenible, aunque siga pensando que es bueno- estima que el problema es un asunto de bajos ingresos o, que se trata de un gasto excesivo y descontrolado. Si cree que es un asunto de ingresos optará por el aumento de los mismos, por tanto, subirá algún impuesto en uno o dos puntos para cubrir el déficit del sistema. Si considera que el fallo está en el exceso de gastos, aplicará un recorte de las pensiones, lo que reduciría las presiones a corto plazo (sobre la necesidad de la reforma) al prolongar la vida del fondo de reserva.

En ese punto es donde se dan cita -donde chocan- los optimistas y los pesimistas. Los primeros dan por hecho que el sistema tiene los días contados pues se construyó sobre unos supuestos que ya no existen, por tanto, es irreal y desfasado. Los segundos creen que el escenario construido por el Gobierno (con la complicidad de las empresas) apunta a una solución temporal, un parche que evitará presiones, polémicas y ruido social, de modo que se inclinaría por mantener el vínculo entre pensiones y cotizaciones, aplicar un "complemento" para alimentar el fondo de reserva pero con recortes selectivos de las pensiones.

Sin embargo, el relato construido por el Gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales, subraya el carácter urgente de la reforma a la vista de la intensidad del recurso al dinero del Fondo de Reserva. La constatación de que en las actuales condiciones (bajos ingresos y pagos al alza) el déficit del sistema de pensiones estaría liquidando el Fondo a una velocidad que no llegaría para hacer efectiva la paga extra del verano de 2018. Esta razón es suficiente para que la ciudadanía, mediante una sencilla operación aritmética, entienda que las decisiones que se adopten para resolver el problema serán severas y dolorosas.

La evolución de la realidad (desempleo, déficit, subvenciones...) parece haber sido ignorada por las autoridades. Aunque también es probable que haya llegado el momento al entender que el escenario ideal para una reforma a fondo no es otro si no la convicción de su urgencia, de la posibilidad cierta de impago de una extra a los pensionistas en un horizonte no muy lejano (2018). Dado que se trata de un problema acumulado -de todos- a lo largo de varias legislaturas y por distintas formaciones, el coste político sería compartido, de ahí que se haya optado por apurar los plazos. Aunque tampoco deberán excederse en esta ocasión pues Toledo, para resolver el problema de las pensiones, también parece estar agotado.

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